Quién ganaría y quién perdería con una renta básica universal

 

Tres académicos proponen una reforma que daría 7.471 euros a cada español

La medida exigiría disparar el IRPF a contribuyentes sin hijos a partir de 20.000 euros

Jaume Viñas

El movimiento a favor de una renta básica universal está ganando fuerza en España y en todo el mundo. Sus defensores argumentan que supone la fórmula más eficaz para combatir la pobreza, garantizar la dignidad humana y crear sociedades más justas. El andamiaje filosófico de la renta básica bebe sobre todo de la tradición republicana y tiene más adeptos en la izquierda, aunque también se pueden encontrar defensores dentro del liberalismo. Más allá de la base teórica, surge la pregunta planiana: “Oiga, ¿y todo esto quién lo paga?”

A responder esta cuestión se dedica el libro Renta básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona Jordi Arcarons, el profesor de economía en la misma universidad Daniel Raventós y el director de servicios de planificación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor en la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universidad Pompeu Fabra, Lluís Torrens. Los autores llevan años defendiendo la viabilidad de una renta básica y el libro que acaba de publicar Ediciones del Serbal representa la propuesta más concreta que surge desde la academia.

Antes de ir a los números, conviene aclarar qué es una renta universal. Se trata de una prestación monetaria –no en especie como la sanidad o la educación– que el Estado abona a todos los ciudadanos de un país de manera incondicional y por el mero hecho de serlo. Es decir, no se exige que la persona justifique que no tiene recursos para cobrar la renta básica, lo que le aleja de la renta mínima que se debate actualmente en el Congreso a través de una iniciativa legislativa popular. Y se abona con independencia de la situación laboral, a diferencia del complemento salarial garantizado que propuso en la última campaña electoral Ciudadanos y que se centra en las personas que estén trabajando.

Arcarons, Raventós y Torrens proponen la cifra de 7.471 euros como renta universal. Esta cantidad marca el umbral de la pobreza, definido como el 60% de la mediana de los ingresos de la población. Así, todos los mayores de edad tendrían derecho a cobrar 7.471 euros del Estado. Los menores gozarían también de una asignación que ascendería a 1.494 euros (el 20% de la cifra reservada para los adultos).

Para financiar la renta básica, los expertos proponen la supresión del resto de prestaciones monetarias y una drástica subida del impuesto sobre la renta. En concreto, apuestan por un tipo único en el IRPF del 49%. ¿Y la progresividad? Se lograría precisamente a través de la renta básica, que actuaría como si fuera un mínimo exento o un impuesto negativo. Los cálculos del estudio parten de una muestra de microdatos de dos millones de contribuyentes del IRPF de 2010, lo que obliga a excluir a los territorios forales de País Vasco y Navarra. Así, el reto que plantea el estudio es abonar 7.471 euros a 35,9 millones de adultos españoles y a 7,8 millones de menores. El coste bruto asciende a 280.090 millones.

A partir de aquí, estos son los cálculos que realizan los académicos. En primer lugar, señalan que hay que contabilizar los ahorros que generaría la introducción de la renta básica en la medida en que se suprimirían el resto de prestaciones públicas monetarias (subsidios, desempleo, becas, etcétera) que no llegan al importe de la renta básica. Es decir, un jubilado que cobre 10.000 euros anuales recibiría la renta universal y la diferencia hasta llegar a esos 10.000 euros. Según el estudio, el Estado dejaría de gastar 92.222 millones con la supresión de otras prestaciones monetarias. Quedarían 187.868 millones por financiar. Un desembolso astronómico.

El IRPF de un trabajador sin hijos que gana 30.000 euros aumentaría un 46% con la propuesta de renta básica

Los autores apuntan que la renta básica no supondría en realidad que el Estado abonara en efectivo esos 7.471 euros a la cuenta de cada ciudadano. El pago del Gobierno se limitaría a aquellos contribuyentes que les resulta un saldo positivo o, dicho de otra forma, que sus ingresos fueran inferiores a la renta básica. Se ve mejor con un ejemplo. Un contribuyente con un salario de 50.000 euros pagaría con el nuevo modelo el 49% por IRPF, es decir, 24.500 euros. A esta cifra deben restarse los 7.471 euros de renta básica, lo que deja la cuota a pagar en 17.029 euros. Es decir, en este caso, la renta básica no se traduce en un desembolso directo del Gobierno, sino en una minoración fiscal. Ello cambia, por ejemplo, para personas que no tienen ingresos o sus rentas son inferiores a 7.471 euros. Aquí sí que el Estado debería realizar una transferencia monetaria a la cuenta bancaria del beneficiario.

Por cuestiones metodológicas, el estudio diferencia los declarantes del IRPF de los que quedan fuera del impuesto, que según sus cálculos son 9,4 millones. En este colectivo se encuentran, por ejemplo, menores, estudiantes, personas que se ocupan de las tareas de su hogar y de los hijos, desempleados o trabajadores que no llegan al límite que obliga presentar la declaración. La mayoría de este grupo sí que recibiría una transferencia directa del Estado. Siempre según los cálculos de los autores, el 61,7% de declarantes del IRPF saldría beneficiado respecto a la situación actual, bien porque recibiría dinero del Estado o porque pagaría menos impuestos. Un porcentaje que aumenta al 75% si se añaden las personas a cargo de cada declarante y que llega al 80% si se incorporan las personas que no presentan declaración del IRPF. “Se trata de una redistribución de la riqueza de una parte que corresponde al 20% de la población más rica al 80% restante”, asegura el libro. Visto así, es posible que muchos crean que les convendría la renta básica porque no pertenecen al 20% más rico.

Sin embargo, ¿qué realidad hay detrás de esos números? El modelo propuesto por los tres profesores supone un severo castigo fiscal para los contribuyentes solteros que ganan más de 20.000 euros (ver gráfico). No sería este exactamente el perfil de una persona rica. Un asalariado sin hijos que gana 30.000 euros paga hoy 4.940 euros por IRPF. Con una renta básica y el tipo del 49%, la cuota a pagar ascendería a 7.229 euros, un 46% más. Visto de otra forma, la renta neta descendería un 9,1% con el nuevo modelo. Daniel Raventós reconoce este efecto y el propio estudio apunta que se podrían buscar otros impuestos y abordar otras reformas tributarias para evitar el castigo fiscal a rentas medias.

Raventós también opina que el hecho de que un trabajador que gane en torno a 25.000 euros forme parte del 20% más rico –siempre según sus cálculos que parten de una muestra de 2010– refleja el elevado volumen de economía sumergida.

Si en lugar de tomar el coste fiscal individual se pone el foco en la tributación por hogar, las familias con hijos tienen más opciones de convertirse en beneficiadas. Por ejemplo, una pareja con dos hijos sale ganadora de la propuesta de renta básica si sus ingresos se sitúan por debajo de 65.000 euros. Una familia que ingrese 55.000 euros y haga la declaración conjunta paga hoy por IRPF 10.639 euros. Con la renta básica, los padres recibirían una prestación monetaria de 7.471 euros cada uno. Los hijos también cobrarían del Estado 1.494 euros por cabeza. En total, 17.930 euros, que dejaría la cuota del IRPF a pagar en 9.020 euros, un 15% menos que actualmente.

Las simulaciones sobre quién ganaría y quién perdería reflejan una foto fija. La gran duda es saber qué efectos tendría la renta básica sobre el crecimiento, el empleo, los salarios o la productividad. En función de ello, habría que ver quién gana y quién pierde.

A favor de la RBU

Acabaría con la pobreza de golpe. Es el argumento más persuasivo. Los defensores de la renta básica universal apuntan que la medida permitiría algo histórico. Acabar de un plumazo con la pobreza de un país al dotar de recursos a todos los ciudadanos.

Beneficiaría la iniciativa privada. “La renta básica sería como el capital semilla de las startups. Cualquiera podría tomar riesgos. Y el capitalismo es rico por su capacidad para haber tomado riesgos”, sostiene el historiador Rupert Bregman, que colabora con The Guardian o The Washington Post. Opina que los nuevos empleos que generarán los cambios tecnológicos serán muy inferiores a los que destruirá. Ante el aumento de la productividad de la robotización y el exceso de mano de obra, la renta básica aparece como una fórmula para repartir de forma más equitativa la riqueza y fomentar mayores niveles de bienestar.

Se escapa de la trampa de la pobreza. Frente a la renta mínima de inserción, los defensores de la renta básica argumentan que su propuesta escapa de la trampa de la pobreza. Al ser una transferencia incondicional, no existe el temor a perder la prestación si la situación personal mejora.

Beneficia la libertad. Tener un colchón económico dota al ser humano de una libertad de la que la mayoría nunca ha gozado. Le despoja del miedo a quedarse sin nada.

En contra de la RBU

Fomentaría la holgazanería. Para los detractores de la renta básica, una medida como esta fomentaría el parasitismo y la holgazanería. Y ello perjudicaría al conjunto de la sociedad.

Los efectos serían impredecibles. Es infantil pensar que la renta básica supondría solo un aumento de ingresos para los ciudadanos y el resto seguiría igual. Un proyecto de tal calibre tendría efectos sobre los precios, los salarios, la organización del trabajo, la productividad, la competitividad y el crecimiento económico. The Economist critica a los partidarios de la renta básica de minusvalorar los riesgos de la medida.

Subida fiscal. Abonar un salario público a todos los ciudadanos solo es posible a través de una fuerte subida fiscal que generaría distorsiones en la economía.

Un sistema injusto. Juan Ramón Rallo ha expuesto en su obra Contra la Renta Básica (Deusto) que la idea de abonar un salario público es profundamente injusto al permitir a “cada ciudadano apropiarse coercitivamente de una parte de la producción generada por otros ciudadanos”. Defiende que cada individuo debe buscarse sus métodos de subsistencia y acaso el Estado solo debería asegurar una red última de protección en forma de renta mínima de inserción.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/19/midinero/1516383372_472902.html

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