21 jóvenes sientan en el banquillo a EE UU por el cambio climático

21 jóvenes sientan en el banquillo a EE UU por el cambio climático

 

Sus padres se conocieron en una protesta por la tala de árboles en los bosques de Oregón. Asistió a su primera manifestación con solo dos meses de edad. A los 10 años se empezó a implicar “más en serio” en el activismo medioambiental. A los 15, demandó a su Estado. Y hoy, a los 22, su nombre ha pasado a la historia, enfrentado al de la gran potencia mundial, bautizando la más importante batalla legal hasta la fecha en la lucha contra el cambio climático: “Juliana contra los Estados Unidos de América”.

Demandantes y abogados del ‘caso Juliana’, en julio en los escalones del juzgado federal de Eugene (Oregón).

“Mi apellido es como un nombre de pila, pero yo me llamo Kelsey. Es gracioso. Si viera allí mi nombre, Kelsey, supongo que sería diferente. Pero lo importante es que esto es una acción colectiva”, advierte Kelsey Juliana. Ella es una de los 21 jóvenes que en 2015, cuando tenían entre nueve y 18 años, demandaron al Gobierno de Estados Unidos por considerar que con sus acciones, al provocar el cambio climático deliberadamente, ha puesto en peligro sus derechos constitucionales a la vida, a la libertad y a la propiedad, y ha incumplido su deber de proteger recursos públicos esenciales. Hasta el 20 de enero de 2017, al frente de la principal institución demandada estaba Barack Obama. Hoy está Donald Trump, un presidente que ha calificado el cambio climático de “farsa”.


Un coche hacia el precipicio

La profesora Mary Wood recurre a un ejemplo gráfico para explicar el caso: “Es como si estás en el asiento trasero de un coche con tus hijos. Todos nosotros, y las generaciones futuras, estamos en ese asiento trasero. Y hay un solo conductor que se llama Donald Trump. Él sabe que está dirigiendo el coche hacia el precipicio climático, y no solo no está frenando, sino que está pisando el acelerador con más fuerza. La pregunta es: ¿quieres que un agente de policía detenga el coche antes de caer por el precipicio?”.

En la sala, la juez escuchará las exposiciones de las partes y, al final, redactará una resolución. “En ella, tendrá que determinar qué derechos tienen los demandantes”, explica Wood. “Tendrá que decir si esos derechos han sido violados. Y por último, en caso de que considere que sí han sido violados, hablará de los parámetros del remedio. Estructurará probablemente un proceso en el que los demandantes se reunirán con los abogados del Gobierno con regularidad. Estos irán a esas reuniones con un plan y ese plan será exigible”.


Fideicomiso público

“¡Has llevado a juicio a Donald Trump!”, les sueltan, admirados, sus compañeros de clase. Y Juliana admite que, a veces, a ella misma le cuesta creerlo. “Los 21 compartimos una carga colectiva, porque este caso es enorme”, explica por teléfono esta alumna de Estudios Medioambientales en la Universidad de Oregón. “Y ese peso que sentimos, cuando estamos todos juntos se transforma en una liberación, una celebración, nos convierte en una familia”, asegura Juliana.

Mientras sus amigos están inmersos en un arranque de curso como otro cualquiera, estos 21 jóvenes repartidos por todo el país, representados por la organización Our Children’s Trust, se preparan para la vista que arranca el próximo lunes en la Corte de Distrito de Eugene, Oregón, la primera instancia de la Justicia federal. Un hito inédito en un fascinante proceso judicial, también conocido como La Juventud contra el Gobierno (#youthvgov), que marca un antes y un después en la lucha legal contra el cambio climático.

La base jurídica más novedosa del caso reside en el concepto de fideicomiso público. “Es un concepto sencillo”, explica por teléfono Mary Wood, profesora de la Universidad de Oregón y reputada experta en derecho medioambiental, cuya literatura académica se encuentra en el origen de esta demanda. “El público es propietario de los recursos naturales. No es propiedad privada, pero sí propiedad pública. Y el Gobierno, porque es la institución que perdura, debe gestionar esos recursos como fideicomisario para los ciudadanos presentes y las generaciones futuras. Si se prueba que el Gobierno con sus acciones ha alterado sustancialmente la atmósfera y el sistema climático, habría violado ese fideicomiso público que debe a los ciudadanos”, explica.

Todo empezó en 2010, en una conferencia de Wood en la universidad. “Yo había escrito durante 20 años sobre derecho medioambiental, y lo que veía era un fracaso sistemático”, recuerda la profesora de la Universidad de Oregón. “Desarrollé una estrategia nueva. Había que plantear casos en nombre de niños por todo el país y por todo el mundo, basados en la doctrina del fideicomiso público, que es la que da en el clavo. Resulta que entre el público de la conferencia estaba Julia Olson, una veterana litigante con una maravillosa reputación en su país. Al final de la charla vino a verme y me dijo que quería sacar eso adelante”.

Olson se puso manos a la obra. Creó la organización Our Children’s Trust y se asoció con un montón de jóvenes que ya estaban implicados en el activismo medioambiental. Juntos emprendieron una acción “sin precedentes en la historia del derecho”, según Wood, que consistió en presentar demandas en paralelo en cada uno de los Estados del país.

El proceso fue ganando peso y, ya en el año 2016, se puso en marcha el caso federal, para el que se añadió al del fideicomiso público una nueva serie de alegaciones constitucionales. “Se podría resumir en la idea de que el Gobierno está infringiendo los derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad de los jóvenes demandantes al crear un sistema climático que será inhabitable”, explica Mary Wood. “Lo que alegan los demandantes, y espero que prueben, es que el Gobierno toma decisiones que empujan el sistema climático a la catástrofe”.

La gran virtud del litigio, explica Wood, es que “por primera vez saca al derecho medioambiental de los profundos precipicios legales donde ha languidecido durante más de cuatro décadas, y lo vincula a los derechos constitucionales”. En julio el Tribunal Supremo dictaminó en favor de los demandantes, y hasta la fecha ha sorteado diversos envites procesales de los demandados. Pero el momento de la verdad llegará el próximo lunes. “Será una gran fiesta”, prevé Juliana. “Habrá una exhibición de apoyo enorme y los ojos del mundo estarán allí”.

Casos como este, a nivel federal y que implican derechos civiles, pueden demorarse durante años, incluso décadas. Pero al margen del desenlace, para los demandantes el proceso en sí mismo es crucial. “Necesitamos ganar este caso y tengo confianza en que lo haremos”, asegura Juliana. “Pero es importante el propio proceso, y que lo siga gente de todo el mundo. ¡Incluida España! Este caso cuenta la historia de cómo el daño climático afecta a la gente, sobre todo a los jóvenes. No en el futuro, sino ahora mismo. Pero también es una historia de corrupción, de un Gobierno que ha desatendido a las personas en favor de los intereses corporativos. El Gobierno de EE UU es un enorme poder global y estamos llevando a ese poder a los tribunales. Es muy emocionante”, concluye.

https://elpais.com/sociedad/2018/10/21/actualidad/1540142696_429722.html

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