La rápida transición económica requiere una gobernanza proactiva; los mercados no pueden realizar la tarea
2º parte del Informe Gobernanza de la economía de la transición. Autores: Paavo Järvensivu, Tero Toivanen, Tere Vadén, Ville Lähde, Antti Majava, Jussi T. Eronen . BIOS Research Unit, Helsinki, Finland. Documentos de referencia del capítulo “Transformación: Economía” del Informe Global Sustainable Development Report 2019 elaborado por el Grupo de Científicos Independientes.
De estos ejemplos (Energía, Transporte, Movilidad, Alimentación/Soberanía alimentaria, Vivienda…) (léase la 1º parte) se desprende claramente que se requiere una gobernanza política sólida para lograr las transiciones clave. La acción basada en el mercado no será suficiente, incluso con un alto precio del carbono. Debe haber un Visión integral y planes estrechamente coordinados. De lo contrario, es inconcebible una rápida transformación sistémica hacia objetivos de sostenibilidad global. Mazzucato (2013, 2018) ha examinado este tema desde la perspectiva de la política de innovación y argumenta que, históricamente, las principales innovaciones a nivel sistémico, tales como El programa Apollo de EE. UU. han requerido que el estado establezca la misión y coordine y financie gran parte de la investigación y desarrollo relacionados. Según su investigación, lograr transiciones sistémicas ha requerido y requerirá innovación proactiva orientada a la misión – no será suficiente que el estado arregle los «fallos del mercado» reactivamente. Por supuesto, la innovación por sí sola no es suficiente. A continuación volveremos a la cuestión de limitar el uso de recursos y de la organización de los trabajos.
La típica oposición a la necesidad de una rápida transición coordinada en la mayoría de los países occidentales, comienza con la influyente idea de que solo bajo un régimen de «intervención» limitada del gobierno, el mercado puede sostener su eficiencia. Por lo tanto, si el estado prioriza una tecnología sobre la otra, lo más probable es que priorice la errónea. Si el estado emplea a personas para construir una nueva infraestructura, desplazará a la empresa privada. Desde este punto de vista, muchos economistas se han conformado con los precios del carbono como la política menos intervencionista, económicamente más eficiente y la «mejor opción» para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Jenkins 2014). Los precios de carbono se pueden lograr mediante impuestos al carbono o límites de emisiones y comercio de permisos (“Cap and Trade” o «tope y comercio»). Un precio del carbono es una «tarifa Pigouviana» (Pigou 2017 [1932]) diseñada para corregir externalidades de mercado no deseadas que no tienen precio.
Un problema clave con los precios del carbono ha sido que los estados, federaciones o sindicatos no los han aplicado a un nivel suficientemente alto por temor a deslocalizaciones industriales hacia países menos regulados ambientalmente. Por esta razón, muchos economistas y políticos esperan la implantación de un precio global del carbono. Pero si nos remitimos a los cuatro ejemplos anteriores (véase 1º parte): energía, transporte, alimentos y vivienda, podemos percibir que sería altamente improbable que incluso los precios globales del carbono guiasen la actividad económica en la dirección correcta, al menos con suficiente rapidez y amplitud. Como herramienta política, los precios del carbono carecen del elemento crucial de coordinar un conjunto diverso de actores económicos hacia un objetivo común. Los actores individuales tendrían un incentivo para disminuir las emisiones de carbono, pero todavía competirían a través de sus propias lógicas de negocios; no habría nada que garantizase que cualquier lógica empresarial respaldase la transición sistémica hacia la sostenibilidad. Además, en los últimos años ha sido extremadamente difícil resolver casi cualquier cosa con un impacto tan amplio a nivel internacional.
Otra idea influyente que se opone a la transición guiada por el estado hacia la sostenibilidad es el objetivo de un presupuesto estatal equilibrado, que se considera esencial incluso en un relativo corto plazo. Esto significa, por un lado, que los estados deben evitar gastar para no incurrir en déficits presupuestarios, y por otro lado, que deben evitar las regulaciones que afecten negativamente a la empresa privada existente y, en consecuencia, los ingresos fiscales. Así, los estados no han tenido mucho interès ni en invertir en la transformación hacia la sostenibilidad o en limitar las actividades económicas intensivas en recursos.
Los dos argumentos a priori en contra de una gobernanza estatal fuerte presentados anteriormente dependen de un tipo particular de teoría económica, es decir, la escuela neoclásica. Si cambiamos a otra lente teórica, mirando la economía desde otra perspectiva, estos argumentos pierden su efecto. El movimiento teórico es análogo a un cambio desde un enfoque en el conocimiento individual a las dimensiones sociales o estructurales del comportamiento humano, donde empezamos a ver que las necesidades individuales, por ejemplo, no son meramente individuales sino que se producen o están condicionadas por un conjunto de dimensiones extraindividuales. Este tipo de cambio teórico es un procedimiento normal para cualquier alumno de ciencias sociales o humanas.
Teoría económica para apoyar la gobernanza de la transición
Mientras que la escuela neoclásica de la teoría económica parte de un conjunto de axiomas teóricos que representan la realidad en términos de funciones matemáticas simplificadas que conducen al equilibrio y que se presupone que se mantienen en cualquier situación histórica, la escuela poskeynesiana (Hein y Stockhammer 2011, Lavoie 2009) construye sus teorías sobre las instituciones económicas existentes. El análisis poskeynesiano es de naturaleza histórica; los mercados no existirían y no existen sin regulación política. En consecuencia, el enfoque postkeynesiano a priori no desconfía del papel del estado en el mercado. No da por sentado que los mercados siempre busquen el equilibrio, pero en cambio, sostiene que las economías capitalistas tienden a generar burbujas de mercado y otras crisis. Los mercados no conducen a resultados social y ecológicamente deseables por sí mismos, sino que requieren una orientación política activa.
Muchos poskeynesianos que trabajan en el marco de la teoría monetaria moderna, enfatizan el papel económico de los estados o de las uniones de estados con sus propias monedas y bancos centrales (Wray 2015, Mitchell 2015, Lavoie 2013). Un postulado central de estos académicos es que los estados nunca pueden quedarse sin su propia moneda. A diferencia de los recursos naturales, sociales y tecnológicos, las monedas soberanas no son un factor limitante de la acción colectiva como la transición a la sostenibilidad. Esto ha sido así desde que se abandonó el estándard del oro y se adoptó el dinero fiduciario en los años setenta. El estado siempre puede gastar e invertir en su propia moneda Además, no tiene porque aferrarse a determinados puestos de trabajo o industrias por el bien de los ingresos tributarios. En otras palabras, desde esta perspectiva, la acción colectiva, organizada al menos en parte a través del estado, debe guiarse no por la necesidad de obtener fondos públicos, sino sobre la base de objetivos sociales y de las límitaciones materiales.
Como una herramienta política práctica, los poskeynesianos han propuesto el llamado trabajo garantízado (Cook et al. 2008, Murray y Forstater 2017, Tcherneva 2018), que garantizaría que todas las personas capaces y dispuestas a trabajar podrían tener un trabajo permanente, financiado por el estado y administrado localmente. Los trabajos mas adecuados para el programa serían aquellos que casi cualquiera puede hacer con una preparación limitada. Los trabajos podrían ser modelados para ser útiles a la transición hacia la sostenibilidad y crear capacidades para adaptarse al cambio climático: por ejemplo, la instalación de soluciones energéticas descentralizadas y la preparación para inundaciones. Además de activar la transición, la garantía de empleo aseguraría el pleno empleo, disminuiría la inseguridad y la necesidad de competir por empleos ambientalmente destructivos a nivel individual y colectivo.
El enfoque poskeynesiano desafía la ortodoxia económica y apoya las transiciones hacia la sostenibilidad en el contexto económico y político actual de los países occidentales y otros países con organizaciones parecidas. El desarrollo en China sirve como recordatorio de que las teorías económicas distintas de las neoclásicas son ya efectivas en el mundo. En China, las transiciones económicas no han sido frenadas por la ideología de la mínima intervención estatal o de un presupuesto equilibrado. Las transiciones anteriores han sido, sin embargo, ecológicamente insostenibles en muchos aspectos. Más allá de la teoría poskeynesiana, puede haber una variedad de teorías económicas que apoyen transiciones rápidas materialmente y ecológicamente beneficiosas. El requisito teórico clave es que deben permitir que la política reconozca los objetivos sociales de transformación y los límites materiales de la actividad económica.
El nuevo orden geopolítico durante y después de la gobernanza de la transición
Tomadas en conjunto, ¿qué significarían estas medidas políticas para la economía mundial y la geopolítica? Por supuesto, como siempre ocurre en las transformaciones sociales a gran escala, es difícil predecir el resultado global cuando hay múltiples variables, pero en general, la dirección sería hacia “un mundo keynesiano con fronteras planetarias ”: economías y sociedades singulares y autónomas, comprometidas con el comercio internacional por razones específicas, como la seguridad alimentaria, en lugar de comprometerse en pro del libre comercio como principio. Los individuos, las organizaciones y las naciones abordarían la economía como una herramienta para permitir una buena vida más que como un fin en sí misma. La actividad económica ganará sentido no alcanzando el crecimiento económico sino reconstruyendo la infraestructura y las prácticas hacia un mundo post combustibles fósiles con una carga radicalmente menor sobre los ecosistemas naturales. En los países ricos, los ciudadanos tendrían menos poder adquisitivo que ahora, pero este se distribuiría más equitativamente. Los ciudadanos de todos los países tendrían acceso a empleos con sentido y podrían confiar en que se está construyendo un futuro deseable a nivel colectivo.
El enfoque en objetivos de mejora de la vida y en la reducción de emisiones en lugar de objetivos económicos abstractos también caracteriza las relaciones entre los países en desarrollo y los desarrollados; la actividad económica entre ellos consistiría en un aprendizaje bidireccional para construir una infraestructura y prácticas nuevas y adecuadas a nivel local en ambos extremos. Este tipo de gobernanza económica liderada por un estado proactivo y orientado hacia la producción y el consumo de baja emisión y autosostenible funciona al contrario del orden político mundial actualmente dominante, que se ha organizado en torno al libre comercio internacional. Instituciones internacionales claves, como el Fondo Monetario Internacional que ha sido conocido por sus políticas de privatización industrial y dirigida hacia la exportación, necesitarán ser reconfiguradas en consecuencia.
El cambio climático y otros cambios ambientales amenazan los medios de vida en todo el planeta y son causa de migraciones masivas. Es de interés para todos los países mantener las oportunidades locales para una buena vida. Debido a que los diferentes países y zonas tienen diferentes rutas- dependencias y metas, no existe una solución técnica que se ajusta a todos. Una limitación especialmente importante para los países ricos es que la dramática reducción de emisiones desde los altos niveles actuales de consumo es muy desafiante, si no imposible. En cambio, algunos países en desarrollo pueden hacer mejoras significativas en el bienestar de sus pueblos con nuevas inversiones en soluciones bajas en carbono. Estos países en desarrollo no necesitan comenzar por el desmantelamiento de la infraestructura de combustibles fósiles que ha proporcionado una gama de producción de bajo costo y de oportunidades de consumo en los países ricos durante décadas. Desplazar las zonas climáticas de la tierra hacia los polos Norte y Surd, añade otro imperativo para el aprendizaje: por ejemplo, los productores de alimentos en el norte de Europa tienen mucho que aprender de sus colegas del sur.
En vista de los desafíos enfrentados hoy en la implantación de acuerdos internacionales significativos, la opción más probable para iniciar transiciones hacia la sostenibilidad sería que un grupo de estados progresistas tomaran la iniciativa. Esto requeriría un pensamiento económico que permitiera grandes programas de inversión pública, por un lado, y fuerte regulación y limitaciones ambientales, por otro. En la economía global moderna, los estados son los únicos actores que tienen la legitimidad y la capacidad para financiar y organizar transiciones a gran escala.
Traducción: Neus Casajuana
