Las asambleas ciudadanas y los referéndum son, sin duda, una forma de profundizar nuestras formas de participación y de mejorar nuestras maltratadas democracias
Neus Casajuana
En estos últimos meses ha saltado a la palestra mediática la reivindicación de asociaciones activistas por la emergencia climática reclamando la creación de “asambleas ciudadanas” para concretar las medidas urgentes y difíciles que deben tomarse enfrente a esta amenaza.
La petición viene precedida por la experiencia francesa de la “Convención Ciudadana por el Clima” creada por el presidente Macron para superar la crisis de los chalecos amarillos que surgió en Francia a raíz del intento frustrado de subir el impuesto al gasoil. A esta “Convención ciudadana” se le encargó la tarea de formular propuestas para reducir los gases de efecto invernadero con un enfoque de justicia social. El resultado se concretó en un documento con 149 propuestas, de las cuales, 146 van a ser consideradas por el gobierno francés.
La Asamblea Ciudadana es una fórmula de participación basada en la elección al azar de un número de ciudadanos (100-150) que, debidamente informados, debaten y proponen medidas concretas en una área determinada. Esta fórmula ha sido muy poco utilizada en nuestro país que no tiene un currículum ni largo ni destacado en experiencias de democracia directa.
Muchas leyes españolas tienen su artículo sobre participación ciudadana, pero en general se basan en fórmulas que aunque pretenden ser ponderadas, no llegan a ser muy representativas de la sociedad en su conjunto, ya que tanto la composición cómo la elección de sus miembros deja demasiado margen de discreción a los gobernantes. Tampoco suelen mencionar ningún tipo de compromiso por parte del ejecutivo, sobre la aceptación o ejecución de sus propuestas. Aunque la Declaración del Gobierno de España ante la Emergencia Climática y Ambiental explicita la intención de crear una asamblea ciudadana, no concreta ningún calendario para su constitución. El artículo que se refiere a la fórmula de participación pública en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética diluye en la ambigüedad del redactado cualquier optimismo sobre un mecanismo de representación y participación democrática más profundo. Encontramos otro ejemplo similar en el artículo de la Ley del Cambio Climático de Cataluña que hace referencia a la constitución de una mesa social con el objetivo de analizar y hacer propuestas de actuación. De nuevo, la composición y elección de sus miembros, aunque pretende ser representativa o ponderada, no llega a ser más que una elección discrecional y sospechosa de hacerse a la medida del escaqueo al compromiso político.
Hace veinte años, a raíz de la concesión de una subvención a una asociación local por parte de la Fundación Jaume Bofill, tuve la suerte de ser testigo y poder formar parte de una experiencia de democracia directa en mi pueblo, Cardedeu. El objetivo de la subvención era abrir la participación ciudadana al debate sobre el modelo de pueblo que los vecinos deseaban para el futuro, mediante una encuesta generalizada a toda la población y, paralelamente, la constitución de una asamblea de ciudadanos elegidos al azar. Los resultados de la encuesta y de esta asamblea de ciudadanos que debidamente informados por expertos, técnicos y asociaciones, debatió sobre el mejor modelo de pueblo, sirvieron de base para la redacción del Plan de Ordenación Urbana del Municipio (POUM). Esta norma urbanística es fundamental para cualquier población porque dirige su desarrollo urbano y por tanto, define el modelo de distribución de las zonas residenciales, comercios, equipamientos, zonas de ocio, industria y del tipo de viviendas, etc. El modelo de población definido en un POUM tiene consecuencias permanentes en la movilidad, el impacto ambiental, la relación entre los espacios destinados a los distintos usos y servicios y, por tanto, orienta el tipo de interacción social y el uso del espacio público por los vecinos. Es fácil entender pues, que la aprobación de una norma como esta, tan crucial para una población, es una fuente inmensa de conflictos de intereses públicos y privados que puede desembocar en protestas vecinales, demandas judiciales o cambios de gobierno.
Es en este tipo de situaciones tan complejas en las que es difícil decidir y todavía más difícil tomar decisiones que comportan cambios radicales, cuando es más necesario encontrar un sistema lo más representativo, democrático, participativo y aceptado socialmente, que evite al máximo los sesgos y las presiones de todo tipo en la toma de decisiones.
Podría parecer que deliberaciones o decisiones tan complejas solo deberían ser ejercidas por “los expertos”, los “sabios” o los “elegidos” en vez de por “los simples ciudadanos informados”, pero a estas alturas de la práctica democrática que tan lejos se encuentra de la democracia ideal deseada, muchos somos los escépticos que dudamos que las decisiones tomadas por aquellas “élites” sean las mejores, las más racionales o las más adecuadas para el conjunto de los ciudadanos. Sin ir mas lejos, estos días estamos siendo espectadores de batallas estériles y vergonzantes entre nuestros representantes políticos por motivos muy variados, cómo las medidas restrictivas anti Covid, la renovación del CGPJ, etc.
Las diversas experiencias de democracia directa realizadas en Francia, Suecia, Suiza, Gran Bretaña, también en Cardedeu, ya sean a través de la fórmula de asambleas ciudadanas o referéndum, van demostrando que las decisiones informadas, tomadas colectivamente son mucho más robustas y respetadas por la misma sociedad que luego deberá regirse por las normas basadas en ellas.
Vienen tiempos difíciles, no solo por la pandemia sino por la amenaza del colapso climático y ambiental. Algunas de las medidas que deberán tomarse en estos próximos años para hacerles frente, tendrán que ser audaces y valientes y de un impacto social mucho más prolongado y transversal que el impacto actual de las medidas anti Covid. El bienestar de las generaciones actuales y de las futuras va a depender de la eficacia de estas actuaciones para revertir la pérdida del capital natural o para poner freno al cambio climático. No podemos quedarnos a merced de los vaivenes políticos, de los intereses ocultos o de las decisiones cobardes. Necesitamos medidas urgentes que la mayoría de nosotros sintamos que son justas y que se toman de forma informada, imparcial y equilibrada. Necesitamos equiparnos de las herramientas democráticas que puedan ayudarnos en este proceso y que ofrezcan credibilidad y fortaleza a las decisiones que se hayan de tomar. Las asambleas ciudadanas y los referéndum son, sin duda, una forma de profundizar nuestras formas de participación y de mejorar nuestras maltratadas democracias.
