La eficiencia económica unida a la emergencia climática obliga a imponer criterios estrictos a todo nuevo proyecto de infraestructura de transporte en España
● El 28 de marzo, se celebró una jornada sobre “La política de grandes infraestructuras de transporte en España” en el Congreso de los Diputados.
● Las entidades organizadoras –ecologistas, de defensa del territorio y a favor de la justicia climática, ambiental y social– constatan lo alejada que está la política de grandes obras de transporte en relación a la Emergencia Climática declarada por el Gobierno a principios de 2020.
Comunicado de las entidades organizadoras de la jornada
El Estado español tiene una dotación de grandes infraestructuras de transporte muy superior a la de cualquier otro país europeo de nuestro entorno. Somos el país de la UE con más kilómetros de autovías y autopistas, mayor red de líneas de alta velocidad ferroviaria, con más aeropuertos deficitarios y con mayor capacidad portuaria sin utilizar.
Según ha destacado Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción, “a pesar de esta realidad, durante muchos años hemos sido el país europeo que más porcentaje del PIB ha dedicado a las grandes infraestructuras de transporte, incluso en periodos en los que se han aplicado fortísimos recortes a prestaciones sociales. Ahí están, por ejemplo, los datos de 2009, cuando invertíamos el 2,2% de nuestro PIB en estas grandes obras (más de 23.000 millones de euros) mientras el año siguiente se aprobaron recortes por valor de 7.500 millones en prestaciones sociales”.
Todo este tsunami de hormigón se ha traducido en una tremenda afección sobre el territorio, ocupación una gran cantidad de suelo fértil o protegido, fragmentación de propiedades y ecosistemas, generando graves problemas a la biodiversidad, además de contaminación y ruido.
Durante décadas se ha fomentado un modelo de transporte insostenible, basado en los modos más emisores y en el consumo de combustibles fósiles. No es de extrañar que en el Estado español el transporte sea el sector económico con más emisiones de gases de efecto invernadero y donde no se consigue su reducción como sí está ocurriendo con otros sectores. Para David Hoyos, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad del País Vasco , “la eficiencia económica unida a la emergencia climática obliga a imponer criterios estrictos a todo nuevo proyecto de infraestructura de transporte en España: no sólo debe demostrar una clara rentabilidad social positiva sino que debe, además, contribuir a reducir las emisiones de carbono netas del transporte”.
Al mismo tiempo, en algunos territorios se plantea ampliar infraestructuras destinadas a alimentar un insostenible turismo de masas y a promover la hipermovilidad e hiperglobalización de mercancías, olvidándose de los impactos ambientales y sociales de estas acciones y del aumento de emisiones que suponen.
Esta situación se ha explicado en detalle por parte de las diferentes organizaciones sociales que se oponen a las ampliaciones de grandes infraestructuras planeadas en sus territorios. Así, se han enumerado las consecuencias que tendría la prevista ampliación del Puerto de Valencia por una representante de la Comissió Ciutat-Port; desde Terraferida se han analizado las repercusiones en Illes Balears de la autopista Llucmajor-Campos; la plataforma Zeroport ha desgranado los problemas de la planeada Ampliación del Aeropuerto de Barcelona, mientras que la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible ha repasado las consecuencias de la línea ferroviaria propuesta entre Madrid-Badajoz-Lisboa. Estos proyectos se han elegido como representativos de otros muchos muy cuestionables que se están planteando en la actualidad.
En la jornada se ha destacado que muchas de estas grandes infraestructuras han estado ligadas a la corrupción política. Los papeles de Bárcenas, por ejemplo, de los que se acaban de cumplir diez años, no son sino un catálogo de donaciones ilegales por parte de empresarios como contrapartida por la adjudicación de obra pública.
Aunque la inversión en grandes obras ha sido más moderada en la última década, la inyección de fondos europeos Next Generation está provocando una revitalización de las dinámicas más negativas, y vuelven incluso a reactivarse proyectos que ya acumulan dos declaraciones de impacto ambiental negativas.
Por su parte, pese a las promesas, la Ley de Movilidad Sostenible que se está tramitando en la actualidad, previsiblemente, no servirá para atajar estos graves problemas, por cuanto se deja en manos de los propios promotores las evaluaciones de la rentabilidad socioambiental de los proyectos y dando un periodo de tiempo muy laxo para iniciarlas. Tampoco fija mecanismos para que se limiten de forma contundente las emisiones debidas al transporte. La política de transporte en el Estado español sigue ajena a la emergencia climática.
Las organizaciones convocantes han querido trasladar a todos los grupos políticos la urgente necesidad de abordar el decrecimiento y el cambio radical en las políticas de infraestructuras de transporte despilfarradoras de recursos económicos, dañinas para el territorio y generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero. Se debe parar ya esta dinámica de grandes obras que sólo favorece a las grandes constructoras y pensar en políticas y servicios de movilidad que beneficien a la mayor parte de la ciudadanía sin arrasar nuestro territorio.
Puede visualizarse la sesión completa en: https://acortar.link/oZfjEo
Más información:
· Paco Segura, Ecologistas en Acción, 619 891 996
· María Roca, Alianza por el Clima, 680 618 298
· José Luis Ordóñez, Coordinadora estatal por el Tren Público, Social y Sostenible, 609 065 165
· Margalida Ramis, GOB, 658 653 708
· Pau Monasterio 647 209 993, Andrea Márquez 627 030 953, Comissió Ciutat-Port.
· Sara Mingorría 676 335 412, Joan Manel del Llano 667 371 016, Zeroport.
· Pablo Muñoz, Plataforma contra la Ampliación de Barajas, 699 185 413
· Sixto Armán, Asturies pol Clima, 639 910 886
· Margalida Roselló, Terraferida, 655 841 626
