En este artículo se presentan los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo realizado en territorios donde se están desarrollando macroproyectos de renovables
Braulio Gómez*
Papeles de Energía, N.º 20 (febrero 2023)
En este artículo se presentan los resultados de un estudio cuantitativo y cualitativo realizado en territorios donde se están desarrollando macroproyectos de renovables. Se presentan datos originales sobre el alcance y representatividad que tienen los focos locales de protesta que se han activado en buena parte del territorio español alrededor del desarrollo de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las renovables. También se identifican las razones y los argumentos de la oposición al despliegue industrial de las energías renovables. La falta de información, la desconfianza hacia las grandes empresas energéticas y la percepción de una distribución injusta de los beneficios económicos que generan estos proyectos son los puntos relevantes que destaca la ciudadanía afectada y sobre los que se profundiza en este artículo.
1. INTRODUCCIÓN
Las energías renovables constituyen una pieza clave en la estrategia para mitigar la crisis climática. Gracias a la regulación y el empuje gubernamental de los últimos años, las empresas energéticas tradicionales y los fondos de inversión han encontrado en las energías renovables una potencial fuente de rentabilidad. En el caso de España, este potencial se une a unas condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las energías renovables.
Además, la despoblación en zonas rurales y la falta de tecnificación de la agricultura y la ganadería, que hace que estas actividades sean menos rentables excepto en determinados polos, abriría espacios de oportunidad en el territorio para la instalación de grandes plantas de energías renovables. Precisamente, la construcción de infraestructuras a gran escala y su rápido desarrollo está despertando las reticencias de determinados colectivos, localizados en las zonas y municipios afectados. Los medios de comunicación han dado cobertura a diferentes movilizaciones que se han venido desarrollando en diferentes puntos de la geografía española y algunos partidos o espacios políticos han aprovechado que el conflicto rural-urbano está activo para intentar rentabilizar electoralmente los distintos focos de protesta.
Los macroproyectos para la instalación de estas infraestructuras generadoras de energía renovable están en el punto de mira desde hace tiempo por su impacto sobre espacios de alto valor ecológico o en terrenos agrícolas en uso. Los planes del Gobierno de convertir a España en un país líder en energías limpias se han encontrado con la oposición de algunos agricultores y vecinos del medio rural donde está prevista la instalación de alguna planta eólica o fotovoltaica de gran tamaño, así como de grupos conservacionistas y expertos en medioambiente que advierten de las consecuencias que esos recintos cubiertos de placas solares y molinos de gran altura pueden tener para el espacio natural y el paisaje. No parece estar en cuestión la necesidad de pasar de las energías fósiles a las renovables, pero se plantean dudas sobre la forma elegida para llevar a cabo esa transición.
En este artículo presentamos datos de una investigación impulsada por la Fundación Europea del Clima y 40db para conocer el alcance y representatividad que tienen los focos locales de protesta que se han activado en buena parte del territorio español alrededor del desarrollo de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de las renovables. Se pretende, en primer lugar, identificar el peso que podrían tener los grupos que han activado su rechazo al desarrollo de las renovables. En segundo lugar, identificar las razones y los argumentos de la oposición al despliegue industrial de las energías renovables y el conocimiento de la lógica de cómo se generan y transmiten las opiniones contrarias al despliegue de infraestructuras a gran escala. Este conocimiento es fundamental para ayudar en el diseño e implementación de las estrategias más adecuadas para generar más apoyos al necesario despliegue rápido de renovables como una de las herramientas imprescindibles de lucha contra la crisis climática.
2. METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este estudio se diseñó una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, conectada para que los hallazgos de la fase cualitativa puedan ser dimensionados en el abordaje cuantitativo. En la primera fase cualitativa se apostó por la realización de grupos T (la dinámica se explica en la figura 1), que se caracterizan por favorecer la interlocución entre actores con distintos puntos de vista ante un fenómeno, de manera que se puedan encontrar con facilidad los puntos en común, los puntos discordantes y las vías de posible acuerdo. En concreto, se formaron seis grupos T de ocho participantes cada uno y tres horas de duración, trabajando con ciudadanos diferenciados por su posición a favor/en contra de los proyectos que se están implantando o se van a implantar en su zona.
Se seleccionaron 48 individuos para los grupos T teniendo en cuenta su representatividad por género, edad y zona de residencia (figura 2). Se tuvo en cuenta también a la hora de la selección su posicionamiento en relación con el desarrollo de las infraestructuras renovables en su territorio.
Los puntos de muestreo se escogieron porque son municipios y/o áreas en los que se están desarrollando o se van a desarrollar macroproyectos industriales de energías renovables. Para definir sus cuotas se tuvo en cuenta: el tipo de energía (eólica y solar); la zona geográfica (cornisa cantábrica, Andalucía, Mediterráneo, Castilla y León) y el número y el tamaño de los municipios afectados (cuadro 1).
En la segunda fase de la investigación se utilizó una encuesta representativa con el objetivo de cuantificar las motivaciones para la oposición a las renovables y analizar el nivel de expansión de estos fenómenos de oposición, desde el epicentro de los municipios afectados hasta los núcleos urbanos provinciales En este contexto, se implementó una encuesta a la población general residente en los municipios afectados directamente, otros municipios de la comarca y la capital de provincia correspondiente o núcleo urbano más cercano. La realización del sondeo se llevó a cabo mediante encuestas telefónicas. En la figura 3 se pueden ver sus características técnicas.
3. LOS RESULTADOS
Vamos a presentar los principales resultados que se han detectado en esta investigación ordenados alrededor de la importancia que tienen en la activación del apoyo ciudadano al desarrollo de las infraestructuras renovables. En primer lugar, presentamos datos sobre la información que tiene la ciudadanía sobre estos proyectos; en segundo lugar, mostramos el grado de apoyo o rechazo a estas infraestructuras, seguimos con la confianza ciudadana en los principales actores que intervienen en la instalación de molinos o plantas fotovoltaicas, y terminamos con los motivos que explican la posición de la ciudadanía ante el desarrollo de las renovables en su territorio.
3.1. La falta de información
Más de la mitad de la población de los territorios afectados (56,5 %) desconoce el proyecto que se va a desarrollar o se está desarrollando en su territorio, y el 70 % de las personas encuestadas afirma tener poca o ninguna información acerca del mismo. Aunque de partida hay una percepción positiva acerca de la bondad de las energías renovables compartida transversalmente por la ciudadanía de estos territorios, casi la mitad (49,7 %) reconoce no estar informado sobre cómo ayudaría el desarrollo de las infraestructuras de las renovables a mitigar la crisis climática.
En todos los grupos de discusión realizados con ciudadanos de diferentes territorios, la falta de información se convierte en el argumento estrella, compartido entre todos los participantes (detractores y defensores de las infraestructuras industriales). Ante proyectos novedosos y de los que no se conocen los impactos que pueden ocasionar, especialmente en sentido positivo, parte de los habitantes se posicionan automáticamente en contra.
La mayoría de la ciudadanía desconoce los detalles de cómo van a ser, qué implicaciones tendrán los proyectos en todos los niveles (medioambientales, económicas, de impacto) y en qué les afectarán. Una mayor movilización de las personas que se posicionan en contra de estos proyectos hace que la mayoría de la información disponible esté relacionada con los efectos negativos. Así, se crea un gran sesgo a la hora de generar opiniones. Los que apoyan este tipo de proyectos no tienen la información necesaria para poder introducir en las conversaciones sus argumentos favorables.
En la figura 4 se puede ver cómo dos de cada tres ciudadanos que viven en los territorios afectados desconoce cuánto espacio va a ocupar la infraestructura de gran escala y el lugar exacto donde se va a desarrollar. El 75 % desconoce quién o quiénes son los responsables directos del desarrollo del proyecto y cuáles serían las indemnizaciones que podría haber para los afectados o qué ventajas económicas podrían tener. La desinformación también es generalizada en torno a los costes económicos del proyecto (71 %), las repercusiones positivas o negativas que podría tener (68 %) y su capacidad de producir puestos de trabajo en el territorio duraderos o temporales (67 %).
Entre los principales medios de información sobre el proyecto destacan el boca a boca en su círculo cercano, la prensa y la televisión local o las redes sociales. No obstante, tanto entre defensores como detractores, se diagnostica un importante fallo por parte de las instituciones públicas a la hora de transmitir información oficial accesible sobre el proyecto. La mayoría de los ciudadanos afectados pide que la información sea transparente y que los datos sean demostrables.
Además de ser el principal problema, la información constituye, al mismo tiempo, una solución. Tener más información se considera una necesidad, un derecho básico y el primer paso para una posible apertura a un cambio de opinión, dado que podría rebajar el miedo y la desconfianza de los opositores. En los grupos se generó rápidamente un consenso alrededor de la necesidad de la existencia de un informe técnico (y objetivo) proveniente de fuentes oficiales y fiables en el que se muestre el impacto real que va a tener a nivel social, económico y ambiental cada uno de los proyectos, explicado de manera pedagógica y accesible al conjunto de la población.
3.2. Simpatía o indiferencia hacia las infraestructuras renovables
Sabemos que la mayoría de la ciudadanía apoya el desarrollo de proyectos de energías renovables. Incluso, a pesar del gran desconocimiento que hemos presentado en el anterior apartado, los ciudadanos que viven en localidades cercanas o afectadas por este tipo de macroproyecto no se posicionan mayoritariamente en contra. Hay una minoría ruidosa (9 %) que sí que manifiesta su incomodidad por ver cerca de sus casas una gran infraestructura eólica o fotovoltaica. La mayoría percibe a estos proyectos y a las renovables como una fuente de energía inagotable y limpia que no genera residuos. Una opción necesaria para cuidar el planeta, cada vez más castigado por la contaminación. Un 43 % cree que cuando entre en funcionamiento la infraestructura y terminen las obras, la calidad de vida, su bienestar personal y el de su familia mejorará.
Cuando a los vecinos que viven en municipios cercanos al desarrollo de las infraestructuras fotovoltaicas o eólicas les pedimos que valoren en una escala de 0 a 10 si les gusta o no les gusta el proyecto, la opción mayoritaria se sitúa alrededor del 5. A un 15 % le preocupa mucho tener una infraestructura de estas características cerca de su casa. Y a un 40 % no le preocupa nada y cree que hay cosas más importantes.
Estos datos nos sugieren que existe una minoría de ciudadanos muy preocupados y muy activados contra el desarrollo de las infraestructuras en su territorio o en las cercanías de su localidad frente a una mayoría que oscila entre la simpatía, la indiferencia y la creencia en su utilidad para que mejore su calidad de vida en el futuro, pese a cualquier molestia que puedan ocasionar a los vecinos de estos territorios. El perfil del ciudadano que rechaza el desarrollo de los macroproyectos en su territorio es el de varón de 25 a 34 años, y algo que quizá pueda sorprender, que prioriza el desarrollo económico frente a la conservación del medio ambiente.
3.3. La desconfianza hacia las compañías eléctricas y la política
Uno de los puntos que más unió a la minoría detractora con la mayoría que simpatiza con este tipo de proyectos es su elevada desconfianza hacia las compañías eléctricas responsables del desarrollo de algunas de estas infraestructuras y hacia las instituciones políticas y la clase política que regula y planifica la estrategia de la transición energética hacia las energías limpias. En los grupos cualitativos se convertía en discurso dominante y compartido la desconfianza hacia las relaciones de poder económico y político, las puertas giratorias o el precio incomprensible de la factura de la luz. Todo ello ha cristalizado en el imaginario colectivo la percepción de que las empresas energéticas no actúan motivadas por ningún beneficio social, provocando una alarmante falta de credibilidad en este terreno.
La mayoría de la ciudadanía no ve creíbles los argumentos climáticos que utilizan las compañías que impulsan el negocio de las renovables, se interpreta como una práctica de greenwashing tras la que subyace el interés económico. La energía limpia, en definitiva, pierde relevancia y peso como argumento. Según los participantes en los grupos, se convierte en una excusa para que las empresas sigan aumentando sus beneficios. Los ciudadanos señalan sentirse utilizados, argumentando que ocupan sus municipios para beneficio de unas empresas que de por sí generan desconfianza y rechazo. El 68 % cree que este tipo de proyectos benefician mucho a las grandes empresas energéticas, y solo un 34 % considera que proporciona importantes beneficios para la clase trabajadora o la población que vive en los entornos rurales donde se desarrollan este tipo de proyectos.
En cuanto al papel de los distintos representantes políticos en el cuidado del medio ambiente, la ciudadanía es escéptica: alrededor del 30 % de los encuestados les sitúan en el término medio entre la inacción y la participación activa. La mayoría de la ciudadanía encuestada en los territorios afectados (51,8 %) piensa que el Gobierno de la nación es el principal responsable del desarrollo de los proyectos de energías renovables. Y un 71,8 % de esos ciudadanos percibe que el Gobierno estatal no cumple sus promesas nunca o casi nunca. Un 63 % opina que el Gobierno no es receptivo a las demandas de los ciudadanos. La confianza es algo mayor en los niveles más cercanos al ciudadano, Gobierno autonómico y ayuntamientos, pero muy lejos de la que alcanzan los expertos científicos que son los actores sociales más confiables para la ciudadanía como se puede ver en la figura 7.
3.4. La percepción de un reparto injusto de los beneficios
Aun valorándose los efectos positivos de estos macroproyectos, las personas que se oponen muestran su rechazo a ubicarlos en las proximidades o en terrenos de su municipio. Esta postura es un claro ejemplo del fenómeno NIMBY (not in my back yard), que hace referencia a la defensa de los entornos cercanos y a la resistencia ante instalaciones o infraestructuras de estas características. Este efecto se observa de forma mitigada en la totalidad de los grupos que muestran su rechazo a este tipo de infraestructuras.
Aunque la preocupación por la conservación del paisaje y del hábitat natural está presente en la mayoría de los discursos de los ciudadanos que se oponen en todos los territorios en estudio, el motor de su rechazo está muy relacionado con la desconfianza hacia las compañías eléctricas y las empresas instaladoras promotoras del proyecto. Esa desconfianza genera la percepción de que no habrá un reparto justo de los beneficios que proporcionará la nueva infraestructura que se desarrollará en su territorio. La mayoría cree que los principales beneficiarios del proyecto serán las grandes empresas, y son minoría los que creen que también tendrá beneficios la población que vive en las zonas rurales donde se desarrollan estos macroproyectos.
A todos estos argumentos se añade, de manera transversal, una preocupación subyacente en la mayoría de los participantes en los grupos, que consideran que este tipo de proyectos no les va a reportar ningún beneficio a nivel individual. Por un lado, opinan que la creación de puestos de trabajo no será duradera. Los participantes perciben que estos empleos se crearán únicamente durante la fase de la construcción y, posteriormente, aquellos puestos que se mantengan para el mantenimiento serán ocupados por el personal interno de las propias energéticas. Así, los que perciben un impacto económico positivo, creen que será cortoplacista y limitado para el territorio.
En la encuesta representativa podemos observar (figura 8) que, cuando preguntamos a los ciudadanos que viven en el territorio donde se van a desarrollar estas infraestructuras por las propuestas que harían cambiar su visión del proyecto, la solución que agrupa a más vecinos es la de contar con más información acerca de los beneficios económicos que proporcionará el proyecto para el territorio (42 %). En segundo lugar, que haya más ayudas para las personas afectadas. En último lugar se encuentran aquellos que desean reducir las grandes infraestructuras industriales a proyectos de pequeña escala (22 %). Casi todos/as los entrevistados/as están de acuerdo con la compensación a los vecinos/as afectado/as, y 4 de cada 10 piensan que tienen que ser indemnizados según el grado de afectación.
Las energías renovables se asocian a innovación, desarrollo y a un potencial claro para hacer progresar a los municipios si se hace un reparto justo, tanto de la energía como de la riqueza que generará la infraestructura que se desarrollará en su territorio. En los grupos de discusión realizados en los territorios afectados se planteaban la posibilidad de obtener descuentos en la factura de la luz para los vecinos, que pudieran comprobar que con la energía producida se podría abastecer a todos los hogares y empresas del territorio, y que se contara con la ciudadanía de esos territorios de alguna manera para que tuvieran algún beneficio de la venta de la energía a otros territorios.
Ni la calidad del entorno, ni el valor de proteger su biodiversidad, muy presente en la conversación analizada en todos los grupos, hacen que en la dicotomía entre el crecimiento económico o el cuidado del medio ambiente gane el cuidado del medio ambiente: el 53,1 % de las personas encuestadas eligen el crecimiento económico. Y ese porcentaje es significativamente mayor entre los que se oponen a este tipo de proyectos.
4. CONCLUSIONES
La mayoría de la ciudadanía apoya el consenso que piden los distintos gobiernos alrededor del desarrollo de medidas que impulsen la transición en España hacia una soberanía energética basada en las renovables. Nunca la ciudadanía había estado tan preocupada por la crisis climática, con un punto de inflexión claro situado en el verano de 2022. Pocos dudan de que sea urgente la necesidad de acelerar la transición hacia las energías renovables, intentando poner las mínimas barreras al desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos.
La mayoría de la ciudadanía no se opone a que desarrollen estas infraestructuras en las cercanías de su territorio, según hemos visto en este estudio impulsado por la Fundación Europea del Clima en el último año. Y los que se oponen, lo que quieren es contar con más información, con más explicaciones y, sobre todo, que esté muy claro cómo les puede beneficiar a ellos también. La desconfianza hacia las empresas instaladoras y hacia los políticos no se vencen con buenas palabras. La ciudadanía afectada necesita visibilizar un reparto de beneficios justo. Si perciben que la mayoría de esa energía no es para ellos, si perciben que los beneficios que se van a llevar las empresas encargadas del desarrollo de estas infraestructuras no les tienen en cuenta, hay más probabilidades de que se opongan.
La desconfianza hacia las compañías eléctricas es una de las barreras más complejas de vencer. La ciudadanía se ha acostumbrado en el último año a seguir el parte diario del precio de la luz con la misma preocupación y sufrimiento con que seguía los números pandémicos. El impacto en su vida es real y la escenificación del debate político que se ha abierto alrededor de las medidas del gobierno para controlar de alguna forma su precio está en sintonía con el nivel de enfado popular, algo que no siempre ocurre. Hasta ahora la ciudadanía ha dado más muestras de enfadarse con las compañías eléctricas que con las instituciones políticas.
Los representantes políticos suelen dedicar mucho tiempo a cuidar su imagen pública y a intentar sintonizar con las mayorías sociales porque está su supervivencia en juego. En cambio, las grandes compañías energéticas no han priorizado en su estrategia la importancia de rebajar el creciente rechazo popular. Durante el último año ha entrado en el debate público la explicación de la compleja factura de la luz, pero hay más temas. La transparencia y la rendición de cuentas en este sentido es fundamental para intentar recuperar la confianza ciudadana, pero no es suficiente para generar un relato que sitúe a las compañías energéticas como un aliado imprescindible para que las energías renovables y la extensión del autoconsumo hagan posible el escenario futurista libre de CO2 que dibujan las instituciones europeas y españolas.
Por ejemplo, las resistencias que hay en las zonas rurales al desarrollo de las necesarias infraestructuras fotovoltaicas y eólicas se mitigarían si fueran acompañadas siempre de procesos en los que se tuvieran en cuenta los intereses de los ciudadanos afectados para desactivar la desconfianza que hay hacia estas empresas. Las grandes empresas energéticas deberían priorizar la comunicación de su innovación social para que sus inversiones en tecnología sean entendidas como beneficiosas para toda la sociedad. La sensación extendida de que todos han arrimado el hombro menos las grandes compañías energéticas durante la concatenación de crisis de los últimos años puede empujar a los gobiernos democráticos a medidas indeseables para sus negocios. Contar con la simpatía ciudadana también les debería importar.
La demanda de más información, la desconfianza ciudadana hacia el poder económico y el poder político y el deseo de un reparto justo de los beneficios que generará el desarrollo de las energías renovables obliga a generar espacios asociados a estas infraestructuras donde puedan encontrarse y participar las principales empresas del sector energético, las instituciones públicas, representantes de la sociedad civil y miembros destacados de la comunidad científica para compartir los diferentes puntos de vista e intereses sobre cómo se puede acelerar la necesaria transición energética para afrontar la emergencia climática en la situación actual de crisis geopolítica y energética. Estos espacios pueden servir para reducir el déficit de información ciudadana y para construir con rigor pactos energéticos a nivel local en cada territorio afectado por un macroproyecto de infraestructuras renovables.
Es muy importante que el nuevo pacto energético local que se proponga en cada territorio explique muy bien cómo va a beneficiar a toda la ciudadanía del espacio afectado. La mayoría de la ciudadanía ya percibe que si tuviéramos una fuente de generación de energía más cercana los precios serían menores y que si tuviéramos más energía renovable, no se dependería tanto del gas y la transición sería más rápida. Lo que le gustaría a la mayoría de la ciudadanía es ir más allá de las declaraciones de impacto ambiental y del respeto riguroso con el entorno. Los ciudadanos quieren información sobre la redistribución de la riqueza generada por las energías renovables y cómo afectará a sus hogares y a las empresas del entorno. Los instrumentos o espacios de participación ciudadana que ayuden a mitigar la falta de información y confianza en las empresas energéticas e instaladoras serán vitales para reducir la probabilidad de rechazo a los cientos de macroproyectos que se pondrán en marcha en los próximos años para acelerar la transición energética y cumplir los objetivos de descarbonización en 2030.
NOTAS
* Universidad de Deusto.