La Unión Europea se juega su credibilidad por la coherencia de las políticas climáticas. En un contexto marcado por una ola de calor en toda Europa, los récords de concentración de CO2 (430 pmm), elevación de la temperatura del planeta (1,5ºC), temperatura del Mediterráneo (30ºC), contaminación atmosférica (ozono) y frecuencia de fenómenos climáticos extremos, la Comisión Europea presentó el 2 de julio su propuesta de modificación de la Ley Europea del Clima para establecer un nuevo objetivo de reducción del 90% de gases de efecto invernadero en 2040, introduciendo a la vez mecanismos de compensación y flexibilidad, como la compra de créditos de CO2 fuera de la UE o la captura y almacenamiento de carbono, que permitirán en la práctica seguir contaminando.
Se completa la trayectoria de reducción de emisiones, del 55% en 2030, del 90% en 2040 y la neutralidad climática en 2050, con una regulación creativa que permite las actividades contaminantes si se reducen las emisiones.
Se trata de la paradoja climática que inició el Reglamento (UE) 2020/852, de la taxonomía sobre inversiones sostenibles, al definir las “actividades facilitadoras” y las “actividades de transición” como aquellas que, aunque contaminen, ayudan a los objetivos de emisiones y que, en el caso del gas natural y la nuclear, se habrán de evaluar como “energía sin efectos sobre el clima.
A partir de la taxonomía se ha devaluado la etiqueta verde. Se parte de la desconfianza en que solo con energías renovables se alcancen los objetivos climáticos y que, por ello, las normas europeas habrán de aplicar la “neutralidad tecnológica”, contando con todas las tecnologías disponibles, aunque contaminen, que deberán tratarse en igualdad de condiciones por considerarse importantes para la transición energética.
Las directivas del paquete “Fit for 55” recogieron esta nueva paradoja que permite contabilizar en la cuota de renovables la energía generada por fuentes no renovables, ahora llamadas “energía no fósil”. Las elecciones europeas de 2024, añadieron al contexto climático la presión del negacionismo y el rechazo a las políticas climáticas que ha motivado a la nueva mayoría de derecha y extrema derecha en las instituciones europeas a poner freno a las medidas medioambientales con la simplificación o flexibilidad de las normas.
El retraso de la agenda verde europea es un hecho
La rebaja de los objetivos de la Ley de Restauración de la Naturaleza, los retrasos para regular la deforestación en el origen de los productos agroalimentarios y las normas Euro 7 de emisiones del transporte, la retirada de la propuesta contra el “greenwashing”, la simplificación administrativa que exime a las medianas y pequeñas empresas y las importadoras de buena parte de las exigencias medioambientales o la ambigüedad sobre el mercado del gas natural, son retrocesos que pretenden ganar competitividad relajando las responsabilidades medioambientales.
Los debates han mostrado un argumentario populista y de medias verdades sobre la transición energética y un predominio de los intereses nacionales específicos sobre los intereses europeos.
Un ejemplo de cómo la agenda verde ha pasado a segundo plano es el silencio atronador con que se ha recibido el manifiesto ”Salvaguardar el marco de sostenibilidad de la UE”, firmado el 23 de junio pasado por más de veinte ex altos cargos de instituciones europeas y mundiales contra el paquete regulatorio “Ómnibus”, dentro del Pacto industrial Limpio, por el riesgo que representa de desmantelamiento de las políticas de sostenibilidad ambiental de la Unión Europea, construidas siguiendo los criterios de la ciencia ante los efectos del cambio climático, que los firmantes definen como “una preocupante marcha atrás”.
El manifiesto “Salvaguardar el marco de sostenibilidad de la UE” rechaza el dilema entre sostenibilidad y competitividad, derivado de la aplicación de la neutralidad tecnológica. La flexibilización de las normas medioambientales envía una señal negativa al mercado que reducirá los recursos para desarrollar tecnologías y modelos de negocio sostenibles en favor de otras actividades contaminantes, más dependientes del exterior, que retrasarán la adaptación al clima.
Intereses nacionales o autonomía estratégica de Europa
La aparición en la Directiva (UE) 2023/2413, de energías renovables, del concepto de las “circunstancias nacionales específicas” para que cada gobierno pueda establecer la combinación energética que desee, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática, y contabilizar como renovable la energía generada por otras fuentes que reduzcan las emisiones al menos en un 70%, es el primer síntoma de cómo la neutralidad tecnológica se impone a la neutralidad climática y de cómo los intereses nacionales se imponen a la lucha contra el cambio climático.
Flexibilizar las exigencias medioambientales para adaptarlas a los intereses nacionales se aproxima al ideario de los think tanks de la ultraderecha que proponen desmantelar las instituciones europeas, vaciándolas de contenido, y dar el control absoluto a los gobiernos nacionales en una “Comunidad Europea de Naciones”. De esta manera, el proyecto comunitario se diluye y desaparece la denominación de Unión Europea.
El retroceso en las políticas ambientales muestra un cambio de prioridades en las políticas desarrolladas hasta 2019 y el acercamiento a postulados menos europeístas, olvidando el paso atrás que supone en el proyecto de autonomía estratégica desarrollado desde la pandemia (2020), la invasión rusa de Ucrania (2022) y el giro negacionista de la nueva administración de EEUU (2025). El miedo y la incertidumbre se han instalado en la geopolítica mundial y ese miedo condiciona las decisiones de Bruselas que impulsan el retardismo climático.
En EEUU se ha lanzado en los últimos años una persecución contra las inversiones sostenibles y los compromisos medioambientales. Se impone a los inversores y las empresas una neutralidad en estos temas a través de las directrices del supervisor de los mercados financieros (SEC) y demandas judiciales en los estados gobernados por el Partido Republicano contra los gestores de activos que incluyen criterios medioambientales.
Por el contrario, Europa hasta ahora se ha distanciado de esta locura, ha seguido apostando por la agenda verde y registra el 85% de todo el dinero canalizado a través de fondos sostenibles, mientras EEUU solo tiene el 11%. El liderazgo climático europeo, así como el esfuerzo industrial y tecnológico que supone, se perderán si se aplica estrictamente el principio de neutralidad tecnológica que exigen las directivas del paquete “Fit for 55”. Con el grado de integración actual, la autonomía estratégica de la Unión Europea se convertirá en 27 estrategias diversas y descoordinadas.
Exigir neutralidad tecnológica habiendo aprobado la emergencia climática es una incoherencia que merecería alguna explicación que aclare si es esa es la urgencia que la ciencia está reclamando y si esa es la mejor estrategia para la seguridad y protección de la ciudadanía europea o para defender la cohesión social que garantice que el crecimiento y sus beneficios serán para todos y no solo para los muy ricos.
Una transición energética desde el lado de la demanda
Mejorar la competitividad y reindustrializar Europa son objetivos destacados del proyecto de autonomía estratégica lanzado desde Bruselas. La competitividad exige una energía barata y la industria necesita un mercado más integrado y la electrificación de los sectores que más energía consumen y más emisiones producen, como la edificación, los servicios, el transporte y la industria, que son las actividades fundamentales para la adaptación al clima y que siguen retrasadas en sus objetivos de descarbonización.
El Pacto Industrial Limpio y el Plan de Acción para una Energía Asequible, sin haber modificado el diseño del mercado eléctrico y la metodología de conformación de precios de la electricidad, no aseguran una energía barata ni la protección de hogares e industrias ante una nueva crisis de altos precios de la electricidad.
Más bien están orientadas a hacer viables económicamente las inversiones en infraestructuras gasistas, energía nuclear e hidrógeno, verde, azul y rosa, que necesitan precios elevados de la electricidad a largo plazo y ayudas públicas que la Comisión Europea acaba de permitir en el nuevo marco de ayudas estatales para la industria limpia.
La adaptación al clima necesita un papel activo de los consumidores y de los centros de consumo en la gestión de la oferta y demanda energética con instrumentos de eficiencia energética y el control de los usuarios. Los instrumentos de eficiencia energética y el concepto del consumidor activo y su participación en los mercados están regulados en las directivas europeas desde 2018, pero su potencial no ha sido desarrollado en las regulaciones nacionales. Para eso se requiere una política industrial que, como en el caso de las baterías de almacenamiento, se ha olvidado desde Bruselas.
La generación próxima a los centros de consumo proporciona una energía asequible y un sistema eléctrico dotado de capacidad de energía flexible para ajustar la oferta y demanda de energía en tiempo real en cada centro de consumo. No solo asegura precios baratos, sino que perfecciona la gestión de la demanda, elimina el uso de combustibles fósiles y la dependencia energética y aumenta la autonomía de los consumidores. El resultado es la máxima eficiencia energética del sistema al reducir los costes energéticos, estabilizar la red eléctrica y abrir la competencia integrando a los consumidores finales en los mercados como parte del sistema eléctrico.
Se ha desarrollado una transición energética desde el lado de la oferta, pero falta un diseño de la transición energética desde el lado de la demanda.
Artículo publicado en https://www.tendenciasenenergia.es/preocupante-marcha-atras-politica-climatica-europea/
