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Resumen de las propuestas para la defensa de los derechos de las generaciones futuras en España
Autor: Neus Casajuana
Part 1: Introducción
Existe una percepción generalizada entre los jóvenes de que el futuro que les espera va a ser peor que el futuro que les esperaba a sus padres. La esperanza de progresar que ha acompañado a las generaciones de la posguerra, ha desaparecido y existen motivos que lo explican: la falta de vivienda asequible, la dificultad para emprender una vida autónoma por razones económicas o de seguridad en el empleo, la desigualdad que se hereda injustamente de padres a hijos, la apreciación de que la cobertura de servicios del estado de bienestar va a empeorar en el futuro debido al envejecimiento de la población que tensionará la capacidad de los servicios sanitarios o a la disminución de la ratio entre trabajadores y jubilados que comprometerá la sostenibilidad el sistema de pensiones.
En este complejo entramado, son los retos medioambientales y climáticos los que van a estresar más las condiciones de vida de todas las personas, especialmente las más jóvenes. La sequía, la desertificación del suelo, la desaparición de especies, el calor extremo y los fenómenos meteorológicos destructivos están ya generando impactos negativos en el bienestar, la salud y la economía de toda la sociedad ahora e impactarán más en el futuro durante muchísimas décadas.
Las consecuencias de este sistema económico que ya se ha demostrado ambientalmente insostenible van a ser, o son ya, inmensas y nos van a afectar a todos sin posibilidad de escapatoria.
Pero la crisis actual tiene otra arista importante, ya que todo este contexto ha favorecido a que aparezcan también una serie de retos democráticos. En España el 80% de los menores de 30 años siente que los políticos no les escuchan, según un estudio reciente. Estos datos sitúan a España como el segundo país de los analizados con peores datos, después de Sudáfrica. Según otro estudio el 74% de los alumnos españoles de 14 años afirma que los representantes políticos no se preocupan lo suficiente por las necesidades de sus votantes y un 83% cree que tienen demasiado poder. Lo más preocupante es que un 33% del alumnado no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esta falta de confianza en la democracia puede derivar a estos jóvenes a optar por opciones autoritarias.
Revertir está situación requiere actuar en múltiples dimensiones. En este documento proponemos una serie de actuaciones que a nuestro criterio son necesarias y urgentes para dar solución a los problemas señalados y ofrecer a la población y especialmente a la juventud un camino de esperanza
Part 2: Una norma para la defensa de los derechos de las Futures Generacions
1. Exposición de motivos
Las decisiones que se adopten hoy determinarán la calidad de vida de los ciudadanos durante décadas. Si bien muchas problemáticas requieren respuestas inmediatas, las instituciones también deben considerar sistemáticamente el largo plazo en la formulación de políticas y la forma en que las decisiones actuales afectarán el futuro de los ciudadanos.
El bienestar de las generaciones presentes y futuras sólo será posible si garantizamos que los organismos públicos y cualquier actor privado tengan en cuenta, en términos de bienestar ambiental, social, económico y cultural, las externalidades negativas de todas sus actuaciones y planificaciones, y su impacto sobre las generaciones futuras para garantizar su derecho a vivir en un contexto ecológico y territorial óptimo en una sociedad económica y socialmente justa.
Los organismos públicos tendrán que planificar y actuar teniendo en cuenta los principios básicos de la democracia y el buen gobierno “el largo plazo”, “la prevención y la precaución (Do no Harm)”, “la integración”, la “transparencia”, la “participación y la implicación”, y “la colaboración ”.
A nivel internacional la declaración sobre las Generaciones Futuras de La Cumbre del Futuro de las NU reconoce que nuestras decisiones, acciones e inacciones de hoy tienen un efecto multiplicador intergeneracional.
2. Demandas principales
Contar con una norma que proteja a las generaciones futuras. La norma tendrá por objeto principal promover la coherencia entre las políticas para caminar hacia un desarrollo sostenible, y así velar para que todas las actuaciones de las instituciones públicas de España garanticen el bienestar ecológico, económico y social, no solo de las generaciones presentes, sino también de las futuras.
Incluir en esta norma, y en normas con potencial de impacto en futuras generaciones, una mirada holística de coherencia de políticas con base en los siguientes principios:
Respetar y observar los principios fundamentales de los derechos humanos,
Respetar el principio de dignidad de la vida.
Restaurar y mantener un medio ambiente seguro, saludable y sostenible,
El principio del bien común que debe prevalecer por delante de los intereses económicos y de mercado que atenten o vayan en detrimento del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una vivienda digna y el derecho a una renta, ahora y en el futuro.
El principio de no regresión: entendido como una obligación impuesta a las instituciones públicas para no reducir los estándares de protección ambiental.
Visión a largo plazo: considerar las implicaciones a largo plazo de las decisiones y medidas adoptadas hoy.
Integración – actuar para maximizar la contribución a todos los objetivos en todas las acciones. Actuar holísticamente para evitar contradicciones y contrapartidas entre unas políticas y otras y para impulsar las sinergias.
Participación, transparencia y colaboración : implicar a todas las partes interesadas en la toma de decisiones y acciones que afecten a su futuro.
Principio de precaución: pretende evitar daños graves o irreversibles de impacto ambiental.
Principio de prevención: tratar de limitar o evitar problemas futuros en lugar de esperar a resolverlos más tarde.
Part 3: Un Defensor de las Generaciones Futuras: Propuesta de creación de la Institución. Responsabilidades y esquemas de funcionamiento
1. Exposición de motivos
El cortoplacismo en la toma de decisiones políticas es una consecuencia de los ciclos electorales que empujan a los gobiernos a presentar resultados cada cuatro años para obtener réditos electorales. Además, los gobiernos se sienten presionados a actuar para responder a las necesidades de las generaciones actuales, en detrimento de las generaciones futuras. Estos incentivos a actuar en el corto plazo han llevado a la humanidad a sobrepasar ya seis de los nueve límites planetarios y a la elección de unas políticas públicas que no garantizan un desarrollo sostenible respecto a los objetivos ecológicos, sociales ni económicos.
La creación de la figura de un defensor de las generaciones futuras, que actúe en su representación y que vele por sus derechos ayudará a que las acciones tomadas en el presente para satisfacer nuestras necesidades no perjudiquen la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos del futuro.
Al defensor de las generaciones futuras se le asigna la responsabilidad de representarlas, proteger su futuro bienestar y defender sus derechos futuros a través del escrutinio de políticas, reformas e inversiones.
2. Demandas principales. Creación de la Institución y responsabilidades
Creación de la figura del Defensor de les Generaciones Futuras
Que actua en su representación y vela por sus derechos.
El Defensor de les Generacions Futures. Definición
El Defensor de les Generaciones Futuras es la institución independente que ejerce la responsabilitat de representativitad y defensa del bienestar de les generaciones futuras.
El Defensor de las Generaciones Futuras tiene las siguientes responsabilidades:
Elaborar el informe anual de valoración sobre las evaluaciones ex ante y ex post de la actividad normativa y planificadora realizadas por la administración
Elaborar el informe anual sobre la valoración del grado de cumplimiento por parte de organismos responsables del progreso en el cumplimiento de la Agenda 2030.
Realizar investigaciones u otros estudios vinculados a la integración de la mirada del Desarrollo Sostenible y la Coherencia de Políticas en las diversas fases de diseño, implementación y evaluación de Políticas Públicas.
Brindar asesoramiento o asistencia a las administraciones. También hacer recomendaciones a los ministros.
Proporcionar asesoramiento al Tribunal de Cuentas de la Administración del Estado.
3. Esquemas del funcionamiento del Defensor de les Generaciones Futuras
Part 4: Un sistema de medición y seguimiento que proteja a las futuras generaciones
1. Exposición de motivos
La Comisión Europea recomienda instaurar un enfoque integrado y transversal de las políticas públicas, desde su diseño hasta su ejecución hacia una acción coherente con el desarrollo sostenible y una evaluación de sus impactos ambientales, sociales y económicos, incorporando así el análisis sobre la multidimensionalidad de la sostenibilidad en la elaboración de las políticas.
A partir de estos indicadores se podrán realizar los análisis multidimensionales de la sostenibilidad y el grado de coherencia de políticas. Conocer las sinergias y las contrapartidas y evaluar la calidad de las políticas.
Los compromisos de cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 deben entenderse como objetivos programáticos que permiten avanzar en el logro de los ODS a partir del conjunto de políticas públicas impulsadas y gestionadas por el Gobierno. Para poder realizar el seguimiento de las políticas públicas y del cumplimiento de los objetivos programáticos y de la Agenda 2030, es imprescindible que los objetivos que se quieren alcanzar se concreten en metas bien definidas, que sean medibles a través de indicadores de resultados del impacto de la aplicación de las políticas y con las concreción de las fechas en las cuales se prevé la consecución de las metas.
A nivel estatal, la medición de los avances en materia de la Agenda 2030 y de la sostenibilidad se centra en el Informe del progreso en el cumplimiento de los ODS. El informe hace un repaso de muchos indicadores relacionados con cada unos de los ODS, pero esta lista de indicadores no está vinculada al Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 ni al documento de Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 ni a los Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible definidos por el INE. Todos estos documentos no están vinculados entre ellos. Los tres informes se acercan más a los que es un estudio de diagnosis que no lo que deberían ser, una estrategia, un plan de acción con un conjunto de metas bien definidas y con calendario y acompañadas de un conjunto de indicadores medibles cuanto o cualitativamente para poder hacer el seguimiento del progreso de la Agenda 2030. Tal como están diseñados estos documentos es difícil hacer una evaluación sobre los resultados de implementar las políticas que se han decidido para mejorar el bienestar de los españoles y la salud del planeta.
2. Demandas principales
Definir los indicadores que serán el instrumento necesario para rendir cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos y para el seguimiento del progreso en la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.
El seguimiento y publicación de los resultados de implementar las políticas públicas forma parte del compromiso de rendición de cuentas. Para ello se deberá establecer un marco común de indicadores para evaluar los resultados de la implementación de dichas políticas públicas, los avances en materia de Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible y el progreso en el cumplimiento de las metas de los ODS de la Agenda 2030.
La evolución de los ODS y de las políticas públicas se realizará mediante el monitoreo de los indicadores adecuados para este seguimiento. Para ello se reforzarán los indicadores que midan los resultados (outputs) y los efectos deseados (outcomes), delante de los indicadores de uso, de recursos o de oportunidad.
Presentar una copia del informe ante el Congreso de Diputados y ante el Defensor de las Generaciones Futuras.
Part 5: Impulso de la cultura de la evaluación
1. Exposición de motivos
Todas las actividades que definen políticas públicas tienen un impacto en el bienestar de las generaciones presentes, futuras y en el medio ambiente. Por ello se considera que toda actividad normativa o planificadora de políticas públicas que forman parte del ciclo político tiene que ser evaluada desde su diseño hasta la valoración de los efectos de su implementación.
La imprevisibilidad de los desafíos futuros requiere un uso más sistemático de la previsión estratégica y el pensamiento a largo plazo en el establecimiento de agendas, la formulación de políticas, las inversiones, la asignación presupuestaria y la evaluación de impacto en todas las áreas políticas para construir un país preparado para el futuro.
Necesitamos que la visión intergeneracional y de largo plazo se integre e incorpore en las políticas públicas, desde la toma de decisiones hasta la evaluación de los resultados de la implementación de las políticas públicas, para construir un futuro positivo en consonancia con los valores y objetivos de España y de la UE.
Actualmente la legislación española dispone de un conjunto de normas importantes que regulan la evaluación de los impactos de las políticas públicas y las leyes: la Ley 27/2022 de 20 de diciembre que despliega el proceso de evaluación de las políticas públicas, junto con el Real Decreto 931/2017 de 27 de octubre, que regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, son tres piezas fundamentales en la evaluación de la actividad normativa y planificadora de la administración. Los informes de evaluación de los impactos ex ante de las políticas públicas , así como las memorias del análisis del impacto de las normas en proceso de aprobación, son documentos imprescindibles para conocer de antemano los efectos que políticas públicas y normativas van a tener sobre el bienestar de las generaciones actuales y de las generaciones futuras. O bien, si las evaluaciones se realizan a posteriori (ex post)de su implementación, conocer su eficacia en los objetivos que dichas políticas o normativas pretendían alcanzar. Todos estos informes además forman parte de la rendición de cuentas que todos esperamos de los gobiernos democráticos.
2. Demandas principales
Incorporar tanto en los procedimientos de elaboración normativa (anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos, Decretos), como de los programas y documentos de planificación estratégica e iniciativas que desarrollen políticas públicas (planes directores, planes estratégicos, proyectos declarados de utilidad pública o de interés general…) el informe o memoria de evaluación de todos los posibles tipos de impacto relevante: la incidencia sobre la actividad económica, el impacto presupuestario, normativo, económico o de género, social o ambiental, climático, y los impactos en otros países, integrando la perspectiva de la Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible y el impacto en las generaciones futuras.
Reconsiderar la discrecionalidad en la evaluación de las políticas públicas prevista en el art. 26. Evaluaciones obligatorias de políticas públicas departamentales, de la Ley 27/2022. La evaluación debe ser sistemática y no puntual porque la necesidad de conocer la calidad y la efectividad de las políticas es siempre relevante y la rendición de cuentas tiene que ser una obligación. Esta evaluación sistemática ex ante y ex post debería realizarse en todas aquellas políticas públicas en las cuales se prevea que van a tener impacto en el ámbito transfronterizo, medioambiental, climático y social en las generaciones actuales y futuras.
Realizar una evaluación ex ante preliminar de las políticas públicas para cribar e identificar de forma rápida la existencia de posibles impactos relevantes ambientales, intergeneracionales y transfronterizos mediante la herramienta 18 “Identification of Impacts” de Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea.
Adaptar y utilizar las guías y las herramientas descritas en el documento de la Comisión Europea “Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea”, en concreto las Las herramientas nº 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 35 para la evaluación de los impactos en los distintos sectores, incluidos los transfronterizos y los ambientales. En el momento de establecer las alternativas a la iniciativa propuesta durante el procesos de evaluación de la actividad normativa y en los procesos de evaluación de programas planes y proyectos sujetos a evaluación ambiental, se consideren aquellas alternativas que no incrementen o que más reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Tener en cuenta el impacto en las emisiones de GEI generadas por la ejecución de planes, programas o proyectos, ya sean directas, indirectas o inducidas.
Los análisis de costes y beneficios deben tener en cuenta los costes a largo plazo derivados del cambio climático que actualmente se eluden (modificación de los periodos contabilizados y las tasas de descuento social) . Seguir la Guía Análisis ambientales de costes y beneficios de la OCDE.
Conocer el presupuesto de carbono de España. Calcular la participación de los GEI derivados de las iniciativas normativas o planificadoras en el gasto del presupuesto de carbono de España.
La obligación de realizar el análisis de impacto normativo que según el Art. 26 de la Ley 50/1997 ahora afecta a la actividad normativa impulsada por el ejecutivo, se aplique también a las Proposiciones de Ley impulsadas desde el Congreso o el Senado para que se acompañen también de la memoria relativa al análisis de impacto normativo
La Entrega al Defensor de las Generaciones Futuras de: los Informes finales y los informes de resultados de la evaluación de políticas públicas, así como de la Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas (Ley 27/2022); las memorias de evaluación de los proyectos de ley y reglamentos (Real Decreto 931/2017); los informes o declaraciones ambientales sean estratégica o no, junto los los expedientes correspondientes de programas, planes y proyectos sujetos a evaluación ambiental (Ley 21/2013) , para que pueda emitir su valoración motivada y hacer consideraciones en el caso que considere necesario.
Part 6: Un sistema de Gobernanza que proteja el futuro
1. Exposición de motivos
Tener en cuenta los derechos de las generaciones futuras obliga a hacer cambios en la gobernanza y en la forma de trabajar. Ello implica que tendrán que desplegarse las leyes y las instituciones relacionadas con el seguimiento y la evaluación de las políticas que aunque están aprobadas, todavía no están en funcionamiento:
Reforzar la coordinación entre ministerios y entre todas las administraciones para actuar de forma más armonizada. Desarrollar e implementar nuevos procesos que permitan una coordinación más estrecha entre las políticas sectoriales para identificar interacciones potenciales e impactos a largo plazo de unas políticas con otras.
Profundizar y normalizar el uso del trabajo y de las metodologías de prospectiva estratégica existentes en el ciclo político, de modo que se integren en el plan de trabajo y el presupuesto anuales, incluido el aprendizaje a partir de modelos y escenarios de futuro para la toma de decisiones a largo plazo, conjuntamente con la sociedad.
De la misma forma que existen unas reglas fiscales europeas de déficit y deuda que limitan nuestro presupuesto económico anual, también existe la regla climática de no exceder el 1,5º de temperatura y que se traduce en no superar nuestro presupuesto de carbono. Este presupuesto limita los gases de efecto invernadero que España puede generar en todas sus actividades. Por tanto se debe tener presente a la hora de planificar cualquier gasto o a la hora de aprobar cualquier norma que tenga un impacto en el clima.
Necesitamos tener una hoja de ruta de reducción de emisiones coherente con el presupuesto de carbono de España. Esto se traduce en definir el límite de emisiones de cada sector económico a fin de que la suma de todos los sectores no supere este presupuesto de carbono.
Las políticas que se vienen aplicando habitualmente para resolver problemas sociales enquistados (pobreza, desigualdad y precariedad) o problemas ambientales cada vez más perturbadores (desertificación, cambio climático, incendios…) han mostrado sus limitaciones en los resultados. Es en este contexto de búsqueda de soluciones, que llega el momento de la innovación social, de probar nuevas propuestas políticas, de experimentar nuevas iniciativas y de replicar los casos de éxito. Esta innovación va a requerir pruebas piloto y monitoreos para evaluar los resultados y la eficacia, y, en caso de éxito, escalarlas.
2. Demandas principales
Creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y del Consejo General de Evaluación ( Artículos 29 y 31 de la ley 27/2022 de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado).
Creación de una Secretaría Técnica para el Sistema Integral de Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible. A este nuevo espacio institucional se le asignará las competencias de promoción de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (CPDS) en el seno de la Administración General del Estado (AGE).
Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Sostenible como órgano colegiado con las funciones de asesorar, colaborar y encauzar la participación de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación de la Agenda 2030.
Reconfiguración de la Conferencia Sectorial de la Agenda 2030, para que pase a ser un Consejo de Implementación Multinivel de la Agenda 2030 en el que se amplíe la representación de las entidades locales. Esta mayor representatividad del ámbito municipal requerirá de una revisión del Reglamento Interno de la Conferencia, pero facilitará la articulación de las políticas entre los diferentes niveles territoriales del Estado español.
Establecer una vinculación entre el presupuesto de carbono de España y la actividad política con impacto climático, ya sea en forma de planes de gasto, inversiones, estrategias o normativas. Todas las políticas deben tener una medida del impacto climático. El presupuesto del estado y también el del resto de las administraciones deben tener un techo estimado de emisiones.
Definir una hoja de ruta de reducción de emisiones de cada sector económico, de forma que el sumatorio de los GEI de todos los sectores sea coherente con el presupuesto de carbono de España.
Impulsar iniciativas de innovación social, replicando casos de éxito o realizando pruebas piloto monitoreadas para conocer el resultado de aplicar nuevas fórmulas en ámbitos sociales, agroalimentarios, energéticos, constructivos, de movilidad o de trabajo. Algunas de estas fórmulas novedosas podrían ser viables y escalables.
Part 7: Renovación y ampliación de los principios democráticos
1. Exposición de motivos
Nuestro sistema democrático está atravesando un momento de debilidad. A las dificultades de nuestros poderes públicos para dar respuesta satisfactoria a los principales retos – sociales, medioambientales y convivenciales – que enfrentamos colectivamente, se le une la percepción, cada vez más generalizada y extendida en la ciudadanía, de que dichos poderes públicos no representan adecuadamente sus intereses, ni escuchan ni canalizan sus inquietudes y opiniones. Dicho clima de desafección, especialmente presente entre la población más joven y los colectivos más vulnerables, se traduce en un cuestionamiento del propio sistema democrático y de la representatividad de los poderes e instituciones públicas democráticamente constituidas.
Ante esa respuesta insuficiente y esa crisis de confianza y representatividad, la única estrategia es apostar por más y mejor democracia. Esto supone instituciones más comprometidas con la transparencia, la inclusión, la participación y la rendición de cuentas.
2. Demandas principales
Impulsar un parlamentarismo más transparente, con capacidad y voluntad de rendición de cuentas y permeable a la participación ciudadana.
Reformar el funcionamiento de la Iniciativa Legislativa Popular, para convertirla en una herramienta real y efectiva de participación legislativa de la sociedad civil, capaz de complementar y mejorar la capacidad representativa y de toma de decisión del Legislativo.
Impulsar nuevos canales de participación democrática permanentes, basados en métodos de deliberación para abordar los dilemas políticos complejos con mejor información y mayor legitimidad social: asambleas ciudadanas, paneles, jurados y referendos son herramientas de profundización democrática y a la vez, una vía de implicación y de compromiso político de los ciudadanos. Esta podría ser una de las funciones que el Instituto HAzLab podría liderar si ampliase su ámbito de investigación y de aplicación.
Utilización de la prospección estratégica y la co-creación para anticiparse a problemas futuros y para formular una visión colectiva sobre el país que quieren los ciudadanos de hoy pensando también en los ciudadanos del mañana. Esta visión colectiva es una herramienta poderosa para evaluar en qué grado cada política pública que se pretende implantar se ajusta a los valores que los ciudadanos han destacado (elegido) al definir el país que desean para sus hijos, nietos y bisnietos. Estos ejercicios de visualización de futuros plausibles y de co-creación, al contrario de lo que se ha venido haciendo, deben realizarse conjuntamente con los ciudadanos para conseguir la máxima repercusión social y ayudar a poner en marcha los cambios que nuestra sociedad necesita. El Instituto HAzLab podría participar activamente en estos procesos de co-creación si ampliase su ámbito de investigación y de aplicación
Mejorar el funcionamiento y la eficacia de la participación ciudadana en los órganos consultivos de la Administración, de forma que se conviertan en espacios de participación relevante y activa, con capacidad propositiva y con representación inclusiva y diversa.
Mejorar el diseño y funcionamiento de los procedimientos de consulta pública en proyectos normativos para lograr que sean un canal de participación habitual de un conjunto diverso, inclusivo y representativo de las partes interesadas y para garantizar la calidad y accesibilidad del proceso y la adecuada rendición de cuentas por parte de la administración responsable.
Regular y hacer pública la actividad de los grupos de interés para reducir los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses, mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones y promover un mayor nivel de integridad y transparencia de las instituciones públicas.
