Las decisiones que se adopten hoy determinarán la calidad de vida de los ciudadanos durante décadas. Si bien muchas problemáticas requieren respuestas inmediatas, las instituciones también deben considerar sistemáticamente el largo plazo en la formulación de políticas y la forma en que las decisiones actuales afectarán el futuro de los ciudadanos.
El bienestar de las generaciones presentes y futuras sólo será posible si garantizamos que los organismos públicos y cualquier actor privado tengan en cuenta, en términos de bienestar ambiental, social, económico y cultural, las externalidades negativas de todas sus actuaciones y planificaciones, y su impacto sobre las generaciones futuras para garantizar su derecho a vivir en un contexto ecológico y territorial óptimo en una sociedad económica y socialmente justa.
Los organismos públicos tendrán que planificar y actuar teniendo en cuenta los principios básicos de la democracia y el buen gobierno “el largo plazo”, “la prevención y la precaución (Do no Harm)”, “la integración”, la “transparencia”, la “participación y la implicación”, y “la colaboración ”.
La declaración sobre las Generaciones Futuras de La Cumbre del Futuro de las NU reconoce que nuestras decisiones, acciones e inacciones de hoy tienen un efecto multiplicador intergeneracional.
