El Defensor del Pueblo considera injustificados los argumentos aportados por los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que aún no han implantado las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y que deberían haber entrado en funcionamiento el 1 de enero de 2023, tal y como establece la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética.