En España, la mitad de la población no tiene acceso al coche y hay una clara correlación general entre renta disponible y uso del coche
Pau Noy Serrano
Un informe de un centro de investigación francés concluye que hay un relación directa entre el voto a Marine le Pen y la distancia a la estación de ferrocarril de la SNCF. Cuanto más distancia a la estación, mayor voto tiene la extrema derecha francesa. Las causas del auge de su auge son diversas, casi todas relacionadas con la sensación de desamparo de muchos franceses ante el imparable proceso de globalización y la pérdida de oportunidades que el sistema económico antaño ofrecía. Esta situación, alimentada con toneladas de demagogia y con el anuncio de soluciones que ya se sabe que no conducen a nada, es la que explica el auge del voto de la derecha extrema francesa.
Uno de los puntos destacados del programa del partido de Le Pen es su propuesta de bajar la fiscalidad de las gasolinas, introduciendo un IVA supereducido a gasolinas y gasóleos, con la teoría que la mayoría de franceses se mueven en coche. Es conocido que la derecha apuesta siempre por rebajas fiscales, disfrazándolas de reducciones generales que luego acaban beneficiando al final siempre a los más ricos.
En esta idea de reducir la fiscalidad a los combustibles de la automoción se acaba beneficiando sobre todo a los ricos porque ellos van siempre en coche. Los de la clase alta son monomodo de transporte: siempre con su coche, con chófer particular o sin él.
Pero lo cierto es que en España, la mitad de la población no tiene acceso al coche y hay una clara correlación general entre renta disponible uso del coche. En Francia las cosas no deben ser muy diferentes. Sin acceso al coche se encuentran en España grandes colectivos que por circunstancias físicas o de edad no pueden acceder al permiso de conducir.
Me refiero a menores de 18 años y gente mayor; pero también mujeres (la mitad de las mujeres adultas no tiene permiso de conducir) e inmigrantes extracomunitarios. A familias en las que sólo hay un automóvil en la casa y lo usa el padre, dejando incomunicados al resto de miembros de la familia, tengan o no permiso de conducir. Y a millones de familia que no disponen de ningún automóvil en sus casas, bien por decisión propia, bien por no poder pagarlo. Todos estos colectivos suman unos 22 millones de habitantes, la mitad de la población española.
Para estas personas, su alternativa de movilidad es un familiar o conocido que los acompañe con su coche al trabajo o a hacer una gestión, el desplazamiento a pie y en bicicleta cuando el recorrido es eminentemente urbano o el transporte público.
¿Dónde hay transporte público en España?
En España hay únicamente un transporte público decente en Madrid-provincia, Cataluña y el País Vasco. En Cataluña sin duda existen zonas con un transporte insuficiente e incluso en determinadas zonas más aisladas con un servicio inexistente, pero el 98% de la población catalana puede hacer un desplazamiento en transporte público a la capital comarcal, a la capital provincial y a Barcelona en un viaje de ida y vuelta en el mismo día. Falta mucho por hacer, pero se parte de un nivel bastante alto.
Grosso modo la situación es la siguiente: un altísimo nivel de oferta en el continuo urbano de Barcelona -12 municipios-, alto en el resto del área metropolitana, medio en la región metropolitana y entornos de Girona, Tarragona y Lleida, y discreto o bajo en el resto del país. En Madrid-provincia, con un territorio menor y más compacto, la misma cifra puede alcanzar casi el 100% y en el País Vasco igual.
Pero en el resto de España eso no pasa. Algunos datos comparativos al respecto. En Cataluña, sobre 305 estaciones en total, 208 de Renfe y 97 de FGC, únicamente hay 20 de ellas con menos de 4 servicios de tren diarios en cada sentido, y la gran mayoría por encima de los 10 servicios. Pero en Castilla-León, sobre un censo de 186 estaciones, en 125 de ellas, el 70%, el número de servicios es inferior a 4 y e incluso en 13 de ellas el tren pasa pero no se detiene. La situación en Andalucía, Castilla-la Mancha, Extremadura, Murcia y Navarra, no es muy diferente de la de Castilla.
Con el alza del precio de los combustibles y con el reto de reducir la brecha social por no disponer de acceso al coche y de reducir drásticamente las emisiones de CO2, la única alternativa posible para mejorar la vida de la población es aumentar los servicios ferroviarios de la España interior. Como se dice en el documento Más Viajes en Tren, Menos Emisiones cada estación de España debe disponer antes de finalizar el año de 4 servicios diarios por sentido de ferrocarril que permita a la gente acceder a la capital comarcal y provincial en un viaje de ida y vuelta en el mismo día.
Desviar inversiones a servicio
La dotación de inversiones en ferrocarril en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 es superior a 5.000 millones de Euros. Pero en estos momentos, lo que España necesita de verdad no es tanta inversión sino más servicio. En términos contables, cambiar inversión en infraestructura por inversión social. Por eso, debe desviar un 10% de esta inversión en ferrocarril hacia prestaciones de servicios ferroviarios — y en autobús cuando no haya tren–, para conseguir que las gentes de la España interior no se sientan abandonadas y no tengan la tentación de de votar, como lo han hecho recientemente en Castilla, a los sucedáneos de Marine Le Pen en España. El reto es levantar toda una política de estado que dé confianza en las instituciones democráticas a los ciudadanos más alejados de las ciudades.
