Hace apenas una década, la Unión Europea logró situarse en una posición que muchos consideraban improbable: la de laboratorio mundial de un modelo económico que pretendía incorporar la sostenibilidad de forma estructural. No se trataba de medidas sueltas, sino de un rediseño sistémico: desde la agricultura hasta la política monetaria, pasando por la fiscalidad y la regulación financiera, todo debía alinearse con los límites ecológicos del planeta reconociendo que para ser competitivos a largo plazo debíamos tener en cuenta el sustrato natural de toda la economía.
Ese liderazgo, sin embargo, se encuentra hoy amenazado. Pese a las demandas negacionistas de grupos cada vez más visibles la retirada se está dando como una erosión paulatina, alimentada por factores externos e internos. Por un lado, la presión de Estados Unidos para abandonar cualquier freno climático en nombre de la “competitividad” se ha intensificado desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. La retirada de la Reserva Federal de la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) y el impulso a combustibles fósiles como eje industrial son señales claras de un giro que se intenta exportar a Europa a través de acuerdos comerciales y financieros.
Por otro, sectores industriales europeos, algunos totalmente dependientes de expectativas irrealizables de mayores emisiones de gases de efecto invernadero o impacto ambiental, preocupados por perder cuota de mercado frente a competidores menos regulados, reclaman que se rebajen o “simplifiquen” las normas ambientales. El resultado es una paradoja: en el mismo momento en que los costes del cambio climático se vuelven innegables, crece la tentación de relegar la agenda verde a un segundo plano. Mientras tanto, China refuerza su estrategia de electrificación masiva y despliegue de renovables, no solo como compromiso ambiental, sino como palanca geoeconómica para dominar las tecnologías que permiten independencia energética frente a los proveedores de combustibles fósiles.
Costes de transición vs costes del caos: la fractura pragmática
Esta tensión se traduce en un choque de percepciones que fractura la aparente cohesión de los polos del poder en nuestra sociedad. Para un sector cada vez más amplio de actores económicos (desde fondos soberanos como el de Noruega hasta aseguradoras que afrontan pérdidas récord) las regulaciones no son un lujo ideológico, sino una necesidad de supervivencia. Como alertaba recientemente el Banco Central Europeo, no integrar los riesgos climáticos en el sistema financiero implica exponer la estabilidad económica a shocks de magnitud creciente.
Frente a ellos, encontramos a quienes sólo perciben los costes inmediatos de la transición: grandes corporaciones con modelos de negocio dependientes de la extracción y el consumo intensivo de recursos, bancos que los financian que han reculado en sus compromisos neto cero o lobbies que presionan para diluir requisitos de divulgación, esenciales para prevenir el greenwashing.
En un mundo marcado por la desconfianza geopolítica, el problema se agrava: los costes del cambio climático se socializan globalmente, pero los de la transición se internalizan país por país. Así, cada actor calcula si le compensa actuar… y el incentivo para retrasar las medidas se hace poderoso.
Finanzas: el sistema circulatorio del metabolismo económico
Si algo ha quedado claro en los últimos años es que la lucha contra la crisis climática no se gana solo en fábricas y centrales eléctricas, sino también en las salas de reuniones de bancos, fondos y autoridades monetarias. El sistema financiero no es una abstracción: es el mecanismo que canaliza recursos hacia unos sectores u otros, determinando qué tipo de economía será viable mañana. Es el lugar donde la coincidencia de expectativas sobre el futuro toma forma y, lejos de ser una esfera aparte sin conexión con la realidad, determina que se hace y que se deja de hacer.
Financiar la expansión de renovables, la rehabilitación energética o la movilidad eléctrica no solo es una apuesta industrial; es, sobre todo, una decisión política sobre qué futuro se construye. Y, al contrario, seguir inyectando capital en exploración petrolera o infraestructuras fósiles asegura que la dependencia se prolongue durante décadas. Europa había reconocido esta importancia capital de las finanzas y ya habíamos empezado a construir un armazón regulatorio ambicioso. Una sopa de siglas que pocas entienden pero que concretan, aunque con muchas limitaciones, muchas de las demandas del movimiento ecologista:
El CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono) busca evitar la “fuga de carbono” gravando las importaciones según su huella de emisiones. Es un paso inédito hacia la internalización de costes ambientales en el comercio internacional. Pero críticos advierten que, sin mecanismos para apoyar la descarbonización en países exportadores, puede convertirse en un arancel disfrazado, más orientado a proteger mercados que a reducir emisiones globales.
La CSDDD (Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa) obliga a las grandes empresas a prevenir y mitigar daños ambientales y sociales en sus cadenas de suministro. Sin embargo, la dificultad para supervisar operaciones globales y la presión para limitar su alcance amenazan con dejarla en un ejercicio de “compliance” formal.
El SFDR (Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles) nació para combatir el greenwashing financiero, pero su ambigüedad inicial permitió que productos “verdes” incluyeran inversiones fósiles.
La CSRD (Directiva de Información Corporativa en Sostenibilidad) y los ESRS2 (Estándares Europeos de Información en Sostenibilidad) imponen informes detallados sobre el impacto ambiental y social de las empresas. Pero su eficacia depende de que no se relajen los requisitos en nombre de la “simplificación” administrativa, como propone el paquete ómnibus.
El BCE y el factor climático: A partir de 2026, el banco central ajustará el valor de los activos que los bancos usan como garantía según su exposición a riesgos climáticos. Es un cambio histórico: la política monetaria deja de ser “neutral” y empieza a penalizar el riesgo ecológico. No obstante, organizaciones como Positive Money EU critican que estas medidas siguen siendo parciales y no abarcan toda la operativa del BCE.
Retrocesos que erosionan la agenda verde
Mientras estas herramientas se consolidan, otras políticas van en dirección contraria. La nueva PAC refuerza el peso de la agroindustria intensiva, en detrimento de la agricultura sostenible. El paquete ómnibus amenaza con debilitar la transparencia en productos financieros. Y desde EE. UU., la presión para sacar el clima de la agenda de los bancos centrales se intensifica.
El riesgo de que el andamiaje regulatorio se convierta en un cascarón vacío manteniendo la apariencia de compromiso mientras las inercias fósiles siguen intactas es evidente. Y por eso creemos que no sólo hay que defender lo que existe si no ir mucho más allá. Más de 40 entidades defendemos que el BCE debería integrar objetivos climáticos en toda su política monetaria, no solo en la gestión de garantías. También planteamos establecer presupuestos de carbono vinculantes a nivel europeo, como herramienta de planificación compatible con la justicia social.
Esta tendencia hacia la desidia climática no es tan preponderante como parece. Recientemente la Corte Internacional de Justicia acaba de realizar una sentencia histórica que acerca más la posibilidad de blindar por ley los derechos de las generaciones futuras a través de la lucha decidida contra el cambio climático. Reino Unido ofrece un ejemplo en otro frente: un avance decidido hacia una legislación que prohíba el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, reforzando la diligencia debida. La clave está en no conformarse con “reverdecer” los instrumentos actuales, sino en ampliar su alcance, cubrir vacíos y blindarlos frente a retrocesos.
No todo depende de los despachos. Más de 60 organizaciones catalanas han exigido presupuestos de carbono autonómicos para orientar las políticas sectoriales. Y la Defensora del Pueblo europea ha abierto una investigación sobre el paquete ómnibus, tras denuncias de que podría vulnerar el derecho a la información de los inversores. Estas luchas demuestran que la defensa de la agenda climática requiere vigilancia constante y movilización social, incluso en los aspectos más técnicos.
Conclusión: la sostenibilidad como arquitectura, no como adorno
La sostenibilidad no es un suplemento estético para campañas de marketing. Es una arquitectura de largo plazo sin la cual no habrá estabilidad financiera, económica ni social. La UE tiene la oportunidad y la responsabilidad de sostener su papel como vanguardia de esta transición, incluso en un contexto internacional adverso.
Ceder a la presión desreguladora es fácil. Lo difícil, pero necesario, es mantener el rumbo hacia un modelo que garantice que la economía no siga devorando las bases que la sostienen. Las finanzas, como sistema circulatorio del metabolismo económico, serán decisivas para elegir entre un futuro viable o una ficción insostenible.
