Durante décadas, el Producto Interior Bruto (PIB) ha funcionado como la brújula dominante de la política económica mundial. Gobiernos, mercados e instituciones internacionales han tratado el crecimiento económico como sinónimo de progreso social. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que esa ecuación ya no se sostiene. El crecimiento del PIB ha convivido con el aumento de las desigualdades, la degradación ecológica, la precarización de la vida y una profunda crisis de confianza en las instituciones democráticas.
Ahora, Naciones Unidas ha dado un paso que puede marcar un punto de inflexión histórico. El nuevo informe del High-Level Expert Group on Beyond GDP, impulsado por el Secretario General de la ONU tras el Pacto para el Futuro aprobado en 2024, propone avanzar hacia un nuevo marco internacional para medir el progreso más allá del crecimiento económico.
El informe, titulado Counting What Counts: A Compass of Progress for People and Planet, no plantea eliminar el PIB, sino dejar de tratarlo como el indicador supremo del bienestar social. Como recuerda el propio documento, el PIB “nunca fue diseñado para capturar la complejidad de las vidas humanas ni la sostenibilidad ecológica”.
La propuesta del grupo de expertos parte de una idea central: el progreso debe medirse en términos de bienestar equitativo, inclusivo y sostenible. Esto implica incorporar dimensiones que tradicionalmente han permanecido invisibles para la economía convencional: la salud física y mental, la calidad democrática, la cohesión social, la desigualdad, los cuidados no remunerados, la resiliencia frente a las crisis o el estado de los ecosistemas.
El informe plantea un «panel» internacional de 31 indicadores organizados en torno a cuatro grandes dimensiones:
- bienestar actual;
- equidad e inclusión;
- sostenibilidad y resiliencia;
- principios fundamentales como la paz, los derechos humanos y el respeto por los límites planetarios.
Entre los indicadores propuestos aparecen cuestiones especialmente relevantes para las economías del siglo XXI: la soledad y el aislamiento social, la satisfacción vital subjetiva, la confianza en las instituciones públicas, la contaminación atmosférica, la violencia de género, la desigualdad patrimonial o la pérdida de biodiversidad. El objetivo es construir una fotografía mucho más completa de lo que realmente sostiene una vida digna.
El documento es especialmente contundente en un aspecto: el crecimiento económico puede coexistir perfectamente con el deterioro social y ecológico. El propio informe muestra cómo regiones con fuertes aumentos del PIB han experimentado simultáneamente pérdida de biodiversidad, estancamiento de la esperanza de vida saludable o aumento de la inseguridad social.
También resulta significativo que el grupo de expertos reconozca explícitamente los límites estructurales del modelo económico actual. El informe señala que las economías contemporáneas generan “spillovers” o impactos transfronterizos —desde emisiones de carbono hasta extracción desigual de recursos— que el PIB simplemente no registra. Por ello, una de las recomendaciones centrales es desarrollar mecanismos globales para medir y rastrear los efectos positivos y negativos que unos países generan sobre el bienestar de otros.
Otra de las propuestas más relevantes es la creación de nuevos indicadores agregados de progreso capaces de complementar —e incluso disputar— el lugar político que hoy ocupa el PIB. Aunque el grupo no logró consensuar todavía un único índice alternativo, sí recomienda establecer un comité científico internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas para avanzar hacia nuevas métricas sintéticas comparables globalmente.
El informe también subraya la necesidad de acelerar el desarrollo estadístico en ámbitos históricamente invisibilizados, incluyendo:
- bienestar subjetivo;
- cohesión social;
- derechos humanos;
- capacidades institucionales;
- límites planetarios;
- riqueza natural y capital ecológico.
Durante décadas, priorizar el PIB ha significado priorizar aquello que genera actividad económica monetizada, aunque implique destrucción ecológica, concentración de riqueza o deterioro comunitario. Por eso, este proceso abre una disputa de fondo sobre qué entendemos por prosperidad y qué objetivos deberían orientar las políticas públicas del siglo XXI.
La propia ONU reconoce que el resultado no está garantizado. El proceso intergubernamental que ahora comienza durante 2026 y 2027 definirá hasta dónde llegan realmente estas propuestas: desde simples recomendaciones voluntarias hasta la incorporación efectiva de indicadores Beyond GDP en organismos como el Banco Mundial, el FMI o los sistemas internacionales de financiación y evaluación económica.
En cualquier caso, el momento político es excepcional. Por primera vez, todos los Estados miembros de Naciones Unidas han reconocido formalmente la necesidad de desarrollar métricas que vayan más allá del PIB. Y cada vez resulta más difícil sostener que una economía puede considerarse exitosa mientras destruye las bases ecológicas de la vida o profundiza las desigualdades sociales.
La cuestión ya no es únicamente cuánto crecen las economías, sino para quién, a costa de qué y dentro de qué límites planetarios.
