viernes 26 enero 2018
La renta básica universal (RBU) combina tres elementos claves en su variante más progresista. Primero, representa la ambición de lograr una serie de objetivos loables, entre ellos poner fin a la pobreza, aumentar la libertad individual, disminuir las desigualdades económicas y de género, y mejorar el poder de negociación de los trabajadores. Segundo, plantea una política pública casi seductora en su sencillez: una transferencia incondicional de dinero en efectivo aplicada universalmente. Tercero, implica una reforma fiscal muy significativa para recaudar ingresos suficientes para pagarla.
Estos tres elementos están íntimamente vinculados. El tamaño hipotético de la transferencia de efectivo condicionaría el grado de eficacia de la política a la hora de conseguir sus ambiciosos objetivos. Y el tamaño de la transferencia y el tamaño de la reforma fiscal tienen una relación necesaria. La renta básica más ambiciosa también cuesta más y por lo tanto es menos factible. Un estudio del Institute for Policy Research del Reino Unido resumió esta dificultad: “Una RBU asequible sería inadecuada, y una RBU adecuada no sería asequible”
Para intentar resolver este dilema, se suelen proponer una serie de políticas alternativas, que a menudo pretenden lograr objetivos similares: una renta mínima garantizada, un impuesto negativo sobre la renta, etc. Ante el coste de la RBU, estas propuestas suelen sacrificar uno de los componentes fundamentales que dota a la RBU de su nombre, la universalidad. Se corre el riesgo de perder de vista la idea de que todo el mundo merece un cierto suelo de bienestar, sin necesidad de ser sometido a controles burocráticos.
El objetivo de este artículo es explorar, en términos cuantitativos (% PIB), los costes de algunas de las variantes de la RBU, de algunas de sus alternativas y de un abanico más o menos amplio de otras políticas públicas. La lista es un tanto ecléctica y una obra en vías de construcción. Pero quiero destacar dos conclusiones. La primera es que hay una serie de políticas que no sólo son mucho más asequibles que una RBU en toda regla, sino que también serían factibles. La segunda es el dato muy conocido de que entre España y el resto de democracias avanzadas existe una brecha notable no sólo en términos de inversión en políticas de bienestar social, sino también de recaudación fiscal.
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Como se puede comprobar, hay una serie tanto de políticas ya existentes –cobertura dental ampliada en Escocia, cupones de alimentos en los Estados Unidos, guarderías infantiles públicas en Quebec– como de propuestas –un esquema europeo de prestaciones contra el desempleo, remplazar los salarios perdidos en la crisis o elevar todo el mundo por encimo del umbral de la pobreza en los EEUU, una ayuda para los niños en el Reino Unido–, que son relativamente modestas. Incluso la inversión necesaria para realizar una transición energética hacia las renovables se estima en tan solo un punto y medio del PIB.
Propuestas de políticas públicas más ambiciosas incluyen una del Reino Unido para universalizar las guarderías (que incluye un variante generoso donde se pagarían a los trabajadores del sector igual que los profesores); al tener en cuenta el incremento impositivo provocado por la creación de nuevos trabajos, se estima que las dos versiones de esta política costarían 0,07% y 0,36% en términos netos. La intrigante propuesta de financiar unos Servicios Básicos Universales, que pretende garantizar mejor el acceso a la vivienda, la alimentación, el transporte, y la información a los ciudadanos británicos, tampoco es que sea tan costoso. Requiriendo de una movilización superior de recursos sería equiparar España (0,7%) a Holanda (4,3%) en cuanto al gasto dedicado a políticas de cuidado de largo plazo de la gente mayor; esto también supondría un programa masivo de creación de empleo.
En las últimas elecciones, Ciudadanos y Podemos hicieron un favor al debate público al aportar unas memorias económicas juntamente con sus programas electorales. La presentación de Ciudadanos fue la más detallada y transparente de los grandes partidos, lo cual lo hace fácil comprobar que sus propuestas en términos de gasto también son las más restrictivas; comparado con el escenario base del gobierno, que situaría el gasto en el 38,6% del PIB en 2020, Ciudadanos proponía una reducción trivial al 38,5% del PIB. Cabe mencionar que, dado el envejecimiento de la población, lo cual supondrá una mayor necesidad de gasto en sanidad y cuidados a largo plazo, mantener el mismo nivel de gasto implica la opción política de disminuir el alcance del estado de bienestar paulatinamente.
En el otro “extremo”, Podemos propuso incrementar el gasto hasta el 41,2% del PIB, un aumento de menos de tres puntos del PIB. Esto situaría el gasto a un nivel equiparable al de 2007 con Zapatero. A mi juicio, la modestia de la que supone, actualmente, la propuesta fiscal más ambiciosa en España es llamativa; el aumento de gasto que proponía Podemos era inferior a los incrementos llevados a cabo por Felipe González, pero también por Adolfo Suarez en su momento.
El alcance del debate fiscal español es curiosamente limitado, teniendo en cuenta el vasto campo por recorrer que supondría una convergencia con la media de la zona euro. Que la convergencia inicial fuera la parte más sencilla no es particularmente convincente a la hora de explicar por qué España se ha estancado en la consolidación y expansión de su estado de bienestar. De hecho, la brecha en la recaudación de ingresos (como % del PIB) entre España y Francia se ha ampliado a lo largo de los últimos treinta años.
En cierto modo, se pueden interpretar los años de gobierno de Zapatero como una oportunidad perdida, cuando se podría haber fortalecido el estado fiscal de forma contra-cíclica. Profundizar el proyecto republicano de no-dominación, alcanzar el objetivo de una mayor igualdad de género y alcanzar un pacto intergeneracional más justo –elementos que en principio se asociaban con el proyecto de Zapatero– requieren todos ellos de una base material más potente. Cualquier proyecto progresista serio para España debería estar contemplando un aumento en los ingresos fiscales del 1% al año al largo del curso de al menos un par de legislaturas.
Esto no quiere decir que este proyecto descanse exclusivamente en políticas redistributivas (dado la necesidad pendiente de una serie de reformas en áreas desde los mercados laborales y de energía hasta la administración pública), ni que una reforma fiscal en profundidad no presente complicaciones (como la movilización del apoyo político suficiente, o el reto de aplicar impuestos al capital en un marco fiscal descentralizado). Una mayor redistribución no será suficiente, pero será necesaria para abordar los objetivos que la RBU y las otras políticas públicas relacionadas buscan alcanzar. La alternativa, el escenario desolador que ha sido bautizado como el estado de consolidación por Wolfgang Street, implica la profundización de la precariedad y la polarización de los resultados sociales. La forma de rechazar la idea de que no hay alternativa es proponiendo una alternativa real.
http://agendapublica.elperiodico.com/renta-basica-universal-variantes-alternativas-otras-politicas/
