¿Qué está en juego en la reforma de la “Better Regulation” europea?
En los últimos meses, la Comisión Europea ha anunciado su intención de revisar el marco de Better Regulation (“mejor regulación”), el conjunto de reglas que determina cómo se elaboran las leyes europeas: cuándo se hacen evaluaciones de impacto, cómo se consulta a la ciudadanía y a los actores afectados, y qué criterios se usan para decidir si una norma es necesaria y proporcionada. A primera vista, puede parecer un debate técnico y lejano. Pero en realidad, de estas reglas depende qué intereses pesan más en las decisiones europeas y quién queda fuera cuando se legisla con prisas.
La Comisión presenta esta reforma como una forma de hacer la acción europea “más ágil” y “más eficiente” en un contexto de crisis múltiples: climática, social, geopolítica. El problema es que, bajo ese lenguaje, existe el riesgo de que rapidez y simplificación se traduzcan en menos controles democráticos, menos evidencia y menos participación pública. Y eso tiene consecuencias muy concretas.
¿Qué es la Better Regulation y por qué importa?
La Better Regulation no dice qué políticas se aprueban, sino cómo. Establece, por ejemplo, que las propuestas legislativas con impactos económicos, sociales o ambientales significativos deben ir acompañadas de evaluaciones de impacto, que analicen costes y beneficios, alternativas posibles y efectos a largo plazo. También fija reglas para consultar a la ciudadanía y a la sociedad civil, y para justificar las decisiones tomadas.
Cuando estas garantías se debilitan, las leyes pueden aprobarse sin una visión completa de sus efectos reales, favoreciendo soluciones de corto plazo o intereses muy concretos. Esto es especialmente problemático en ámbitos como los que REVO viene analizando recientemente: la seguridad ferroviaria, la desregulación ambiental, la energía nuclear o la consideración del gasto en defensa como “sostenible”. En todos estos casos, presentar las decisiones como puramente técnicas ha servido para ocultar elecciones políticas con impactos duraderos sobre la seguridad, el medio ambiente y las generaciones futuras.
La falsa oposición entre rapidez y democracia
Las organizaciones de la sociedad civil y diversos organismos europeos advierten de un mensaje peligroso: que, en tiempos de urgencia, la evidencia y la participación son un lujo prescindible. Sin embargo, como subraya también el think tank Bruegel, en un mundo cada vez más complejo la toma de decisiones basada en evidencia es más necesaria que nunca, no menos.
Aceptar excepciones amplias por “urgencia política” abre la puerta a decisiones arbitrarias, tomadas bajo presión o sin criterios claros. La Defensora del Pueblo Europeo ya ha señalado casos recientes de mala administración, donde se omitieron evaluaciones de impacto o consultas sin una justificación sólida. Lejos de ser un detalle burocrático, esto aumenta la inseguridad jurídica, debilita la calidad de las leyes y expone a la UE a conflictos legales posteriores.
Mejor regulación no significa menos regulación
Uno de los ejes más preocupantes del debate actual es la insistencia en la necesidad de “reducir cargas regulatorias”. El problema no es revisar normas ineficaces, sino equiparar sistemáticamente la regulación con una carga económica para las empresas, ignorando sus beneficios sociales y ambientales.
La regulación ambiental, por ejemplo, no es un obstáculo arbitrario, sino una herramienta para proteger la salud, los ecosistemas y el interés general. Cuando solo se contabilizan los costes inmediatos para ciertos actores económicos y se dejan en segundo plano los beneficios a largo plazo para la sociedad y la naturaleza, el resultado es un sesgo estructural hacia la desregulación. Como recuerda Bruegel, mejor regulación no es desregulación, y reducir normas sin un análisis completo puede salir mucho más caro a medio y largo plazo.
Evidencia, derechos y generaciones futuras
Las organizaciones sociales reclaman que cualquier reforma de la Better Regulation refuerce —y no debilite— algunos principios clave:
- Evaluaciones de impacto obligatorias para todas las propuestas con efectos significativos, con excepciones solo en casos verdaderamente extraordinarios, claramente definidos y justificados.
- Transparencia total cuando se decide no hacer una evaluación o una consulta: quién lo pidió, quién lo aprobó y por qué.
- Participación real de la sociedad civil, diferenciando claramente entre la consulta a actores seleccionados y la consulta pública abierta.
- Integración de la equidad intergeneracional, evaluando cómo las decisiones actuales afectan a las generaciones futuras y evitando el cortoplacismo.
- Aplicación sistemática del principio de precaución, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el principio de “no causar daño”.
Estas demandas no son añadidos opcionales: derivan de los Tratados de la UE y del derecho internacional. Abandonar o diluir estas reglas no solo sería un retroceso democrático, sino que podría poner a la Comisión en conflicto con sus propias obligaciones legales.
Lo que realmente está en juego
El debate sobre la Better Regulation no trata solo de procedimientos administrativos. Trata de qué modelo de toma de decisiones queremos en Europa: uno que priorice la rapidez y los intereses económicos a corto plazo, o uno que asuma la complejidad de los problemas actuales y legisle con evidencia, participación y responsabilidad a largo plazo.
En un contexto de crisis climática, tensiones sociales y transformación económica, debilitar las reglas que garantizan decisiones informadas y democráticas no es una solución: es parte del problema. Por eso, desde la sociedad civil se insiste en que reformar la Better Regulation debe significar hacerla mejor de verdad, no vaciarla de contenido.
