Los expertos abogan por ecotasas que no afecten a los más desfavorecidos

La emergencia climática obliga a crear tributos verdes pero el temor al rechazo social frena su implantación

Las ideas van desde destinar el dinero a la Seguridad Social hasta devolverlo casi íntegramente en el IRPF

Manuel Vilaseró, 10/10

No se puede esperar más. La implantación de impuestos verdes como el del carbono para acelerar la lucha contra la crisis climática y la contaminación es cada vez más urgente.  No hay organismo internacional, desde la OCDE hasta el FMI pasando por la ONU, que no lo reclame. Varios países están introduciendo impuestos al CO2 pero la revuelta de los chalecos amarillos contra la ecotasa a las gasolinas en Francia ha asustado a muchos responsables políticos, que temen el rechazo de los sectores sociales afectados por la subidas.

Para hacer frente a este dilema, especialistas de todo el mundo han puesto sobre la mesa propuestas  en las que el impuesto no tiene una finalidad recaudatoria y las capas más desfavorecidas no salen perdiendo. Hay un amplio abanico donde escoger, desde la reforma  que devuelve a los ciudadanos el importe casi íntegro de lo recaudado a través del IRPF hasta la que lo invierte en reforzar la Seguridad Social. Subidas fiscales indoloras.

“Demasiado barato”

David Lipton, director gerente interino del FMI, volvió a poner la cuestión sobre la mesa, en la reciente cumbre del clima celebrada en Nueva York. “El principal problema (en la lucha contra el cambio climático) es sencillamente que el carbono es demasiado barato. Al precio actual de dos dólares (1,82 euros) por tonelada de CO2 los hogares y las empresas no tienen suficientes incentivos para usar menos energía y optar por combustibles más limpios. Limitar el calentamiento mundial a un nivel seguro requiere que el precio del carbono sea considerablemente superior: hasta 75 dólares (68 euros) por tonelada”, argumentó.

También señaló que la clave del éxito del impuesto radica en que sea “justo” y “favorezca el crecimiento”. Él mismo trajo a colación el caso de Suecia, un ejemplo a seguir para muchos países. Cuando introdujo un impuesto al carbono en 1991, aplicó reducciones fiscales más elevadas a los hogares de ingresos bajos y medios para ayudarlos a compensar los mayores costos de la energía. “Ese cambio de política ha sido fundamental para que Suecia haya reducido sus emisiones de carbono en un 25% desde 1995, al mismo tiempo que su economía ha crecido más del 75%”, destacó el dirigente del Fondo Monetario.

Dividendo del carbono

El año pasado, se lanzó en Estados Unidos una propuesta conjunta de representantes de los partidos republicano y demócrata alejados del negacionismo de Donald Trump que desde entonces ha sido objeto de múltiples análisis y controversias. Bautizada como dividendo del carbono, una de sus características es que la recaudación se reparte por igual entre todos los adultos del país a través de cheques. Nadie pierde, salvo los que consuman más combustibles fósiles. Los que consuman menos incluso ganan dinero.

Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, empezó a aplicar un sistema similar el pasado abril, con un tributo sobre el petróleo, el carbón y el gas cuya recaudación se devolverá a través del impuesto de la renta. El precio de salida fue de 15 euros la tonelada, que subirán a 38 en el 2022. Una de las reglas de oro para que las ecotasas no generen rechazo es que su implantación sea progresiva. El problema en Canadá es que, si Trudeau pierde las elecciones convocadas el próximo 21 de octubre, la oposición conservadora ha prometido eliminar el impuesto.

Traslación a España

La revista ‘Económics of Energy & Environmental Policy’ acaba de publicar un estudio sobre las consecuencias que tendría aplicar el dividendo del carbono a España. Dirigido por un investigador español asociado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Xaquín García-Muros, el informe concluye que con la medida se conseguiría una rebaja anual del CO2 del 10%, del NOx del 12% y del SO2 del 20%. La recaudación podría alcanzar los 7.300 millones de euros y, lo más importante, “las capas más pobres recibirían  un beneficio neto anual promedio de 203 euros y los más ricos pagarían un costo neto de 599″.

Otros especialistas creen que la devolución pura y simple pueden ser buena en países con alergia a los impuestos o donde la presión fiscal es alta, pero no para España, donde esta está aún muy por debajo de la media europea. Prefieren que la recaudación se destine a fines sociales o ecológicos.

Andoni Montes Nebreda, autor del estudio ‘Impuesto del carbono. Derecho comparado y propuestas para España’, lanza la idea de derivar los fondos recaudados a la necesitada caja de la Seguridad Social. “Del ‘quien contamina paga’ pasaríamos al ‘quien contamina aporta al fondo de pensiones'”, resume. Este investigador en formación del ICEI-Universidad Complutense de Madrid, parte de la idea que la presión fiscal de España está muy por detrás de la media de la UE y que cada vez está más claro que la Seguridad Social no puede sobrevivir solo con las cuotas laborales.

Mikel González-Eguino, investigador en el Centro Vasco de Cambio Climático BC3 y experto en reforma fiscal ambiental es partidario de que los recursos obtenidos se empleen en combatir la pobreza energética, mejorar la eficiencia energética de los hogares y desarrollar las energías renovables. “Dado que el aumento de los precios del gas o la electricidad impacta más en las clases más desfavorecidas, una manera de lograr que la reforma no sea regresiva es financiar programas contra la pobreza energética o de mejora de la eficiencia, que también tiene incidencia en el gasto de las familias”, señala.

El especial retraso de España

Tanto la OCDE, como el FMI y la Comisión Europea han reprendido a España en reiteradas ocasiones por su bajo nivel de impuestos ambientales. En el 2017, era el tercer país que menos recaudaba por este concepto en porcentaje del PIB. El 1,6% frente a la media del 2,4%, cuando todos los barómetros de opinión sitúan a España a la cabeza de los países con más sensibilidad medioambiental. Incluso dos semanas atrás una encuesta del Instituto Elcano cifraba en cerca del 60% el número de españoles dispuestos a pagar este tipo de tasas.

Los partidos españoles,  sin embargo, no se atreven a dar el paso. En el pacto de Gobierno de Pedro Sánchez y Albert Rivera dinamitado por Pablo Iglesias figuraba un impuesto al CO2 que luego desapareció en los programas electorales de ambos partidos. El intento frustrado de Sánchez de empezar a equiparar los impuestos del diésel con los de la gasolina levantó en contra una furibunda campaña de la derecha política y mediática que lo calificó de ‘impuestazo’ pese a sus modestos objetivos.

Quizá haya  llegado el momento de implantar  un impuesto al CO2 que revierta en los ciudadanos y no castigue a las clases más desfavorecidas. La lista de alternativas brindada por los expertos es larga. De otro modo será muy difícil alcanzar el ambicioso objetivo que se ha marcado España de reducir las emisiones un 33% de aquí al 2030.


https://www.elperiodico.com/es/medio-ambiente/20191010/expertos-lanzan-formulas-impuestos-verdes–no-afecten-desfavorecidos-7667272

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