El Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Inversiones rescatan empresas a través de procesos poco transparentes, sin tener en cuenta criterios sociales, ambientales o climáticos ni asegurarse de que no evadirán impuestos o que no repartirán dividendos
Nicola Scherer y Alfons Pérez, 12/05/2020
Las medidas que se han tomado para hacer frente a la emergencia sanitaria y la propagación del Covid-19 han supuesto un frenazo económico sin precedentes. En consecuencia, las instituciones públicas han activado planes, mecanismos e instrumentos que, pretendidamente, quieren detener el choque, reactivar la economía y recuperar la normalidad pre-pandemia. En este contexto, las grandes empresas están jugando un papel similar al de los bancos durante la crisis financiera de 2008: en un momento de alta incertidumbre se benefician de la política pública y son rescatadas. Para que la historia no se vuelva a repetir, hay que analizar los acuerdos que se están forjando y exigir una gestión verdaderamente democrática de la crisis, social y ambientalmente justa, con transparencia y rendición de cuentas.
¿Qué hace Europa para las grandes empresas contaminantes del Ibex-35?
En el año 2014 el Banco Central Europeo (BCE) creó un programa de compra de activos, conocido como Quantitative Easing (QE), para comprar de deuda de los países de la zona euro. Poco después, amplió el programa a la compra de deuda de bonos corporativos, lo que solo ha beneficiado a un club selecto de 300 corporaciones, entre las que se encuentran, ACS, Adecco, Allianz, BASF, Bayer, BMW, Coca Cola, Danone, E.ON, Enagás, ENEL, ENI, Michelin, Nestlé, Peugeot, Renault, Ryanair, Uniliver y un largo etcétera.
Repsol, Naturgy o Iberdrola se beneficiarán del plan que el Banco Central Europeo ha creado para hacer frente al impacto del coronavirus
El pasado 24 de marzo de 2020, a raíz de los impactos del coronavirus, el BCE habilitó una ampliación del programa de compra de bonos soberanos y corporativos con 750.000 millones de euros, llamado Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Con este movimiento el BCE pretende facilitar aún más el acceso a crédito para Estados y corporaciones. De esta ampliación en la compra de bonos se están beneficiando empresas como Total, Airbus, Shell, Akzo Nobel, E.ON, OMV, Carrefour o Suez y más de 50 transnacionales. En esta lista también hay empresas españolas como Repsol, Naturgy, Iberdrola, CEPSA y Red Eléctrica. Estas son algunas de las corporaciones más contaminantes del Estado, toda una declaración de intenciones de responsabilidad ambiental y social del BCE.
¿Cómo y en qué beneficia el PEPP a las grandes empresas?
La misma concepción del PEPP hace que solo esté al alcance de las grandes empresas. Las emisiones de bonos tienen trámites costosos y solo se hacen por cantidades que van de los cientos a los miles de millones de euros. Además, las grandes empresas consiguen financiación barata y a largo plazo en un contexto de extrema dificultad para conseguirlo.
En esta lógica, el papel de las instituciones públicas es poner toda su credibilidad al servicio de las empresas. Cualquier inversor puede pensar que comprar deuda de una empresa es seguro porque una entidad como el BCE lo avala. Este hecho toma aún más relevancia si consideramos que dentro del PEPP, el BCE por primera vez compra “non financial comercial paper” es decir, pagarés de empresa a corto plazo (menos de dieciocho meses) porque los inversores estaban dejando de comprarlos. De esta manera el rango de productos de deuda corporativa y su calidad se amplía para favorecer el sector privado.
El BCE ha comprado dos veces bonos a Repsol, cuyo valor ha caído el 50% en bolsa desde principios de año
Con todo ello, si se profundiza en el análisis de los beneficios corporativos, nos encontramos, desgraciadamente, que los datos publicados por el BCE son básicos e insuficientes, y no contemplan los importes por cada operación de compra de bonos.
De todas formas, en tiempos de pandemia, es curioso ver como el BCE ha realizado dos operaciones de compra de bonos a 5 y 10 años a Repsol, una empresa con una caída de su valor en bolsa del 50% desde principios de año. Y más teniendo en cuenta que su producto principal, el petróleo, ha sufrido un descenso histórico y que tiene su sede en un país con unas previsiones económicas catastróficas. Además, el retorno del importe de los bonos después de diez años dependerá de la capacidad de recuperación de Repsol. Por lo tanto, se crea una relación de riesgos compartidos donde el BCE establece una alianza financiera con el sector fósil y necesita que este funcione para cobrar los bonos.
¿Cómo y bajo qué criterios se realiza la compra de bonos?
El BCE delega la tarea de escoger las empresas a los bancos centrales de Alemania, Francia, España, Italia y Bélgica. Los criterios que emplean son la estabilidad financiera de las empresas y la calidad de la deuda. El BCE no obliga a los intermediarios bancarios a seleccionar los bonos según criterios sociales, ambientales o climáticos. De hecho, a la pregunta realizada en su web “¿será incluido en el PEPP algún ‘criterio verde‘?”, el banco remite a los criterios establecidos por el plan de 2014 y dice que “toman en consideración los riesgos financieros pero no se discriminará en positivo o negativo por la actividad económica de las entidades emisoras”. A continuación intenta justificarse a través de la compra de bonos verdes pero justo después reconoce que hay una falta de garantías en la estandarización y requerimientos para estos bonos y que, en total, representan menos del 1% de todas las compras.
¿Cuál es el papel del Banco Europeo de Inversiones?
Con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el banco público de inversión de la UE, encontramos una operativa similar a la del BCE: todo parece indicar que jugará un papel importante dentro de los planes de recuperación de la pandemia. Pero funciona con procesos poco democráticos, poco transparentes y con falta de criterios ambientales y sociales. El BEI ha creado un paquete de emergencia de 40.000 millones de euros que ya está operativo y un fondo de garantía de 25.000 millones que debería movilizar capital por valor de 200.000 millones, aunque aún está pendiente de aprobación. En principio, los dos mecanismos del BEI de ayuda contra la crisis del Covid-19 se destinarán a facilitar préstamos, dando garantías y avalando pequeñas y medianas empresas (PYMES).
El Banco Europeo de Inversiones financió proyectos contaminantes como el Castor y apoyó privatizaciones como la sanitaria
De acuerdo con su política, el BEI solo facilita la información de las entidades financiadas si el promotor no ha presentado razones legítimas de confidencialidad. Así pues, hoy en día solo podemos saber que por parte del Estado español se ha aprobado un préstamo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 1.500 millones de euros. En cuanto a Cataluña, se ha recibido un préstamo a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de unos 250 millones de euros. Estas entidades públicas, a su vez, hacen de intermediarias y avaladoras para que, finalmente, sea la banca privada con sus propios criterios, quien conceda el crédito a las empresas.
Además, existe un riesgo real de que el BEI financie proyectos de gran escala a empresas contaminantes y apoye privatizaciones. Esta ha sido su línea de trabajo principal, con proyectos fallidos como el Castor y la mercantilización de servicios públicos como la sanidad, a través del apoyo a las colaboraciones público-privadas (CPP).
¿Estamos realmente rescatando empresas?
El rescate de una empresa del Ibex-35 también significa el rescate de sus accionistas mayoritarios, en muchos casos bancos y fondos de inversión, algunos omnipresentes, como el fondo estadounidense BlackRock. Este fondo es el inversionista mundial más grande en combustibles fósiles, también participa en la industria armamentística y se ha convertido en el nuevo y sorprendente asesor de la Comisión Europea sobre factores ambientales, sociales y de gobernanza en la supervisión bancaria.
Si nos fijamos en Naturgy (antes Gas Natural Fenosa), sus accionistas Criteria Caixa, el fondo de inversión luxemburgués CVC Capital Partners y el estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP) recibieron dividendos por valor de 869 millones de euros durante 2019. Aquí otro de muchos los problemas: los dividendos. Aunque el BCE ha avisado a todas las entidades bajo su supervisión que obliguen a los bancos a no pagar dividendos hasta el mes de octubre 2020, esta obligación no se aplica a las empresas. Por ejemplo, el pasado 25 de marzo, en plena crisis del Covid-19, Naturgy decidió pagar el tercer dividendo de 2019 a cuenta de 0,593 euros brutos por acción, sin aprobación de la Junta General de Accionistas, por un total de 583 millones de euros. Por lo tanto, hay un riesgo real de transferencia de dinero público, destinado a paliar los efectos de la pandemia, a los bolsillos de los inversores a través del reparto de dividendos.
El BCE ha advertido a los bancos que no deben pagar dividendos hasta octubre, pero esta obligación no se aplica a empresas
Tampoco debemos olvidar que los cargos directivos de alto nivel tienen un importante paquete accionarial y se benefician directamente del buen funcionamiento de la empresa y del reparto de dividendos. Francisco Reynés Massanet, actual presidente y consejero delegado de Naturgy no publica las acciones que tiene de la empresa pero, por ejemplo, Antonio Brufau, presidente de Repsol, posee 566.803 acciones. De esta manera pueden llegar a ganar de 100 a 300 veces más que el sueldo medio de la empresa.
Por último, otro punto de fuga de dinero público son los paraísos fiscales. Un reciente informe de Intermon Oxfam concluyó que 805 filiales de las empresas del Ibex-35 “tributaban” en paraísos fiscales, con el liderazgo del Banco Santander, con 207, ACS con 109 y, en tercer lugar, la petrolera REPSOL, con 81. El mismo informe apunta que desde 2004 el impuesto de sociedad recauda un 11% menos pero los dividendos han aumentado en un 83%.
Hacia una gestión democrática, transparente y justa de la crisis
La experiencia de la gestión de la crisis de 2008 aún está muy presente. Desgraciadamente, el camino emprendido por las instituciones públicas en 2020 es muy similar. Para garantizar una gestión democrática de esta crisis se debe exigir que los movimientos de dinero público puedan ser escrutados por la ciudadanía para que se pueda discutir hacia dónde se encaminan las ayudas. La falta de información y criterios sociales y ambientales, son una mala señal del papel que deben jugar las instituciones. En poco menos de un año, la Generalitat (14/05/19), el Estado español (21/01/20) y el Parlamento Europeo (28/11/19) declararon la emergencia climática. ¿Cómo se reflejan estas declaraciones en el rescate de las empresas?
Hay que canalizar los recursos públicos hacia un modelo económico arraigado en el territorio
Por otra parte, la Comisión Europea está elaborando un documento sobre las restricciones de reparto de dividendos para las empresas que reciban ayudas estatales. A la espera de los detalles que determinen el alcance y efectividad de la propuesta, hay que denunciar y exigir que no haya reparto de dividendos en momentos de crisis. No se pueden rescatar beneficios. Igual ocurre con las empresas con filiales en los paraísos fiscales. El dinero público no puede ir a parar a las empresas que evaden impuestos.
Finalmente, a pesar de que el mundo de las finanzas se mueve a la velocidad de la luz en comparación a la capacidad de acción de la ciudadanía, más si ésta está confinada, es ahora cuando se abren grietas de incidencia. Bajo la idea “otra normalidad es posible” se debe amortiguar el impacto de la pandemia y se deben canalizar recursos hacia los trabajos socialmente necesarios y hacia un modelo económico arraigado en el territorio y bajo los principios de la economía social y solidaria, que pueda ser impulsor y cobijo de iniciativas verdaderamente transformadoras en tiempos de crisis.
* Nicola Scherer y Alfons Pérez son personas investigadoras del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG).https://odg.cat
https://www.elcritic.cat/opinio/la-covid-19-y-el-rescate-de-las-empresas-del-ibex-35-57042
