Mario Aymerich y Juan Ramón Domínguez*
La estrategia de la Unión Europea (según Resolución del Parlamento Europeo del 14 de febrero de 2007) es reducir globalmente en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los países industrializados para el año 2020 respeto a los niveles del año 1990; con el objetivo de conseguir una reducción de entre el 60% y el 80% para el 2050, para poder lograr que el calentamiento medio mundial quede limitado a 2ºC respecto a las temperaturas previas a la industrialización. A pesar de los esfuerzos iniciales, los avances reales no fueron muy prometedores hasta la firma del Acuerdo de París en 2015.
Así las cosas, este artículo destaca una distinción crucial entre dos conceptos: el coste sombra del carbono y el coste social del carbono (SCC). Aunque en la práctica existe una tendencia a utilizar ambos términos de manera intercambiable, a efectos de análisis coste/beneficio el coste sombra del carbono proporciona una base conceptual más precisa y relevante, al haberse aceptado internacionalmente un valor para 2025 de 165 euros por tonelada de CO2.
Por su parte, el coste social del carbono mide el impacto económico total de las emisiones y se considera fundamental para la toma de decisiones y la justificación de políticas climáticas. En base a numerosos y complejos estudios para su evaluación mediante modelos econométricos, se estimó una media de 283 dólares por tonelada de CO2 para el año base 2020.
La mejor representación del sistema terrestre en su dinámica y en los más recientes daños económicos causados por el cambio climático, van aproximando las distintas evaluaciones del coste social de las emisiones de CO2. Con todo, de estos resultados se desprende que el coste social del carbono es significativamente mayor que el coste sombra, que es el normalmente utilizado por las distintas administraciones para la justificación económica de los proyectos.
* Ingenieros de Caminos
