Declaración pro-regulación en la UE: ¡ No hagan más cambios, por favor !
Mañana, la presidenta von der Leyen se reunirá de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC (Consejo Europeo de la Industria Química), un poderoso grupo de presión de la industria química europea, pocas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de participación exclusiva plantea una pregunta fundamental: ¿están configurando la política europea sus 450 millones de ciudadanos o los mayores grupos de presión industriales del continente? Este momento también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para presentar sus demandas directamente en la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre Competitividad que tendrá lugar al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirán diversas propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria [1].
Desde 2024, la Declaración de Amberes ha funcionado como una hoja de ruta a la sombra para la Unión Europea. Lo que se presenta como un impulsor económico se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Asistimos a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, ambientales y sociales vitales: avances logrados con esfuerzo se intercambian a puerta cerrada por concesiones corporativas. Hasta ahora, la UE ha cumplido con rapidez y firmeza con quienes contaminan, las corporaciones que violan derechos y los accionistas, pero no con las personas .
La Comisión incluso ha socavado sus propias garantías procesales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo planteó sus preocupaciones, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la legislación.
Al mismo tiempo, la presión de la industria ha desbloqueado miles de millones de dólares en subvenciones públicas, justificadas con argumentos de crisis económica y escasez de capital que, desde entonces, han demostrado ser enormemente exagerados. Muchas de estas mismas empresas siguen priorizando los pagos a corto plazo a los accionistas por encima de invertir en una transición justa y sostenible.
Enmarcar las reglas democráticas como obstáculos al crecimiento alimenta una peligrosa carrera hacia el abismo, donde las industrias más dañinas son recompensadas con reglas más débiles y mayor financiación pública, mientras que la gente se enfrenta a la austeridad y a protecciones cada vez menores.
NosotrosRechacemos esta agenda de desregulación impulsada por las corporaciones. La estrategia industrial y económica de Europa debe fortalecer, no sacrificar, la integridad ambiental, la justicia social, los derechos humanos y la rendición de cuentas democrática. Unas normas sólidas no son una carga; son la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, no afianzar la influencia y las ganancias de las industrias más responsables de las crisis que enfrentamos.
Para defender los derechos de los ciudadanos a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos
Reglas para proteger la democracia, las personas y el planeta
1. Revitalizar la democracia europea
El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su mayor contacto con el sector empresarial: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los Comisarios se celebraron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio corre el riesgo de que se apropien de las políticas. [2]Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «Talleres de Control de la Realidad» y los «Diálogos de Implementación», que se organizan de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías de influencia empresarial.
Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones ambientalistas, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener acceso significativo a la toma de decisiones.
La actual agenda de desregulación de la UE refleja más la presión empresarial que las prioridades de la ciudadanía: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas ante las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La legislación no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, los daños climáticos, la discriminación, el tratamiento ilícito de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros perjuicios. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y de mayor riesgo.
En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe fortalecer la participación democrática.
2. Existen reglas para proteger al público
Las personas en toda la UE están cada vez más expuestas a sustancias químicas permanentes (PFAS), contaminación por pesticidas y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como de bienestar [3]. En lugar de más medidas ómnibus [4]que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas para garantizar el acceso a agua, aire y alimentos limpios, garantizar lugares de trabajo más seguros, salvaguardar nuestra privacidad y datos personales en línea, y protegernos de las aplicaciones peligrosas de la IA.
Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones laborales inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni rastreo constante en línea. Los niños deberían poder jugar en parques sin exponerse a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deberían encontrar sustancias químicas permanentes (AGT [5]) en sus comidas debido a la legislación desregulada sobre pesticidas.
3. No hay cheque en blanco para las industrias contaminantes
Las industrias contaminantes pagan dividendos exorbitantes a sus accionistas año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a sus accionistas, lo que representa un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y, en comparación, alrededor del 40 % del PIB alemán). [6]No necesitan inyecciones adicionales de capital pagadas por los contribuyentes, quienes se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino una mala asignación de los recursos existentes. Deberíamos invertir en una economía orientada al futuro, libre de tóxicos y descarbonizada, en lugar de apoyar a sectores con un uso intensivo de combustibles fósiles y tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de tóxicos. Por último, las empresas contaminantes deberían asumir los costes de los daños causados por sus productos, no por la sociedad, respetando el principio de que quien contamina paga.
4. Un nuevo espíritu legislativo debería ser el de una legislación basada en la evidencia.
Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin evidencia científica ni evaluaciones de impacto adecuadas. [7]Las propuestas son miopes, impulsadas por la industria e ignoran sus efectos en las personas y el planeta [8]. La legislación debe basarse en la evidencia y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias con ánimo de lucro —a menudo las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación tecnológica y la crisis climática— es un error fundamental.
En cambio, la legislación de la UE debería basarse en evidencia sólida, asesoramiento experto y la voz de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones ambientales y los sindicatos, la comunidad científica y los expertos independientes deben guiar la toma de decisiones, garantizando que las políticas beneficien a las personas y al planeta, no solo a un puñado de empresas contaminantes y de alto consumo energético.
Firman:
[1] https://cdn.table.media/assets/europe/ger-ita-non-paper-competitiveness_en_finale.pdf
[2]https://table.media/es/europa/feature/lobby-contacts-second-vdl-commission-has-more-frequent-meetings-with-empresas
[3] https://basic.coop/en/actualites/study/pesticides-a-model-thats-costing-us-dearly/ y https://foreverpollution.eu/lobbying/the-bill/
[4]Un Ómnibus de la UE es un paquete legislativo que reúne múltiples enmiendas, a menudo diversas, en un único documento exhaustivo, diseñado para una única votación. Impulsado por la Comisión Europea, su objetivo es debilitar las leyes y reducir la responsabilidad de las empresas, con el pretexto de impulsar la competitividad.
[5]El ácido trifluoroacético (TFA) es una sustancia química permanente, altamente móvil y persistente, perteneciente al grupo de las PFAS, ampliamente utilizada en aplicaciones industriales, agrícolas y farmacéuticas. Como subproducto de los gases fluorados y los pesticidas, se ha vuelto omnipresente en el medio ambiente, incluyendo el agua, el suelo y los alimentos, lo que genera preocupación por su acumulación a largo plazo. – https://www.pan-europe.info/resources/reports/2025/12/unseen-and-unregulated-tfa-‘forever-chemical’-europe’s-cereals
[6]https://friendsoftheearth.eu/publication/accionistas-sobre-soluciones/
[7] https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/215920
[8] Los académicos advierten sobre una medida indirecta para institucionalizar la desregulación
