Vivimos un momento de acumulación de crisis diversas que ya no pueden analizarse por separado: crisis climática y pérdida de biodiversidad, aumento de la desigualdad, deterioro de la salud mental, inseguridad geopolítica o fragilidad de nuestras democracias. Son síntomas de un mismo problema estructural: un modelo económico que sigue generando crecimiento a costa de erosionar las bases que lo sostienen. Y lo más preocupante es que, con cada crisis, no solo aumentan los costes sociales y ambientales, sino que también se refuerzan dinámicas de concentración de poder y riqueza que dificultan cualquier cambio profundo. Y aunque es cierto que parte de esta toma de conciencia sobre la interconexión de los problemas se puede ver ya en algunas de nuestras leyes queda mucho por hacer.
Por hablar de algo que conozco mencionaré que en las propuestas legislativas de los presupuestos de la UE ya se incorporan métricas horizontales de cuestiones ambientales y sociales y principios sólidos de participación que obligan a incluir a la “sociedad civil” en todas las etapas del proceso de debate y elección de políticas. Conviene recordarlo: detrás de esta etiqueta hay millones de personas que se informan, debaten y elaboran propuestas, a menudo sin recursos ni poder institucional, que somos clave para la elaboración de políticas públicas eficaces. Sin embargo, aunque esta participación existe y es valiosa, convive con una realidad evidente: la influencia de los lobbies económicos sigue siendo mucho más intensa, estructurada y determinante en la toma de decisiones y en la manera en que se concreten estas propuestas en leyes presupuestarias firmes. Este desequilibrio condiciona profundamente las políticas públicas.
Y conviene también decirlo con claridad: las soluciones a todos estos problemas existen pero el sistema en el que operamos las bloquea con frecuencia. Un sistema en el que algunos intereses económicos y corporativos utilizan todos los mecanismos a su alcance para proteger su posición (y con todos quiero decir todos). Incluso cuando ello entra en conflicto con la más absoluta racionalidad económica que ya nos exige transformaciones profundas.
Transformaciones que pondrán en riesgo fuentes de ingresos consolidadas (destrucción creativa que decía Shumpeter). Los sectores con posiciones cercanas al oligopolio difícilmente cederán sin resistencia. Y esa resistencia forma parte del problema. Sin comprender cómo opera el poder, corremos el riesgo de caer en ingenuidades que nos impidan afrontarlo.
Por eso es necesario reconocer algo incómodo: algunas organizaciones y empresas que hoy se ven obligadas a abanderar la transición siguen siendo parte de esta dinámica. Y es cierto que no todas muestran la misma rigidez frente a los cambios. Hay industrias enteras que se están transformando y apostando por un modelo económico compatible con la vida (que piden que se endurezcan los impuestos a los combustibles fósiles o que se refuercen las garantías regulatorias que exigen a todas las empresas planes de transición ambiciosos). Como en todo hay líderes y rezagados. Pero la lógica que impera sigue siendo que cada una defienda su porción del pastel, con mucho marketing pero sin que nada sustancial cambie, apostando una vez más a que todo siga igual, poniendo en riesgo la existencia misma del pastel.
Si no cambiamos radicalmente la forma en que tomamos decisiones sobre lo que producimos y consumimos, no habrá nada que repartir.
La situación es crítica. No solo están en juego las democracias, ya tensionadas por la desinformación y los ataques al derecho internacional perpetrados en nombre de industrias (financiera, armamentística, petrolera…) que se enriquecen con cada crisis, con cada fracaso para garantizar vidas dignas sin depender de los designios de un mercado planificado en un puñado de consejos de administración. Está en juego la viabilidad del propio sistema económico, que se despeña a sí mismo hacia la insolvencia planetaria.
En este contexto, los próximos presupuestos europeos, como muchos otros instrumentos públicos, concretarán muchas decisiones estratégicas que pueden mirar de frente al problema. Que acaben haciéndolo implica asumir que algunas soluciones no encajan con determinados modelos de negocio consolidados, y requieren limitar posiciones dominantes o rentabilidades extraordinarias, marcando el inicio del fin de una etapa de acumulación inhumana, que ha generalizado la desigualdad y secuestrado la utopía de un mundo en paz e igualdad, cuando nuestras capacidades de lograrlo son más que suficientes.
Y sí, cambiar de modelo a la velocidad requerida implica aceptar pérdidas en ciertos sectores. No todas las inversiones deben ser protegidas. Quienes han apostado por un modelo insostenible capaz de aplastar toda resistencia deberán asumir las consecuencias. El crecimiento perpetuo, el individualismo egoísta, el fetichismo con lo material… siempre han sido una burbuja. No hay transición sin este reconocimiento, ni conciliación realista entre ciertos intereses dominantes y el cambio que necesitamos.
Esto no es radical. Es lo que nos indica la evidencia científica y económica: sin cambios profundos, el sistema seguirá colapsando cada vez más rápido y de forma irreversible.
Todas tenemos algún grado de poder. Y con él, una responsabilidad. Existe la tentación de refugiarse en el cinismo: pensar que nada puede cambiar. Pero la historia demuestra lo contrario. Los sistemas complejos cambian, a veces de forma abrupta, y lo que hoy parece imposible puede convertirse en norma mañana.
Eso sí: los cambios requieren compromiso. Y suelen venir impulsados por quienes, entendiendo cómo funciona el poder, deciden actuar. Especialmente por quienes desde dentro pueden hacer cambiar a sus organizaciones para que se sumen al cambio, aunque eso implique ir contra su propia lógica de maximizar beneficios. Porque saben mejor que nadie cómo operan los incentivos, cómo se construyen las narrativas, cómo se defienden los intereses.
Romper esa inercia tiene costes. Quien se enfrenta al poder paga un precio alto: presión, desgaste, aislamiento. Y es comprensible el miedo. Desde la sociedad civil acumulamos grandes frustraciones: años de esfuerzo con avances insuficientes, vidas y especies perdidas por cada derrota. Pero la alternativa —la resignación— no es compatible con una vida digna.
Porque lo que está en juego no es abstracto. Son vidas concretas: una precariedad insoportable que erosiona los cuerpos y las mentes, que potencia adicciones de todo tipo, inseguridad, desigualdad, catástrofes naturales o soledad. Y un futuro en el que todo ello puede agravarse.
Nadie va a vivir bien en un sistema que se descompone. No hay burbujas suficientemente grandes para aislarse. Por eso, este no es un llamamiento al sacrificio, sino a la responsabilidad estratégica: entender que renunciar a ciertos beneficios hoy puede ser la única forma de preservar estabilidad mañana.
España tiene una oportunidad de liderar esta transformación, alineando inversión, regulación e incentivos hacia un modelo más resiliente, justo y eficiente. Reequilibrando el peso de los lobbies que abogan por el “business as usual” y apostando por modelos empresariales que anticipen el cambio en lugar de resistirlo.
El presupuesto europeo es una herramienta clave para ello. Pero no cualquier presupuesto: uno que priorice inversiones que multiplican beneficios: empleo, salud, cohesión, resiliencia, sostenibilidad e incluso defensa. Que potencie soluciones que contribuyen en todos los frentes y que ya existen y son económicamente superiores: rehabilitación energética, energías renovables, movilidad sostenible, agricultura regenerativa o revitalización del medio rural.
No necesitamos más evidencias científicas. Lo que necesitamos es acción.
Maximizar los cobeneficios no es un tecnicismo vacío: es una forma de tomar mejores decisiones y de aprovechar cada euro público para avanzar en múltiples objetivos a la vez en una ola de transformaciones que lo cambien todo, abandonando de forma definitiva modelos antiguos y frágiles a los que se aferran unos pocos.
Para ello necesitamos métricas claras, transparencia y participación real de todos los actores en el diseño, implementación y evaluación de las políticas. Porque la rendición de cuentas es esencial. Y porque cuando diferentes intereses dialogan dejamos de ser piezas en un engranaje y recuperamos la humanidad y la capacidad de transformar nuestras organizaciones y nuestra sociedad. Hagamos que nuestras organizaciones apoyen propuestas en esta dirección para que acaben siendo ley.
Necesitamos un esfuerzo histórico para construir un legado colectivo que dejar a las generaciones que vienen, semejante al que nos trajo la transición a la democracia. El mejor regalo es un planeta habitable y una sociedad sana.
Cada una de nosotras debemos participar activamente en esta transformación, para poder vivir en paz, con dignidad. Es lo correcto.
Nadie sabe cómo será el futuro, no hay ningún éxito garantizado y si algún día logramos revertir esta destrucción a gran escala será, como siempre ha sido a lo largo de la historia, algo inesperado.
