El estudio “Invertir en un futur just. Prestacions econòmiques contra la pobresa infantil” (Generalitat de Catalunya, 2025) analiza de forma rigurosa la pobreza infantil en Cataluña y propone estrategias de política pública para reducirla mediante prestaciones económicas.
Diagnóstico general: la persistencia de la pobreza infantil en Cataluña
Cataluña arrastra desde hace décadas una elevada tasa de pobreza infantil, con raíces estructurales y persistentes, pero las políticas aplicadas tienen una eficacia muy limitada para reducir la pobreza infantil. La política fiscal y las ayudas directas no logran compensar la desigualdad de ingresos, ya que los recursos públicos dirigidos a familias vulnerables son escasos y mal focalizados.
El estudio destaca que mientras algunos países europeos con menor PIB per cápita consiguen reducir significativamente la pobreza infantil mediante prestaciones directas, Cataluña presenta una capacidad reductora muy baja. No se trata de falta de recursos, sino de la dificultad para movilizarlos con eficiencia.
Lecciones internacionales sobre prestaciones para la infancia
Las prestaciones económicas para la infancia son un pilar del Estado del bienestar en casi todos los países de renta alta. Desde sus orígenes como “salarios familiares” en Europa (finales del siglo XIX) hasta los programas universales actuales, su efectividad está ampliamente demostrada.
En 23 de 34 países analizados existen prestaciones universales por hijo; en otros 11, focalizadas en rentas bajas. España pertenece al grupo menos generoso: las antiguas ayudas por hijo a cargo quedaron obsoletas durante décadas y fueron sustituidas recientemente por el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), ligado al Ingreso Mínimo Vital (IMV). El CAPI podría llegar al 40 % de los menores, pero en 2025 apenas cubre al 10 % debido a dificultades administrativas.
Además, España basa parte de su apoyo familiar en beneficios fiscales del IRPF, como mínimos por descendiente o deducciones por maternidad o familias numerosas. Estos beneficios, sin embargo, favorecen sobre todo a hogares de ingresos medios y altos, dejando fuera a los más pobres. Su impacto sobre la pobreza infantil es prácticamente nulo.
La evidencia internacional muestra que las prestaciones para la infancia:
- Incrementan la inversión familiar en educación, salud y bienestar (gasto en libros, transporte, actividades culturales).
- Mejoran el rendimiento escolar, la salud y la estabilidad emocional infantil, especialmente en familias de bajos ingresos.
- Benefician también la salud mental de los progenitores.
No se detectan efectos negativos relevantes ni incentivos al consumo inadecuado.
En cambio, la evidencia sobre su efecto en la natalidad es mixta: algunos países observan aumentos modestos y temporales, pero no sostenidos.
Los ejes de actuación prioritarios en Cataluña son:
a) Erradicar la pobreza infantil severa
En 2024, 188.452 niños vivían en riesgo de pobreza severa. Las transferencias públicas logran reducir parcialmente esa cifra, pero su impacto es insuficiente.
El estudio compara los umbrales de pobreza severa en Cataluña con los niveles garantizados por el IMV y la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). En todos los casos, los umbrales de las prestaciones son inferiores, lo que deja fuera a muchos hogares pobres catalanes. Por ejemplo, una familia con dos adultos y un hijo necesitaría 15.974 € anuales para superar la pobreza severa, pero el IMV solo garantiza 11.600 €.
El informe propone revisar la RGC para que contemple los costes reales de crianza y garantice que todas las familias con niños dispongan, al menos, de ingresos superiores al umbral de pobreza severa. El traspaso de la gestión del IMV al Govern ofrece la oportunidad de corregir estas anomalías.
b) Atender a la privación material para ampliar la protección
La pobreza no es solo falta de ingresos, sino también incapacidad de acceder a bienes y servicios básicos. Muchos hogares ligeramente por encima del umbral de pobreza sufren privaciones significativas (no pueden comprar ropa adecuada, libros, frutas y verduras, o pagar suministros).
Los datos muestran que un 17 % de los niños fuera de la pobreza severa siguen experimentando privaciones graves.
Un factor clave de vulnerabilidad es la sobrecarga por costes de vivienda: el 9,6 % de los niños catalanes vive en hogares que destinan más del 40 % de sus ingresos al alojamiento; el porcentaje sube al 45 % en hogares en pobreza severa. Esta presión se concentra en zonas urbanas y entre familias inquilinas.
El informe propone introducir un complemento de vivienda dentro del sistema de rentas mínimas, extensible también a hogares con ingresos bajos aunque no perciban la RGC. Actualmente las ayudas al alquiler solo alcanzan a unas 35.000 familias, frente a más de 270.000 con necesidades objetivas.
Inspirándose en modelos como el del País Vasco, se recomienda aumentar la cobertura y simplificar el acceso, permitiendo solicitar la ayuda junto con la RGC o de forma independiente.
c) Luchar contra el non-take-up (no acceso a las ayudas)
Una parte sustancial de las familias que tienen derecho a prestaciones no las solicitan, por desconocimiento, complejidad burocrática o desconfianza. Los colectivos más afectados son precisamente los más vulnerables, con trayectorias laborales inestables, cambios de domicilio y niveles altos de estrés.
La literatura internacional demuestra que el non-take-up es más alto cuando las ayudas son pequeñas, muy condicionadas o difíciles de tramitar.
Sugerencias para mejorar los resultados:
1. Aplicar reformas:
- Mejorar la información personalizada y la comunicación proactiva de derechos.
- Simplificar los procedimientos y automatizar la comprobación de requisitos cuando la administración ya dispone de los datos.
- Reducir las condiciones no relacionadas con los ingresos.
- Hacer compatibles las prestaciones con ingresos laborales, evitando la “trampa de la pobreza”.
La incompatibilidad de la RGC con el trabajo es una de las principales barreras: el 40 % de los hogares en pobreza severa no pueden acceder a ella por tener algún empleo. Sin embargo, 7 de cada 10 niños pobres viven en hogares donde alguien trabaja, lo que evidencia la necesidad de adaptar el sistema a las nuevas formas de precariedad laboral.
El informe aboga por un sistema de reducción progresiva de la ayuda (“tapered rate”), que mantenga parte de la prestación al incorporarse al mercado laboral. Experiencias en Finlandia y Austria muestran que esta medida aumenta la participación laboral sin reducir el bienestar.
2. Innovación y nuevas estrategias
El estudio invita a la Generalitat a explorar soluciones innovadoras, combinando evidencias internacionales con la realidad catalana:
- Universalidad estratégica: instaurar una prestación universal limitada a la primera infancia (por ejemplo, durante el primer año de vida). Esto permitiría familiarizar a todas las familias con el sistema de ayudas y reducir el non-take-up posterior. Desde la economía conductual, se plantea que la pérdida de una ayuda conocida motiva más a mantenerla que el incentivo de obtener una nueva.
- Uso de los sistemas educativos para detectar privaciones: aprovechar los protocolos NESE (Necesidades Específicas de Soporte Educativo) para identificar niños en situación de vulnerabilidad socioeconómica y canalizar ayudas complementarias. Los equipos de trabajo social y psicopedagógico de los centros pueden actuar como detectores de pobreza infantil no monetaria.
Estas propuestas exigen una coordinación estrecha entre las áreas de política social, educación y vivienda, así como procesos de evaluación rigurosos para medir su eficacia.
3. Decálogo de medidas
El informe finaliza con diez recomendaciones principales para reforzar la política catalana contra la pobreza infantil:
- Revisar las ponderaciones familiares en la RGC para garantizar ingresos por encima del umbral de pobreza severa.
- Ampliar la protección más allá del criterio de renta, considerando la privación material y social.
- Introducir un complemento de vivienda para hogares con alta sobrecarga de gastos.
- Aumentar la cobertura de ayudas al alquiler y simplificar su tramitación.
- Mejorar la información y el acompañamiento a las familias sobre sus derechos.
- Simplificar la burocracia y automatizar la gestión de las prestaciones.
- Hacer compatibles las ayudas con el empleo, reduciendo gradualmente las prestaciones según los ingresos laborales.
- Explorar prestaciones universales parciales (como un subsidio para la primera infancia).
- Aprovechar los datos del sistema educativo para identificar vulnerabilidades ocultas.
- Evaluar sistemáticamente las políticas mediante evidencia empírica y coordinación interdepartamental.
Conclusión general
invertir en la infancia no es solo una cuestión ética, sino también económica y social. La pobreza infantil genera desigualdad de oportunidades, limita el desarrollo del capital humano y perpetúa la exclusión en el largo plazo. Cataluña dispone de los recursos para revertir esta situación si reorienta sus políticas hacia una mayor eficacia redistributiva, combinando prestaciones suficientes, cobertura ampliada y una administración más accesible y proactiva.
En síntesis, el estudio propone pasar de un modelo fragmentado y restrictivo a un sistema integrado de protección infantil, donde las ayudas económicas sean universales en la base, focalizadas en la necesidad y flexibles frente a las transiciones laborales y familiares. Solo así, concluyen los autores, Cataluña podrá “invertir en un futuro justo”.
