La renta básica incondicional está planteada para ser un servicio público universal, como ahora lo son la sanidad o la enseñanza
Neus Casajuana
La cuestión de la renta básica y las rentas mínimas ha sido motivo de debate de larga trayectoria, pero nunca como hasta este último año se habían concentrado tantas propuestas teóricas sobre como implantar un sistema de rentas mínimas en España.
El porqué quizá se explique por las cifras de precariedad laboral, paro y pobreza que, pasada ya una década desde la crisis del 2008, todavía lastran nuestra sociedad. En España, la cuarta potencia económica de la UE, más de una cuarta parte de la población se encontraba en riesgo de pobreza y exclusión en 2019 (26,1 %) y la tasa de paro antes de la pandemia, estaba por encima del 13%. Estos datos, por si solos, alertan de que algo no está funcionando bien en nuestra economía cuando falla en lo más básico: garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos.
Los datos alertan que algo no estaba funcionando bien en nuestra economía ya antes de la pandemia: fallaba en garantizar el bienestar de todas y todos los ciudadanos.
Pero si a esta situación le añadimos las consecuencias que nos trae la pandemia, el descalabro económico que supone nos obliga a replantearnos muchas cosas y, entre ellas, como garantizar la subsistencia de gran parte de la población que se ha quedado sin trabajo o sin sustento de un día para otro.
Los estados han optado por hacer frente a la crisis con distintas estrategias; líneas urgentes de crédito y ayudas a las empresas y a los ciudadanos, algunas directamente a sus bolsillos, como las aprobadas en Japón (900€ por ciudadano). En España, las ayudas a los ciudadanos se han canalizado, hasta ahora, a través de las prestaciones del servicio de empleo estatal con el consiguiente retraso por el colapso burocrático. Pero no todos tienen derecho a ellas, ni estas prestaciones van a cubrir todas las necesidades básicas cuando estaban ya lejos de cubrirlas antes de la pandemia.
El ingreso mínimo vital: la propuesta del gobierno español en tiempos de pandemia
Sabemos que el gobierno también está planeando un ingreso mínimo vital que, a pesar de la urgencia, no está todavía ni aprobado ni definido totalmente. Puede que empiece a ser efectivo en junio, 2 meses y medio desde el comienzo de la alerta. Desconocemos los requisitos que van a ser necesarios para cobrarlo, pero los inputs que van llegando apuntan a que lo que va a aprobar el gobierno no va a estar a la altura de lo que el país necesita.
La ayuda rondará los 500 euros por familia pero parece que un requisito para poder cobrarla podría ser encontrarse en una situación de “pobreza extrema”. Eso significa tener unos ingresos inferiores a 369 euros (la mitad del umbral de la pobreza que en España es de 738 euros). Se desconoce si va a ser compatible con otros tipos de ayudas autonómicas. Tampoco parece que la ayuda vaya a tener en cuenta la zona geográfica del solicitante o el precio de la vivienda. Si finalmente estos son los parámetros de la renta mínima del estado, la ayuda tan solo llegará a los sectores más marginados, pero no a todas las personas que la necesitan.
Un requisito para cobrar la ayuda podría ser encontrarse en una situación de “pobreza extrema”, y se desconoce si será compatible con otros tipos de ayudas.
Hemos empezado este artículo hablando del problema estructural que arrastra nuestra economía, que no garantiza ni trabajo seguro ni sueldo suficiente para una gran parte de sus ciudadanos. Ahora, en pleno desconfinamiento, la situación ya es mucho más grave. ¿Cómo deberíamos enfocar pues la renta mínima para que cubriese todas las necesidades, las nuevas y las que ya arrastrábamos antes de la pandemia?
¿Funciona la renta mínima garantizada?
Algunos pueden pensar que la solución óptima se encuentra en los sistemas de “renta mínima garantizada” similares a los establecidos en algunas comunidades como Cataluña (664 euros al mes para personas adultas en situación de vulnerabilidad y 1.196 euros al mes para familias de dos adultos y dos hijos), el País Vasco o Navarra.
Para saber si esta es la solución acertada, solo tenemos que ver como ha funcionado ahí su aplicación: en el caso de Cataluña, hasta día de hoy, la renta garantizada solo ha llegado al 8 % de la población en riesgo de pobreza mientras que esta tasa alcanza el 21,3 % (2018). Añadir que en Cataluña, el porcentaje de personas en situación de privación material severa llegó al 6,5% en este mismo año. En el País Vasco, que junto con Navarra tiene el presupuesto para este objetivo mejor dotado y más generoso de España, este ingreso mínimo garantizado, aunque ha logrado reducir la población vulnerable a niveles europeos, tampoco ha conseguido su objetivo: la tasa del riesgo de pobreza después de las transferencias sociales fue del 17,1% en 2018 y la tasa de personas con privaciones materiales severas fue del 5,6% en 2018, el doble de su valor antes de la crisis del 2008 (2,7%).
Se estima que un 30% de las personas en riesgo de pobreza o exclusión no acceden al sistema de rentas mínimas en España, pero esto también ocurre en otros países de Europa. Las razones por las cuales estas rentas no llegan a todos los que las necesitan son variadas; desde errores de diseño, de cobertura y burocratización, problemas de estigmatización, etc.
Un 30% de las personas en riesgo de pobreza o exclusión no acceden al sistema de rentas mínimas en España por motivos como mal diseño y cobertura, la burocratización o la estigmatización.
Debemos añadir, además, que según el mal diseño de este tipo de rentas, algunos de los beneficiados se sienten atrapados por lo que se denomina “trampas de la pobreza”: si conseguir un trabajo va a significar perder el acceso a estas rentas o a una parte de ellas, algunos se van a preguntar si el trabajo conseguido se merece perder la ayuda, sobretodo, si el trabajo tiene horarios difíciles de conciliar con la familia, o si, en el caso de trabajos temporales, una vez terminado el contrato, para volver a obtener la ayuda, se debe cumplir el requisito de no haber trabajado en los meses previos.
¿Hasta cuando debería ofrecerse esta renta mínima? Si el modelo económico no puede garantizar un trabajo con el que se pueda vivir de forma decente o con una cierta estabilidad temporal, entonces es el momento de plantearse otros modelos sociales que permitan el bienestar de toda la población. Y este criterio es válido, no solo en tiempos de pandemia, sino en cualquier otro tiempo.
La renta básica universal, una alternativa que es posible
Vistas las condiciones laborales presentes y la previsiones futuras a corto y medio plazo, cada vez somos más los convencidos de que ha llegado ya el momento de plantear alternativas al modelo laboral y de seguridad social actual, porque las condiciones de muchos de los puestos de trabajo anteriores a la pandemia ya no garantizaban ni un mínimo de estabilidad temporal ni un modo de ganarse la vida y las condiciones actuales son todavía peores.
Esas son razones de mucho peso para plantear una renta básica universal y no subordinada a condiciones laborales o de rentas y ello no significa que la renta básica vaya a beneficiar a los que menos la necesiten. La renta básica incondicional está planteada para ser un servicio público universal, como ahora lo son la sanidad o la enseñanza.
La renta básica incondicional está planteada para ser un servicio público universal, como ahora lo son la sanidad o la enseñanza.
Lógicamente su implantación debe ir acompañada de una reforma fiscal para sufragarla, lo cual tendría otra repercusión social muy positiva; disminuir los índices de desigualdad que en España son de los más elevados de la Unión Europea. Existen ya estudios realizados sobre el impacto que una renta universal tendría en la distribución de las rentas demostrando esta mejora en la equidad.
El Covid 19 nos da la oportunidad de poner en marcha una herramienta, la renta básica, dirigida a aumentar el bienestar social. Las repercusiones económicas del Covid 19 obligan a tomar medidas no solo urgentes y coyunturales sino eficaces delante de los desarreglos estructurales del sistema económico, que den cobertura a las necesidades básicas de todos sin que nadie se quede atrás. Las crisis deben verse como oportunidades de cambio y el Covid 19 es el mejor impulso para dar el salto hacia ese cambio de modelo que nuestro país necesita más que nunca.
En un país tan dependiente del turismo y, en general, de los servicios, la renta básica aumentaría el consumo de bienes de primera necesidad, especialmente referidos a la agricultura y ganadería, que tantas dificultades sufren en España desde nuestra entrada en el Euro y en la C.E. unida dicha renta universal al fomento de un comercio de proximidad y de pequeña o mediana dimensión, sería beneficioso para la economía, y también al medio ambiente.