Una creciente vulnerabilidad frente al impacto sanitario y climático
citizensforfinancialjustice.org
Artículo extraído del informe Son nuestras vidas las que están en juego La lucha contra las emergencias sanitarias y climáticas globales en la era de la financierización
La insuficiente capacidad de la mayoría de los países para responder a la pandemia de COVID-19, algo que también se aplica a su capacidad de gestionar los desastres relacionados con el clima, no es algo nuevo, sino el resultado de decisiones políticas que redujeron el espacio fiscal de los estados, lo cual provocó medidas de austeridad, causó una falta de financiación sistémica de los servicios públicos y culminó en el deterioro de los derechos socioeconómicos.
En las últimas cuatro décadas, las instituciones financieras internacionales donantes, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y su imposición de condiciones de préstamo, han hecho que las decisiones macroeconómicas y fiscales derivasen en un apoyo a las corporaciones privadas y el sector financiero como motores de crecimiento económico. Durante estas cuatro décadas se promulgaron reformas políticas neoliberales en todo el mundo (liberalización del comercio, menos impuestos sobre sociedades, desregulación del sector financiero, privatización de los servicios públicos, entre otros) tratando de atraer inversiones extranjeras y de crear un «entorno favorable» para la financiación que, de hecho, han creado las condiciones para que actualmente fallen los sistemas de dotación ante emergencias sanitarias y climáticas. Es más, estas reformas políticas han atraído más inversiones privadas a diferentes sectores como la sanidad, la educación y las infraestructuras, que solían considerarse responsabilidad de los estados. La trampa está en que estos tipos de inversiones son, con demasiada frecuencia, contrarias a la prestación de servicios públicos, al estar impulsadas por los beneficios en lugar de por la repercusión sobre el bienestar general.
Los acuerdos privados en materia sanitaria ascendieron a 78 099 millones de dólares estadounidenses solo en 2019 (véase la Figura 1), una cantidad que está casi un 60 por ciento por encima de los 50 000 millones de dólares que el Grupo del Banco Mundial prometió desembolsar en los siguientes 15 meses como respuesta al impacto sanitario, económico y social al que se enfrentaron la mayoría de los países vulnerables. Pero ese interés creciente de los inversores privados por participar en el sector sanitario no se tradujo en una mejoría en el acceso, la calidad y la viabilidad de la atención, ni reforzó las dotaciones públicas para situaciones como la pandemia de COVID-19.
Figura 1: Aumentan los inversores de capital privado en activos sanitarios
Cuando se trata del clima, el sector financiero cada vez menos regulado ha despilfarrado más de 2,7 billones de dólares para apoyar a las industrias más contaminantes del mundo, financiando a las compañías de combustibles fósiles que más agresivamente se han expandido en nuevos proyectos de carbón, petróleo y gas desde el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (véase la Figura 2). Es, sin duda, la prueba irrefutable de la conflictiva relación entre la inversión privada y su deseo de obtener ganancias rápidamente, y el bienestar a largo plazo de la mayoría.
Figura 2: Principales 35 inversiones financieras en compañías de combustibles fósiles desde el Acuerdo de París sobre Cambio Climático (mil millones de dólares estadounidenses) Fuente: Gráfico preparado por el autor basándose en datos recopilados por la Rainforest Action Network.
Las decisiones en materia de política económica promovidas constantemente por las instituciones financieras líderes a nivel internacional, el FMI y el Banco Mundial, se han basado en la creencia de que una economía impulsada por el mercado mejoraría el bienestar y la prosperidad, pero en realidad han fracasado en cumplir sus promesas. Más bien al contrario, los ajustes estructurales han agravado la vulnerabilidad de los países en desarrollo frente a las epidemias y el impacto social y económico provocados por los desastres naturales causados por el ser humano. El motivo es que estas reformas políticas se crearon y utilizaron al amparo de una arquitectura financiera global que permite el agotamiento de los recursos públicos mediante flujos financieros ilícitos, fraude y evasión fiscal, favoreciendo en su lugar la concentración de capital y la riqueza de carácter privado. Con un espacio fiscal reducido y una menor capacidad de movilización de los recursos nacionales, la carga y la responsabilidad de la gestión del riesgo sanitario y climático se han transferido cada vez más a los países del Sur global y sus poblaciones. En la sección siguiente, profundizamos en algunas de estas tendencias.
