El Ambicioso paquete de medidas aprobado por la UE cuyo objetivo es guiar a las economías europeas hacia el 55% de reducción de emisiones en 2030
Antes del verano, el 14 de julio, se publicó por parte de la Comisión Europea un ambicioso paquete de medidas cuyo objetivo es guiar a las economías europeas hacia el 55% de reducción de emisiones en 2030, y la neutralidad climática en 2050. El paquete incluye 8 revisiones de regulación existente, y 5 propuestas nuevas, tal como se muestra en la figura preparada por la Comisión:A continuación resumo lo que me parece más relevante de este paquete, en particular en lo que se refiere a política energética. Eso sí, antes de empezar conviene recordar que muchas de las medidas propuestas son eso, propuestas, que, primero, tendrán que ser acordadas con el Consejo y con el Parlamento. Y además, muchas de ellas son Directivas, no Reglamentos, con lo que también tendrán que pasar por el filtro de la transposición nacional. Así que veremos lo que queda finalmente para 2024, que es cuando esté previsto que entre en vigor.
En mi opinión, los elementos más interesantes del paquete son: el sistema de comercio de emisiones para transporte y edificios (junto con los estándares para vehículos y la fiscalidad); el mecanismo de ajuste en frontera; y el fondo social.
El sistema de comercio de emisiones para transporte y edificios es quizá la medida más ambiciosa, ya que estos dos sectores son los mayores emisores en Europa, pero por otra parte es la más compleja por la propia naturaleza de dichos sectores. Aunque esto se pretende solucionar estableciendo la obligación para los suministradores de energía, y no para los agentes consumidores, eso no quiere decir que la propuesta no tenga problemas:
La subasta (no hay asignación gratuita) es separada del resto, y por tanto el precio del permiso será distinto. Esto hace cuestionarse la eficiencia de la medida: en lugar de ajustar las emisiones de forma coste-eficiente, como resultaría de un único sistema ETS, esto puede hacer, en función de la oportunidad política, que las reducciones salgan más caras.
Entiendo que esto se hace para controlar los previsibles impactos duros de su inclusión. Y es que el nuevo sistema hace que, en lugar de dejar a los países miembros que decidan si quieren usar impuestos o no, ahora el impuesto es automático, lo cual evidentemente puede crear bastantes problemas distributivos.
Por una parte, esto quita la presión a los estados (que podrán echar la culpa a Bruselas), pero les obliga a diseñar mecanismos compensatorios que tendrán que financiar con los ingresos de la subasta (algo que la propuesta menciona explícitamente, aunque sólo para hogares con bajas rentas).
Respecto a los precios previsibles: por un lado, los precios pueden ser elevados, ya que la reducción que se plantea es del 43% en 2030. Pero hay que recordar que, en el mismo paquete, se endurecen los estándares de emisiones para los coches nuevos (llegando incluso a plantear la eliminación de nuevos coches de combustión en 2035), lo que, como cualquier otro estándar, hace que baje artificialmente el precio del permiso, si no están bien coordinadas las dos medidas…lo mismo pasaría si nos dedicamos a rehabilitar edificios de forma masiva con los NextGen EU, o si algunos países, en el contexto del “effort-sharing”, reducen emisiones de forma drástica. Se supone que la reserva de estabilidad (MSR), también aplicable a este ETS II, se ocupará de ello, pero veremos…
Tengo curiosidad también por ver si en algún estado habrá oposición a esta medida con argumentos de doble imposición (impuesto de hidrocarburos, etc.). Se supone que eso, a nivel europeo, se resuelve con la reforma de la fiscalidad (si es que se aprueba, porque recordemos que este tema lleva mucho tiempo atascado). Pero habrá que ver por ejemplo cómo se integrará esto en la reforma fiscal que prepara la Comisión de Expertos…
El ETS “normal” sigue con pocas modificaciones, aunque sí se dice que la asignación gratuita para la industria se condiciona al compromiso de reducir emisiones, con auditorías energéticas obligatorias (tal como proponíamos por ejemplo en nuestro reciente paper). Además se dice que si se aprueba el CBAM, desaparece esta asignación gratuita. Eso sí, la ambición aumenta, ya que las emisiones deben reducirse en un 61% para 2030 (en comparación con el 43% previsto antes), y además entra el transporte marítimo, un contribuyente duro de roer.
Por lo tanto, el CBAM, el mecanismo de ajuste en frontera, es una figura esencial tanto para trasladar la señal correcta de precios a los productos industriales, como para evitar la fuga de emisiones. Lo malo es que la propuesta actual de la Comisión tiene también muchos inconvenientes, que no detallo aquí porque los expliqué antes del verano.
El tercer elemento relevante para la política energética es el Fondo Social, imprescindible si se quieren evitar los “chalecos amarillos”. Y es que, como bien podemos ver estos días, una subida significativa de los precios energéticos e industriales es una bomba social, con un impacto distributivo muy relevante. Y esa subida puede venir de la nueva normativa de fiscalidad (que pretende eliminar los subsidios a todos los combustibles fósiles eximidos hasta ahora, como los utilizados para el transporte marítimo, aéreo, la pesca, o la calefacción), de la introducción del transporte y los edificios en el ETS, o del propio CBAM (que encarece las importaciones de materiales básicos). Habrá que ver si la recaudación del paquete es suficiente para mantener un Fondo Social de tamaño aceptable, y también cómo se reparte a nivel europeo.This free site is ad-supported. Aprèn més
https://economicsforenergy.wordpress.com/author/webpedrolinares/
