Un estudio realizado entre 1994 y 2020 establece que los proyectos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) provocan un aumento significativo de los conflictos armados en todo el mundo
Brian Ganson, Anne Spencer Jamison, Witold Jerzy Henisz
¿En qué medida ayuda la inversión privada a los países en desarrollo a reducir los conflictos y la violencia y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Se trata de una cuestión muy debatida. La mayoría de las instituciones internacionales, como el Grupo del Banco Mundial, adoptan la postura de que el problema es que no hay suficiente inversión privada. Así que movilizan recursos públicos para subvencionar y proteger a los actores del sector privado con el objetivo de aumentar en gran medida la inversión extranjera directa.
Mientras tanto, los defensores de los derechos humanos, laborales y comunitarios, sobre todo en los países vulnerables y afectados por conflictos, tienden a ver los modelos dominantes de inversión extranjera directa como parte de una historia continua de explotación del mundo en desarrollo.
Para ayudar a arrojar luz sobre este debate, emprendimos un estudio exhaustivo de miles de proyectos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Grupo del Banco Mundial. Nos centramos en el periodo comprendido entre 1994 y 2022.
Elegimos la CFI porque afirma invertir con fines de desarrollo. También pretende aplicar las normas más estrictas de actuación social y medioambiental. Además, muchos otros actores privados y públicos siguen su ejemplo a la hora de establecer normas. Si la CFI se está equivocando, sería un buen indicador de cómo están las cosas en el sistema global más amplio. Centramos nuestro estudio en la relación entre los proyectos de la CFI y los conflictos armados, ya que la violencia tiene un efecto claro y perjudicial sobre el desarrollo humano.
Los resultados establecen que los proyectos de la CFI provocan un aumento significativo de los conflictos armados en todo el mundo. Un solo proyecto provoca, por término medio, 7,6 conflictos armados adicionales en el año siguiente a su introducción. Estos resultados son coherentes con otros grandes estudios cuantitativos que cuestionan la relación entre la inversión extranjera directa y el desarrollo. Las inversiones extranjeras directas que aumentan los conflictos violentos y hacen casi imposible el desarrollo parecen ser la regla, no la excepción.
Concluimos que los enfoques actuales de la inversión extranjera necesitan una reconsideración urgente, con especial atención al riesgo de conflicto violento.
Nuestra metodología
Son muchos los factores que influyen en los conflictos violentos, incluida la historia de las relaciones intergrupales y entre el Estado y la sociedad. Por ello, el estudio utilizó sofisticados análisis econométricos para aislar el impacto de la CFI.
Primero geolocalizamos los proyectos de la CFI y anotamos los años en que fueron aprobados. A continuación, comprobamos si los conflictos armados aumentaban en la zona próxima al proyecto de la CFI al año siguiente. Controlamos otros factores -como la presencia de grupos políticamente excluidos, el PIB, el tipo de régimen o el tamaño de la población- que afectan a la conflictividad.
En el análisis, tuvimos cuidado de emparejar y comparar un área de proyecto de la CFI con aquellas áreas sin proyectos de la CFI a las que es más similar. Por último, tuvimos en cuenta y controlamos la posibilidad de que el conflicto ya estuviera aumentando antes de la llegada del proyecto de la CFI. Al excluir estas otras explicaciones de los acontecimientos conflictivos, pudimos hacer atribuciones causales razonables.
Resulta inquietante que el estudio descubriera que el aumento de los conflictos armados se concentraba en proyectos que, según la CFI, presentaban limitados riesgos medioambientales o sociales. Afirmaba que estos riesgos podían abordarse fácilmente mediante medidas de mitigación. Estas medidas de mitigación parecen ser ineficaces o infrautilizadas. Alternativamente, la CFI está clasificando erróneamente proyectos que conllevan un riesgo de conflicto más sustancial de lo que reconoce o se molesta en hacer público.
Un ejemplo especialmente inquietante es la campaña de terror del gobierno ugandés contra ciudadanos locales para que entreguen tierras a un cliente de la CFI. La CFI tampoco ha resuelto aún las denuncias de activistas presentadas en 2019 por violencia de género y amenazas de represalias e intimidación contra uno de sus socios de proyecto, Salala Rubber Corporation en Liberia.
El estudio también demostró que los proyectos intensivos en capital (es decir, agroindustria, petróleo, gas, minería e infraestructuras) tienen una mayor propensión a las perturbaciones sociopolíticas y socioeconómicas. Las zonas que reciben proyectos intensivos en capital experimentan, de media, una muerte adicional por conflicto armado en el año siguiente.
No por encima del Estado de Derecho
Estos resultados quizá no deberían sorprender. Los representantes de la sociedad civil llevan mucho tiempo concluyendo que la CFI da prioridad a sus propios beneficios e intereses empresariales por encima del “sufrimiento de los demás”, de forma que contribuye a “múltiples vías de extracción, desposesión y conflicto”. En 2020, Human Rights Watch calificó a la CFI de “fracasada a la hora de remediar los abusos cometidos en los proyectos”. Esto se basaba en la propia revisión encargada por el Grupo del Banco Mundial.
Sin embargo, la estrategia de la CFI ha sido situarse por encima del Estado de derecho. Sigue haciendo valer su inmunidad soberana. Afirma que, como organización internacional, no debe ser responsable ante los tribunales nacionales, ni siquiera ante las partes a las que perjudica.
Mantiene esta postura a pesar de los recientes informes sobre la complicidad de la CFI en el encubrimiento de abusos sexuales a menores para favorecer sus proyectos de inversión.
Parece que ya es hora de que los 186 gobiernos miembros propietarios de la CFI exijan transparencia, rendición de cuentas y reparación por los daños causados por la corporación y los actores del sector privado a los que financia. Otros también pueden desempeñar un papel. Los gobiernos que quizás hayan confiado ingenuamente en el halo del Banco Mundial deberían cuestionar los beneficios que se les dice que pueden esperar de las inversiones de la CFI. Las agencias de calificación que clasifican los bonos de la CFI como positivos desde el punto de vista medioambiental, social y de gobernanza podrían cuestionar las bases sobre las que se realizan tales determinaciones.
Al mismo tiempo, quizá se pueda dar más credibilidad a los recientes llamamientos del secretario general de la ONU para reformar el sistema financiero mundial con el fin de apoyar mejor la seguridad humana y el desarrollo humano. Esto podría incluir intermediarios especializados entre la CFI y proyectos sensibles en lugares difíciles. Parece necesaria una supervisión local independiente y capacitada para garantizar formas más inclusivas y responsables de análisis contextual y planificación de mitigación de riesgos, seguimiento y evaluación del impacto del desarrollo, gestión proactiva de conflictos y reparación accesible de los daños causados. Esto podría reducir los conflictos violentos y abrir un mayor potencial de desarrollo para la inversión.
https://theconversation.com/projects-funded-by-the-world-bank-groups-private-sector-arm-fuel-violent-conflict-its-time-to-reform-the-system-217454
Traducción: Susana Martín
