En nombre de:
- GREENPEACE ESPAÑA, con CIF G28947653 y domicilio en la calle Valores nº 1, 28007 Madrid,
- Fundación Salvador Soler – Political Watch – con CIF G85959666 y domicilio en Avenida del Cardenal Herrera Oria 63, 3º izq 28034 Madrid
- Revo Prosperidad Sostenible
- Wellbeing Economy Alliance (WEAll) Iberia
Se expone que según figura en la Consulta Pública previa para el Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, el plazo para presentar comentarios finaliza el 30 de noviembre de 2024, y dentro del citado plazo se realizan las consideraciones, propuestas y reflexiones expresadas a continuación.
CONSIDERACIONES PREVIAS
Teniendo en cuenta que el objetivo de dicha consulta es recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones potencialmente afectadas por la futura norma acerca de los siguientes aspectos relativos a la Crisis Ecosocial y los Derechos de las Generaciones Futuras, los Derechos Democráticos y la Participación Política, los Derechos Económicos y Cobertura Social, y la Salud Mental y Bienestar. Compartimos las siguientes reflexiones, propuestas y comentarios ordenados según dichos apartados.
EN LO RELATIVO A LA CRISIS ECOSOCIAL Y DERECHOS DE LAS GENERACIONES FUTURAS
Existe una percepción generalizada entre los jóvenes de que el futuro que les espera será peor que el de sus padres. La falta de vivienda asequible, la dificultad para alcanzar la autonomía económica, el deterioro de la cobertura del estado de bienestar, y la crisis ecológica y climática son factores que intensifican estas preocupaciones. Fenómenos como la sequía, la desertificación y los eventos meteorológicos extremos ya están impactando negativamente en la salud, el bienestar y la economía, y lo seguirán haciendo en el futuro.
La imprevisibilidad de los desafíos futuros requiere un uso más sistemático de la previsión estratégica y el pensamiento a largo plazo en el establecimiento de agendas, la formulación de políticas, las inversiones, la asignación presupuestaria y la evaluación de impacto en todas las áreas políticas para construir un país preparado para el futuro.
Necesitamos que la visión intergeneracional y de largo plazo se integre e incorpore en las políticas públicas, desde la toma de decisiones hasta la evaluación de los resultados de la implementación de las políticas públicas, para construir un futuro positivo en consonancia con los valores y objetivos de España y de la UE.
Actualmente, la legislación española dispone de un conjunto de normas importantes que regulan la evaluación de los impactos de las políticas públicas y las leyes: la Ley 27/2022 de 20 de diciembre que despliega el proceso de evaluación de las políticas públicas, junto con el Real Decreto 931/2017 de 27 de octubre, que regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Estas son tres piezas fundamentales en la evaluación de la actividad normativa y planificadora de la administración.
Los informes de evaluación de los impactos ex ante y ex post, así como las memorias del análisis del impacto de las normas en proceso de aprobación, son documentos imprescindibles para conocer de antemano los efectos que políticas públicas y normativas tendrán sobre el bienestar de las generaciones actuales y futuras. O bien, si las evaluaciones se realizan a posteriori, conocer su eficacia en los objetivos que dichas políticas o normativas pretendían alcanzar. Todos estos informes además forman parte de la rendición de cuentas que todos esperamos de los gobiernos democráticos.
Porque todas las actividades que definen políticas públicas tienen un impacto en el bienestar de las generaciones presentes, futuras y en el medio ambiente, el Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional debe considerar que toda actividad normativa o planificadora de políticas públicas que formen parte del ciclo político tiene que ser evaluada desde su diseño hasta la valoración de los efectos de su implementación.
Además consideramos las siguientes propuestas para incorporar al Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional:
- La norma debe observar una serie de principios fundamentales para abordar con criterios de justicia y equidad la crisis ecosocial. Entre ellos estarían los principios de ecodependencia e interdependencia, la no regresión, el principio de precaución, prevención y suficiencia. Estos principios deben servir para priorizar las actividades económicas reguladas por las políticas públicas con impactos positivos sobre el mantenimiento de los recursos y las condiciones socioambientales en el futuro y para despriorizar o desechar aquellas que destruyen esos recursos y condiciones.
- La norma debe integrar en sí misma un proceso de evaluación, en cumplimiento con la normativa ya mencionada y para ser coherente con los objetivos de desarrollo sostenible y la mirada intergeneracional. Proponemos que se incluya la realización de una evaluación ex ante, que complemente el análisis elaborado en la MAIN y de una evaluación intermedia a los 4 años de entrada en vigencia de la Ley.
- La norma debe integrar la participación y la transparencia, priorizando el bien común sobre los intereses de mercado y asegurando que las políticas actuales no comprometan los recursos futuros.
- La norma debe crear una figura que represente y proteja los derechos de las generaciones futuras, promoviendo políticas sostenibles y a largo plazo. Esta institución realizará informes anuales que serán vinculantes sobre el impacto de las políticas y garantizará su alineación con los principios de desarrollo sostenible.
- La norma debe establecer un marco de indicadores claros y medibles para evaluar la coherencia de las políticas públicas y su impacto en las condiciones que permiten ahora y en el futuro vidas dignas para todas las personas dentro de los límites del planeta. Se propone que la propia Ley incluya una serie de indicadores que permitan analizar y medir su cumplimiento, como también el aporte que realiza al cumplimiento de los Retos País planteados en la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el medio plazo.
- La norma debe concretar metas y cronogramas para facilitar el monitoreo del progreso hacia la Agenda 2030, y su posterior desarrollo más allá de dicha fecha.
Por último, debido a la complejidad y el vasto conocimiento que existe para justificar cada una de las consideraciones ambientales que deben ser tenidas en cuenta para la elaboración de este anteproyecto solicitamos una consulta específica para las consideraciones ambientales o las indicaciones para poder hacer llegar dichas consideraciones.
EN LO RELATIVO A LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Nuestro sistema democrático está atravesando un momento de debilidad. La percepción generalizada de que los poderes públicos no representan adecuadamente los intereses de la ciudadanía ni canalizan sus inquietudes genera un clima de desafección, especialmente entre la población más joven y los colectivos vulnerables. En España, el 80% de los menores de 30 años siente que los políticos no les escuchan, y un preocupante 33% no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esta falta de confianza en las instituciones puede derivar en el apoyo a opciones autoritarias.
La única estrategia ante esta crisis es apostar por más y mejor democracia, con instituciones comprometidas con la transparencia, la inclusión, la participación y la rendición de cuentas. Por ello, se propone que tanto a través de la implementación de la norma como mediante el trabajo que se impulse desde el Ministerio, se promueva el trabajo mediante mecanismos participativos, que permitan un análisis prospectivo y de futuros y de co-creación con los ciudadanos, para conocer qué es lo que las personas que habitan en el territorio español esperan y desean para la España del Futuro, inspirándose en procesos que ya se han realizado en otros contextos, como las conversaciones ‘sobre el Gales que queremos’(), realizadas en dicho país para abordar y formular una visión colectiva sobre el país que deseaban los habitantes galeses, las de sus hijos, nietos y bisnietos. Esta visión se concretó en 7 objetivos generales que permanecen aunque los gobiernos del país vayan cambiando y que han inspirado el trabajo de su Comisionado para las Generaciones Futuras, reformando la manera en la que se diseñan y ponen en marcha las políticas públicas y aplicando el pensamiento de futuro en el día a día. El gobierno tiene la obligación de preguntarse delante de cada nueva norma o política que quiera implementar, si los resultados de dicha norma o política van a cumplir con cada uno de esos 7 objetivos que los ciudadanos desean para su país. El comisionado para las Generaciones Futuras comprueba que esto sea cierto e interpela al gobierno cuando considera que estos objetivos no se cumplen.
Por ello deben ser consideradas las siguientes propuestas para incorporar al Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional:
- Establecer nuevos canales de participación democrática permanentes como asambleas ciudadanas y jurados, para abordar dilemas políticos complejos con legitimidad social.
- Utilizar la prospección estratégica para anticiparse a problemas futuros y para formular una visión colectiva sobre el país que quieren los ciudadanos de hoy pensando también en los ciudadanos del mañana. Esta visión colectiva es una herramienta poderosa para evaluar en qué grado cada política pública que se pretende implantar se ajusta a los valores que los ciudadanos han destacado (elegido) al definir el país que desean para sus hijos, nietos y bisnietos..
- Mejorar la eficacia de la participación ciudadana en órganos consultivos, asegurando representatividad e inclusión, asegurando además la participación de la juventud, especialmente de personas jóvenes de colectivos vulnerados, en aquellos espacios participativos bajo el amparo de esta Ley
- Mejorar los procedimientos de consulta pública en proyectos normativos para hacerlos más accesibles e inclusivos.
- Fomentar la participación activa y la implicación de todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones.
- Informar al Congreso de Diputados y al Defensor de las Generaciones Futuras sobre la aportación de esta norma en el progreso en políticas sostenibles, especialmente en lo vinculado con la protección de los derechos de las generaciones futuras.
- Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el cumplimiento de metas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
EN LO RELATIVO A LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y COBERTURA SOCIAL
Las desigualdades y la presión sobre los sistemas de bienestar complican la sostenibilidad del futuro. La disminución de la ratio entre personas trabajadoras activas y jubiladas amenaza el sistema de pensiones, mientras que la precariedad laboral y la falta de acceso a servicios básicos como vivienda perpetúan la desigualdad.
Las políticas actuales no han sido suficientemente eficaces para resolver problemas sociales enquistados como la pobreza y la precariedad, ni para enfrentar desafíos ambientales cada vez más graves. Es necesario un enfoque más innovador y transversal que priorice el bienestar y la salud mental de la ciudadanía en todas las políticas públicas.
Por ello deben ser consideradas las siguientes propuestas para incorporar al Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional:
- La norma debe asegurar que las políticas económicas consideren la suficiencia y la interdependencia, garantizando que las generaciones presentes y futuras tengan lo necesario para vidas dignas.
- La norma debe implementar medidas de reparación y memoria que reconozcan las deudas ecológicas y sociales, promoviendo la justicia intergeneracional.
- La norma debe establecer indicadores específicos para evaluar el impacto de las políticas en el acceso a derechos económicos y servicios básicos.
- La norma debe impulsar iniciativas de innovación social mediante pruebas piloto monitoreadas en ámbitos como la salud, el trabajo, la movilidad, la energía y las soluciones basadas en la naturaleza.
- La norma debe escalar las soluciones viables para mejorar el bienestar integral de la población, incluyendo de manera activa a niños, niñas y jóvenes, e integrando una mirada intergeneracional que permita el desarrollo en todos los ámbitos de la vida.
EN LO RELATIVO A LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR
El deterioro ambiental y social también tiene un impacto directo en la salud mental y el bienestar de las personas. La inseguridad económica y vital, los fenómenos climáticos extremos y la falta de confianza en el futuro aumentan los niveles de estrés y ansiedad en la población joven.
Tal y como decíamos en el epígrafe anterior son necesarias políticas que aborden eficazmente problemas como la pobreza y la precariedad y los desafíos ambientales cada vez más graves. Hay que priorizar e integrar que somos seres radicalmente ecodependientes e interdependientes, y trabajar para el bienestar de todas las personas y la salud mental de la ciudadanía a través de todas las políticas públicas.
Por ello deben ser consideradas las siguientes propuestas para incorporar al Anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional:
- La norma debe garantizar un entorno seguro, saludable y sostenible como base del bienestar físico y mental.
- La norma debe promover políticas que equilibren la vida personal, comunitaria y laboral, asegurando el cuidado integral a lo largo de toda la vida.
- La norma debe desarrollar indicadores para evaluar cómo las políticas públicas afectan la salud mental y el bienestar de las personas.
- La norma debe priorizar enfoques preventivos que aborden las causas estructurales del malestar psicológico, como la inseguridad económica, social y ambiental.
En definitiva este enfoque integral busca garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar de derechos plenos en un entorno sostenible, equitativo y democrático.
