Es la primera vez que la PAH necesita ocupar más pisos y la Agencia Catalana de Vivienda admite que tiene la mesa central de emergencia «colapsada»
Judit Domènech@JuditDs ; Cristina Garde@ccgarde; MarBarberà@mbarberaheras , 05/04/2019
48 desahucios diarios, dos desahucios cada hora y 17.000 familias en la calle en 2018 en Cataluña. Las cifras que recopila la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) son sólo la punta del iceberg del drama de la vivienda, porque no reflejan ni los desahucios invisibles ni las ocupaciones ni los asentamientos ni otras situaciones de precariedad. Ante este contexto, la Administración se ve incapaz de hacer frente y deja en manos de entidades y municipios, que por primera vez reconocen estar «colapsados», la gestión de lo que ya se puede considerar una crisis de país.
A pesar de que Cataluña ha recuperado, después de tres años, los artículos de la Ley 24/2015 sobre emergencia habitacional y pobreza energética, impugnados por el PP y suspendidos por el Tribunal Constitucional, el Gobierno reconoce dificultades para afrontar la burbuja de la vivienda. Así lo explicita en el nuevo Decreto Ley 5/2019, que el Ejecutivo ha impulsado para dar respuesta a una situación que describe como «extrema», «grave» y «de enorme complejidad».
«Este plan debe ser la hoja de ruta que inspire las políticas de vivienda que se pongan en marcha en los próximos 15 años», señala. El Decreto Ley, que fue aprobado a principios de marzo y que el Parlamento deberá ratificar en breve, modifica más de 50 artículos de la Ley de la vivienda y otras normativas vinculadas, y ha despertado las críticas feroces de las entidades, que piden su total impugnación, porque, dicen, contradice y dificultará la aplicación de la Ley 24/2015, que despierta más consenso.
En concreto, el Gobierno constata, en este Decreto Ley, un «bajo nivel» en la promoción de vivienda protegida desde 2007 y «una disminución de las posibilidades de las administraciones para ampliar el parque público de viviendas», que no llega al 2% del total, muy lejos de la media europea. Asimismo, admite que, «a pesar de las medidas legales adoptadas, el acceso a una vivienda digna y adecuada para una parte significativa de la población sigue siendo extremadamente dificultoso». Y reconoce que los instrumentos ordinarios que ofrece la legislación son «insuficientes»
16.000 pisos públicos para 127.000 inscritos
Asimismo, el ejecutivo confirma que, en menos de cuatro años, el número de personas que ha solicitado una Vivienda de Protección Oficial (VPO) se ha incrementado en casi 40.000 personas. De hecho, este febrero ya ha sobrepasado los 127.000 inscritos en el registro, mientras que la Agencia Catalana de la Vivienda (ACH) sólo tiene 15.255 pisos públicos en todo el territorio, según datos del 2017 – una cifra que llegaría a los 16.000 en 2018 , tal y como aseguran fuentes de la ACH.
A este parque público, hay que sumar 2.823 viviendas cedidas, 8.675 viviendas dentro de la Red de Viviendas de Alquiler Social y 7.766 fondo social de viviendas. En total, 34.519 viviendas destinadas a políticas sociales, muy lejos de la avalancha de demandas. De hecho, fuentes de la ACH confirman al Social.cat que tienen la mesa central de emergencia «colapsada», el órgano a través del cual gestionan peticiones de urgencia.
Y esto, a pesar de que el Gobierno hace un esfuerzo económico importante en programas sociales para mantener o evitar la pérdida de la vivienda. En concreto, por ejemplo, en 2017 se destinaron 112 millones de euros a 59.919 ayudas para pagar el alquiler, 4,9 millones a 2.549 prestaciones de especial urgencia, 7,4 millones en 5.950 ayudas para el alquiler del parque público gestionado por la ACH y 935.418 euros para 574 ayudas de viviendas del fondo social, que son prestaciones concedidas a entidades de la administración local destinadas a políticas sociales.
La PAH invita a ocupar «masivamente»
La solución, tanto para el Gobierno, como para las entidades en favor del derecho a la vivienda y para los municipios, pasa por poder incrementar hasta el 15% el parque de vivienda pública, sobre todo, según el ejecutivo, en 152 municipios de fuerte demanda residencial; ayudar a las personas excluidas del mercado de la vivienda; y para que al menos un 5% de las viviendas de todo el país sean destinadas a alquiler social. Sin embargo, de momento, estos objetivos parecen demasiado ambiciosos.
Por ello, ante la falta flagrante de viviendas destinadas a políticas sociales, la PAH invita a ocupar viviendas vacías de bancos y grandes tenedores masivamente. Y calculan que en Cataluña hay 448.000 pisos vacíos, aproximadamente un 10% del total de viviendas. De hecho, la Obra Social de la PAH, que es la comisión de la entidad que se encarga de ocupar pisos para familias desahuciadas, reconoce por primera vez que ya no tienen más viviendas ocupadas para ofrecer. Por ello, reclaman al Gobierno que tome las medidas oportunas para poder usar estos pisos, que sumados al porcentaje del parque público, ayudarían a acercar Cataluña a las recomendaciones de la Unión Europea.
Sin embargo, la PAH denuncia que, con la aplicación del Decreto Ley que justo ahora se tiene que ratificar, el ejecutivo no podrá actuar en este sentido. En el texto, se modifican aspectos tan fundamentales como que los precios de las VPO dependan de los ingresos de las personas solicitantes. Si el Parlamento ratifica el Decreto Ley, alertan, se valorarán factores que tienen más que ver con las leyes del mercado, tales como la ubicación o los costes de edificación, y los precios se podrán «corregir al alza según la demanda residencial «. Esto, según las entidades, puede provocar una «liberalización del precio de la vivienda protegida» y un «agravamiento de la segregación entre barrios o municipios».
Al mismo tiempo, denuncian las entidades que el nuevo texto responsabiliza a los municipios de aplicar las medidas para evitar que los grandes tenedores o los fondos buitres tengan viviendas vacías, pero en ningún caso explicita como se obligará a los consistorios a cumplir. Tal y como ya explicó el Social.cat, las entidades denuncian que esto puede afectar a los municipios pequeños, con menos capacidad para imponerse ante estos grandes tenedores. Asimismo, alertan de que el Decreto Ley se olvida de regular cómo hacer que los nuevos edificios destinen el 30% de sus viviendas a alquiler social.
En un sentido similar a la PAH, el Sindicato de inquilinos alerta que el Gobierno tampoco ha conseguido que el Índice de Precios de Alquiler sea una herramienta eficaz para bajar unos precios desorbitados, porque sólo es una herramienta orientativa que no penaliza. Y no sólo eso, sino que, además, el sindicato alerta de que este índice «no es real», es decir, que los precios que recomienda deberían ser aún más bajos.
El motivo es que los precios no se calculan a partir de las condiciones socioeconómicas de la población: el índice no tiene en cuenta factores clave como los ingresos familiares o la tasa de paro. Por ello, las plataformas en defensa del derecho a la vivienda reclaman al Gobierno que sea más valiente y haga que el índice sea vinculante y la propiedad esté obligada a aplicarlo, para que no quede «en papel mojado».
Clamor por «pinchar» la burbuja inmobiliaria
Ante esta situación de ahogo, más de 40 entidades que luchan por defender el derecho a la vivienda convocan una manifestación para “pinchar la burbuja”inmobiliaria y decir «basta» a los alquileres abusivos. La manifestación tendrá lugar el sábado, 6 de abril, a las 18h en Barcelona. De hecho, se trata de una convocatoria internacional. 36 ciudades europeas clamarán contra un problema global.
Paralelamente, la Obra Social de la PAH ha lanzado esta semana la campaña Vivir no es delito contra la criminalización del empleo y para presionar al Ayuntamiento de Barcelona para que cumpla ya la Ley 24/2015 y multe los grandes tenedores que tienen pisos vacíos. Según la entidad, el hecho de que la vivienda no esté garantizada en Cataluña y que la administración pública «no sea capaz de dar soluciones a las necesidades de la ciudadanía, teniendo la mesa de emergencia habitacional desbordada», no deja más alternativa que ocupar viviendas.
También la PAH y otras entidades en favor al derecho a la vivienda, como Sostre Cívic, han hecho pública la campaña Housing for all . Con esta campaña reivindican la necesidad de que todos puedan tener una vivienda digna garantizada, así como una ampliación del parque público de vivienda del 1,3% al 15%.
Traducción: Teresa Abril
