No podemos confiar sólo ni principalmente en la ciudadanía para sacar adelante una transición energética hacia un modelo renovable descentralizado.
Joaquim Sempere
1 de julio de 2020
La realidad nos dice que hoy en día el primer escalón no lo hemos logrado todavía, ni mucho menos. Se trata de un escalón donde el protagonismo corresponde básicamente a las decisiones individuales de cada unidad familiar, comercio, industria y servicio (E. Furró, «La transición energética a toda prisa).
Las iniciativas conocidas para sacar adelante una transición energética hacia un modelo renovable en el cual haya un fuerte impulso desde abajo, desde la ciudadanía, permiten constatar que no parece que podamos confiar sólo ni principalmente en la ciudadanía para emprender iniciativas de autoconsumo -sea individual o compartido- o de pequeñas inversiones familiares o industriales para promover instalaciones fotovoltaicas y eólicas que no obedezcan a la lógica de la rentabilidad del oligopolio energético y de otros grandes inversores (a menudo extranjeros) a los que sólo parece interesar la tasa de beneficios que puedan obtener.
Las reacciones de algunos grupos de vecinos interesados en invertir dinero en sus viviendas hacen pensar en la dificultad de llevar adelante la transición energética desde abajo, desde la ciudadanía, sin añadir un «empuje» que a la ciudadanía le venga «de fuera». Examinemos someramente qué está pasando en este terreno: la gente que ahora mismo está instalado placas fotovoltaicas en sus tejados ¿quiénes son? Gente con casas unifamiliares y un cierto poder adquisitivo, un cierto nivel de estudios y contactos personales que les permiten tomar la iniciativa con algún grado de información, ese grado de información que transmite el nivel de confianza suficiente para sacar adelante la iniciativa. A todo esto hay que añadir alguna sensibilización por el tema energético, ecológico, climático.
También cuenta, sin duda, que existan cláusulas en los ayuntamientos y otras administraciones públicas que ayuden a tomar la decisión (reducción del 50% del EBEP tres años, por ejemplo) e iniciativas de entidades no públicas como Som Energia que facilitan la compra colectiva de placas fotovoltaicas… Todo hace pensar que esta gente es tan sólo una minoría ínfima, aunque creciente.
Parece seguro que la gente que no toma la iniciativa pertenece a uno de estos tres grupos: (1) quien dispone de casas unifamiliares o asimiladas pero no se decide por falta de información, miedo a lo desconocido, etc.; (2) los millones de ciudadanos que viven en bloques de pisos donde el autoconsumo individual o compartido resulta físicamente inviable por falta de espacio, y (3) quien tiene unos ingresos precarios -aquí caben también personas de los grupos (1) y (2) – y de ninguna manera piensa en meterse en gastos añadidos a las habituales de su día a día, especialmente después de una crisis como la del Covid-19, que ha reducido los ingresos y la seguridad económica de mucha gente. Y en los tres casos, y otros que podamos imaginar, juega un factor muy importante: aunque no tomen la iniciativa, continuarán disfrutando de la electricidad como hasta ara.
Si no somos capaces de ayudar a esta masa mayoritaria de ciudadanos a salir del bloqueo, es evidente que nuestro bienintencionado propósito de una transición energética democrática y distribuida no avanzará. ¿Cómo podría hacerse? En primer lugar, creo que no se puede hacer, de ninguna manera, individualmente. Serían necesarios promotores-individuales o colectivos -con apoyo y ayuda de administraciones locales u otros actores sociales- que se ofrecieran al público para elaborar, calcular y gestionar proyectos. Podrían ser empresas agregadas, comunidades energéticas locales, emprendedores dispuestos a montar proyectos colectivos vecinales (creando cooperativas, empresas de accionariado popular) u otras fórmulas que quizás ya están ensayadas en países más avanzados y que habría que conocer. Por el lado de la oferta de servicios, ya ahora -con el nuevo clima causado por el cambio de gobierno en España y la nueva legislación que se va aprobando- están apareciendo despachos de consultoría, con capacidad técnica y jurídica, y empresas instaladas que están asumiendo el reto.
A menudo se trata de profesionales jóvenes llenos de entusiasmo. En cambio la demanda se encuentra en estado de parálisis. Hay dos posibles modalidades básicas para salir adelante: A) las instalaciones fotovoltaicas situadas allá donde hubiera espacio, y B) los parques eólicos o fotovoltaicos en zonas rurales, fuera del espacio metropolitano, construidos con financiación popular de comunidades urbanas / metropolitanas, solas o consorciadas con entidades y particulares de las zonas rurales donde se instalaran los parques.
Parecería muy interesante que se hicieran acuerdos bilaterales entre comunidades urbanas y comunidades rurales con este fin -incluyendo quizás fórmulas como los acuerdos PPA-, que podrían jugar un papel interesante de cohesión social y territorial, y de más contacto entre campo y ciudad. Seguramente se podrían imaginar otras modalidades. Lo importante sería que la financiación fuera realmente popular o ciudadana, lo cual podría favorecer también con normativas estatales que impusieran una discriminación positiva a favor de las iniciativas locales y de pequeño formato en las concesiones de permisos de acceso y conexión a la red. Los destinatarios de las propuestas de promoción, en todos los casos, recibirían la propuesta ya elaborada por la entidad promotora, sabrían cuánto dinero deberían invertir, a qué ayudas oficiales podrían optar, en cuantos años habrían amortizado la inversión, etc. Deberían tener acceso a procedimientos sencillos (sería una fórmula tipo «llave en mano») que evitaran desanimarlos por una excesiva complejidad técnica, burocrática o administrativa. La financiación no debería aparecer como una carga adicional al presupuesto personal: habría que buscar modalidades de crédito que permitieran devolver el préstamo en mensualidades de cuantía equiparable a la factura pagada hoy a las compañías. Sería bueno que los ayuntamientos avalaran -moralmente y quizás económicamente también-este tipo de promociones para que la gente viera garantías. Incluso, en los casos de sectores sociales y económicamente más vulnerables, sería interesante que hubiera campañas municipales para incentivarlo, y quizás en algunos casos promotores públicos que lo asumieran.
En algunos casos habría fórmulas que permitieran superar los innumerables obstáculos que dificultarían las iniciativas particulares -no es lo mismo ser inquilino que propietario del piso donde vives, no es lo mismo vivir toda la vida en una vivienda que alquilarlo por unos meses, etc.-, fórmulas como, por ejemplo, la titularidad pública de las instalaciones fotovoltaicas, que serían instaladas, pagadas y gestionadas por el ayuntamiento: el inquilino -o propietario de bajos ingresos-sólo pagaría la factura al ayuntamiento (esto permitiría a los ayuntamientos realizar más fácilmente políticas tarifarias especiales para superar la «pobreza energética»). Estas fórmulas podrían aplicarse también a la vivienda pública y social. Puede haber mucha casuística y habría que buscar soluciones específicas para los distintos casos. Estas reflexiones valen igualmente para comercios, talleres, pequeña empresa en general, etc.
Los esfuerzos para implicar activamente la ciudadanía deberían ligarse a una tarea educativa sobre la captación y el uso de la energía en la perspectiva no lejana de agotamiento de los combustibles fósiles y el uranio. La gente tiene que comprender su papel activo; debe aprender a valorar la eficiencia y el ahorro; y debe saber que, como usuaria, tiene un papel a jugar tanto en la esfera social y política como en sus hábitos cotidianos. La educación energética de la población no sólo debe ayudar a la transición energética, sino que ha ser también un primer escalón de la educación ecológica que prepare a la población a los difíciles retos que deberá afrontar. Finalmente, debería haber iniciativa pública para animar a la ciudadanía a apuntarse al carro. Habría una planificación indicativa para ir cubriendo todo el territorio nacional, con un calendario indicativo pero negociado seriamente con las administraciones a todos los niveles. Y unos compromisos de las administraciones comarcales y locales para sumarse al proceso. Habría también que prever los medios de financiación que se pudieran poner a disposición de la gente. El BEI ha anunciado que pone un billón de euros en diez años para financiar inversiones energéticas en la UE, y ya se han empezado a conceder préstamos. Sería función de las administraciones públicas (Estado, Generalitat, organismos metropolitanos, grandes ayuntamientos o consorcios de ayuntamientos) negociarlos. La lógica subyacente que justificaría el empuje institucional debería ser bien explicada a la ciudadanía: hacia el 2050 todos en Cataluña deberían estar usando exclusivamente electricidad y otras formas de energía renovables, y la inversión en renovables es una necesidad colectiva que aportará ventajas y que no se debe dejar en manos del oligopolio.
Traducción: Francesc Sardà
