Pagando para arreglar lo que seguimos dañando mediante nuestras decisiones económicas
¿Cuál debería ser la finalidad de la economía y el objetivo del gasto público: promover el bienestar de las personas y del planeta o reaccionar ante problemas inmediatos y evitables? Dicho así, la respuesta parece obvia, pero el modelo económico imperante obliga a los gobiernos a optar por lo segundo.
El nuevo informe de WEAll, «Failure Demand: Contando los costes de un sistema económico injusto e insostenible», escrito por Mark Anielski, Anna Chrysopoulou y Michael Weatherhead, examina dos estudios de caso de Escocia y Alberta (Canadá) para demostrar que en la búsqueda del crecimiento económico -un objetivo declarado por casi todos los gobiernos- se causan daños a las personas y al planeta. Los gobiernos necesitan gastar dinero para responder a estos daños, lo que a su vez se convierte en una justificación para el crecimiento.
En otras palabras, estamos atrapados en un ciclo de pagar para arreglar lo que seguimos estropeando. Esto se conoce como «demanda del fracaso».
Por supuesto, los gobiernos siempre tendrán que reaccionar a las necesidades inmediatas. Siempre habrá demandas inevitables de gasto público. Eso no se discute. Este informe se ocupa de las demandas que son evitables: los daños ocasionados por las decisiones económicas, el propósito y la estructura de la economía. Se trata de daños que requieren el despliegue de los recursos financieros de un gobierno, pero que podrían haberse evitado en un escenario de Economía del Bienestar.
El informe plantea las siguientes preguntas: ¿es esto lo mejor que podemos esperar? ¿Es suficiente para ayudar a la gente a sobrevivir y hacer frente al sistema actual? ¿Y qué hay del valor de nuestros impuestos? ¿Son los pagos que nos permiten sobrevivir lo único a lo que deberíamos destinar nuestros impuestos, en lugar de inversiones y de configuraciones que nos ayuden a prosperar?
La investigación se centra en tres sectores clave interconectados que ilustran el impacto en los recursos financieros de un Estado, directa e indirectamente. Estos sectores son: el trabajo remunerado, el sector de la vivienda y el medio ambiente. Escocia, una parte descentralizada del Reino Unido, y la provincia de Alberta (Canadá) se utilizan como dos territorios para articular la historia de la demanda del fracaso. Incluso dentro de estos sectores, el informe sólo tiene en cuenta un pequeño subconjunto del panorama real y realiza estimaciones conservadoras.
Así,se constata que en Escocia:
- Debido a la existencia de bajos salarios, el Estado aportó más de 596 millones de libras en 2014/15, más de 635 millones de libras en 2015/16, más de 890 millones de libras en 2016/17, más de 840 millones de libras en 2017/18 y más de 774 millones de libras en 2018/19 en pagos de asistencia social, comidas escolares gratuitas y mala salud relacionada con el trabajo
- El sobrecoste total (demanda de fracaso) de la asistencia sanitaria para las personas que alguna vez han experimentado la falta de hogar es de más de 900 millones de libras esterlinas
- Los costes de la demanda de fracaso para varios niveles de gobierno debido a los efectos del calentamiento global en Escocia pueden estimarse en 771 millones de libras y 956 millones de libras debido a la contaminación del aire por año.
Mientras que en Alberta, Canadá:
- En 2019 se estima que 310.363 albertanos vivían en la pobreza (o el 7,1% de la población) con un coste social estimado de la pobreza de 9.100 millones de dólares
- El coste medio de la falta de hogar en Alberta se estima en 142.500 dólares por persona sin hogar al año. Esto sugiere que el coste social de las personas sin hogar en Alberta fue de 1.050 millones de dólares en programas públicos y otras ayudas
- Los costes de las catástrofes relacionadas con el clima aumentaron en más de un 2.500%, hasta alcanzar aproximadamente 9.000 millones de dólares, y se estima que el gobierno de Alberta incurrió en 2.300 millones de dólares entre 2010 y 2016.
El coautor Michael Weather explica: «Por supuesto, el principal motor para cambiar hacia una mejor forma de hacer las cosas es la reducción del daño a las personas y al planeta. Las implicaciones fiscales son secundarias, pero este informe pretende demostrar que adoptar un enfoque de Economía del Bienestar también tiene sentido desde el punto de vista financiero, reduciendo las demandas evitables para que el gasto público tenga un impacto positivo a largo plazo.»
