En el debate sobre cómo financiar una renta básica universal en nuestro país las fuentes procedentes de la imposición sobre la riqueza y los rendimientos del capital tendrán que tener una importancia decisiva
En las principales economías desarrolladas se observa desde los años 80 del pasado siglo un crecimiento continuo de la acumulación de la cuota de riqueza total en favor de la parte más rica de la población. Esta tendencia quebró con los cuarenta años anteriores de signo contrario iniciados con la segunda guerra mundial, debido al establecimiento de los principales sistemas de estado del bienestar y un sistema fiscal mucho más progresivo, con tipos marginales o sobre la renta que llegaban en algunos países al 90%. Los estudios del World Inequality Lab, con cuatro codirectores como Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, todos especialistas en desigualdad y fiscalidad permiten realizar un seguimiento continuo de esta evolución, con datos actualizados añadidos a la perspectiva histórica.
En el Reino de España, el advenimiento de la democracia y de un sistema fiscal más equiparable al de los países desarrollados retrasó ese cambio de tendencia hasta principios de este siglo. Justo empezó a cambiar a principios de este siglo, con la primera mayoría absoluta del PP. Y precisamente en 2002 se publicó la primera Encuesta Financiera de las Familias (EFF) por parte del Servicio de Estudios del Banco de España. Era la primera encuesta que, aunque no permite realizar desagregaciones territoriales, permitía juntar datos de renta, de patrimonio y deudas de las familias españolas, y cruzarlas con diferentes variables sociodemográficas como la edad, nivel de estudios, relación con el empleo, etc. Y sobre todo permitía estratificar la población por niveles de renta o riqueza. Desde 2002 se han publicado ya los resultados de 6 oleadas de la EFF, siendo la última la de 2017 (con datos de 2016).
Muy brevemente, la observación de los datos de las EFF de 2002 a 2017 indican tres períodos clave de estos 3 lustros: expansión antes de la crisis de 2008, crisis de 2008, y recuperación a partir de 2013 sin llegar a 2016 a los valores máximos de 2007; y con una característica común en los tres períodos: el incremento de la desigualdad basado en un empobrecimiento de las capas más pobres y más jóvenes de la población y la acumulación de la riqueza en el 10% más rico de la población y entre los hogares de mayor edad.
Añadiremos que con los datos de riqueza de las familias que elabora trimestralmente el Banco de España con sus fuentes de registros financieros, en junio de 2021 la riqueza total neta ya había superado el pico de 2007, a causa del incremento del patrimonio financiero, mientras que el valor del patrimonio inmobiliario (la vivienda principal es donde se concentra la riqueza de las familias de menor patrimonio) todavía estaba por debajo de los valores de 2007.
Un desarrollo más extenso de estos datos se encuentra en este artículo.
Con estos datos, dos aprendizajes son importantes de mencionar:
a) El cambio radical en el comportamiento (querido o forzado) de los hogares jóvenes que ni pueden ahorrar ni pueden endeudarse para comprar una vivienda, lo que les condena a vivir de alquiler en un país donde al menos en las grandes ciudades y áreas metropolitanas no hay parque de vivienda de alquiler protegido y por tanto están sometidos a la especulación del mercado inmobiliario. Cabe decir que esto se combina con una reducción real de los ingresos de los hogares durante el período 2008-2017, donde el segmento más afectado ha sido el de la gente joven (27% de reducción en términos reales).
b) La incapacidad del sistema fiscal español para frenar esa acumulación de la riqueza hacia el 10% más rico. Según las estadísticas oficiales y análisis realizados como las del World Inequality Lab, el Reino de España es el tercer país por la cola en Europa con menor presión fiscal y el cuarto con menor presión sobre los más ricos (sólo superamos a Serbia, Rumanía y Croacia). Y parte de la explicación viene dada porque el sistema fiscal español grava muy poco a las rentas del capital, ya sean las monetizadas (el tipo de imposición del IRPF sobre los rendimientos del capital cobrados o el de sociedades sobre las ganancias es inferior al de las rentas del trabajo) o las latentes (las plusvalías no realizadas u ocultas en patrimonios empresariales, fondos de inversión, etc.).
Cabe añadir que el patrimonio inmobiliario también se está acumulando en este segmento de la población más rico y que se están convirtiendo directa o indirectamente (a través de las sociedades inmobiliarias en las que participan) en los arrendadores de las viviendas de jóvenes o de las familias de bajos ingresos sin capacidad de compra. Esto, en la práctica, genera una creciente transferencia de renta de los pobres hacia los ricos por la vía de los alquileres.
No disponemos de datos para Catalunya, pero observando los datos de los caudales hereditarios declarados en el Impuesto de Sucesiones también se observa a lo largo de los años una creciente acumulación de los mismos en el 10% más rico de las personas fallecidas. Y recordemos que las sucesivas reformas y contrarreformas de los Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones han reducido el tipo medios efectivos del ISD a la mitad de los que tenían antes de 2009.
Todo ello nos lleva a pensar que en el debate sobre cómo financiar una renta básica universal en nuestro país las fuentes procedentes de la imposición sobre la riqueza y los rendimientos del capital tendrán que tener una importancia decisiva, y por dos razones. La primera es que esta acumulación de riqueza en los más ricos, y a espaldas de dejar sin nada a los pobres y jóvenes, es insostenible y hay que detenerla y revertirla.
La segunda es que el potencial recaudatorio es muy importante, siempre que se puedan capturar y tasar adecuadamente estos patrimonios y las rentas reales (a menudo quedan ocultas como hemos dicho en los balances de sociedades y en los valores liquidativos de fondo, en el país o fuera). Sólo un dato: si la cuota de participación de la riqueza del 10% más rico de la población del Reino de España se hubiera mantenido constante entre 2008 y 2017 en lugar de subir 11,6 puntos, deberían haberse transferido vía impuestos entre 49.000 y 88.000 millones de euros anuales desde el 10% más rico hacia el Estado o hacia las rentas más bajas. Estas cifras habrían permitido financiar con creces el coste neto de una renta básica universal. Y equivalen entre el 2,2% y el 3,8% anual de la riqueza acumulada del 10% más rico, nada que se pueda interpretar como expropiatorio y que, por cierto, entra en los parámetros de tasación propuestos por Thomas Piketty en sus escritos para reducir la creciente desigualdad en los países avanzados.
Por último decir que, en mi opinión, la medida imprescindible de la renta básica debe ir acompañada de una verdadera política de creación de un parque social de vivienda pública potente que detenga esta sangría de la transferencia de rentas de los inquilinos jóvenes y pobres a los propietarios ricos y grandes, siendo en estos momentos uno de los principales canales de generación de un círculo infernal de creación de pobreza por la vía de la desigualdad en la riqueza.
(Este artículo es un resumen parcial de mi ponencia en el XX Simposio de la Red de Renta Básica realizado en Asturias el pasado mes de noviembre).
https://www.sinpermiso.info/textos/la-financiacion-de-la-renta-basica-y-la-acumulacion-de-la-riqueza