Olivier Vardakoulias
Economista de Climate Action Network Europe
Para alcanzar sus objetivos climáticos y medioambientales, la UE necesita urgentemente aumentar sus niveles de inversión: se necesitan inversiones adicionales del 1,7% del PIB europeo anualmente para cumplir los objetivos de descarbonización hasta 2040, mientras que se necesitan 19.000 millones para cerrar el déficit de financiación de la biodiversidad. En un entorno de presupuestos nacionales limitado debido a la austeridad y a las prioridades contrapuestas, al igual que los gastos de defensa, el papel del presupuesto de la UE es fundamental para cerrar las brechas climáticas y de inversión en naturaleza en toda la Unión.
Para simplificar, la contribución climática y de naturaleza del Marco Financiero Plurianual (MFP) es una función de cuatro parámetros clave: a) el tamaño del presupuesto de la UE; b) el objetivo de integración ecológica que determina la parte del presupuesto dedicada a los objetivos verdes; c) la metodología de etiquetado ecológico que determina qué inversiones se clasifican como ecológicas y d) el cribado de daños significativos, que tiene por objeto garantizar que no se financien inversiones perjudiciales para el clima y la naturaleza a través de los fondos presupuestarios de la UE.
Decodificación del tamaño y ambición reales del próximo presupuesto de la UE
La cifra de titulares de casi 2 billones de euros está diseñada para señalar la ambición y la determinación ante múltiples crisis. Un aumento del tamaño del presupuesto de la UE es, sin duda, positivo. Sin embargo, una mirada más cercana y analítica revela un panorama mucho menos generoso.
Aunque la Comisión Europea (CE) anuncia su propuesta para el MFP de 2028-2034 como casi duplicación del presupuesto a largo plazo de la UE en comparación con el período 2021-2027, se trata de una afirmación engañosa. Al comparar la deflactor del PIB de Eurostat y la eliminación de los fondos dedicados a los reembolsos del paquete de recuperación de NextGenerationEU (NGEU, aproximadamente 120 mil millones de euros), la cifra propuesta se reduce considerablemente a 1,32 billones de euros (precios de 2018), lo que representa un aumento real del 23% en comparación con el MFP de 2021-2027, con recursos adicionales que ascienden a unos 250 000 millones de euros. Sin embargo, la comparación más reveladora no es con el MFP básico de 2021-2027, sino con el poder de fuego financiero total que la UE ha tenido a su disposición durante el período 2021-2027, incluyendo NGEU.
Cuando los 750 mil millones de euros (a precios de 2018) se añaden al MFP actual, el total de 2021-2027 alcanza los 1,82 billones de euros. Con esto, el propuesto 1,32 billones de euros para 2028-2034 representa una disminución significativa de alrededor de 500 000 millones de euros en la financiación disponible. Como parte de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE, la Unión está pasando de gastar alrededor del 1,8% a sólo el 1,5% después de restar los reembolsos de la GNV. Este es el verdadero déficit a la que se enfrentan los responsables de las políticas. Un acantilado inminente en la financiación después de la eliminación progresiva de los Next Generation EU.
Ambiciones de transición verde
En cuanto a la integración del clima y la naturaleza, la CE anunció que se destinan 700 000 millones de euros (nominales) a la transición verde, respaldada por un objetivo de integración ecológica elevada del 35% en todo el presupuesto, frente al 30% del actual MFP. Una vez más, el diablo está en los detalles. Cuando se ajusta para tener en cuenta la inflación y se compara con la financiación verde en la combinación 2021-2027 MFF más NGEU, hay un déficit de fondos asignados para la transición verde de unos 100 000 millones de euros.
La brecha entre el discurso y la realidad se manifiesta al evaluar el desglose de los gastos previstos en los respectivos fondos de la UE. Por ejemplo, el propuesto Fondo Europeo de Competitividad, destina sólo el 15% (58.600 millones de euros en precios de 2025) del total de los fondos asignados para la transición y la descarbonaización industrial.
El riesgo de greenwashing
Más allá de las cifras brutas, la integridad del enfoque de gasto climático propuesto es problemática debido a la metodología utilizada para rastrear las inversiones ecológicas. De hecho, la propuesta de la Comisión Europea se basa en una metodología de «los Verdes de Río»Adjusted Rio Markers» para determinar la contribución de las inversiones a la transición verde, a pesar de las duras críticas tanto del Parlamento Europeo como del Tribunal de Cuentas Europeo.
En primer lugar, el objetivo del 35% de la Comisión es un único objetivo amplio para todos los objetivos medioambientales, que es crucialmente un objetivo distinto y jurídicamente vinculante para cada objetivo. Esto permite una contabilidad vaga en la que un solo proyecto puede contarse para múltiples objetivos sin ofrecer beneficios tangibles para ninguno.
En segundo lugar y más alarmantemente, la propuesta incluye un catálogo de inversiones que podrían clasificarse como «clima-friendly» bajo criterios dudosos, creando un alto riesgo de greenwashing. Indicativamente, de acuerdo con el Reglamento propuesto que establece un marco de rendimiento horizontal para el presupuesto de la UE, las inversiones en la extracción y transformación de materias primas críticas contarían como contribuciones positivas a la mitigación del clima, al tiempo que se ampliaría la capacidad aeroportuaria o la construcción de nuevas pistas y la construcción de nuevas infraestructuras de estacionamiento en las carreteras como inversiones que contribuyan a la adaptación al clima.
Este enfoque socava el objetivo en sí. Si (entre otros ejemplos) la construcción de nuevas pistas y aparcamientos se puede contar como inversiones verdes, el objetivo mínimo de gasto verde del 35% se convierte en un ejercicio estadístico, no en una medida genuina de la contribución del presupuesto de la UE a una transición verde transformadora. En resumen, la metodología de etiquetado del clima y del medio ambiente está diseñada para alcanzar un objetivo numérico en lugar de garantizar que cada euro gastado descarboniza activamente la economía europea o contribuya a la protección de la biodiversidad, la reducción de la contaminación y los objetivos de economía circular.
Del mismo modo, aunque es indudablemente positivo que la CE se proponga racionalizar el principio de «No hacer ningún daño significativo» (DNSH, Do No Significant Harm) en todo el presupuesto de la UE (que no fue el caso en el MFP de 2021-2027), incluido el establecimiento de una lista de exclusión para actividades nocivas en una futura orientación de DNSH, el texto legal propuesto allana el camino para exenciones relativas a las inversiones en defensa y seguridad, así como a las inversiones de interés público superior. Las lagunas en la regulación propuesta podrían allanar el camino para la elegibilidad de inversiones perjudiciales para el clima y la naturaleza, como los subsidios a la inversión para la infraestructura de gas fósil.
Eliminación de instrumentos cruciales
Dos de las regresiones más significativas de la propuesta son la abolición silenciosa del Fondo de Transición Justa (JTF) y del programa LIFE. Por lo que se refiere al primero, si bien el reglamento pertinente hace una referencia pasajera a las zonas de transición, la responsabilidad recae enteramente en los Estados miembros para priorizar voluntariamente dichos gastos en sus planes nacionales. Sin financiación específica o fuertes incentivos, existe un grave riesgo de que la justicia social y las dimensiones de equidad regional de Green Deal se marginen, produciendo descontento y obstaculizando la transición.
El segundo se fusiona dentro del componente general de transición y descarbonización de la industria del Fondo Europeo de Competitividad sin, sin embargo, destinar fondos para objetivos específicos de LIFE, especialmente en lo relativo a la financiación de la biodiversidad, así como a la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y programas en materia de medio ambiente y clima.
Las limitaciones de las propuestas de la CE para el próximo MFP significan que, desde la perspectiva climática y medioambiental, se necesitan modificaciones significativas durante todo el proceso de negociación. Es de suma importancia aumentar el objetivo de integración ecológica, al tiempo que se garantiza la financiación de los respectivos objetivos medioambientales, la mejora del enfoque de etiquetado climático, la garantía de que la orientación de DNSH excluye plenamente las inversiones perjudiciales y la salvaguardia de las finanzas que actualmente corresponden al JTF y LIFE.
