El pensamiento a largo plazo suele estar ausente en los ciclos electorales y los procesos políticos diseñados para responder a las preocupaciones a corto plazo. Para cambiar esto, algunos estados están dotando a las generaciones futuras de representación formal y derechos legales. ¿Pueden los compromisos con los ciudadanos del futuro mejorar el bienestar y la representación en el presente?
Las grandes crisis a las que nos hemos enfrentado en los últimos años —la pandemia de COVID-19, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático— comparten un aspecto común: la falta de preparación por parte de los responsables políticos socavó gravemente la eficacia de la respuesta. Muchos extrajeron la misma lección de estas experiencias divergentes: los gobiernos deben reforzar su capacidad para comprender los riesgos, anticipar los retos que se avecinan y adoptar medidas en el presente que eviten o reduzcan el impacto de las crisis futuras.
Aunque no podemos predecir el futuro, nunca hemos tenido tantos datos y conocimientos para abordar los problemas a los que nos enfrentamos. Responder a las emergencias a medida que surgen, en lugar de dedicar más recursos y atención a identificar las señales de alerta y desarrollar escenarios futuros prospectivos, es, por lo tanto, una decisión política. El primer enfoque es el que prevalece con mayor frecuencia en la actualidad. La respuesta de los legisladores de la UE a las recientes protestas de los agricultores que tuvieron lugar en toda Europa fue dar marcha atrás en los compromisos medioambientales en un intento por calmar rápidamente la agitación.
¿Por qué resulta tan difícil salir de este modo de crisis? El diagnóstico es ya bien conocido: nuestra política adolece de una falta de pensamiento conjunto; es lineal y, a menudo, fragmentaria. Los responsables políticos carecen de incentivos para pensar más allá de los ciclos electorales a corto plazo, dada la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas que se extiendan más allá de unos pocos años. Esto ha llevado a una creciente toma de conciencia de la necesidad de mecanismos que obliguen legalmente a los responsables políticos a tener en cuenta los intereses de los ciudadanos del futuro.
Ya se está produciendo un cambio en esta dirección. La consideración por las generaciones futuras está implícita en conceptos como el desarrollo sostenible y el principio de precaución, que ahora están bien establecidos en la formulación de políticas. Las iniciativas para consagrar derechos y protecciones formales para las generaciones futuras, que ya no son solo materia de ciencia ficción o declaraciones simbólicas de organismos internacionales como la ONU, están creciendo en Europa y más allá.
¿Qué hay detrás de este cambio?
Los investigadores jurídicos Renan Araújo y Leonie Koessler han estudiado el aumento de las disposiciones constitucionales relativas a las generaciones futuras en las últimas décadas. Mientras que hasta la década de 1960 menos de diez constituciones nacionales hacían referencia explícita a las generaciones futuras, en 2021 el 41 % (81 de 196) lo hacía. Explican que, aunque estas disposiciones han estado presentes en las constituciones escritas desde 1789, en el pasado se hacía referencia a las generaciones futuras principalmente en términos simbólicos o mediante disposiciones abstractas. Durante el último medio siglo, se ha producido un notable cambio hacia la asignación de derechos y deberes constitucionales a las generaciones futuras en diferentes contextos, como el medio ambiente y la economía. Identifican esta tendencia como parte de un «giro lingüístico y sustantivo» más amplio, por el que el lenguaje constitucional se ha ido asemejando cada vez más al de los tratados internacionales de derechos humanos.
Los países que han introducido protecciones constitucionales para las generaciones futuras se encuentran repartidos por todo el mundo. En Europa, el panorama es variado: Francia, Alemania y Portugal se encuentran entre los países que han dado este paso, mientras que otros países no han incluido estas protecciones en sus cartas fundamentales («constituciones con C mayúscula»), sino en sus «constituciones con c minúscula», es decir, el conjunto más amplio de normas constitucionales que se deriva de fuentes como decisiones judiciales, tratados, convenciones, etc. El caso Urgenda en los Países Bajos, en el que un grupo de ciudadanos presentó y ganó un caso histórico contra el Gobierno en relación con su obligación legal de prevenir el cambio climático, es un ejemplo clave. Este caso, y muchos otros similares, surgieron de campañas lideradas por ciudadanos para presionar a los responsables políticos a que cumplieran sus compromisos climáticos.
Los responsables políticos carecen de incentivos para pensar más allá de los ciclos electorales de corto plazo.
La creciente conciencia ecológica entre el público en general y las campañas de la sociedad civil y los movimientos juveniles han sido fundamentales para impulsar un pensamiento más a largo plazo en la política. Sin embargo, este impulso también se deriva de preocupaciones en áreas como la tecnología, la demografía, la salud y la economía. Como resultado, ha habido una proliferación de estructuras (organismos académicos, institutos de investigación, etc.) dedicadas a comprender estos riesgos. Fue la pandemia, por ejemplo, la que impulsó el proyecto de ley sobre el bienestar de las generaciones futuras, presentado en el Parlamento británico por el diputado conservador Simon Fell. 1 El proyecto de ley pretendía imponer un gasto preventivo en una serie de ámbitos y se basaba principalmente en argumentos económicos. Por su parte, el filósofo William MacAskill ha destacado los riesgos a los que nos enfrentamos en relación con el desarrollo tecnológico, incluida la pérdida de control, ya sea a favor de un pequeño número de poderosas empresas o de la propia tecnología.
Más allá de lo humano
Las ideas de moralidad y justicia también son la base del pensamiento político a largo plazo. El largoplacismo fuerte sostiene que las vidas de las generaciones futuras son intrínsecamente tan valiosas como las de las personas que viven hoy en día. Sigue la misma lógica que sustenta nuestro contrato social y respalda las ideas de los derechos humanos universales: que las vidas de los desconocidos son tan valiosas como las de nuestras propias familias y comunidades inmediatas. MacAskill sostiene que ampliar el derecho al voto para representar a las generaciones futuras requiere un cambio cultural, al igual que cuando se concedió el voto a las mujeres2. Este cambio cultural parece estar en marcha, como lo demuestra la difusión de corrientes de pensamiento como el largoplacismo, el altruismo eficaz y el decrecimiento, y el auge de conceptos como la economía del bienestar y la justicia intergeneracional en el debate político.
El filósofo Roman Krznaric y otros han enmarcado la campaña por un mayor pensamiento a largo plazo como un movimiento global para “descolonizar el futuro”. 3 Argumenta que los países ricos tratan el futuro como un territorio colonial lejano donde pueden arrojar riesgos ecológicos y tecnológicos sin consideración por sus habitantes. Esta perspectiva considera que la protección del futuro de las generaciones venideras es indisociable de la protección del medio ambiente. Por esta razón, el movimiento para reconocer formalmente los derechos de las generaciones futuras a menudo se considera entrelazado con el movimiento para otorgar derechos legales a la naturaleza y a los seres no humanos.
Estos movimientos también han ganado terreno en los últimos años. Países como Austria, Brasil, Egipto, Alemania, India, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza han establecido disposiciones constitucionales que protegen directamente los intereses de los animales. La UE reconoce explícitamente la sensibilidad animal en varias partes de su legislación, en particular en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Los países ricos tratan el futuro como un territorio colonial lejano donde pueden arrojar riesgos ecológicos y tecnológicos.
En 2008, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer los derechos de la naturaleza en su constitución. En Nueva Zelanda y la India, los ríos obtuvieron personalidad jurídica en 2017. En todo el mundo, muchas de las luchas por otorgar derechos legales a las entidades naturales han sido lideradas por comunidades indígenas o estructuras regionales y locales. Estas campañas no buscan dotar a las entidades naturales de derechos por sí mismas, sino evitar el daño y la destrucción que suponen una amenaza existencial para la supervivencia y los medios de vida de las comunidades humanas.
Cómo dar representación y voz política a los animales, la naturaleza y los ciudadanos que aún no han nacido plantea importantes cuestiones para la democracia. Ir más allá del reconocimiento simbólico hacia acciones con consecuencias tangibles afectará, sin duda, a la población actual. ¿Se verán los gobiernos obligados a elegir entre maximizar el bienestar social en el presente y proteger el futuro, como algunos temen? O, lejos de ser un juego de suma cero, ¿pueden los compromisos con las generaciones futuras mejorar el bienestar de la población actual?
Analizar cómo las iniciativas para proteger a las generaciones futuras han afectado la formulación de políticas y han tenido consecuencias materiales proporciona una visión útil de cómo se desarrollan estos dilemas en diferentes contextos.
Hungría: de la vanguardia a la marginalidad
En Hungría, un inicio prometedor no se tradujo en un mecanismo capaz de exigir responsabilidades a los responsables políticos de manera significativa. En 2007, el Parlamento húngaro aprobó la creación de un Defensor del Pueblo para las Generaciones Futuras, elegido por el Parlamento, con el mandato de salvaguardar el derecho a un medio ambiente saludable. A Sándor Fülöp, quien ocupó el cargo entre 2008 y 2012, se le atribuyen varios logros, entre ellos evitar la privatización de los servicios públicos de agua de Hungria y detener los planes para la construcción de una central eléctrica alimentada con paja en la región de Tokaj, un valioso patrimonio natural.
Al establecer un vínculo directo entre el medio ambiente, los intereses de las generaciones futuras y los derechos constitucionales básicos, como el derecho a un medio ambiente saludable y a la salud física y mental, la Constitución de Hungría puede considerarse pionera en este ámbito. Sin embargo, en 2012, el cargo fue rebajado a Defensor Adjunto, y las reformas posteriores aplicadas por el Gobierno conservador de Viktor Orbán han provocado un grave debilitamiento del marco institucional que protege a las generaciones futuras
Gales: marcando la diferencia
En 2015, el gobierno autónomo de Gales aprobó la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras (Gales), que compromete al gobierno nacional y local, junto con las juntas locales de salud y otros organismos públicos específicos, a perseguir siete objetivos de bienestar. Estos objetivos se refieren a aspectos como la salud, la igualdad, la resiliencia, la cultura y la responsabilidad global. La ley fue acompañada del nombramiento de un Comisionado para las Generaciones Futuras, encargado de garantizar la rendición de cuentas y la supervisión.
En una intervención realizada en Bruselas a principios de 2024, Sophie Howe, que ocupó el cargo entre 2016 y 2023, explicó que la ley era el resultado de un proceso de diálogo nacional en Gales. Este proceso invitaba a los ciudadanos a «fijar objetivos con optimismo» y «crear conjuntamente una visión y soluciones». Añadió que era esencial ir más allá de principios vagos, establecer objetivos relacionados conparámetros tangibles, como la esperanza de vida, y tomar medidas significativas para alcanzarlos.
¿Pueden los compromisos con las generaciones futuras mejorar el bienestar de la población actual?
Más allá de ser un mero gesto simbólico, la ley ha tenido repercusiones concretas. En 2019, por ejemplo, el Gobierno galés decidió descartar los planes de construir una autopista en la zona de Newport. Al explicar los motivos de la decisión, el primer ministro afirmó que el impacto medioambiental de la propuesta la hacía incompatible con la ley.
En otras partes de Europa
El caso Urgenda en los Países Bajos no es el único caso en el que se ha exigido a un Estado que cumpla sus compromisos con las generaciones futuras. El artículo 20a de la Constitución alemana obliga al Estado a proteger los «fundamentos naturales de la vida» como parte de su «responsabilidad hacia las generaciones futuras». El artículo tuvo poco impacto hasta 2021, cuando una sentencia histórica dictaminó que partes de la Ley Federal sobre el Cambio Climático eran incompatibles con los derechos fundamentales por no establecer disposiciones suficientes para la reducción de emisiones más allá de 2030, violando así las libertades constitucionales de las generaciones futuras. Con su fallo, el Tribunal Constitucional amplió efectivamente el derecho a la vida y a la salud a las generaciones futuras, sentando un importante precedente.
Otros ejemplos destacados en Europa son el Comité para el Futuro de Finlandia, creado en 1993 como órgano parlamentario para investigar los efectos sociales del desarrollo tecnológico. En Portugal, los representantes de la sociedad civil colaboraron con los responsables políticos para establecer un «Marco para la equidad intergeneracional», una herramienta práctica para evaluar las políticas públicas. En 2023, una iniciativa ciudadana llevó al Parlamento de las Islas Baleares (España) a aprobar una ley sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Las oportunidades perdidas de la UE
Actualmente, la UE no cuenta con disposiciones explícitas en sus tratados que la obliguen a proteger los intereses de las generaciones futuras. Y aunque ha desarrollado estrategias a largo plazo, como el Pacto Verde Europeo, estas no van más allá de 2050. El abogado y fundador de The Good Lobby, Alberto Alemanno, sostiene que la posición de la UE le confiere una responsabilidad especial en este sentido y que el proyecto europeo, por la naturaleza de su creación, es fundamentalmente una respuesta a largo plazo para evitar que se repitan los conflictos. Además, argumenta Alemanno, la UE se encuentra en una situación única para adoptar una visión a largo plazo de las cuestiones políticas, algo que los parlamentos nacionales no pueden hacer, y por lo tanto podría desempeñar un papel importante para fomentar un pensamiento más a largo plazo
The Good Lobby es una de las numerosas organizaciones de la sociedad civil europea que se unieron para lanzar la Iniciativa Generaciones Futuras en febrero de 2024. La iniciativa identifica una serie de elementos fundamentales existentes en la legislación primaria de la UE que podrían servir de base para protecciones más formalizadas para las generaciones futuras. Por ejemplo, el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) introduce el concepto de solidaridad entre generaciones, complementado con la prohibición de la discriminación por motivos de edad.
En los últimos años, los líderes de la UE han hecho hincapié en la necesidad de reforzar su «cultura de preparación y elaboración de políticas anticipatorias basadas en datos empíricos». Con este fin, Maroš Šefčovič fue nombrado en 2019 primer comisario de la UE responsable de «previsión estratégica». Desde 2021, Šefčovič también ha supervisado la puesta en marcha de la Red de Prospectiva de la UE y ha convocado reuniones de «ministros para el futuro». Aunque prometedoras, estas iniciativas han sido criticadas por su lenguaje y enfoque tecnocráticos y por no hacer suficientemente explícitas y vinculantes las obligaciones de la UE para con las generaciones futuras.
Ampliar nuestra comprensión de la comunidad política, tanto en el espacio como en el tiempo, sigue siendo un proceso continuo.
Las organizaciones de la sociedad civil han presentado propuestas para abordar estas deficiencias. El Instituto ZOE para Economías Adaptadas al Futuro solicita la creación de un Comisario o Vicepresidente Ejecutivo para las Generaciones Futuras, con el mandato de «incorporar el pensamiento intergeneracional de forma transversal en todas las áreas políticas». 4 La Iniciativa para las Generaciones Futuras se hace eco de esta idea y también solicita una «Declaración interinstitucional firmada por las tres instituciones europeas que identifique específicamente los derechos de las Generaciones Futuras»
Alberto Alemanno formula recomendaciones adicionales, entre ellas la creación de un Defensor del Pueblo Europeo para las generaciones futuras, la ampliación de la dimensión temporal de las evaluaciones de impacto de la UE para tener en cuenta a las generaciones futuras y la creación de un intergrupo del Parlamento Europeo sobre las generaciones futuras. Por su parte, Sophie Howe ha sugerido el desarrollo de capacidades y el apoyo a la formación de funcionarios y líderes para que tomen decisiones intergeneracionalmente justas, así como el inicio de un ambicioso diálogo centrado en el futuro.
Renovación democrática
Ampliar nuestra comprensión de la comunidad política —tanto en el espacio como en el tiempo— y configurar modos justos de representación sigue siendo un proceso en curso. Si bien esto plantea dilemas democráticos, también brinda oportunidades para reflexionar sobre cómo se pueden fortalecer y transformar nuestros procesos e instituciones políticas. Pensadores como Dominique Bourg y Pierre Rosanvallon han vinculado los esfuerzos por representar a las generaciones futuras con una renovación democrática más profunda, presentando propuestas para revitalizar la toma de decisiones y adoptar una perspectiva a más largo plazo.
En este proceso de reflexión, podemos inspirarnos en ejemplos de todo el mundo. De hecho, lejos de ser un fenómeno novedoso u occidental, el concepto de proteger el futuro de los que aún no han nacido ha estado presente desde hace mucho tiempo en diversas formas en todo el mundo y ha influido en los procesos de gobernanza y toma de decisiones a diferentes niveles. Por ejemplo, un principio fundamental que inspira la toma de decisiones de las naciones de los Haudenosaunee es el Principio de la Séptima Generación, según el cual las decisiones que tomamos hoy deben dar lugar a un mundo sostenible para las siete generaciones futuras de ciudadanos europeos. Otro ejemplo es el movimiento Future Design en Japón, un modelo de toma de decisiones participativa para superar el pensamiento a corto plazo, basado en la cultura tradicional.
Para Sophie Howe, los gobiernos deben involucrar a los ciudadanos en este proceso de establecimiento de una visión a largo plazo. Esta proyección colectiva hacia el futuro, argumenta, también puede ayudar a reconectar a los ciudadanos con sus valores, prioridades y esperanzas, animándoles a pensar no solo en cómo se pueden garantizar las necesidades materiales inmediatas de las generaciones futuras, sino también en lo que puede significar para ellos una vida plena.
- El proyecto de ley no se convirtió en ley porque no pasó todas las etapas antes de que finalizara la sesión parlamentaria en abril de 2022 y, por lo tanto, no se llevó a cabo más. ↩︎
- William MacAskill (2022). Lo que le debemos al futuro: Una visión a un millón de años. Londres: One World Publications. ↩︎
- Roman Krznaric (2021). El Buen Ancestro: Cómo Pensar a Largo Plazo en un Mundo Corto. Londres: Penguin. ↩︎
- Dirth, E., Miller, C., Kormann da Silva, N., Danilaviciute, L., Kaufmann, R. (2023). “Un vicepresidente ejecutivo para las generaciones futuras”. Instituto ZOE para Economías Adaptadas al Futuro: Bruselas. ↩︎
