Gobernar para las generaciones futuras: la equidad intergeneracional como decisión cotidiana

Las decisiones de hoy sobre vivienda, clima, empleo, pensiones y gasto público determinan las oportunidades de mañana. Un nuevo informe de MERGE propone convertir la equidad intergeneracional en un principio práctico de gobierno, no en una declaración de intenciones.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Justicia Intergeneracional, una fecha que invita a mirar más allá del ciclo electoral y a preguntarnos qué futuro estamos dejando a quienes aún no pueden decidir sobre él. Las decisiones sobre presupuestos, vivienda, empleo, clima, sanidad o agricultura que se adoptan hoy determinan las oportunidades, los costes y los riesgos que heredarán las próximas generaciones.

Un nuevo informe de MERGE, Governing across generations, plantea que la equidad intergeneracional no debe quedar reducida a una declaración de intenciones, sino convertirse en un criterio ordinario de gobierno.

La equidad intergeneracional significa, en esencia, que las decisiones presentes satisfagan las necesidades actuales sin comprometer el bienestar de quienes vendrán después. En Europa, esa idea se enfrenta a presiones cada vez más visibles: el cambio climático, el envejecimiento demográfico, la desigualdad, la precariedad habitacional y la incertidumbre sobre las pensiones. Se trata de un problema de gobernanza: cómo repartimos recursos, riesgos y oportunidades a lo largo del tiempo.

Las cifras disponibles ayudan a entender por qué el asunto ha dejado de ser abstracto. En una encuesta realizada entre 2.000 personas de entre 18 y 35 años en seis países de la Unión Europea, solo el 17 por ciento esperaba que su futura pensión fuera suficiente, mientras que el 66 por ciento afirmaba que el coste de la vivienda influye en sus decisiones sobre tener hijos. Estos datos revelan una percepción extendida de que el presente consume recursos y opciones que deberían estar disponibles para el futuro, y que esa percepción puede erosionar la confianza en las instituciones.

El informe de MERGE, elaborado a partir de los debates mantenidos en el «EU Policy Lab» sobre equidad intergeneracional, organizados en abril de 2026 por el European Policy Centre con responsables públicos, investigadores, sociedad civil y expertos, sostiene que la equidad intergeneracional debe atravesar todas las políticas y todos los niveles de gobierno. No es un asunto reservado a las políticas de juventud ni a los ministerios de medio ambiente. Afecta a la manera en que se contrata, se invierte, se regula, se presupuesta y se evalúa el gasto público. La clave está en incorporar el largo plazo a las decisiones cotidianas, en lugar de tratarlo como una preocupación ocasional.

Para ello, el documento identifica seis prioridades. La primera es institucionalizar la equidad intergeneracional, haciendo que las evaluaciones de impacto generacional sean un requisito habitual en las grandes leyes, los presupuestos y las inversiones relevantes. La segunda consiste en asignar una responsabilidad política clara, con coordinación entre departamentos y escrutinio independiente. La tercera es construir un sistema de medición basado en indicadores, prospectiva y evidencia longitudinal, capaz de mostrar los efectos y las compensaciones entre generaciones.

Las tres restantes apuntan a un cambio de enfoque. Las políticas públicas deberían desplazarse de la reparación hacia la prevención, anticipando problemas sociales, económicos y ambientales antes de que se conviertan en costes difíciles de revertir. La participación de jóvenes, ciudadanía y sociedad civil debería formar parte de todo el ciclo de las políticas, no limitarse a consultas simbólicas. Y las administraciones europeas y nacionales necesitarían recursos, capacidades y flexibilidad para convertir objetivos de largo plazo en acciones concretas, especialmente en el ámbito regional y local, donde las decisiones adquieren forma en la vida diaria de las personas.

El informe ilustra este enfoque en tres ámbitos. En la contratación pública, propone mirar más allá del precio más bajo y valorar el valor social, económico y ambiental que una compra puede generar durante toda su vida útil. Una inversión pública no debería evaluarse únicamente por su coste inicial: también por los empleos, la salud, la resiliencia climática, la calidad de los servicios o los costes de mantenimiento que generará en el futuro.

En materia de pobreza intergeneracional, el mensaje es igualmente claro. Las desigualdades no se transmiten por azar: la falta de oportunidades en la infancia, la exclusión educativa, el desempleo, la vivienda inasequible o la mala salud pueden reproducirse de una generación a otra. Por eso, el informe defiende la prevención y los servicios integrados como alternativas más eficaces que intervenir tarde, cuando las consecuencias ya se han acumulado. Prevenir suele exigir una inversión inicial, pero puede evitar gastos futuros mucho mayores en prestaciones, emergencias, sanidad o exclusión social.

El tercer ámbito es la renovación generacional en la agricultura. El envejecimiento del sector, las dificultades para acceder a la tierra y a la financiación, y el debilitamiento de las comunidades rurales plantean una cuestión de equidad entre generaciones y de seguridad alimentaria. El informe propone actuar de forma coordinada sobre la sucesión de las explotaciones, el acceso a recursos y la vitalidad rural, en lugar de tratar estos problemas como cuestiones aisladas.

Esta perspectiva conecta con una idea central para la prosperidad sostenible: no basta con saber cuánto se gasta o cuánto crece la economía. Hay que preguntarse qué necesidades se atienden, quién se beneficia, quién asume los costes, qué daños se evitan y si los resultados pueden mantenerse en el tiempo. Una política puede parecer barata hoy y resultar muy cara mañana si traslada riesgos climáticos, sanitarios, fiscales o sociales a las generaciones futuras.

La prevención es, en este sentido, una inversión y no un gasto residual. La rehabilitación energética de viviendas, por ejemplo, puede reducir las emisiones, aliviar la pobreza energética, mejorar la salud respiratoria, crear empleo local y disminuir la presión sobre los servicios públicos. Del mismo modo, reforzar la adaptación climática, proteger la naturaleza o invertir en servicios sociales puede evitar daños y costes que, de otro modo, reaparecerían más tarde en forma de emergencias, reparaciones, prestaciones o pérdidas económicas.

El informe también insiste en que medir no es un fin en sí mismo. Los indicadores deben servir para mejorar las decisiones, comparar alternativas y corregir rumbo, no solo para acreditar que se ha gastado un presupuesto. Para que la equidad intergeneracional tenga consecuencias reales, las administraciones necesitan datos fiables, capacidad técnica, evaluación independiente y procesos de participación que permitan deliberar sobre las compensaciones entre presente y futuro.

La participación es especialmente relevante porque las decisiones de largo plazo implican juicios de valor, no solo cálculos técnicos. Qué nivel de riesgo climático aceptamos, cómo repartimos los costes de la transición, qué derechos y oportunidades consideramos innegociables o qué prioridades merecen más inversión son preguntas que no puede responder únicamente un indicador. Hacen falta espacios de deliberación que den voz a quienes vivirán las consecuencias de las decisiones adoptadas hoy.

El reto, en definitiva, es convertir la equidad intergeneracional en una forma habitual de gobernar. No exige predecir el futuro con absoluta certeza, pero sí exige evaluar las decisiones a la luz de distintos escenarios, identificar los riesgos acumulativos y preguntarse si una elección fortalece o debilita las condiciones de bienestar de quienes vendrán después. Si Europa quiere responder a las preocupaciones de sus jóvenes, deberá demostrar que el largo plazo no es una retórica ocasional, sino un principio operativo de sus presupuestos, sus leyes y sus inversiones.

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