Las alianzas público-comunitarias. El 3.0 de la provisión de servicios públicos

La crisis sanitaria ha puesto en el eje de debate la gestión de lo público y cómo atendemos y damos respuesta a las necesidades esenciales.

Genoveva López, Mercado social Madrid

Indagar sobre las fórmulas y alternativas existentes en esta materia es el objetivo del presente texto que bebe de una de las ponencias que tuvo lugar en las jornadas “Somos Ecosistema”, organizadas por REAS Aragón en la vigésimo quinta edición de este espacio donde poner en común experiencias y extender el alcance de alternativas económicas existentes. 

Las alianzas o colaboraciones público-privadas en la gestión de servicios públicos son una constante en los discursos de la arena política. Para unos, una medicina que ahorra costes al Estado, para otros una forma de privatizar lo público. Se definen como el acuerdo entre al menos un actor del sector público y al menos un actor del sector privado para la prestación de un servicio público. 

Karolina Grabowska

Los servicios públicos son aquellos servicios provistos por los Estados que deberían tener como objetivo el bienestar social. Suelen ser servicios esenciales y la mayoría de ellos se pagan a través de las transferencias de la ciudadanía (personas, empresas) al Estado a través de los impuestos. Desde una visión más amplia podríamos decir que los servicios públicos deberían tener como finalidad cuidar la vida humana y no humana – que no significa que la vida se cuide solo con los servicios públicos -. Esta visión engarza con la visión del ecofeminismo: los servicios públicos son una de las herramientas para garantizar aquellas condiciones que permitan una vida que merezca ser vivida. 

El debate sobre los servicios públicos se enmarca en el debate sobre la comprensión del Estado, sus funciones y con qué actores se juega la partida. El marco económico bajo el que analizamos las funciones del Estado establece a qué le damos más importancia, qué valoramos más y qué valoramos menos, también en lo económico. 

APRENDIZAJES DE PANDEMIA

Durante los meses de economía pandémica se han puesto sobre la mesa una serie de cuestiones muy interesantes sobre las que reflexionar y que tan bien describía Anna Pacheco en este mismo medio en su artículo Esenciales: qué son y para qué sirven. Durante los días de encierro se nos ha obligado a pensar como sociedad cuáles son las actividades esenciales y cuáles no, y ha quedado bastante patente que las actividades esenciales son, sobre todo, las que cuidan la vida, las que mayoritariamente se quedan en la esfera de lo reproductivo y no tanto en lo productivo, muchas de ellas más precarizadas y feminizadas que el resto de las actividades y que por supuesto, en caso de remunerar algo, remuneran trabajo y no capital: cuidado de mayores, limpieza, atención a la dependencia, hostelería a domicilio, supermercados… Hoy, después de aquellos días duros y de vuelta a la normalidad hemos vuelto al criterio de la rentabilidad. Estamos en el punto de partida sin cuestionarnos absolutamente nada. Lo productivo, y las retribuciones al capital, y no al trabajo, han vuelto a tomar el control de los indicadores económicos. El PIB y la prima de riesgo como elementos vertebradores de nuestra vida y no los trabajos y condiciones de vida de aquellas personas que la sostienen. 

Ni que decir tiene que esa visión economicista de la sociedad aplica a la batalla por el control y la gestión de los servicios públicos, lo cual ha quedado patente de manera lacerante durante el encierro covid. Las colaboraciones publico privadas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid han evidenciado la falta de escrúpulos de la clase política conservadora. Esperanza Aguirre fue siempre la punta de lanza del discurso privatizador con su “no le quepa a usted duda que la empresa privada es más eficaz”. La cuenta de twitter personal de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un escaparate de marcas . Existen evidencias contra de la supuesta eficiencia de lo privado gestionando lo público. El propio Tribunal de Cuentas, ese órgano tan poco revolucionario, en un informe escrito en 2013 afirmaba que la gestión pública de servicios como agua, limpieza o basura resulta más barato que la gestión privada. 

La pandemia ha plasmado que necesitamos mecanismos de gestión comunitaria de los servicios públicos, también de auditoría de los mismos. Un claro ejemplo han sido las residencias de personas mayores. Necesitamos una tercera vía. Nos faltan mecanismos de control ciudadano, comunitario, para poder establecer servicios públicos que cuiden la vida de verdad, con menos burocracia y con más participación, donde exista una auditoría real de la comunidad a la que ese servicio público sirve. Los servicios públicos han de ser de gestión pública y de acceso universal, no cabe duda. Sin embargo lo público no es necesariamente de gestión estatal, puede ser comunitaria. Es en este punto donde las organizaciones de propiedad colectiva, pegadas al territorio y con criterios sociales y solidarios tienen un gran papel que jugar. La economía social y solidaria se convierte, de facto, en un actor que debería jugar un rol fundamental en la cogestión de lo público ya que estas organizaciones no buscan el lucro, sino que reinvierten los beneficios en su objeto social y no remuneran capital, sí trabajo, aplican criterios de cuidado del planeta y de las personas y actúan en lo local. Deberíamos salir del binomio público privado y empezar a hablar de un sistema público comunitario. Un sistema en red de cooperativas y asociaciones que junto con las administraciones públicas pudieran garantizar la provisión de servicios basados en las necesidades reales de la población, contando con su participación y dinamizado en los barrios.

OTRA GESTIÓN DE LO PÚBLICO ES POSIBLE

Como muestra un botón: A3Calles es una cooperativa creada por mujeres migrantes para ofrecer cuidados de calidad y condiciones laborales dignas para las trabajadoras. Los cuidados para ellas son un derecho humano individual y colectivo, que el Estado no llega a cubrir, según la entrevista que publicaron en Cuarto Poder. Ofrecen cuidados que van más allá de la Ley de Dependencia, que tan solo contempla a mayores, menores y personas con discapacidad, es decir, ofrecen lo necesario para unas condiciones de vida dignas para todas, incluidas las trabajadoras. 

El planteamiento de la dignificación del trabajo es fundamental a la hora de replantear las alianzas del Estado en la provisión de servicios públicos. Las condiciones laborales de las mujeres que trabajan para Clece, una de las mayores subcontratas de servicios de cuidados propiedad de Florentino Pérez, se han puesto sobre la mesa: menos de 1000 euros al mes y despidos abusivosde trabajadoras que denunciaban falta de medios. El salario de los médicos está en torno a los 21.000 euros anuales, casi un 20% menos que la media según el portal Indeed, un buscador que agrega publicaciones de empleo de miles de páginas web incluyendo empresas de reclutamiento y selección. Las mujeres que han montado la cooperativa de A3Calles son soberanas de sus decisiones, y su trabajo, desde luego, no sirve para engordar las carteras de capitalistas que absorben l­a plusvalía generada por sus horas de trabajo. También es interesante contar con un sistema distribuido de servicios públicos a nivel comunitario, ya que podría ofrecer posibilidades de un trabajo digno a muchas personas, la mayoría mujeres si hablamos del sector de cuidados. Las plazas públicas, ya sean de personal laboral o funcionariado quedan fuera del alcance de muchas personas por limitaciones administrativas o falta de dominio del idioma. 

¿Pero cómo garantizamos que una organización cumple los criterios de la economía social y solidaria? Dentro de REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, existe el Balance Social. Una certificación que supone un ejercicio de transparencia por parte de la organización. La entidad se evalúa en base una una serie de criterios, que coinciden con los principios fundamentales de la eoconomía social y solidaria: trabajo, equidad, cooperación, compromiso con el entorno, ausencia de ánimo de lucro y sostenibilidad medioambiental. Los resultados que obtienen son públicos y transparentes, lo que garantiza que si hay malas prácticas, la organización está expuesta al escrutinio público. 

Por supuesto existen retos a la hora de plantear la cogestión público comunitaria de servicios públicos. La escala es siempre un gran debate. ¿Es posible mantener la democracia interna con una empresa que supera determinada escala? ¿Es posible que haya organizaciones de economía social y solidaria en todos los sectores necesarios para la provisión de servicios públicos que cuiden la vida? Desde luego queda mucho por hacer, pero tenemos iniciativas que se han ganado un espacio meritorio en el cuidado de las personas. Reconocerlo es necesario y abrir los espacios, también. 

Se puede visionar el debate que da pie a este texto en este vídeo  intervención de Genoveva López a partir del minuto ’49):

https://www.elsaltodiario.com/mecambio/las-alianzas-publico-comunitarias.-el-3.0-de-la-provision-de-servicios-publicos

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