Greenpeace, Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción exigen ante el tribunal que el Ejecutivo se comprometa a recortar un 55% las emisiones en 2030
Greenpeace España – 15/09/2020
Hoy hemos dado un paso que consideramos muy importante en la lucha contra el cambio climático. De la mano de Oxfam Intermón y Ecologistas en Acción, en Greenpeace hemos iniciado el primer litigio climático de España dirigido contra el Gobierno por su inacción ante el cambio climático.
Por qué un litigio climático ahora
En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están en juego.
Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2, lo que requiere de decisiones políticas valientes, que introduzcan cambios ambiciosos de forma urgente. Estamos en un momento clave para evitar una crisis mucho más virulenta que la que el mundo está experimentando con la COVID-19.
España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero (GEI) por encima del límite establecido: aunque el reparto comunitario de esfuerzos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, permitió a España incrementar sus emisiones en un 15% respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012; en lugar de tener que reducirlas como la mayoría de Estados de la UE, España incrementó sus emisiones hasta en un 54% en 2007.
En Greenpeace somos conscientes de los esfuerzos del actual Gobierno de España por mejorar las nefastas políticas climáticas de las últimas décadas, y los valoramos positivamente. Sin embargo, consideramos también que sus políticas son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de los gobiernos anteriores. Por ello, nos vemos en la necesidad de pedir al poder judicial que obligue al Gobierno a aumentar su ambición climática, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional.
Qué es y qué motivos tiene este litigio climático
Los litigios climáticos son procedimientos judiciales que pueden dirigirse contra grandes corporaciones –por su actividad altamente contaminante– o contra los Gobiernos de los Estados, por su falta de acción ante el cambio climático. Los litigios que se dirigen contra los Gobiernos, como el que iniciamos, tienen como objetivo lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, así como la exigencia de responsabilidad por la falta de políticas de mitigación del cambio climático que puede constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
El Gobierno ha incumplido el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que establece que debían haber aprobado aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) con carácter definitivo el pasado mes de diciembre. Además, el borrador proyectado por el Gobierno no está en linea con el Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar 1,5 ºC. España debe asumir una reducción de las emisiones GEI de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990 y el cero neto de las emisiones en 2040.
En los borradores de previsión de reducción de las emisiones del Gobierno, se proyecta una reducción de emisiones anual de un 3% aproximadamente (variando ligeramente según el año) entre 2020-2030, muy lejos de las recomendaciones científicas mencionadas. Para el año 2030 se prevé únicamente una reducción del 23% respecto a 1990, y en la Estrategia a Largo Plazo se propone la descarbonización en 2050, cuando tanto por nuestra capacidad, como por nuestra responsabilidad como país industrializado, debemos alcanzarla antes de 2040.
Por ello, las tres organizaciones consideramos ineludible iniciar este litigio contra el Gobierno, la única instancia a la que acudir, por su actividad totalmente insuficiente en las últimas décadas para mitigar el cambio climático que pone en grave riesgo los derechos más esenciales de las generaciones presentes y futuras.
¿Cómo afectará el cambio climático en España?
Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, España está entre los países de Europa más afectados por el cambio climático. Con los compromisos actuales de reducción de emisiones, España no podrá evitar el impacto de los graves episodios de sequía, el aumento del número e intensidad de los incendios y una mayor subida del nivel del mar con sus consecuentes inundaciones costeras que están por llegar.
La temperatura en España se ha incrementado 1,7 ºC, lo que ha provocado, por ejemplo, la pérdida de más del 80% de los glaciares pirenaicos, que podrían desaparecer de forma irreversible en 2050. La subida anual del nivel del mar en la década de 1960 no llegaba a los dos milímetros, mientras en la actualidad está próxima a los cuatro. Se espera una subida de entre 10 y 68 centímetros para finales de este siglo, siendo las zonas más vulnerables los deltas y las playas, con grave riesgo de inundación y desaparición (los deltas del Ebro y del Llobregat, la Manga del Mar Menor, y la costa de Doñana, entre otros).
Cabe destacar también que siete de las 10 cuencas hidrográficas con mayor estrés hídrico (sequía crónica) de toda Europa se encuentran en España, y que entre el 75% y el 80% del país está en riesgo de convertirse en desierto a lo largo de este siglo.
Además, se añade la llegada reciente de algunas enfermedades tropicales a España a través de insectos como el mosquito tigre, ya instalado en toda la zona del Levante. Estos son transmisores de enfermedades como el virus del Nilo, la malaria, el paludismo, el dengue o el chikungunya, y el aumento de las temperaturas en España ha facilitado la reproducción de estos mosquitos en el país y su propagación por el territorio.
Desigualdad y cambio climático
Según Oxfam Internacional, la desigualdad extrema y la emergencia climática mantienen una estrecha relación, que sitúa en un lado a los países ricos y contaminantes y en el otro a aquellos que, sin apenas responsabilidad sobre la crisis ambiental; sufren una mayor vulnerabilidad ante los impactos del calentamiento global y cuentan con pocos o ningún medio para adaptarse al incremento de las temperaturas y a la degradación medioambiental. Esto es así a nivel global y a nivel nacional.
En España, la diferencia de ingresos se ve reflejada en la desigualdad de emisiones en función del mayor o menor consumo de unas familias u otras. Según los cálculos de Oxfam Intermón, las emisiones del 10% de los hogares más pobres suponen tan solo el 5,8% de las emisiones nacionales totales. Mientras, las producidas por los hogares más ricos multiplican en 2,3 veces las de los más pobres y superan en 6,5 puntos porcentuales la emisión media por hogar.
Al mismo tiempo, los hogares más pobres tienen más difícil llevar a cabo procesos de adaptación y mitigación para afrontar la emergencia climática. España ocupa el sexto lugar entre los más desiguales de la UE, y el 50% de las personas asalariadas en este país cobra menos de 19.830 euros al año.
Sin una apuesta pública de calado que ponga en marcha una transformación ecológica justa y progresiva, los hogares con niveles de renta más bajos no podrán acceder a tecnologías alternativas para reducir sus emisiones, mejorar la eficiencia energética de sus hogares, u optar por productos sostenibles o ecológicos.
Con la interposición de este recurso, da comienzo el primer litigio climático contra el Estado español, en el que nos emplearemos a fondo para demostrar los efectos devastadores que el cambio climático tendrá en nuestro territorio de no actuar a tiempo, así como para exigir la reducción de emisiones del 55% en el año 2030, y el cero neto en 2040, como alternativa única para evitar un cambio climático devastador. Señalaremos también la responsabilidad del Estado en la desprotección de los derechos fundamentales más esenciales de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente.
Sólo así España podrá afirmar con credibilidad que sus políticas están comprometidas en la batalla contra el cambio climático, que cumple con sus compromisos internacionales y que respeta los tratados internacionales de protección de derechos humanos.
Nos va la vida en ello.
