La Red de Economía Solidaria (XES), ha puesto en marcha una campaña para reclamar cambios institucionales y normativos que favorezcan la asequibilidad de la vivienda cooperativa.
El modelo cooperativo de vivienda ha sido objeto de críticas, principalmente, porque a menudo resulta inasequible para una parte importante de la población. En el marco de la Red de Economía Solidaria (XES), y a través de una campaña, el sector detalla cómo debe ser el fomento público del sector para acercarlo a todos. Este artículo forma parte de la serie de colaboraciones de opinión y análisis que la ‘Directa’ pone a disposición de varios espacios y colectivos sociales.
Las nuevas cooperativas de vivienda en cesión de uso en Cataluña han recibido muchos elogios, pero también duras críticas. La principal: que a menudo resultan inasequibles para una parte importante de la población más necesitada de vivienda digna. Esta no es una característica propia del modelo, sino del contexto económico y financiero en el que se encuentra Cataluña. Es por esta razón que el emergente sector ha puesto en marcha, en el marco de la Red de Economía Solidaria (XES), una campaña para reclamar cambios institucionales y normativos que favorezcan la asequibilidad de la vivienda cooperativa. Como ha sucedido en otros países como Uruguay, Quebec o Dinamarca, el fomento público del sector puede hacer de palanca para que el cooperativismo se convierta en una potente herramienta de acceso a la vivienda en clave comunitaria y desmercantilizada. Este tipo de concertación público-cooperativa vislumbra una vía alternativa a las alianzas público-privadas propias del urbanismo neoliberal.
La concertación público-cooperativa, de hecho, ya ha sido clave para sacar adelante muchos de los primeros proyectos piloto en el país. Aproximadamente la mitad de las cooperativas de vivienda en cesión de uso existentes se han constituido en suelo o edificios de propiedad municipal. Esto ha permitido rebajar costes significativamente, pero la mayoría de las aportaciones iniciales de las personas socias continúan oscilando entre los 20.000 y los 35.000 euros. Mediante estas aportaciones, las cooperativas acumulan el capital inicial necesario para poder acceder a financiación para obras de construcción o rehabilitación. Pero, evidentemente, una parte importante de la población no goza de ahorros suficientes para poder afrontar este requisito de entrada. Por ello se reclaman ayudas públicas, para poder rebajar esta aportación inicial de los socios, y se propone que se asimile la cesión de uso al alquiler en todas las ayudas públicas existentes, como son las del pago del alquiler.
Otra cuestión importante tiene que ver con las condiciones de financiación. La mayoría de bancos miran con recelo esta nueva forma de vivienda colectiva y piden contrapartidas perjudiciales para el modelo, entre ellas, la división horizontal de la propiedad cooperativa y / o avales personales. Esta condicionalidad para acceder a financiación no sólo desdibuja el carácter colectivo de los proyectos, sino que es un factor adicional de exclusión. Por ello, la campaña también reclama mejoras en las condiciones de financiación pública del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la creación de avales públicos para que las cooperativas puedan acceder a financiación privada sin tener que comprometer su modelo.
Algunas voces han argumentado que la cesión de suelo, patrimonio y dinero público a cooperativas de vivienda puede llegar a representar una forma de privatización o, cuando menos, una mera variante del partenariado público-privado. Jurídicamente, de hecho, las cooperativas son entidades privadas. Sin embargo, si se entiende que lo público puede extenderse más allá de la propiedad estatal, las posibilidades para nuevas formas de administración colectiva de la riqueza social se amplían. Al desarrollar una función social y mantener un carácter abierto y desmercantilizado, las cooperativas pueden convertirse en comunidades de custodia de recursos públicos. Una custodia que incluso puede resultar más robusta que la de las administraciones del estado, a menudo vulnerables a cambios políticos y a presiones empresariales. En este sentido, la sectorial de vivienda cooperativa en cesión de uso de la XES también está presionando en paralelo para modificar la ley de cooperativas con el objetivo de definir y acotar las características básicas del modelo. Se pretende así añadir un cortafuegos legal contra el nepotismo y el lucro que amenazan cualquier iniciativa social en un contexto desregulado.
Quizás la perspectiva más interesante que introduce la estrategia público-cooperativa propuesta es la de ganar terreno al mercado de vivienda privada. Plantea una combinación de esfuerzos para ir desmercantilizando territorio mediante la cooperativización de suelo y de edificios privados. Bajo el paraguas cooperativo y con apoyo público se pueden constituir comunidades de ingresos mixtos y nuevos vínculos comunes entorno la vivienda. Creando en el proceso horizontes compartidos deseables y una transversalidad popular diferente desde donde pugnar con el imaginario de la «sociedad de propietarios», que aún colea desde el franquismo. Un tipo de sociedad que ha incorporado de forma subalterna e hipotecada a la clase trabajadora y que la ha dividido entre los que han podido acceder a la propiedad y los que no. La brecha que representa el cooperativismo de vivienda en este panorama sólo puede profundizarse con un esfuerzo que vaya más allá de los mismos cooperativistas. Con la crisis del coronavirus y las consiguientes dificultades económicas que ya están empezando a sufrir algunas cooperativistas, que esta propuesta avance se hace aún más crucial.
* Lorenzo Vidal, Investigador de l’IGOP-UAB y socio de la cooperativa de vivienda Sotrac, miembro de la XES.
https://directa.cat/fem-assequible-lhabitatge-cooperatiu/
Traducción: Teresa Abril
