La transición energética la haremos o nos la harán. Tomemos pues la iniciativa
Neus Casajuana
Últimamente nos llegan noticias sobre varias solicitudes de instalaciones fotovoltaicas en zonas del Vallés Oriental: Les Franqueses, St. Antoni, Cardedeu, La Roca etc. y también noticias de que algunos ayuntamientos, como el de Cardedeu, han hecho informes negativos alegando razones ambientales, arqueológicas, culturales, etc. En general este tipo de instalaciones no son bienvenidas por los vecinos de los pueblos porque todo el mundo prefiere tener cerca de casa un campo verde que un sembrado de placas negras. A las instalaciones de energías renovables les pasa como al resto de infraestructuras; son necesarias, pero nadie las quiere cerca , a excepción de aquellos que salen ganando, que son dos: el inversor y el propietario de los terrenos.
El caso es que cada vez somos más los que estamos convencidos de la necesidad urgente de iniciar la transición hacia las renovables para poner freno al cambio climático. Los expertos ya hace tiempos que alertan que solo nos quedan diez años para hacer la transformación energética si queremos que la temperatura del planeta no supere los 2 °C fatídicos. Diez años son muy pocos para cambiar el modelo y esto significa que esta urgencia está afectando ya a todos los ámbitos, desde las administraciones a las que les llega la avalancha de peticiones sin tener a punto los medios humanos o los instrumentos de valoración y planificación que harían falta para tomar las decisiones bien informadas y a tiempo , hasta la carrera que se ha iniciado ya entre los inversores que ven en las renovables un sector suficientemente maduro cómo para asegurar unos rendimientos económicos y que saben, además, que la urgencia va a su favor a la hora de reducir los impedimentos legales.
Con este caldo de cultivo y previendo la invasión masiva de renovables en los próximos años, se están organizando ya por todas partes las voces contrarias a las nuevas instalaciones con una artillería de argumentos: la defensa ambiental, paisajística, cultural o de justicia. ¿ Por qué las regiones más despobladas que son las que menos energía necesitan, tienen que ser las que carguen con estas infraestructuras que destrozan el paisaje y que son un perjuicio para la mayoría de habitantes de la zona? ¿ Por qué no cargan con ellas las zonas más industrializadas que son las que consumirán toda la energía producida? Otros dicen que si se aprovecharan todos los tejados y los espacios ya degradados y próximos a las infraestructuras ya existentes, no habría que ocupar más espacios vírgenes. También afloran las críticas de fondo sobre nuestro modelo de consumo imposible en un mundo de recursos limitados.
Sí, todos estos argumentos son válidos y hay que tenerlos muy en cuenta; hay que aprovechar todos los tejados y todos los espacios que ya tienen encima infraestructuras antes que colonizar otros nuevos y por supuesto que tenemos que reducir nuestro gasto energético insostenible. Hace falta que las zonas urbanas e industriales se hagan cargo de los problemas que crea su demanda energética, pero todas estas actuaciones no impedirán la aparición de las nuevas infraestructuras, porque estamos tan y tan lejos del objetivo de emisiones cero que, nos guste o no, tendremos que aceptarlas si queremos ser coherentes.
Llegados en este punto, tendremos que asumir que en nombre de la justicia, todos los ciudadanos tendríamos que implicarnos en el cambio de modelo. Tan cierto es que los parques eólicos solo pueden instalarse donde hay viento, como que en todos los pueblos llega la luz del sol. Sería de justicia, por lo tanto, que todos los municipios tuvieran reservas de suelo para instalar renovables, del mismo modo que se prevén reservas de suelo para terrenos industriales o para los servicios. Habría que estudiar las fórmulas para conseguir el menor impacto negativo posible, pero también el mayor beneficio para todos. Las instalaciones de renovables tienen una característica que no tienen las otras, y es que la luz del sol es gratuita y llega a todo el mundo. Esto permite que las instalaciones puedan ser descentralizadas y por tanto, que las inversiones de capital puedan realizarse de forma muy repartida. Muchos ciudadanos podríamos convertirnos en pequeños inversores si nos ofrecieran la posibilidad de serlo. Ya hay experiencias de inversiones participativas que pueden hacernos de guía.
¿Por qué no pedimos en los ayuntamientos que en lugar de reaccionar para no ser arrollados por los acontecimientos, tomen posiciones proactivas ante la transición energética urgente que nos hace falta? Está bien que nos defiendan de posibles instalaciones desproporcionadas que malogran grandes extensiones de suelo que también necesitamos para nuestra alimentación o que nos degradan el paisaje, pero todavía mejor si nuestros ayuntamientos fueran proactivos ante el reto que supone el cambio de modelo: les proponemos que lideren este proceso de transición energética, que destinen una parte del suelo a este objetivo y que planifiquen las zonas óptimas por este tipo de instalaciones. Les proponemos que lideren y promuevan la inversión colectiva en vez de la posición pasiva y reactiva que ahora mismo predomina. El modelo descentralizado de generación y consumo energético es el que mejor se ajusta a las características de las energías renovables. Está en nuestras manos que esto sea una realidad. Este cambio de modelo no solo es teóricamente posible sino que las leyes que provienen de Europa nos lo facilitan. La organización de la generación y el consumo energético de forma colectiva está ya prevista legalmente en la figura de las “Comunidades Energéticas” en las cuales los ciudadanos pueden ser a la vez propietarios y consumidores de la energía que producen, abaratando así las facturas de la electricidad ya la vez aumentando la eficiencia y el ahorro energético. Esto es el que se conoce cómo procesos win/win: ganamos todos.
Como ya se dice en todas partes, la transición energética la haremos o nos la harán. Tomemos pues la iniciativa antes de que no sea demasiada tarde.
