Fachada y entrada al edificio del Tribunal Constitucional en Madrid. / EUROPA PRESS / EDUARDO PARRA
El Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el primer litigio climático de la historia de España. Se trata de una denuncia presentada por una coalición de oenegés como Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam en la que se demanda al Estado español por «inacción ante el cambio climático». Lo mismo que ocurrió en Suiza hace unos años, cuando la plataforma «abuelas por el clima» (KlimaSeniorinnen) logró que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara por primera vez a un estado por «no proteger a sus cuidadanos frente al cambio climático» y obligó al país a tomar «medidas más contundente» para reducir sus emisiones y desarrollar más planes de adaptación ante los extremos climáticos que acechan al territorio. Con la demanda presentada, las entidades españolas esperan seguir la misma estela y lograr una resolución que también «obligue a España a cumplir con sus compromisos climáticos«.
«Con la admisión a trámite de este caso, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar por primera vez sobre cómo el cambio climático afecta a los derechos fundamentales»
«Con la admisión a trámite de este caso, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar por primera vez sobre cómo el cambio climático afecta a los derechos fundamentales de las personas. Concretamente, al derecho a la vida, al derecho a la salud y al derecho a la libertad de las personas«, afirma Inés Díez, responsable del Área Jurídica de Greenpeace. Según esgrimen desde la entidad ecologistas, la admisión a trámite de esta demanda ya es de por sí una victoria simbólica ya que de media el Constitucional solo procesa un 0,76% de los casos que le llegan y desecha el 99% restante. El año pasado, por ejemplo, solo se admitieron a trámite 87 de los 11.415 recursos que le llegaron. Este año, entre las pocas decenas de casos que pasarán por la mesa del alto tribunal estará este litigio climático histórico.
El primer litigio climático de la historia de España llega ahora al Constitucional tras ser desestimado por el Supremo y pasar meses en un limbo judicial. El caso se presentó oficialmente a finales de 2020 de la mano de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón. En 2021, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo se unieron a la demanda. Tras años de trámites y espera, en julio de 2023, el Tribunal Supremo se pronunció en contra de la causa y, aunque en su escrito reconoció la gravedad de la crisis climática para la población, hizo caso omiso de las quejas y peticiones planteadas por los ecologistas. De ahí que, pese al revés judicial, las entidades decidieran elevar el caso al Constitucional.
«Más ambición»
La gran queja de las entidades ecologistas es que, tal como constatan innumerables informes científicos, países como España «no están haciendo lo suficiente» ni para hacer frente a la crisis climática ni para proteger a su población ante los efectos perjudiciales del calor extremo, los desastres naturales o la contaminación al alza. En este sentido, en la demanda presentada ante el Constitucional se denuncia que los recortes de emisiones planteados por el nuevo el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030 «no son suficientes» para contribuir a los objetivos climáticos globales y, sobre todo, «no están alineados con el Acuerdo de París» y, por lo tanto, no contribuye a evitar un calentamiento global extremo. El recién aprobado plan español prevé recortar un 32% las emisiones respecto a los niveles de 1990, frente a la reducción del 55% reclamada por científicos y ecologistas.
Los ecologistas afirman que los planes de recorte de emisiones de España son «insuficientes» y «no están alineados con el Acuerdo de París»
En el escrito presentado ante el Constitucional, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las entidades ecologistas argumentan que «el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas apropiadas para salvaguardar la vida de las personas bajo su jurisdicción». La demanda también cita el Acuerdo de París, en el que países como España se comprometían a «adoptar medidas para hacer frente al cambio climático» y, entre otros, a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un ritmo acorde a lo que dicta la evidencia científica. Algo que, según ratifican decenas de estudios científicos y de informes de Naciones Unidas, prácticamente ningún país ha cumplido hasta ahora.
