Resumen de las principales demandas de las organizaciones civiles a los ministros de finanzas de la UE
La Unión Europea (UE) se enfrenta a una nueva etapa marcada por retos estructurales que requieren una transformación profunda en su modelo de financiación. Para responder de manera eficaz a los desafíos sociales, ambientales y económicos del presente y del futuro, es fundamental establecer mecanismos de ingresos nuevos, justos y sostenibles, que permitan garantizar la autonomía financiera y el cumplimiento de sus compromisos estratégicos.
Uno de los principales retos es la insuficiencia de recursos para hacer frente a prioridades cada vez más amplias: desde la transición ecológica y justa, pasando por el fortalecimiento de la inclusión social y la cohesión territorial, hasta el impulso de la política industrial y la cooperación internacional. A ello se suma la necesidad de reembolsar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, elemento crucial en la respuesta de la UE frente a las múltiples crisis recientes.
Ante este panorama, se hace evidente que reestructurar los fondos existentes o recurrir a medidas de austeridad no es una solución viable ni políticamente aceptable. La UE ha asumido objetivos ambiciosos en materia climática, de biodiversidad, desarrollo sostenible y políticas sociales, que solo pueden cumplirse mediante una inversión pública sólida y sostenida. Además, cualquier intento de trasladar la carga fiscal a las clases trabajadora y media, que ya enfrentan grandes dificultades, encontraría una fuerte resistencia social.
Actualmente, persiste una preocupante tendencia a desviar fondos de programas sociales, ambientales y de desarrollo para cubrir incrementos en el gasto militar o cumplir con metas fiscales arbitrarias, como los ratios deuda/PIB. Esta dinámica no solo compromete el alcance de los objetivos sociales y climáticos, sino que también alimenta la desafección ciudadana hacia las instituciones europeas.
En este contexto, es necesario repensar la arquitectura fiscal de la UE y adoptar nuevas formas de recaudación más progresivas y alineadas con los principios de equidad y sostenibilidad. Algunas de las propuestas con mayor respaldo social y técnico incluyen:
- Un impuesto sobre la riqueza extrema, que aplicaría una tasa progresiva de hasta el 5 % sobre los patrimonios de multimillonarios y billonarios europeos. Esta medida podría generar hasta 286.500 millones de euros anuales.
- Una contribución sobre los beneficios extraordinarios de los combustibles fósiles, basada en el principio de “quien contamina, paga”. Solo en los últimos dos años, esta clase de contribuciones ha recaudado más de 26.000 millones de euros en la UE, mientras que a nivel mundial podrían alcanzar los 400.000 millones de dólares.
- Un impuesto a los viajeros frecuentes en el sector de la aviación, con un potencial estimado de 63.600 millones de euros anuales.
- Un impuesto sobre las transacciones financieras, que podría aportar entre 17.000 y 43.000 millones de euros anuales al presupuesto europeo.
Estas herramientas fiscales no solo permitirían incrementar significativamente los ingresos de la UE, sino que también contribuirían a reducir la desigualdad económica y el impacto ambiental, fortaleciendo la confianza pública en el proyecto europeo. Asimismo, estos mecanismos tienen la capacidad de corregir la actual carga fiscal desproporcionada que recae sobre las clases medias y trabajadoras, en contraste con la baja tributación de las grandes fortunas y las industrias más contaminantes.
Desde una perspectiva técnica y jurídica, estas propuestas son coherentes con los tratados de la Unión y con los principios fundamentales de la integración europea. Incluso si algunas de ellas se aplican inicialmente a nivel nacional, la coordinación a escala europea permitiría minimizar la elusión fiscal y limitar la competencia desleal, reforzando la coherencia fiscal dentro del mercado único.
Además, los recursos generados podrían destinarse tanto al reembolso de la deuda vinculada al programa Next Generation EU, como al próximo presupuesto plurianual de la UE, incluyendo el apoyo a los países socios en el ámbito internacional.
En definitiva, el debate sobre la financiación de la UE no es solo una cuestión técnica o fiscal, sino también una cuestión de justicia social, sostenibilidad ambiental y cohesión política. Apostar por un sistema de ingresos basado en la progresividad, la equidad y la responsabilidad compartida es indispensable para garantizar el éxito de la transición verde, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la estabilidad futura del proyecto europeo.
La inacción, en cambio, supondría un alto coste económico, social y climático, que recaería desproporcionadamente sobre los jóvenes y las generaciones futuras.
publicación original https://eeb.org/wp-content/uploads/2025/07/Own-Resources-CSOs-Letter-June-25-1.pdf
