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21.08.2025
Índice

Propuestas para la defensa de los derechos de las generaciones futuras en España

 
 
Autor: Neus Casajuana

Parte 1: Introducción

Existe una percepción generalizada entre los jóvenes de que el futuro que les espera va a ser peor que el futuro que les esperaba a sus padres. La esperanza de progresar que ha acompañado a las generaciones de la posguerra, ha desaparecido y existen motivos que lo explican: la falta de vivienda asequible, la dificultad para emprender una vida autónoma por razones económicas o de seguridad en el empleo, la desigualdad que se hereda injustamente de padres a hijos, la apreciación de que la cobertura de servicios del estado de bienestar va a empeorar en el futuro debido al envejecimiento de la población que tensionará la capacidad de los servicios sanitarios o a la disminución de la ratio entre trabajadores y jubilados que comprometerá la sostenibilidad el sistema de pensiones.

En este complejo entramado, son los retos medioambientales y climáticos los que van a estresar más las condiciones de vida de todas las personas, especialmente las más jóvenes. La sequía, la desertificación del suelo, la desaparición de especies, el calor extremo y los fenómenos meteorológicos destructivos están ya generando impactos negativos  en el bienestar, la salud y la economía de toda la sociedad del futuro durante muchísimas décadas.

Las consecuencias de este sistema económico que ya se ha demostrado ambientalmente insostenible van a ser, o son ya, inmensas y nos van a afectar a todos sin posibilidad de escapatoria. 

Pero la crisis actual tiene otra arista importante, ya que todo este contexto ha favorecido a que aparezcan también una serie de retos democráticos. En España el 80% de los menores de 30 años siente que los políticos no les escuchan, según un estudio reciente. Estos datos sitúan a España como el segundo país de los analizados con peores datos, después de Sudáfrica. Según otro estudio el 74% de los alumnos españoles de 14 años afirma que los representantes políticos no se preocupan lo suficiente por las necesidades de sus votantes y un 83% cree que tenían demasiado poder. Lo más preocupante es que un 33% del alumnado no cree que la democracia sea la mejor forma de gobierno. Esta falta de confianza en la democracia puede derivar a estos jóvenes a optar por opciones autoritarias. 

Revertir está situación requiere actuar en múltiples dimensiones. En este documento proponemos una serie de actuaciones que a nuestro criterio son necesarias y urgentes para dar solución a los problemas señalados y ofrecer a la población y especialmente a la juventud un camino de esperanza.

Parte 2: Argumentando la necesidad de tener a una norma de defienda el bienestar de las generaciones futuras

1. Exposición de motivos

Las decisiones que se adopten hoy determinarán la calidad de vida de los ciudadanos  durante décadas. Si bien muchas problemáticas requieren respuestas inmediatas, las instituciones también deben considerar sistemáticamente el  largo plazo en la formulación de políticas y la forma en que las decisiones actuales  afectarán el futuro de los ciudadanos.


Ante una crisis sistémica multidimensional sin precedentes, hay que enderezar la situación, lo que implica resituar los valores y las prioridades que ordenan nuestra relación  con el entorno natural con perspectiva y responsabilidad intergeneracional.


El bienestar de las generaciones presentes y futuras sólo será posible si garantizamos que los organismos públicos y cualquier actor privado tengan en cuenta, en términos de bienestar ambiental, social, económico y cultural, las externalidades negativas  de todas sus actuaciones y planificaciones,  y  su  impacto sobre las generaciones futuras para garantizar su derecho a vivir en un contexto ecológico y territorial óptimo en una sociedad económica y socialmente justa.


Los organismos públicos tendrán que  planificar y actuar teniendo en cuenta los principios básicos de la democracia y el buen gobierno “el largo plazo”, “la prevención y la precaución (Do no Harm)”, “la integración”, la  “transparencia”, la “participación y  la implicación”, y “la colaboración ” : 


“El largo plazo” para evitar actuar sólo de forma reactiva sin ir a la raíz de los problemas. Las soluciones sostenibles requieren de planificación y actuaciones a largo plazo. Son soluciones que requieren actuar ahora para obtener resultados mañana, como el uso eficiente y proporcionado de los recursos, la conservación de la biodiversidad y la transformación hacia una sociedad descarbonizada.


“Prevenir y precaución” Evitar las consecuencias negativas derivadas de sus malas decisiones.

“Integrar” el conjunto de acciones desarrolladas por los distintos ministerios y actuar holísticamente para evitar contradicciones y contrapartidas entre unas políticas y otras y para impulsar las sinergias.


“Transparencia”  capacidad y voluntad de rendición de cuentas.  Garantizar la calidad y accesibilidad en los procedimientos de consulta pública. Regulación de los grupos de presión e interés.

 

“Participación” Mejorar el funcionamiento y la eficacia de la participación ciudadana en los órganos consultivos de la Administración,  para que tengan capacidad propositiva y una representación inclusiva y diversa.


“Implicar” a toda la sociedad en el compromiso de avanzar hacia una sociedad más justa, más sostenible y más solidaria con las generaciones futuras”.

A nivel internacional la  declaración sobre las Generaciones Futuras de La Cumbre del Futuro de las NU  reconoce que nuestras decisiones, acciones e inacciones de hoy tienen un efecto multiplicador intergeneracional. Se reconoce  la responsabilidad de las generaciones actuales de dejar un futuro mejor a las generaciones venideras y de cumplir el mandato de satisfacer las demandas del presente guardando los intereses de las generaciones futuras y adopta una serie de compromisos que hacemos nuestros:

  • Emprender estrategias integrales y específicas para lograr el desarrollo sostenible, la resiliencia global y erradicar la pobreza, incluida la pobreza extrema, en todas sus formas y dimensiones, para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.

 

  • Garantizar la justicia climática priorizando acciones urgentes sobre el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la desertificación, la escasez de agua y otros desafíos ambientales para salvaguardar a las comunidades vulnerables y garantizar un medio ambiente seguro, saludable y sostenible.
  • Aprovechar la ciencia, los datos y la prospectiva estratégica para garantizar el pensamiento y la planificación a largo plazo, desarrollar e implementar prácticas sostenibles y las reformas institucionales necesarias para una toma de decisiones preparada para el futuro, al tiempo que se hace que la gobernanza sea más anticipatoria, adaptable y receptiva a los riesgos y desafíos futuros.
  • Transformar nuestros sistemas de contabilidad nacional y global promoviendo el uso de futuras evaluaciones de impacto, desarrollando análisis de riesgos anticipados más sólidos y elaborando un enfoque multidimensional para tener en cuenta índicadores más allá del PIB.
  • Invertir en capacidad para prepararse mejor y responder a futuras crisis globales evitando y mitigando riesgos mediante el uso de pronósticos y previsión, garantizando al mismo tiempo que los grupos y países más vulnerables no soporten costos y cargas desproporcionadas de mitigación, restauración y creación de resiliencia.
  • Adoptar un enfoque intersectorial que implique la coordinación de los ministerios y agencias gubernamentales, incluso a nivel de gobierno local, en el desarrollo, evaluación e implementación de políticas que salvaguarden los intereses de las generaciones futuras.

Desarrollar asociaciones con partes interesadas relevantes, incluida la sociedad civil, el mundo académico, la comunidad científica y tecnológica y el sector privado, así como asociaciones intergeneracionales, para compartir mejores prácticas y desarrollar ideas innovadoras, de largo plazo y con visión de futuro a fin de respetar , proteger y satisfacer las necesidades, intereses y derechos de las generaciones futuras.

2. Propuestas

 

Necesidad  de una norma

Contar con una norma que proteja a las generaciones futuras tiene por objeto principal promover la coherencia entre las políticas para caminar hacia un desarrollo sostenible, y así velar para que todas las actuaciones de las instituciones públicas de España garanticen el bienestar ecológico, económico y social, no solo de las generaciones presentes, sino también de las futuras. 

Esta norma debe integrar una serie de conceptos que consideramos ‘básicos’ para poder promover un desarrollo sostenible, que preste atención a las dimensiones ambiental, económica, social, cultural y política:

  1. “Desarrollo Sostenible”  significa la capacidad de  satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
  2.  “Solidaridad entre generaciones” significa  garantizar la equidad y el respeto por los derechos de las generaciones presentes salvaguardando la equidad y los derechos de las futuras. Asegurar que las decisiones y acciones actuales no comprometan el bienestar y los recursos de las generaciones venideras, promoviendo la sostenibilidad y la responsabilidad hacia el futuro.
  3.  “Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible”  significa la  necesidad de alinear las políticas y acciones de los diferentes sectores gubernamentales y actores relevantes para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de manera integrada y coherente. Esto implica coordinar las políticas económicas, sociales y ambientales para abordar los desafíos interconectados del desarrollo sostenible, asegurando que no haya contradicciones entre las diferentes iniciativas y que todas trabajen en conjunto hacia un objetivo común. La coherencia política es fundamental para garantizar un enfoque holístico y efectivo en la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible a nivel nacional e internacional. La Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible requiere una visión estratégica que incluye:
    1. Un compromiso político  en la manera de hacer política que necesariamente debe afectar a toda la función y la estructura del Gobierno.
    2. Un planteamiento a largo plazo que trasciende los cortos ciclos electorales.
    3. La integración política de las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible (social, económica y ambiental).
  4. “Límites planetarios” son aquellos parámetros físicos que nuestro sistema socioeconómico no deberá sobrepasar, cómo el presupuesto de carbono, la huella material y  la producción de radioisótopos artificiales. El desarrollo social y económico está inextricablemente vinculado a los procesos interrelacionados dentro del complejo sistema biofísico de la Tierra y cómo tal está sujeto a los  límites planetarios.
Principios

 

Al actuar conforme a los  principios del “Desarrollo Sostenible”, la “Solidaridad entre Generaciones” y la “Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible” , un organismo público debe tener en cuenta:

    1. Respetar y observar los principios fundamentales de los derechos humanos, que abarcan los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, y las libertades fundamentales para todos, y el derecho a ejercerlos y disfrutarlos, sin distinción ni discriminación de ningún tipo.
    2. Respetar el principio de dignidad de la vida: entendido como la prevalencia del derecho a una vida digna, que se fundamenta en la justicia ecosocial, la justicia climática y la justicia intergeneracional e intrageneracional, interterritorial, local y global.
    3. Garantizar los derechos de las generaciones futuras a prosperar y alcanzar un desarrollo sostenible, incluso abordando la transmisión intergeneracional de la pobreza,  la desigualdad y la injusticia.
    4. Restaurar y mantener un medio ambiente seguro, saludable y sostenible, abordando los problemas acuciantes del cambio climático, la degradación medioambiental, la pérdida de biodiversidad y la contaminación.
    5. Los principios de ecodependencia e interdependencia implican que se tiene que entender el territorio como una gran reserva de especies, hábitats y ecosistemas que cumplen una función esencial desde el punto de vista de sostenimiento vital y esencial de los sistemas económicos y sociales de las generaciones presentes y futuras.
    6. El principio del bien común: la vocación del territorio tiene que ser el sostenimiento de la vida, atendiendo a los potenciales y los límites que ello implica y siempre haciendo prevalecer el bien común por encima de los intereses económicos y de mercado que atenten o vayan en detrimento del objetivo irrenunciable de garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a una vivienda digna y el derecho a una renta, ahora y en el futuro.
    7. El principio de no regresión: entendido como una obligación impuesta a las instituciones públicas para no reducir los estándares de protección ambiental.
    8. Visión a largo plazo: considerar las implicaciones a largo plazo de las decisiones y medidas adoptadas hoy. La importancia de equilibrar las necesidades a corto plazo con la necesidad de salvaguardar la capacidad de satisfacer las necesidades a largo plazo, especialmente cuando las medidas adoptadas para satisfacer las necesidades a corto plazo pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo. 
    9. Integración – actuar para maximizar la contribución a todos los objetivos en todas las acciones: los objetivos son indivisibles y no pueden intercambiarse entre sí. La necesidad de adoptar un enfoque integrado, considerando que: 
      1. Los objetivos de bienestar de un  organismo público pueden impactar en los objetivos de bienestar de cualquier otro organismo público. 
      2. Los objetivos de bienestar del organismo impactan entre sí o sobre los objetivos de otros organismos públicos, en particular cuando las medidas adoptadas por un organismo para contribuir a alcanzar un objetivo  pueden ser perjudiciales para alcanzar otro. 
    10. Participación, transparencia y colaboración : implicar a todas las partes interesadas en la toma de decisiones y acciones que afecten a su futuro. Favorecer y promover  la involucración de actores diversos, tanto públicos como privados, en la consecución de los objetivos de bienestar, a efectos de asegurar una representación global de la sociedad. Colaboración: trabajar más allá de las fronteras institucionales y sectoriales para actuar de forma coherente y estratégica en pro del bienestar de las generaciones futuras. Actuar en colaboración con cualquier otras personas (o con diferentes partes del organismo) podría ayudar a este organismo a alcanzar sus objetivos de bienestar, o ayudar a otro organismo a alcanzar sus objetivos.
    11. Principio de precaución: pretende evitar daños graves o irreversibles de impacto ambiental, lo cual implica actuar con cautela en los casos en que no existe información suficiente sobre el impacto ambiental que puede suponer una actividad, disposición normativa o política concreta. Entre otras cosas, implica que la carencia de certeza científica o técnica no tiene que impedir tomar decisiones para prohibir o limitar actividades cuando se tienen sospechas fundamentadas de que aquellas pueden tener efectos graves o irreversibles para el medio ambiente o para la salud de las personas. 
    12. Principio de prevención: tratar de limitar o evitar problemas futuros en lugar de esperar a resolverlos más tarde.  Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño ambiental. Se refiere a aquellos daños que son conocidos con certeza y que hay que evitar, puesto que los daños al medio ambiente se convierten en irreversibles y, en caso de poder repararse, las secuelas son intensas y duraderas. 
    13. Despliegue de recursos y financiación adecuada, orientada a  la consecución de los objetivos de bienestar, a efectos de prevenir problemas en su implementación y evitar medidas que supongan un logro deficiente de  estos objetivos o supongan una deuda pública inasumible.

 

Parte 3: Un defensor del bienestar  de las generaciones futuras

1. Exposición de motivos

No existe ningún instrumento internacional vinculante que otorgue a las generaciones futuras derechos exigibles. Tampoco existen mecanismos legales que garanticen que las generaciones futuras puedan gozar de un planeta vivible.


El cortoplacismo en la toma de decisiones políticas es una consecuencia de los ciclos electorales que empujan a los gobiernos a presentar resultados cada cuatro años para obtener réditos electorales. Además, los gobiernos se sienten presionados a actuar para responder a las necesidades de las generaciones actuales, en detrimento de las generaciones futuras. Estos incentivos a actuar en el corto plazo han llevado a la humanidad a sobrepasar ya seis de los nueve límites planetarios y a la elección de unas políticas públicas que no garantizan un desarrollo sostenible respecto a los objetivos ecológicos, sociales ni económicos.


La creación de la figura de un defensor de las generaciones futuras, que actúe en su representación y que vele por sus derechos ayudará a que las acciones tomadas en el presente para satisfacer nuestras necesidades no perjudiquen la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos del futuro.


Al defensor de las generaciones futuras se le asigna la responsabilidad de representarlas, proteger su futuro bienestar y defender sus derechos futuros a través del escrutinio de políticas, reformas e inversiones.

2. Propuesta de creación de la institución del defensor del las generaciones futuras

Creación de la figura del Defensor de les Generaciones Futuras

Que actua en su representación y vela por sus derechos.

El Defensor de les Generacions Futures. Definición

El Defensor de les Generaciones Futuras es la institución independente que  ejerce la responsabilitat de representativitad y defensa del bienestar de les generaciones futuras.

El Defensor de las Generaciones Futuras tiene las siguientes responsabilidades:

  • Elaborar el informe anual de valoración sobre las evaluaciones ex ante y ex post de la actividad normativa y planificadora realizadas por la administración
  • Elaborar el informe anual sobre la valoración del grado de cumplimiento por parte de organismos responsables del progreso en el cumplimiento de la Agenda 2030.
  • Realizar investigaciones u otros estudios vinculados a la integración de la mirada del Desarrollo Sostenible y la Coherencia de Políticas en las diversas fases de diseño, implementación y evaluación de Políticas Públicas.
  • Brindar asesoramiento o asistencia a las administraciones. También hacer recomendaciones a los ministros.
  • Proporcionar asesoramiento al Tribunal de Cuentas de la Administración del Estado.

3. Detalle de los deberes y del funcionamiento  de la Institución del Defensor de las Generaciones Futuras

Deber general del  Defensor de las Generaciones Futuras

 

El deber general del Defensor del Bienestar de las Generaciones Futuras  es:

  1. Recibir las  demandas directas de ciudadanos preocupados por las implicaciones a largo plazo de las acciones e inacciones del gobierno.
  2. Promover los  principios de “Desarrollo Sostenible”, “Solidaridad entre generaciones” y Coherencia de Políticas.
  3. Actuar como guardián de la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades
  4. Alentar a los organismos públicos a tener más en cuenta el impacto a largo plazo de las sus actuaciones. Con ese fin: 
    1. Monitorea y evalúa en qué medida se están cumpliendo los objetivos y las metas de acuerdo con los compromisos adquiridos en  los planes de implementación de la Agenda 2030. 
    2. Contribuye a que los legisladores y las administraciones públicas respeten y avancen hacia los objetivos de bienestar intergeneracional.
Las funciones del Defensor de las Generaciones Futuras 

 

Las funciones del  Defensor del Bienestar de las Generaciones Futuras son:

  1. Emitir opinión sobre los informes de evaluación ex ante de impacto elaborados por las instituciones públicas en los procedimientos normativos y planificadores  en el plazo de audiencia. La valoración  podrá ser favorable o desfavorable. Cuando sea desfavorable,  detallará los elementos que se considera que pueden incidir negativamente en el bienestar de las generaciones futuras y argumentará el porqué.
  2. Emitir opinión sobre el  Informe de evaluación de impacto sobre el bienestar de las generaciones presentes y futuras en los anteproyectos de ley de presupuestos.
  3. Elaborar el informe anual  de valoración sobre  las evaluaciones ex ante y ex post de la actividad normativa y planificadora realizadas por la administración,  los impactos detectados  y  las medidas tomadas por los órganos responsables para evitar o mitigar los impactos negativos sobre las generaciones futuras, o bien la detección de la carencia de estos informes de evaluación.  Este informe se elaborará a partir  de los informes de evaluación ex-ante mencionados en el apartado a  y de la Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas Artículo 30 de la ley 27/2022, a los que se hace referencia en  en el  Capítulo 5 Impacto de las  políticas públicas en el bienestar de las generaciones futuras. Evaluación de los impactos.  Este informe se presentará en la comparecencia anual ante el Pleno de las Cortes Generales.
  4. Elaborar el informe anual sobre la valoración  del grado de cumplimiento por parte de organismos responsables del progreso en el cumplimiento de la Agenda 2030 y, en consecuencia, de la evaluación de las políticas públicas. Este informe se realizará a partir de los exámenes voluntarios  anuales realizados por el Ministerio sobre la Implementación de la Agenda 2030 y presentará en la comparecencia anual ante el Pleno de las Cortes Generales.

  El Defensor del Bienestar de las Generaciones Futuras  podrá, además:

  1. Realizar investigaciones u otros estudios sobre:
    1. La medida en que las metas de las políticas públicas  y  sus indicadores son consistentes con los principios de desarrollo sostenible, solidaridad entre generaciones y coherencia política para el desarrollo sostenible.
    2. La medida en que se tiene en cuenta los principios de desarrollo sostenible, solidaridad entre generaciones y coherencia política para el desarrollo sostenible  en los indicadores publicados por las administraciones correspondientes.
    3. Los principios de desarrollo sostenible, solidaridad entre generaciones y coherencia política para el desarrollo sostenible, incluyendo cómo se aplican para establecer y alcanzar objetivos y metas. 
    4. Cualquier tema relacionado que pueda repercutir  en el bienestar económico, social, ambiental y cultural de los ciudadanos.
  2. Revisar el grado en que un organismo público está salvaguardando la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades teniendo en cuenta el impacto a largo plazo de las decisiones tomadas por el organismo.
  3. Brindar asesoramiento o asistencia a las administraciones. También  hacer recomendaciones a los ministros sobre las metas de los ODS  o sobre los indicadores para medirlas.
  4. Proporcionar asesoramiento al Tribunal de Cuentas de la Administración del Estado  sobre los principios del desarrollo sostenible,  solidaridad entre generaciones y coherencia política para el desarrollo sostenible.
Recomendaciones efectuadas por el Defensor de las Generaciones Futuras

 

  1. El  Defensor de las Generaciones Futuras, al emitir su valoración motivada sobre  los informes de evaluación de la actividad normativa y planificadora, podrá hacer recomendaciones sobre medidas dirigidas a neutralizar posibles  impactos  negativos  y a garantizar que dichas actividades normativas o planificadoras  contribuyan al bienestar presente y futuro y  no lo perjudican. 
  2. El Defensor de las Generaciones Futuras, al brindar asesoramiento o asistencia a las administraciones  también podrá hacer recomendaciones a los ministros, sobre  objetivos y  las metas de los ODS  o los indicadores para medirlas.
  3. El Defensor de las Generaciones Futuras  deberá publicar en sus informes anuales, las recomendaciones emitidas, descritas en este apartado.
Deber de las administraciones de seguir las recomendaciones

 

  1. Los  organismos públicos deben tomar todas las medidas razonables para seguir una recomendación del  Defensor  de las Generaciones Futuras , a menos que  el organismo público esté convencido de que existen buenas razones para no seguir la recomendación en determinadas materias o en ninguna, o decide un plan de acción alternativo con respecto al objeto de recomendación.
  2. El organismo público debe publicar su respuesta a una recomendación hecha por el Defensor de las Generaciones Futuras  y si el organismo no sigue su recomendación, la respuesta debe incluir las razones para no seguirla  y explicar qué plan de acción alternativo, si corresponde, propone tomar.
Informes de las Generaciones Futuras  

 

  1. El Defensor de las Generaciones Futuras debe elaborar y presentar en su comparecencia anual  ante las Cortes Generales,  los dos informes  previstos en el apartado  » Funciones del  Defensor del Bienestar de las Generaciones Futuras»: 
    1. Informe anual  de valoración sobre  las evaluaciones ex ante y ex post de la actividad normativa y planificadora a partir de los informes y las memorias sobre las evaluaciones  realizadas por la administración,  los impactos detectados  y  las medidas tomadas por los órganos responsables para evitar o mitigar los impactos negativos, con especial atención en los impactos a largo plazo, o bien, sobre la ausencia de tales evaluaciones. También la valoración  de los posibles impactos en las generaciones futuras resultantes de  la aplicación del presupuesto general del estado.
    2. Informe  del grado de cumplimiento de los objetivos de los ODS de  la Agenda 2030 a partir del Examen Nacional Voluntario sobre la Implementación de la Agenda 2030 elaborado anualmente por el gobierno .
  2. El Defensor de las Generaciones Futuras debe informar sobre las mejoras que los organismos públicos deberían  llevar a cabo para establecer  y alcanzar los objetivos de bienestar de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible, solidaridad entre generaciones y coherencia política para el desarrollo sostenible.
  3. Los  informes del  Defensor de las Generaciones Futuras  deben incluir, en particular, una evaluación de cómo los organismos  públicos deberían salvaguardar mejor la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades, y tener más en cuenta el impacto a largo plazo de sus actuaciones.
  4. Los informes además  incluirán: 
    1. Un resumen de las pruebas reunidas y de las actividades realizadas por el Defensor de las Generaciones Futuras.
    2. un resumen de las revisiones realizadas por el Defensor de las Generaciones Futuras  y de las recomendaciones efectuadas.
    3. un resumen de cualquier otra acción tomada por el Defensor de las Generaciones Futuras  en el ejercicio de sus funciones.
    4. cualquier otra información que el Defensor de las Generaciones Futuras  considere apropiada.
Procedimiento de entrega de los Informes de evaluación de la actividad normativa y planificadora de la administración al Defensor de las Generaciones Futuras

 

  1. Se propone la  Entrega al Defensor de las Generaciones Futuras de los  Informes finales de evaluación de las políticas públicas y de la Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas,  para que pueda tener conocimiento y emitir su valoración motivada en el caso que considere necesario.  Nos referimos a los siguientes informes:
    1. Las memorias de evaluación de los anteproyectos de ley y de los proyectos de reglamento, junto con el expediente correspondiente y el informe de resultados y los Informes finales de evaluación de cada política pública redactados por el órgano evaluador, así como el Informe de resultados elaborado  por  el órgano responsable de la política pública objeto de evaluación,  se entregarán al Defensor de las Generaciones Futuras.
    2. Cuando la aprobación de  planes y programas  requiera una evaluación de impacto ambiental, los informes de evaluación ambiental estratégica junto con los documentos del expediente y las declaraciones ambientales estratégicas correspondientes se entregarán al Defensor de las Generaciones Futuras.
    3. Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas que  la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas tiene que  presentar en el último trimestre de cada año ante las Cortes Generales. Esta memoria también se entregará al Defensor de las Generaciones futuras.
    4. El informe relativo al  impacto del presupuesto general del estado sobre el bienestar de las generaciones futuras se entregará al Defensor de la generaciones Futuras.
  2. En caso de que el Defensor de las Generaciones Futuras  emita informe de valoración sobre una evaluación de una iniciativa normativa o planificadora y exprese consideraciones sobre algún aspecto determinado de la evaluación  susceptibles de incidir negativamente en el bienestar de las generaciones futuras, el órgano responsable de la tramitación valorará los aspectos considerados por el Defensor de las Generaciones Futuras, los analizará y podrá presentar alternativas para enmendar y paliar esta circunstancia.
  3. En el caso de detección de posibles impactos negativos en el bienestar de las generaciones actuales y futuras, las normas y las estrategias, planes y programas de políticas públicas  incorporarán medidas dirigidas a neutralizar su posible impacto negativo y a garantizar, en definitiva, que contribuye al bienestar presente y futuro y que no lo perjudica.
  4. En caso de que el Defensor del Bienestar de las Generaciones Futuras  emita su parecer favorable a la iniciativa normativa o planificadora , se incorporará al expediente de tramitación que corresponda, que continuará de acuerdo con el procedimiento habitual.
  5. El Defensor de las Generaciones Futuras, una vez analizados los informes recibidos, elaborará  anualmente un informe de valoración sobre  las evaluaciones de la actividad normativa y planificadora realizadas, los impactos detectados  y  las medidas tomadas por los órganos responsables para evitar o mitigar los impactos negativos, con especial atención en los impactos a largo plazo.  Este informe se presentará en la comparecencia en el Pleno de las Cortes Generales.

4. Esquemas del funcionamiento del Defensor de les Generaciones Futuras

Parte 4: Objetivos del desarrollo sostenible y políticas públicas. cumplimiento, medición  y seguimiento

1. Exposición de motivos

La Comisión Europea recomienda  instaurar un enfoque integrado y transversal de las políticas públicas, desde su diseño hasta su ejecución  hacia una acción coherente con el desarrollo sostenible y una evaluación de sus impactos ambientales, sociales y económicos, incorporando así el análisis sobre la multidimensionalidad de la sostenibilidad en la elaboración de las políticas.

Los compromisos de cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 deben entenderse como objetivos programáticos que permiten avanzar en el logro de los ODS a partir del conjunto de políticas públicas impulsadas y gestionadas por el Gobierno.

Para poder realizar el seguimiento de las políticas públicas y del cumplimiento de los objetivos programáticos y de la Agenda 2030, es imprescindible que los objetivos que se quieren alcanzar se concreten en metas bien definidas, que sean medibles a través de indicadores de resultados del impacto de la aplicación de las políticas y con las concreción de las fechas en las cuales se prevé la consecución de las metas.

A partir de estos indicadores se podrán realizar los análisis multidimensionales de la sostenibilidad y el grado de  coherencia de políticas. Conocer las sinergias y las contrapartidas y evaluar la calidad de las políticas.

El Informe Global sobre Desarrollo Sostenible (2023) de las Naciones Unidas (ONU)  destacaba  ya que el enfoque actual de cambio incremental y fragmentado no es suficiente para alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Recientes  investigaciones han demostrado que el  progreso de los  ODS en los diferentes países no logran alinear el desarrollo socioeconómico con la sostenibilidad ambiental que va empeorando en la mayoría de  países. Implementar la diversidad de metas de los ODS requiere  un enfoque integrado y coherente de todas las políticas públicas. La aplicación del  marco de “coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible” (CPDS)  que persigue  un enfoque integrado y coherente en la formulación de políticas puede garantizar que las políticas en todos los sectores y niveles de gobierno se refuercen mutuamente en la búsqueda del desarrollo sostenible.

El Gobierno español publica anualmente el Informe del progreso en el cumplimiento de los ODS. El informe hace un repaso de muchos indicadores relacionados con cada unos de los ODS, pero esta lista de indicadores no está vinculada al Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 ni  al documento de Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030  ni   a los  Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible definidos por el INE . Todos estos documentos no están vinculados entre ellos. Los tres informes se acercan más a los que es un estudio de diagnosis que no lo que deberían ser, una estrategia, un plan de acción con un conjunto de metas bien definidas y con calendario y acompañadas de un conjunto de indicadores medibles cuanto o cualitativamente para poder hacer el seguimiento del progreso de la Agenda 2030. Tal como están diseñados estos documentos es difícil hacer una evaluación sobre los resultados de implementar las políticas que se han decidido para mejorar el bienestar de los españoles y la salud del planeta.  

Destacamos dos carencias importantes en los documentos de planificación y de seguimiento:

La primera carencia de definición de las metas que se pretenden alcanzar con  la implementación de las políticas.. Muchas de ellas están definidas sin precisar un objetivo claramente evaluable ya sea cuali o cuantitativamente  ni un calendario en el que conseguir metas parciales hasta llegar al 2030. 

La segunda carencia está relacionada con la falta de coordinación entre los informes anuales del progreso en el cumplimiento de los ODS realizados por las distintas CCAA. Al fin y al cabo, en una administración tan descentralizada como la española, el informe anual del progreso de la Agenda 2030 de España depende en gran medida de los progresos de cada una de las CCAA. Si no existe un método uniforme en la forma en que se deben definir las metas, es prácticamente imposible hacer un seguimiento del progreso que sea realmente útil para conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 que debería ser un reflejo del avance de las políticas públicas implementadas por las CCAA y por el gobierno español. 

2. Seguimiento del progreso de  las políticas públicas y de la agenda 2030. indicadores

Aunque disponemos de  muchos  indicadores que pueden usarse como  medidas de seguimiento de las políticas públicas y de la Agenda 2030, es necesario  utilizar estos indicadores cómo herramienta de  evaluación. Los indicadores tienen que utilizarse como medida para conocer la calidad  de las políticas públicas,  analizando la efectividad en alcanzar los logros deseados a partir de  su  implementación y, por ende, el progreso en el cumplimiento de los compromisos de los ODS. 

Los compromisos del Gobierno en relación a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 deben entenderse como objetivos programáticos que permiten avanzar en la consecución de las metas de los ODS a partir del conjunto de políticas públicas impulsadas y gestionadas por el Gobierno. Por eso es necesaria la evaluación intermedia o ex post de estas políticas vinculadas con los ODS para conocer su efectividad

Propuestas
 

Para hacer un mejor seguimiento y evaluación,  tanto de la eficacia y eficiencia  de las políticas  públicas cómo del progreso de los ODS es necesario:

  1. Definir  unas  metas y un calendario en el que conseguir  estas metas. Las metas deben estar formuladas de forma precisa para poder ser monitorizadas cuanti o cualitativamente.
  2. Definir los indicadores que serán el instrumento necesario para rendir cuentas sobre el  cumplimiento de los compromisos y para el seguimiento del progreso en la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
  3. La evolución de los ODS y de las políticas públicas se realizará mediante el monitoreo  de los indicadores adecuados para este seguimiento. Para ello se reforzarán los indicadores que midan los resultados  (outputs)  y los efectos deseados (outcomes), delante de los indicadores de uso, de recursos o de  oportunidad.
  4. La realización de  análisis sistemáticos de las interacciones multidimensionales, transectoriales, transfronterizas e intergeneracionales siguiendo las guías de better policies de la OCDE y  Better Regulation Guidelines y  Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea. 
  5. Definir un marco de seguimiento de las políticas públicas y de los resultados de la  implementación de dichas políticas forma parte del compromiso con la rendición de cuentas. Para ello se deberá impulsar el establecimiento de un marco común de indicadores tanto para evaluar los resultados de la implementación de las distintas políticas públicas como para medir los avances en materia de CPDS y  el progreso en el cumplimiento de las metas de los ODS de la Agenda 2030.
  6. En la definición de este marco de indicadores deberán participar los ministerios, las asociaciones científicas, los distintos niveles territoriales y  la sociedad civil, la empresa y la academia  en  coordinación con el Instituto  Nacional de Estadística y las  instituciones competentes en materia estadística de las CCAA.
  7. La publicación y  difusión de este marco de  indicadores utilizados para evaluar impactos y resultados forma parte de la rendición de cuentas y a la vez es una vía para impulsar la participación de la sociedad en la cosa pública.
  8. Los resultados de la evaluación de las políticas públicas y del cumplimiento de compromisos, objetivos y metas adquiridos en las en las distintas normativas, planes y estrategias  y se incorporarán en la base de datos de compromisos de los informes Cumpliendo de la Presidencia del Gobierno.

En el Anexo 1 se aporta alguna información para mejorar el seguimiento de algunos  planes y estrategias.

3. Informe anual del progreso en el cumplimiento de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030

Propuestas

 

  1. Definir  las metas que se quieren conseguir y un calendario de cumplimiento, de forma que hagan posible el seguimiento del progreso en el cumplimiento de   estas metas. Las metas deben estar formuladas de forma precisa para poder ser monitorizadas cuanti o cualitativamente.
  2. Definir los indicadores que serán el instrumento necesario para rendir cuentas sobre el  cumplimiento de los compromisos y para el seguimiento del progreso en la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
  3. Cada meta establecida en las políticas públicas, los planes estratégicos  y en los ODS, deberá tener asociada uno o varios  indicadores para medirla.
  4. La evolución de los ODS y de las políticas públicas se realizará mediante el monitoreo  de los indicadores adecuados para este seguimiento. Para ello se reforzarán los indicadores que midan los resultados  (outputs)  y los efectos deseados (outcomes), delante de los indicadores de uso, de recursos o de  oportunidad.
  5. Los ministros  responsables de la declaración del cumplimiento de las metas de los ODS, al preparar el informe anual deben revisar dichas metas o el calendario de cumplimiento.
  6. Si, en una revisión, los órganos responsables  determinan que una o más de sus metas  o el calendario de cumplimiento ya no son apropiados,  deberán modificar la meta o el calendario de cumplimiento en cuestión y publicarlas  tan pronto como sea posible.
  7. Cuando los ministros  responsables  revisen una o más de sus metas o calendarios de cumplimiento, el informe debe incluir una explicación de la revisión y los motivos para realizarla.
  8. Presentar una copia del informe ante el Congreso de Diputados  y ante el  Defensor de las Generaciones Futuras.
  9. El informe  debe publicarse y presentarse ante el Congreso de Diputados  y ante el Defensor de las Generaciones Futuras, tan pronto como sea razonablemente posible después del final del ejercicio financiero al que se refiere el informe.
  10. El Defensor de las Generaciones Futuras, una vez analizada la información recibida, elaborará, anualmente, un informe que analice el grado de cumplimiento de las políticas públicas y del progreso en el cumplimiento de la Agenda 2030.  Este informe se presentará en la comparecencia delante del Pleno de las Cortes Generales.

En el Anexo 1  se aporta alguna información para mejorar el seguimiento del Progreso en el cumplimiento de la agenda 2030

Parte 5: Impacto de las políticas públicas en el bienestar de las generaciones futuras.  evaluación de los impactos

1. Exposición de motivos

Todas las actividades que definen políticas públicas tienen un impacto en el bienestar de las generaciones presentes, futuras  y en el medio ambiente. Por ello se considera que toda actividad normativa o planificadora de  políticas públicas que forman parte del ciclo político tiene que ser evaluada desde su diseño hasta la valoración de los efectos de su implementación. 

La imprevisibilidad de los desafíos futuros requiere un uso más sistemático de la previsión estratégica y el pensamiento a largo plazo en el establecimiento de agendas, la formulación de políticas, las inversiones, la asignación presupuestaria y la evaluación de impacto en todas las áreas políticas para construir un país preparado para el futuro.

Necesitamos que la visión  intergeneracional y de largo plazo se integre e incorpore en las  políticas públicas, desde la toma de decisiones hasta la  evaluación de los resultados de la implementación de las políticas públicas, para construir un futuro positivo en consonancia con los valores y objetivos de España y de la UE.

Actualmente la legislación española dispone de un conjunto de normas importantes que regulan la evaluación de los impactos de las políticas públicas y las leyes:  la Ley 27/2022 de 20 de diciembre que despliega el proceso de evaluación de las políticas públicas,  junto con el Real Decreto 931/2017 de 27 de octubre, que regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,  son tres piezas fundamentales en la evaluación de la actividad normativa y planificadora de la administración. Los informes de evaluación de los impactos  ex ante, así como las memorias del análisis del impacto de las normas en proceso de aprobación, son documentos imprescindibles para conocer de antemano  los efectos que políticas públicas y normativas van a tener sobre el bienestar de las generaciones actuales y de las generaciones futuras. O bien si las evaluaciones se realizan a posteriori (ex post) de su implementación, conocer su eficacia en los objetivos que dichas políticas o normativas pretendían alcanzar. Todos estos informes además forman parte de la rendición de cuentas que todos esperamos de los gobiernos democráticos. 

Según el Art. 30   Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, presentará  a las Cortes Generales en el último trimestre de cada año una Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas, el seguimiento de los resultados de las evaluaciones y del cumplimiento de esta ley. 

La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, es el órgano responsable de la planificación y la ejecución de las actividades de evaluación ex ante y  ex post de la actividad normativa, planificadora y administrativa y desarrollar todas las responsabilidades asignadas en la ley 27/2022. Dicho órgano aún no ha sido creado, estando vigente aún el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas, tampoco han habido avances en la elaboración de una  Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas  ni se ha desplegado de forma generalizada la  Ley 27/2022. Nuestra principal demanda es que esta norma se ponga en marcha. 

Partiendo  de los informes que la normativa actual hace obligatorios, proponemos algunas modificaciones para introducir la perspectiva a largo plazo y la mirada de la coherencia política para el desarrollo sostenible.

También proponemos que estos informes de evaluación se remitan al Defensor de las Generaciones Futuras, erigido cómo figura independiente que representa y defiende  sus derechos. A su vez, el Defensor de las Generaciones Futuras, tendrá la potestad de hacer pública su valoración  de todos ellos en su comparecencia a las Cortes Generales.

Evaluar el impacto de las políticas públicas sobre las generaciones futuras

 

El riesgo derivado de los retos climáticos y ambientales y los problemas derivados de la globalización requieren una previsión estratégica y una visión a largo plazo en el establecimiento de la agenda y la formulación de políticas, las inversiones, la asignación presupuestaria y la evaluación de impacto en todas las áreas políticas para conseguir un país más resiliente y más preparado de cara al futuro. Es con esta perspectiva que necesitamos tener una visión más amplia y más integrada de los impactos a largo plazo de las políticas públicas, considerando criterios que antes no se habían tenido en cuenta como los impactos de nuestras políticas en otros países y de los efectos que tendrán en las generaciones futuras nuestras acciones e inacciones. 

Esta visión del largo plazo o de la globalización debe tener una traslación a la forma en la que se evalúan las actividades normativas planificadoras de la administración. Se deben definir las acciones concretas a la hora de detectar y determinar los impactos, ampliando por un lado la evaluación de las externalidades de las políticas en otros países y actuando con mucha más precisión  en la evaluación de los impactos climáticos, desde el momento del diseño de las políticas hasta la obtención de los resultados derivados de su implementación. Esta cuestión tiene mucho más significado a partir de las estimaciones  del presupuesto de carbono de España  que marca unos límites nítidos que no deben superarse (el Cap. 8  sobre los límites planetarios  detalla concepto del presupuesto de carbono) Este conocimiento debe afectar de alguna forma a las evaluaciones ex ante y ex post de las normas, inversiones, planes, programas, y estrategias.

Se propone pues tener en cuenta esta visión más integral de los impactos a la hora de realizar las evaluaciones ex ante y realizar de forma  sistemática las evaluaciones ex post para poder rectificar y mejorar las políticas de forma eficiente y rápida.

La evaluación ex ante y ex post de las normativas y reglamentos debe integrar todos los posibles tipos de impactos relevantes: la incidencia sobre la actividad económica, los impactos presupuestario, normativo, de género, social o ambiental, climático, los impactos en otros países y en otras generaciones. Esta visión integral de la evaluación tiene que ser aplicada en la implementación de  la ley 27/2022 (art. 26 Evaluaciones obligatorias de políticas públicas departamentales) como en la  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (art. 37 Remisión a las Cortes Generales), y en el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

El artículo 26  de la ley 27/2022 hace referencia a las evaluaciones obligatorias y somete a está obligación sólo a aquellas políticas públicas de su ámbito competencial que tengan especial repercusión o sean de gran relevancia por su impacto esperado,  dando ya a entender, que la evaluación va a ser siempre de carácter puntual y no de carácter sistemático.  Estos criterios de obligatoriedad son limitantes: la necesidad de verificar la eficacia y la eficiencia de la legislación vigente y los efectos no deseados requiere la aplicación sistemática y no puntual de la evaluación ex post. El mismo criterio es aplicable para la actividad planificadora de la administración.

Para evitar las cargas administrativas derivadas de las  evaluaciones sistemáticas  ex ante de normas y planes,  se propone un cribado rápido para detectar los impactos potenciales. Para ello se propone realizar una evaluación preliminar utilizando una herramienta de detección rápida de posibles impactos. Si no existen impactos relevantes el proceso termina con una memoria abreviada  prevista en  el Art. 3 del  Real Decreto 931/2017.

La evaluación de  la eficacia y eficiencia de las iniciativas legislativas y planificadoras del Gobierno, es decir, de su calidad, son necesarias las evaluaciones ex post o intermedias correspondientes. Actualmente casi ninguna política pública está sometida a una evaluación ex post, privando de conocer la efectividad de dichas políticas y por tanto mejorarlas en un futuro. Además, esta carencia  dificulta el rendimiento de cuentas que un gobierno democrático tiene la obligación de ejercer. 

En el Anexo 1  se aporta alguna información para mejorar el seguimiento de algunos  planes y estrategias. 

Existe una primera revisión  básica de la actividad  legislativa y planificadora, que consiste en confirmar que  las acciones previstas se han llegado a implementar, pero la evaluación ex post de las políticas públicas no debe terminar aquí. Es necesaria la evaluación de la efectividad de dichas políticas en conseguir los objetivos y metas planificados.

La programación sistemática de las evaluaciones de las políticas públicas ayudaría a incentivar el efectivo cumplimiento de las cláusulas de evaluación ex post y el rendimiento de cuentas posterior. La ley 27/2022 prevé en sus artículos 24 y 25 dicha programación pero hasta el momento esta programación no está publicada si es que existe.

2. Propuestas para evaluar el impacto de las políticas públicas sobre las generaciones futuras

 

  1. Tanto en los procedimientos de elaboración normativa (anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos, Decretos),  como de los programas  y  documentos de planificación estratégica e iniciativas que desarrollen políticas públicas (planes directores, estrategias,  proyectos declarados de utilidad pública o de interés general y  proyectos industriales estratégicos  o de interés de la administración)  el órgano promotor o encargado de la tramitación  incorporará en la “Memoria del Análisis de Impacto Normativo” prevista en Art. 2 del  Real Decreto 931/2017, los informes que evalúan  todos los posibles tipos de impactos relevantes: la incidencia sobre la actividad económica, el impacto presupuestario, normativo, económico o de género, social, ambiental, climático y  los impactos en otros países, integrando la perspectiva de la Coherencia Política para el Desarrollo Sostenible y el impacto en las generaciones futuras. 
  2. Reconsiderar  la discrecionalidad en la evaluación de las políticas públicas prevista en el art. 26. Evaluaciones obligatorias de políticas públicas departamentales, de la Ley 27/2022. La  evaluación debe ser sistemática y no puntual porque la necesidad de conocer la calidad y la efectividad de las políticas es siempre relevante y la rendición de cuentas tiene que ser una obligación. Esta evaluación sistemática ex ante y ex post debería realizarse en todas aquellas políticas públicas en las cuales se prevea que van a tener impacto en el ámbito transfronterizo, medioambiental, climático y social en las generaciones actuales y futuras.
  3. Para sistematizar el proceso de evaluación sin  aumentar la carga administrativa,  se propone la realización  una evaluación ex ante preliminar de las políticas públicas  para cribar e identificar de forma rápida la existencia de posibles impactos relevantes ambientales,  intergeneracionales  y transfronterizos mediante la herramienta 18 “Identification of Impacts” de Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea. Si no se detectan impactos relevantes el proceso de evaluación termina con la  “Memoria Abreviada” del análisis de impacto, según el Art. 3 del  Real Decreto 931/2017.  Cuando sí se detectan impactos potenciales relevantes  o bien por razones sociales, entonces se seguirá con el proceso de evaluación de impacto habitual, según  el proceso establecido en el  Artículo 26 de la ley 27/2022.
  4. Para la evaluación de los distintos tipos de impactos proponemos adaptar y utilizar  las guías y las herramientas descritas en el documento de la Comisión Europea   “Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea.”, en concreto las Las  herramientas nº 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  y 35 para la evaluación de los impactos en los distintos sectores, incluidos los transfronterizos y los ambientales. 
  5. La obligación  de realizar el análisis de impacto normativo que según el Art. 26 de la Ley 50/1997  ahora afecta a la actividad normativa impulsada por el ejecutivo, se aplique también a  las Proposiciones de Ley impulsadas desde el Congreso o el Senado para que se acompañen también de la memoria relativa al análisis de impacto normativo.
  6. La inclusión en Plan Anual Normativo 2023 de la  programación sistemática de las evaluaciones  ex post  de las políticas públicas que se van a efectuar durante el año, tal cómo ya prevé el apartado 1,1º, j  del Art. 2 del  Real Decreto 931/2017 . 
  7. La Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 26 de noviembre)  es un elemento fundamental   por las consecuencias que las inversiones tienen en el presente y el futuro.  Para conocer y  hacer visible el impacto en el largo plazo de dichas  inversiones,  se propone incorporar en la documentación el  análisis de los impactos que puedan repercutir en el medio ambiente, el clima y el bienestar de las generaciones futuras y en el bienestar y el medio ambiente de  otros países.
  8. En el momento de establecer las alternativas a la iniciativa propuesta durante el procesos de evaluación de la actividad normativa y en los procesos de evaluación de programas planes y proyectos sujetos a evaluación ambiental, se consideren aquellas alternativas que no incrementen o que más reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
  9. Tener  en cuenta el impacto en las emisiones de GEI generadas por la ejecución de planes, programas o proyectos, ya sean emisiones directas, indirectas o inducidas.
  10. Conocer el presupuesto de carbono de España. Calcular  la  participación de los GEI derivados de las iniciativas normativas o planificadoras en el gasto del presupuesto de carbono de España.
  11. Cuando se efectúe un estudio de coste/beneficio, se tendrán en cuenta los costes derivados de la generación de GEI y de otros impactos ambientales de larga duración en períodos mucho más largos de los que habitualmente se consideran (30 años) y también se considerará la idoneidad de tasas de descuento social mucho más reducidas  a las habituales (3% anual) (mirar el capítulo  8 de la publicación de la OCDE sobre análisis ambientales de costes y beneficios). (Ver las tasas de descuento en función del tiempo propuestas por M.L. Weitzman, en el Cuadro1). 
  12. Se efectuará un programa de evaluaciones intermedias o ex post de todas las políticas públicas (normas, planes programas, estrategias) que puedan tener impactos en otros países en el medio ambiente o en las generaciones futuras (impactos en el clima o impactos sociales derivados de los impactos medioambientales o climáticos u otros).
  1. Modificar las guías de evaluación de políticas del IEPP  que no tengan  incorporada  en su metodología la evaluación de los  impactos intergeneracionales o transfronterizos. Idem para la  Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto del MITECO.  Anexo 2.
  2. Las guías de Coherencia Política del  Anexo 2  ayudarán  a  integrar en todas las políticas públicas el criterio del Desarrollo Sostenible.

Cuadro Nº 1: Tasas de descuento social recomendadas por M.L. Weitzman en función del período de tiempo considerado.

Informes de evaluación de la actividad normativa y planificadora de los entes públicos 

 

Según informan las leyes: Ley 27/2022 relativa a la Evaluación de políticas públicas  y  Ley 21/2013 de evaluación ambiental, en el proceso de aprobación de anteproyectos de leyes, proyectos reglamentarios, estrategias, planes y programas, son preceptivas las memorias y los informes finales de evaluación (en los anteproyectos de ley y  los proyectos de reglamento)  y los informes de evaluación ambiental estratégica y las declaraciones ambientales correspondientes (en los planes y programas con impacto ambiental).

 Además,  el órgano responsable de la política pública objeto de evaluación deberá elaborar, a partir del Informe Final de Evaluación, un Informe de Resultados, en un plazo máximo de dos meses. en el cual  indicará las medidas que se van a adoptar en relación con las recomendaciones y, en su caso, justificará las razones que llevan a la inaplicación de aquellas que no se vayan a adoptar. 

Esta información, junto con el resto del expediente, se publica en la web de transparencia y en la web del Departamento correspondiente  en el período de trámite de audiencia y de exposición pública.

Se propone que en dichos informes  se hayan tenido en cuenta la evaluación de los posibles impactos a las generaciones futuras, y los impactos en otros países. Se propone también  que estos informes se entreguen al Defensor de las Generaciones Futuras para que valore dichas evaluaciones.

3. Propuestas de modificación sobre los informes de evaluación las actividades sometidas a evaluación y sobre el procedimiento de evaluación

 

  1. Tanto en los procedimientos de elaboración de normativa  como en la elaboración planificadora, el órgano promotor o encargado de la tramitación  incorporará  un informe que evalúe el impacto potencial económico, social, ambiental, transfronterizo e intergeneracional, de acuerdo con los principios definidos en esta ley.
  2. El Art. 26 Ley 27/2022 sobre Evaluaciones obligatorias de políticas públicas departamentales, tendrá que añadir a los impactos previstos en dicho artículo, los posibles  impactos  en el largo plazo y  el criterio de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS), y considerará  relevantes los  impactos  en el ámbito medioambiental o climático, transfronterizo  y en las generaciones futuras.
  3. Cuando la evaluación preliminar de anteproyectos de ley y proyectos de reglamento, utilizando la  herramienta nº 18  de la “Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea. Anexo 3. no detecta no detecta impactos relevantes,  el proceso de evaluación termina con la  “Memoria Abreviada” del análisis de impacto, según el Art. 3 del  Real Decreto 931/2017.
  4. En los casos que se detecten impactos potenciales relevantes  o bien por razones sociales, entonces se seguirá con el proceso de evaluación de impacto habitual, según  el proceso establecido en el  Artículo 26 de la ley 27/2022.
  5. Para facilitar la realización de la evaluación ex ante de la  políticas públicas cuyo  impacto esperado en el ámbito medioambiental o climático, transfronterizo  y en las generaciones futuras, sea relevante, se  recomienda emplear las  herramientas nº 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  y 35  “Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea.

4.Entrega al Defensor de las Generaciones Futuras de los Informes de evaluación

 

  1. Se propone la  Entrega al Defensor de las Generaciones Futuras de los  Informes finales de evaluación de las leyes, reglamentos y políticas públicas y de la Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas,  para que pueda emitir su valoración motivada y hacer consideraciones en el caso que considere necesario (Ver el capítulo 3  Un defensor del Pueblo del bienestar de las generaciones futuras. Apartado 3, punto «Procedimientos de entrega de los informes…»).
  2. El Defensor de las Generaciones Futuras, una vez analizados los informes recibidos, elaborará  anualmente un informe de valoración sobre  las evaluaciones de la actividad normativa y planificadora realizadas, los impactos detectados  y  las medidas tomadas por los órganos responsables para evitar o mitigar los impactos negativos, con especial atención en los impactos a largo plazo.  Este informe se presentará en la comparecencia en el Pleno de las Cortes Generales.
  3. La  Entrega al Defensor de las Generaciones Futuras de: los  Informes finales y los informes de resultados de la evaluación de políticas públicas, así como  de la Memoria del estado general de la institucionalización de la evaluación de políticas públicas (Ley 27/2022); las memorias de evaluación de los proyectos de ley y  reglamentos (Real Decreto 931/2017); los informes o declaraciones ambientales sean estratégica o no, junto los los expedientes correspondientes de programas, planes y proyectos sujetos a evaluación ambiental (Ley 21/2013) ,  para que pueda emitir su valoración motivada y hacer consideraciones  en el caso que considere necesario.

Parte 6: Profundización de la democracia. Participación ciudadana

1. Exposición de motivos

 

Nuestro sistema democrático está atravesando un momento de debilidad. A las dificultades de nuestros poderes públicos para dar respuesta satisfactoria a los principales retos – sociales, medioambientales y convivenciales – que enfrentamos colectivamente, se le une la percepción, cada vez más generalizada y extendida en la ciudadanía, de que dichos poderes públicos no representan adecuadamente sus intereses, ni escuchan ni canalizan sus inquietudes y opiniones. Dicho clima de desafección, especialmente presente entre la población más joven y los colectivos más vulnerables, se traduce en un cuestionamiento del propio sistema democrático y de la representatividad de los poderes e instituciones públicas democráticamente constituidas. 

Ante esa respuesta insuficiente y esa crisis de confianza y representatividad, la única estrategia es apostar por más y mejor democracia. Esto supone instituciones más comprometidas con la transparencia, la inclusión, la participación y la rendición de cuentas. Creemos que con esos elementos las instituciones  estarán mejor equipadas para actuar frente a los retos colectivos a los que nos enfrentamos y serán capaces de recuperar la confianza y el afecto de aquellas personas que hayan podido sentirse abandonadas y defraudadas.

Ampliar los canales y las nuevas formas de participación entre ciudadanos y administraciones, tanto en lo que se refiere a la elaboración de leyes como a la elaboración de planes y estrategias. Impulsar nuevos canales de participación democrática. Profundizar y normalizar los métodos de deliberación ciudadana y co-creación de futuros en la toma de decisiones colectiva. Todas estas herramientas nos facilitan el abordaje de los dilemas políticos complejos con mejor información y mayor legitimidad social. Asimismo, son una vía de implicación y compromiso político de los ciudadanos.

2. Más participación ciudadana en la toma de decisiones para avanzar hacia una economía equitativa y ajustada a los límites planetarios

 

La transición hacia una sociedad sostenible, significa tener que adaptar el consumo de recursos y la generación de contaminantes a los límites planetarios. Para ello se requiere poner en marcha un conjunto de actuaciones que difícilmente van a progresar si no son aceptadas por los ciudadanos, y aun más, si no son reclamadas por ellos. En un clima de desconfianza en los gobiernos y de polarización política cómo la que estamos inmersos, cualquier medida de cambio tomada por los gobiernos sin el apoyo social está destinada al fracaso. Tenemos ejemplos muy recientes de enfrentamientos violentos entre ciudadanos y gobiernos por políticas que no han gustado a algunos sectores.

Para avanzar, debemos primero poner sobre la mesa todas las piezas de este puzzle tan complejo de intereses dispares y a veces opuestos. Necesitamos conseguir encajar estos distintos intereses y satisfacer las necesidades de los ciudadanos de hoy sin perjudicar los intereses y la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos del mañana. Para ello es imprescindible conocer las consecuencias de las actuaciones que podamos tomar. Saber a quienes benefician y a quienes perjudican. Estudiar las sinergias o contrapartidas que se puedan generar entre ellas, y conocer el grado de irreversibilidad de estas consecuencias. Y sobretodo necesitamos que todos, sin importar el nivel de estudios o de conocimientos, tengamos acceso a esa información y la oportunidad de poder participar del debate sobre la mejor forma de encajar las piezas del puzzle para construir una mejor sociedad para todos, ahora y en el futuro.

El derecho a participar en las decisiones nos tiene que ayudar a sentirnos actores necesarios para el cambio y a comprometernos en estas acciones que debemos tomar para conseguir que nuestra economía pueda llegar a ser compatible con la salud de nuestro planeta.

La elección del futuro que queremos está muy ligada a nuestros valores y a nuestras necesidades personales, está ligado al conocimiento de aquellas cosas que nos hacen felices y de aquellas que son superfluas y muchas veces impuestas por los que tienen intereses en hacer negocios con ellas. Distinguir unas de las otras y centrarnos en lo importante forma parte de este ejercicio de visualización del futuro.

En España tenemos ya alguna experiencia en la realización de estos foros de debate informado y ordenado. Se han aplicado mayoritariamente al problema del cambio climático y el formato más utilizado ha sido el de la asamblea ciudadana. Han sido experiencias puntuales, que no están instauradas de forma generalizada ni continuada. Tampoco se han ensayado otros formatos de consulta y deliberación ni de co-creación de futuros.

La instauración regular o permanente de estas consultas deliberativas o de ejercicios de prospección del futuro debe entenderse como un recurso, una herramienta para avanzar en una transición que se está demostrando muy difícil de realizar. Poner freno a la crisis climática y ambiental o encontrar soluciones duraderas a los problemas sociales que por su persistencia llamamos sistémicos, nos obliga a abandonar los caminos que no nos llevan  donde queremos. Debemos enfrentarnos a estos retos con nuevos recursos y probar alternativas a las fórmulas habituales que están demostrando ser ineficaces.

Adoptar este abanico de métodos y herramientas pensadas para fortalecer la democracia debe ayudarnos a conectar de nuevo con los jóvenes ya implicar a la sociedad entera en lo público.

El anexo 3 ofrece más información sobre las herramientas de participación.

3. Propuestas sobre más participación ciudadana

 

  1. Impulsar nuevos canales de participación democrática basados en métodos de deliberación para abordar los dilemas políticos complejos con mejor información y mayor legitimidad social: asambleas ciudadanas, paneles,  jurados y referendos son herramientas de profundización democrática y, a la vez, una vía de implicación y de compromiso político de los ciudadanos. Esta podría ser una de las funciones  que el Instituto AzLab podría liderar si ampliase su ámbito de investigación y de aplicación.
  2. Utilización de la  prospección estratégica y la co-creación  en la de exploración de los futuros plausibles para anticiparse a los problemas que van a afectar a las generaciones futuras  y plantear la mejores políticas para superarlos. Estos ejercicios de visualización y co-creación  deben realizarse conjuntamente con los ciudadanos para conseguir la máxima repercusión social y ayudar a poner en marcha los cambios que nuestra sociedad necesita. El Instituto AzLab podría liderar estos procesos de co-creación si ampliase su ámbito de investigación y de aplicación.

4. la ampliación democrática de nuestras instituciones

 

Ampliando Democracia es una iniciativa en torno a la que un grupo de organizaciones de la sociedad civil y personas expertas nos hemos reunido desde mediados del año 2023 para promover la reflexión y realizar recomendaciones sobre cómo mejorar la gobernanza, las políticas públicas y la calidad democrática a través de una participación ciudadana más profunda, inclusiva y sólida en los procesos de toma de decisión y en el diseño, implementación y evaluación de servicios y políticas públicas.

Pretendemos lograr que las nuevas e innovadoras formas de participación, que ya son una realidad en el ámbito internacional y en nuestras propias regiones y entidades locales, lo sean también en el ámbito estatal español. También queremos aumentar el nivel de exigencia respecto del funcionamiento, inclusividad, transparencia y rendición de cuentas de los mecanismos y herramientas de participación ya existentes.

En ese contexto, hemos redactado un Manifiesto por la Ampliación de la Democracia, que contiene las principales ideas que han surgido de este proceso y que propone a las administraciones públicas y a los partidos políticos 7 líneas prioritarias de acción, basadas en los principales consensos y mejores experiencias internacionales.

Manifiesto por la ampliación de la democracia ( Febrero de 2024)

 

Las personas y entidades que suscribimos este Manifiesto estamos comprometidas con promover una sociedad en paz con el planeta, donde se cuide la convivencia y en la que todas las personas podamos vivir con dignidad, ejerciendo plenamente nuestros derechos y libertades.

Consideramos que para alcanzar este objetivo es necesario contar con un sistema democrático fuerte, que garantice la apertura y transparencia de sus instituciones y que promueva la participación significativa de todas las personas y actores de nuestra sociedad en el diseño de las políticas públicas y en la toma de decisiones sobre los temas que les afecten.

Observamos que, como parte de una tendencia más amplia de alcance global, nuestro sistema democrático está atravesando un momento de debilidad. A las dificultades de nuestros poderes públicos para dar respuesta satisfactoria a los principales retos – sociales,

medioambientales y convivenciales – que enfrentamos colectivamente, se le une la percepción, cada vez más generalizada y extendida en la ciudadanía, de que dichos poderes públicos no representan adecuadamente sus intereses, ni escuchan ni canalizan sus inquietudes y opiniones. Dicho clima de desafección, especialmente presente entre la población más joven y los colectivos más vulnerables, se traduce en un cuestionamiento del propio sistema democrático y de la representatividad de los poderes e instituciones públicas democráticamente constituidas.

Creemos que, ante esa respuesta insuficiente y esa crisis de confianza y representatividad, la única estrategia es apostar por más y mejor democracia. Esto supone instituciones más comprometidas con la transparencia, la inclusión, la participación y la rendición de cuentas.

Creemos que con esos elementos estarán mejor equipadas para actuar frente a los retos colectivos a los que nos enfrentamos y serán capaces de recuperar la confianza y el afecto de aquellas personas que hayan podido sentirse abandonadas y defraudadas.

Conocemos nuevas y mejoradas formas a través de las que la ciudadanía, y el resto de actores relevantes, pueden participar de forma efectiva en los procesos de decisión y elaboración  de políticas públicas, fortaleciendo el funcionamiento de las instituciones y de los procedimientos de nuestra democracia parlamentaria. Hemos visto cómo una mayor y mejor participación de la ciudadanía aprovecha de forma más eficiente el saber y la inteligencia colectiva en el ciclo completo de las políticas públicas; otorga a los poderes públicos mayor legitimidad social para adoptar medidas y decisiones, incluso en las cuestiones aparentemente más complejas, controvertidas y políticamente enquistadas; garantiza una mayor inclusividad y representatividad en los intereses y perspectivas que son tenidas en cuenta al diseñar políticas públicas; y fomenta valores y actitudes cívicos – como la capacidad de escuchar, dialogar y compartir ideas respetando el disenso o buscando acuerdos de consenso- que son un eficaz antídoto para plantarle cara a la crisis de representación existente.

Somos conscientes de que será necesario adoptar medidas y actuaciones específicas para que todas las personas y colectivos puedan defender, en igualdad de condiciones, sus derechos e intereses y participar significativamente en lo público, sin importar su situación social y económica, edad, etnia, discapacidad o ubicación en el territorio. Entendemos que existe una diversidad cultural y socioeconómica, alejada de la realidad social mayoritaria, a la que habrá que acercar y adaptar los discursos públicos. También somos conscientes de que a convivir en democracia y a participar de lo público se aprende, por lo que habrá que asegurar que todas las personas tengan acceso a las capacidades y conocimientos necesarios a lo largo de toda su vida. 

Por todo lo anterior, instamos a todos los partidos políticos y a las administraciones públicas relevantes a que, a la mayor brevedad posible, se comprometan y adopten medidas concretas,contundentes y ambiciosas encaminadas a:

5. Propuestas de ampliación democrática de las instituciones

 

  1. Impulsar un parlamentarismo más transparente, con capacidad y voluntad de rendición de cuentas y permeable a la participación ciudadana.
  2. Reformar el funcionamiento de la Iniciativa Legislativa Popular, para convertirla en una herramienta real y efectiva de participación legislativa de la sociedad civil, capaz de complementar y mejorar la capacidad representativa y de toma de decisión del Legislativo.
  3. Impulsar, apoyar y organizar asambleas ciudadanas y otros procesos deliberativos para ayudar a las autoridades y administraciones públicas responsables a abordar dilemas políticos complejos con mejor información y mayor legitimidad social.
  4. Utilización de la  prospección estratégica de exploración de los futuros plausibles para anticiparse a los problemas que van a afectar a las generaciones futuras  y plantear la mejores políticas para superarlos. Estos ejercicios de visualización y co-creación  deben realizarse conjuntamente con los ciudadanos para conseguir la máxima repercusión social y ayudar a poner en marcha los cambios que nuestra sociedad necesita hacer.
  5. Mejorar el funcionamiento y la eficacia de la participación ciudadana en los órganos consultivos de la Administración, de forma que se conviertan en espacios de participación relevante y activa, con capacidad propositiva y con representación inclusiva y diversa. 
  6. Mejorar el diseño y funcionamiento de los procedimientos de consulta pública en proyectos normativos para lograr que sean un canal de participación habitual de un conjunto diverso, inclusivo y representativo de las partes interesadas y para garantizar la calidad y accesibilidad del proceso y la adecuada rendición de cuentas por parte de la administración responsable.
  7. Regular la actividad de los grupos de interés para reducir los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses, mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones y promover un mayor nivel de integridad y transparencia de las instituciones públicas.
  8. Promover una ciudadanía políticamente activa y socialmente implicada y comprometida en todas las etapas de su vida, comenzando por garantizar la inclusión de la infancia y la juventud en modalidades de participación de las que actualmente son excluidas.

Somos conscientes de que las medidas que proponemos en este Manifiesto sólo serán plenamente efectivas si van acompañadas del compromiso y actuación firme por parte de los poderes públicos en defensa de la integridad pública, la protección de un espacio cívico seguro, la ampliación de la legitimación activa de la sociedad civil y la resiliencia de nuestras sociedades frente a la desinformación y la manipulación de la información.

Aportamos, como anexos a este Manifiesto, una serie de documentos con propuestas detalladas sobre cómo podrían implementarse las medidas sugeridas, que cuentan con la legitimidad de partir de los principales consensos y de las mejores prácticas internacionales y que se basan en las recomendaciones de las instituciones de referencia y en nuestras experiencias individuales y colectivas.

Finalmente, las personas y entidades que suscribimos este Manifiesto, vigilaremos la adopción de las medidas propuestas, seremos exigentes con su implementación e informaremos a la opinión pública y ciudadanía al respecto.

En el anexo 3 se recoge más información sobre la ampliar la democracia en las instituciones.

Parte 7: Vivir dentro de los límites planetarios

1. Exposición de motivos

De la misma forma que existen unas reglas fiscales europeas de déficit y deuda que limitan nuestro presupuesto económico anual, también existe la regla climática de no exceder el 1,5º de temperatura y que se traduce en no superar nuestro presupuesto de carbono. Este presupuesto limita los gases de efecto invernadero que España puede generar en todas sus actividades. Por tanto se debe tener presente a la hora de planificar cualquier gasto o a la hora de aprobar cualquier norma que tenga un impacto en el clima.

Necesitamos tener una hoja de ruta de reducción de emisiones coherente con el presupuesto de carbono de España. Esto se traduce en definir el límite de emisiones de cada sector económico a fin de que la suma de todos los sectores no supere este presupuesto de carbono.

La transición hacia la sociedad sostenible que hemos puesto como objetivo mil veces anunciado, requiere una diagnosis previa para conocer cuáles de las dimensiones físicas hemos superado o estamos cerca de superar, para luego, marcarnos unos objetivos a conseguir y una hoja de ruta.

Los datos que disponemos nos informan de los límite que desde hace años ya hemos sobrepasado. A pesar de conocer la situación no hemos emprendido de forma sistemática, generalizada  y eficaz esta hoja de ruta que necesitamos para volver a estar dentro de los límites (fig. 1).

Fig. 1: Límites superados el 2015 en Espanya. 

Font: https://goodlife.leeds.ac.uk/national-trends/country-trends/

El reto de fijar unos objetivos coherentes con el compromiso de sostenibilidad,  es inmenso porqué al concretar en cifras y calendarios  las metas que deberíamos cumplir para volver a situarnos dentro de los límites físicos, ponemos en evidencia que el sistema de producción y consumo en el que estamos asentados requiere cambios profundos que implican a toda la sociedad, partiendo de la óptica del ciudadano,  continuando con  la óptica del trabajador, o del empresario, del agricultor o ganadero y terminando por el  sector financiero.   

Tanto las metas que debemos definir cómo la hoja de ruta que hemos de diseñar, requieren en primer lugar, la comprensión, el tomar consciencia de lo lejos que estamos de los objetivos y después de aceptar que  las actuaciones que deberíamos emprender significan cambios profundos en nuestra forma de vida. Estos cambios no van a ser posibles si no son aceptados por los propios ciudadanos. Los gobiernos no van a poner en marcha las políticas para realizar estos cambios sin el apoyo social. 

Por otro lado, existen intereses muy poderosos que trabajan para que nada cambie, porque sus beneficios se basan en negocios que no tienen cabida en una economía sostenible. Estos intereses del statu quo actúan sobre todos los medios a su alcance para convencernos de que el crecimiento económico basado en “sus negocios” beneficia a todos, poniendo el foco en los rendimientos del presente y haciéndonos olvidar que nuestra descendencia tiene los mismos derechos a vivir dignamente que nosotros.

Es la necesidad de llegar a algún acuerdo de actuación, a algún compromiso serio de cambio a pesar de la complejidad de las circunstancias  y de los múltiples intereses que están en juego,  la que nos lleva a defender los sistemas de participación referidos en el capítulo anterior, porqué sin ellos difícilmente vamos a poder avanzar. En un clima de desconfianza en los gobiernos y de polarización política, cómo en la que estamos inmersos, cualquier medida tomada por ellos que pueda ser interpretada cómo una imposición,  está destinada a fracasar. Hemos sido testigos en estos últimos años de enfrentamientos violentos entre ciudadanos y gobiernos por políticas que no han gustado o no han sido aceptadas por algunos sectores. Francia ha sido el ejemplo más destacado de dichas protestas, pero algunas han tenido repercusión en más de un país, como las protagonizadas por el sector agrícola.

De entre todos los límites físicos a los que podríamos referirnos, vamos a centrarnos solo en uno de ellos, el CO2, por su importancia y porque tenemos datos suficientes que nos permiten saber dónde estamos y poder concretar las  actuaciones que deberían traducirse en políticas públicas. 

Límite climático. El presupuesto  de carbono cómo guía

El presupuesto de carbono indica la cantidad de CO2 eq. que queda por emitir a la atmósfera sin sobrepasar un escenario de 1.5°C de calentamiento global. Se puede calcular el presupuesto de carbono que le corresponde a un país o una región determinada. Conociéndolo, se puede asignar  a los diferentes sectores emisores de una economía una parte de este presupuesto, de manera que la suma de las emisiones de cada sector corresponderá al presupuesto total. 

El concepto de presupuesto de carbono nos permite  calcular cuánto deben reducirse las emisiones y en cuánto tiempo. El presupuesto de carbono es un límite absoluto que no debemos pasar si queremos permanecer por debajo de 1,5ºC. Al ser un valor absoluto evita las confusiones que se derivan de los objetivos de reducción relativos habituales, expresados en %.  

De la misma forma que existen unas reglas fiscales europeas de déficit y deuda que limitan nuestro presupuesto económico anual, también existe la regla climática de no exceder el 1,5º de temperatura y que se traduce en no superar nuestro presupuesto de carbono. Este presupuesto limita los gases de efecto invernadero que España puede generar en todas sus actividades. Por tanto se debe tener presente a la hora de planificar cualquier gasto o a la hora de aprobar cualquier norma que tenga un impacto en el clima.

Trabajar conociendo los presupuestos de carbono nos pone delante de la evidencia de que los objetivos de reducción que nos hemos marcado en Europa y en España, no son coherentes con  los compromisos de París, porque la velocidad de reducción de emisiones es demasiado lenta. El siguiente gráfico nos muestra cuál es el presupuesto de carbono de la UE calculado según dos criterios diferentes, el Nº 1 solo tiene en cuenta criterios de equidad, el Nº 2  tiene en cuenta además criterios de capacidad económica y grado de desarrollo.

Este gráfico nos muestra claramente lo que significa para Europa  reducir las emisiones en un 55% hasta 2030, en comparación con lo que se debería reducir según el presupuesto de carbono que le corresponde y la tabla nos muestra qué reducciones se deberían cumplir para no sobrepasar el presupuesto de carbono correspondiente al 1,5º C.

La línea azul corresponde a las emisiones históricas. La línea gris  corresponde a los compromisos de reducción lineal tomados por el conjunto de los países de la UE (-55% respecto a 1990). Las líneas naranja y amarilla corresponden a las reducciones compatibles con el presupuesto de carbono de la UE según dos formas calcularlo (amarilla tiene en cuenta criterios de equidad. La naranja tiene en cuenta además criterios de capacidad económica y grado de desarrollo). 

Fuente:  https://cites.upc.edu/ca/shared/ggcc/eu-carbon-budget-final-document.pdf

La siguiente tabla nos muestra la velocidad de reducción de emisiones que deberíamos cumplir en la UE  para no sobrepasar los 1,5º.

Reducción de emisiones de la UE acordes con el presupuesto de Carbono.

Fuente: https://cites.upc.edu/ca/shared/ggcc/eu-carbon-budget-final-document.pdf

Situación en España

 

España no tiene calculado todavía su presupuesto de carbono. Este dato es imprescindible para conocer si los objetivos de reducción establecidos en la actualización del  PINIEC  2023-2030 son coherentes con el acuerdo de París. 

Es curioso observar cómo el estudio de evaluación ambiental estratégica de la actualización del PINIEC. 2023-2030 no evalúa si los objetivos de reducción son compatibles con París. 

Aunque es positivo que los objetivos del PNIEC actualizado han mejorado respecto al anterior, podemos intuir que están lejos de cumplir lo que deberíamos cumplir.

2. Propuestas

  1. Es imprescindible que se calcule el presupuesto de carbono de España y que se prevea una reducción de emisiones acorde con el presupuesto.
  2. Establecer una vinculación entre el presupuesto de carbono de España  y la actividad política con impacto climático, ya sea en forma de planes de gasto, inversiones, estrategias o normativas.  Todas las políticas deben tener una medida del impacto climático. El presupuesto del estado y también el del resto de las administraciones deben tener un techo estimado de emisiones.
  3. Definir una  hoja de ruta de reducción de emisiones gestionando el presupuesto de carbono. Esto significa que deberá  asignarse a cada sector económico la porción de presupuesto que acotará el límite máximo de emisiones de cada sector y, a partir de ahí, recoger la lista de las actuaciones que deberán emprenderse en cada sector con una estimación de la reducción de  emisiones que cada actuación puede conseguir.
  4. Dietas con menos carne. Entrando en el tema de las actuaciones por sector, es imprescindible  romper el tabú sobre la transformación del sistema alimentario español. A esta alturas de la emergencia climática y de la sequía, hablar de la reducción del consumo de carne y  de reducción de su producción, no solo no  debería levantar ampollas, sino que tendría que formar parte de los foros ciudadanos de deliberación para acordar las mejores estrategias en abordar las crisis derivadas del cambio climático.  Necesitamos transformar nuestro sistema alimentario mediante la remodelación de los entornos alimentarios para que los alimentos saludables y sostenibles sean la opción más sencilla y aceptada.. Impulsar un cambio hacia la agroecología e implementar políticas que promuevan el uso sostenible de la tierra, incluidas la gestión de bosques, la protección de hábitats naturales y apoyo a la agricultura sostenible y las prácticas regenerativas.
  5. El sector de la movilidad es especialmente difícil de descarbonizar porqué el modelo que impera está basado en el dominio del coche particular en propiedad en el transporte de viajeros y en el dominio del camión en el transporte de mercancías. El coche representa el 75% de la movilidad  de España, medido en viajeros-km, y el camión el 96% del transporte terrestre, medido en t-km. Aunque se habla mucho de la movilidad eléctrica, sobre todo para automóviles particulares, lo cierto es que hoy las únicas tecnologías masivas para viajeros y camiones son las basadas en el ferrocarril. Apenas hay coches eléctricos y no esperamos mucho más que una decena de camiones eléctricos en España. Las políticas de los sucesivos gobiernos muestran claramente que no se ha pensado en un modelo alternativo al actual, basado en el derroche de energía. El sector del transporte es responsable del 46% del consumo de energía primaria en España, aproximadamente. La mitad  debida a los  viajeros (coches) y la otra mitad debida a los  camiones. El problema de la descarbonización de la economía española se llama transporte, puesto que sólo el 2% del consumo energético del sector es eléctrico (trenes, metros y tranvías) . Se puede hablar mucho de transporte público, pero desde el ministerio se impulsa desde hace años la política de alta velocidad para el transporte interregional y autobuses para el transporte regional. Sólo Madrid y Barcelona tienen redes atractivas de cercanías.Para el sector de los  viajeros no existe una hoja de ruta sobre el cambio de movilidad basado en la ampliación de la red y del servicio ferroviario, verdadera la columna vertebral del cambio de modelo de movilidad, ni tampoco se prevé un plan para integrar y conectar este sistema ferroviario con el resto de modos de movilidad por carretera, no podemos esperar reducciones importantes de las emisiones en este sector. En cuanto a mercancías, a pesar de los planes para transferir carga al ferrocarril que proponen los sucesivos gobiernos, la realidad es que tenemos la peor cuota ferroviaria de mercancías de Europa. Y eso a pesar que con el formidable despliegue de la alta velocidad, miles  de km de vía de ancho ibérico han quedado libres para hacer circular sobre ellas todos los trenes mercantes que sean necesarios. El dato de que el 92% del tráfico de camiones por autopistas es susceptible de ser transferido al ferrocarril, por volumen de carga y por distancia, debería hacer reaccionar al gobierno. Existen buenos estudios y buenas propuestas sobre cómo abordar la cuestión de la movilidad en España. La importancia del  tema merece un mejor trato por parte del gobierno  y una apertura de miras sobre el significado de la palabra sostenibilidad de la movilidad. 
  6. La rehabilitación energética de viviendas es fundamental para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, el encarecimiento de los préstamos está dificultando que los propietarios inviertan en estas mejoras. La rehabilitación energética de viviendas reducirá la demanda energética de los hogares y las tensiones inflacionarias a causa de la energía en el futuro, por lo que la lucha contra la inflación está garantizada.
  7. El sector financiero y  los bancos centrales están demostrando una lentitud incomprensible en actuar contra el cambio climático en la verdadera medida de sus capacidades. En los últimos años, los bancos centrales de todo el mundo han declarado su compromiso con la promoción de las finanzas sostenibles y la protección del medio ambiente. Reconocen la urgencia de abordar el cambio climático y se han comprometido a apoyar una transición ordenada hacia una economía baja en carbono. El Banco Central Europeo (BCE), por ejemplo, presentó hace ahora un año su hoja de ruta para el cambio climático, destacando su deber de apoyar las políticas económicas que contribuyen a los objetivos de la Unión Europea en materia de protección del medio ambiente. En dicha hoja de ruta reconoce la importancia de impulsar las finanzas sostenibles para impulsar una transición hacia una economía baja en carbono. Sin embargo, los requerimientos de capital para inversiones fósiles no aumentan y así, estas inversiones no se desincentivan. Mientras tanto, los tipos de interés continúan aumentando, lo que desincentiva las inversiones en la transición ecológica en general, y en la rehabilitación energética de viviendas en particular. Es crucial que los bancos centrales encuentren un equilibrio entre el control de la inflación, la estabilidad financiera, y el apoyo a la transición ecológica. Una posible solución sería establecer políticas y mecanismos que ofrezcan acceso a préstamos asequibles y accesibles para las inversiones verdes mediante una línea de refinanciación diferenciada a tipos de interés negativos, igual que hicieron durante la pandemia. Esto solo incentivaría este tipo concreto de inversiones dejando las demás sometidas a los altos tipos de interés. En resumen, si bien los bancos centrales se han comprometido a impulsar las finanzas sostenibles y apoyar la transición ecológica, la actual subida de los tipos de interés está desincentivando las inversiones en este ámbito. Para superar este obstáculo, es necesario que los bancos centrales implementen políticas y mecanismos que faciliten el acceso a préstamos asequibles y promuevan las  inversiones verdes. Solo a través de acciones coordinadas y un compromiso firme, los bancos centrales podrán cumplir su papel crucial en la protección del medio ambiente y la promoción de una economía sostenible.

Parte 8: Un mundo más justo y equitativo. Bienestar para todos sin dejar a nadie atrás

1. Exposición de motivos

La aprobación de los ODS de la Agenda 2030 por la mayoría de países del planeta tiene el objetivo de superar las principales carencias en las dimensiones sociales, económicas  y ambientales  y conseguir de esa forma unos niveles aceptables de calidad de vida para todos los ciudadanos del mundo sin dejar a nadie atrás.

Pobreza
 

Nos detenemos en dos de las metas del ODS 1:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Meta 1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día).

Meta 1.2. De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

El indicador asociado a la meta 1.1 es el Indicador 1.1.1. Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza ( no disponible), aún que a la práctica el indicador que realmente evalúa la erradicación de la pobreza en España es el indicador 1.2.2.4. Población con carencia material severa (Fig, 1).

Comparando el valor de este indicador en 2023 (8,9%) con el de 2015 (6,4%) y observando la serie de datos desde 2011, es fácil concluir que evidentemente no estamos en la senda de cumplir la meta de erradicar la carencia material severa, sino ni tan solo de acercarnos.

El indicador 1.2.1.2. Población en riesgo de pobreza relativa (ingresos < 60% mediana) con alquiler imputado mide la meta 1.2 (Fig. 2).

Comparando el valor de este indicador en 2023  (17,4%) con el de 2015  (19,5%) y observando la serie de datos desde 2011, podemos concluir que, aunque este indicador ha mejorado desde 2021, difícilmente llegaremos a reducir a la mitad la población en riesgo de pobreza en 2030.

Podríamos seguir enfocándonos en el riesgo de pobreza de diferentes sectores de la población: mujeres, migrantes, hogares monoparentales, etc. para llegar a la conclusión de que, aunque se han puesto en marcha planes y estrategias destinadas a reducir la pobreza, los resultados indican que  estas políticas no han sido suficientes o las más acertadas para solucionar este problema sistémico. 

El cuadro siguiente muestra cómo tanto  el nivel de renta como  la situación laboral tienen un gran influencia sobre la salud mental de las personas: a menos ingresos, más porcentaje  de población medicada con fármacos antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos o sedantes. No trataremos las causas de las  cifras elevadísimas en España del consumo de estos fármacos que nos coloca en los primeros puestos del ranking mundial, aunque evidentemente demuestran una clara disfunción en su uso. Queremos destacar aquí que la pobreza y la precariedad laboral son determinantes sociales cuyos efectos en la salud, y en particular en la salud mental, son hondos y duraderos cuando no devastadores.

Fig. 3 Nivel de renta / situación laboral y consumo de fármacos antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos o sedantes. Fuente: Ministerio de Sanidad

Font: Ministerio de Sanitad

Enfoque  en la pobreza de la infancia i la juventud 

 

Vamos a centrarnos en los principales problemas que afectan a la infancia y juventud, y que si no consiguen mejorar, afectarán también a las generaciones que tienen que venir. 

Pobreza en la infancia y la juventud

Más de un 30%  de los menores de 18 años está en situación de riesgo de pobreza, el doble del porcentaje del total de la población.

Entre 2015 y 2023, el porcentaje de personas menores de 18 años en riesgo de pobreza o exclusión social es, durante todo el período, superior al de la población de entre 18 y 64 años. Concretamente, en el año 2023, su incidencia en personas menores de 18 años fue 8,4 puntos porcentuales superior al de la población adulta.

Fig. 4 Riesgo de pobreza población menor de 18 anys y de la población adulta. Extraído del  Examen nacional voluntario 2024 sobre la implementación de la agenda 2030

La següent Fig. 5  se muestra la gráfica siguiente extraída del estudio  Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024   nos compara con el resto de países de la UE. El ranking de datos habla por sí solo:

Fig. 5 Pobresa relativa de menores  de 18 años antes y después de transferencias en los países de la UE 202.

Es una necesidad urgente encontrar solución al  problema de la pobreza infantil que está afectando  a un alto porcentaje de hogares en España. No podemos olvidar además que la pobreza se hereda de una generación a otra. Prueba de ello es que el 35% de las personas nacidas en hogares con una mala o muy mala situación económica son pobres en la edad adulta, y la probabilidad de experimentar pobreza de adulto es 20 veces mayor para personas nacidas en hogares con dificultades económicas que para aquéllas nacidas en hogares en buena o muy buena situación económica.

Por último, queremos destacar que según el l Análisis de la encuesta de condiciones de vida con enfoque de infancia 2024, , La cobertura de las prestaciones actuales no abarcan todas las situaciones de pobreza infantil. Deja fuera a las familias que no están por debajo del umbral de pobreza severa. Se calcula que, además, hay un 50% de hogares que, a pesar de tener el derecho a este tipo de ayudas, no las solicitan. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue al 35% de los hogares elegibles para recibirlo. El 58% de estos hogares con derecho al IMV no presentaron solicitud durante este año, mientras que el 69% de las solicitudes presentadas fueron denegadas. Además, el coste anual efectivo del IMV ascendió a 1.900 millones de euros en 2022, sólo el 47% del potencial total. Esta evaluación resalta una limitada cobertura del nuevo complemento de infancia, que benefició a 274.000 hogares, una cifra significativamente menor frente a los 1,5 millones de familias con menores dependientes que podrían haberlo recibido.

Trabajo y Estudios

 

El empleo en España ha experimentado una notable recuperación desde 2013 y paralelamente también ha mejorado el empleo en la población joven aunque su situación laboral sea peor que la de la población en su conjunto. Un dato es que el 53,8% de jóvenes entre 15 y 29 años no encuentra un empleo a jornada completa. 

El empleo joven también se caracteriza por sufrir mayores tasas de temporalidad respecto a la población general. Con la reforma laboral del R. D – ley 32/2021 , el tipo de contratación se ha transformado. Según datos de julio de 2023, el 39,5 % de los contratos de jóvenes de 16 a 24 años fueron indefinidos, aunque en muchos casos un contrato indefinido no garantiza la estabilidad en el empleo.

Las tasas de desempleo juvenil varían mucho entre comunidades. Como ejemplo comparamos  la tasa de desempleo juvenil (15 a 29 años) que en 2021 en Aragón era del 18% mientras que en  Ceuta era del 56%.

También ha mejorado el nivel educativo y ha descendido la tasa  de Ninis. En general se observa que a mayor nivel educativo mayores tasas de empleo y mayores sueldos, según se desprende del informe jóvenes y  mercados de trabajo  del Ministerio de Trabajo.

Acceso a la vivienda

 

El acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales que enfrenta nuestro país, un factor generador de desigualdad y elemento clave en el análisis del riesgo de pobreza de la población y, por tanto, en su abordaje. 

El encarecimiento de la vivienda en España durante la última década está cambiando las tendencias en el régimen de tenencia de vivienda.  El régimen de tenencia de alquiler, según los últimos datos de Eurostat, ha pasado de representar del 20,3% de la población en el año 2011 al 24,7% en el año 2023. Entre  2011 y 2023 la  residencia en  viviendas en alquiler se ha incrementado en un 21,6%. 

En los hogares de personas de entre 16 a 29 años, el  porcentaje  de residentes en  viviendas en alquiler se ha  incrementado hasta el 48,7 %. En el rango de edad de entre 30 y 44 años también se ha producido un significativo incremento, pasando del 17,1 %, en 2006, al 29,6 % en 2023.

En 2023, el 30,6% de la población que reside en viviendas en régimen de alquiler a precio de mercado, destinaban más del 40% de sus ingresos al pago de la misma, lo que se sitúa alrededor de 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea. Son las personas de entre 16 y 24 años, y de 35 a 49 años quienes mayor porcentaje de su renta disponible dedican a sufragar los costes de su vivienda. 

Al mismo tiempo, el precio del alquiler ha experimentado un incremento muy significativo en los últimos años. Entre 2015 y 2022, el precio del alquiler se ha incrementado un 25,2%, registrando en algunos ámbitos territoriales crecimientos que superan el 50% en ese periodo. El reducido parque de vivienda social en España  que sólo alcanza  al 2,5% de los hogares, no tiene un impacto perceptible en la mejora de una situación totalmente disfuncional.

Fig 6 Población en régimen de alquiler y edad. Extraído del  Examen nacional voluntario 2024 sobre la implementación de la agenda 2030

Un futuro incierto y con dificultades

 

A pesar de la mejora del nivel educativo  y del empleo  de los últimos años nos ha mostrado que ni la educación ni el empleo son suficientes para acceder a la vivienda. A pesar de las mejoras en las condiciones del empleo, persiste la desigualdad. Las condiciones de inestabilidad y los salarios bajos desembocan en una falta de autonomía económica y , por tanto, en la imposibilidad de emprender un proyecto de vida independiente.

Esa precariedad, sumada a la inflación y al aumento constante del precio de la vivienda, dificulta la emancipación juvenil en España. La diferencia en la edad  de emancipación juvenil  respecto al conjunto de la UE es de más de tres años. 

Según el estudio de prospección estratégica sobre empleo y juventud en España encargado por  Ayuda y Acción, esta  coyuntura económica va a mantenerse durante la presente década y el porcentaje de población que vive con sus progenitores incrementará casi un punto en 2030. Sin embargo, según dice el estudio,  si se aplicaran las recomendaciones y políticas acordadas por el panel y desarrolladas en el estudio, el porcentaje podría reducirse hasta ocho puntos.

Desde el punto de vista demográfico, en una sociedad que envejece la proporción de jóvenes respecto al total de la población va descendiendo: en 2007 la juventud (16-29 años) representaba un 42,8 % de la población y en 2023, el 37,6 %. En 16 años el porcentaje  de  jóvenes ha disminuido en un 5,2%. Este envejecimiento va  a tener un impacto  en la distribución presupuestaria y en los costes de los servicios esenciales: educación, sanidad, servicios de cuidados y pensiones. El mantenimiento y la sostenibilidad  de los servicios esenciales y universales de calidad y los posibles ajustes que se requieran en un futuro  es  otra de las incertidumbres que generan debate y posicionamientos muy  dispares en la sociedad.

Fig 7.  Edad de emancipación de los jóvenes en la UE

 Fuente : Eurostat

 Fig. 8. Edad de emancipación de los jóvenes en la UE

Fuente : Eurostat

2. Propuestas

Se necesitan nuevos marcos políticos  para solucionar los problemas más acuciantes que recaen sobre los jóvenes que ayuden a aumentar la proporción de juventud independizada.

La accesibilidad a la vivienda requiere un conjunto de acciones en  varios frentes, entre los que está la necesidad de incrementar y mejorar la oferta de vivienda, en especial aumentar el parque público de viviendas destinado al alquiler, crear bolsas de vivienda asequible, medidas para reducir la especulación y adaptar la política de vivienda a las particularidades de cada territorio, incluso a nivel de barrio.

Más allá del problema de la vivienda, existen otros problemas a resolver que no son menores:  volvemos a la cuestión tratada al comienzo de este capítulo: la reducción de la pobreza y  la eliminación de la carencia material severa. También en estos temas se necesitan nuevos marcos políticos. El tema de la desigualdad que no hemos tratado explícitamente, está implícitamente muy relacionado con la pobreza, la precariedad, el grado de bienestar  y los recursos para empezar una vida autónoma y, en resumen, con la igualdad de oportunidades. También en estos temas se necesitan nuevos marcos políticos. Ya se ha comentado los resultados decepcionantes de una medida tan esperada como era el Ingreso Mínimo Vital.

En el capítulo siguiente sobre  Innovación social para afrontar los retos del futuro  vamos a introducir esta necesidad de repensar nuevos marcos políticos, nuevas actuaciones que nos ayuden a superar estos retos sistémicos y, algunos de ellos, crónicos. 

Parte 9: innovación social para afrontar los retos del futuro

1. Exposición de motivos

La cita de Albert Einstein “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”, nos advierte de la imposibilidad de superar los problemas ambientales y sociales generados por nuestro modelo socioeconómico si aplicamos las mismas soluciones de siempre. No vamos a encontrar solución al consumo excesivo de recursos agotables, a la emisión de gases de efecto invernadero, a la contaminación de nuestras aguas, a la degradación de nuestras tierras o a la desigualdad y a la pobreza crónicas, aplicando las mismas políticas públicas que hemos aplicado hasta ahora.

Las políticas que se vienen aplicando habitualmente para resolver problemas sociales enquistados (pobreza, desigualdad y precariedad) o problemas ambientales cada vez más perturbadores (desertificación, cambio climático, incendios…) han mostrado sus  limitaciones en los resultados.   Es en este contexto de búsqueda de soluciones, que  llega el momento de la innovación social, de probar nuevas propuestas  políticas,  de experimentar nuevas iniciativas y de replicar los casos de éxito. Esta innovación  va a requerir pruebas piloto y monitoreos  para evaluar los resultados y la eficacia, y, en caso de éxito, escalarlas.

Mejorar la eficiencia, aplicar las medidas de economía circular cómo lo hacemos actualmente o desplegar las energías renovables no nos llevarán por sí solas a un sistema económico que se ajuste a los límites planetarios. El efecto Jevons demuestra que el aumento de la eficiencia en el uso de materiales o de energía nunca ha significado a la larga la reducción de su consumo. A pesar de todas las medidas de economía circular que ya hace años que se aplican en Europa, la fracción de materiales reusados en el flujo total de materiales que alimentan nuestra economía está estancado en cifras cercanas al 11% desde hace una década. El deseo de desmaterializar la economía es solo eso, un deseo que las leyes de la termodinámica demuestran que nunca va a ocurrir.

No podemos construir el sistema sostenible del futuro con los mismos mimbres con los que hemos construido el sistema insostenible del presente. Existen problemas sociales (pobreza, desigualdad, precariedad, paro) que vamos arrastrando desde hace décadas y que se resisten a mejorar o a desaparecer conviertiéndose en crónicos. Los problemas mediambientales y climáticos irán agudizándose si no se toman las medidas radicales y urgentes que requieren. Poner solución a estos retos implica probar nuevas fórmulas o políticas innovadoras. 

Para avanzar en esta transición indispensable no hay más solución que ensayar experiencias nuevas, que aprender de la prueba y el error, que replicar las experiencias que han dado resultados esperanzadores o bien experimentar nuevas propuestas de solución a pequeña escala para extenderlas cuando los resultados son positivos.

Existen muchas propuestas de innovación social que no han sido probadas todavía a pesar de saber que las políticas actuales no han demostrado ser eficaces para  resolver los problemas sistémicos que se repiten. ¿Por qué todavía existen elevados porcentajes de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en las sociedades ricas cómo la nuestra? ¿por qué a pesar de todas las energías renovables que vamos generando, nuestras emisiones no disminuyen al ritmo que deberían? ¿por qué no somos capaces de abandonar las energías fósiles cuando sabemos que nos perjudican? ¿por qué dejamos que nuestra tierra se degrade y se desertifique cuando conocemos las soluciones para regenerarla? ¿por qué nuestros jóvenes no pueden emanciparse por falta de viviendas a precios asequibles cuando conocemos que este es un bien con el que los fondos de inversión especulan o que hay propietarios rentistas no residentes que los acaparan?… la respuesta a estos problemas requiere aplicar nuevas políticas distintas a las que se han aplicado hasta ahora.

Necesitamos que los responsables políticos se arriesguen a emprender nuevas iniciativas y a probar si funcionan. Existe un sinnúmero de propuestas procedentes de la economía ecológica, de la economía estacionaria, del decrecimiento y del poscrecimiento, de la economía social, de la economía del bienestar, de la economía del bien común… algunas de ellas podrían ser viables y nos podrían ayudar a salir del callejón sin salida en el que nos encontramos. Pero para saberlo, se tienen que ensayar. Necesitamos espacio y valentía para innovar pero también se necesita la aprobación social.

2. Propuestas

Proponemos el impulso de iniciativas de innovación social, replicando casos de éxito en otros lugares o realizando pruebas piloto monitoreadas para conocer el resultado de aplicar nuevas fórmulas en ámbitos sociales, agroalimentarios, energéticos, constructivos, de movilidad o de trabajo.

He aquí solo algunas de las propuestas que ahora mismo son demandadas por algunos colectivos. Algunas de ellas podrían ser viables y tener buenos resultados:

How popular are post-growth and post-capitalist ideas?

Necesitamos un Gobernador del Banco de España consciente de la emergencia climática y social

Las Zonas de Bajas Emisiones son necesarias y urgentes para reducir emisiones y proteger la salud

Manifiesto de entidades sociales en defensa del Plan Piloto de la Renta Básica de Catalunya

Existen soluciones para superar el cambio climático. Pongámonos en marcha

La declaración de la cumbre de Berlín: reconquistar el pueblo     

Gravar las grandes fortunas para financiar la transición ecológica y social

Propuesta de la sociedad civil para una ley de gestión de recursos de la UE

Las políticas de suficiencia deben integrarse urgentemente en la nueva agenda estratégica de la UE

Hoja de ruta hacia el cambio de modelo económico y de gobernanza para Europa

La hoja de ruta para la reducción empieza por gestionar el presupuesto de carbono

Más viajes en tren, menos emisiones. Bases para doblar la demanda del ferrocarril en España.

Decálogo Ferroviario de Acciones públicas para la presentación de la Alianza.

Plan de Choque para la transición ecosocial (XJC)

Parte 10: Gobernanza para los cambios y nuevas formas de trabajar

1. Exposición de motivos

Tener en cuenta los derechos de las generaciones futuras obliga a hacer cambios en la gobernanza y en la forma de trabajar. Ello implica que tendrán que desplegarse las leyes y las instituciones relacionadas con el seguimiento y la evaluación de las políticas que aunque están aprobadas, todavía no están en funcionamiento. Ej. Ley 27/2022 de Evaluación de políticas públicas.

Reforzar la coordinación entre ministerios y entre todas las administraciones para actuar de forma más armonizada. Desarrollar e implementar nuevos procesos que permitan  una coordinación más estrecha entre las  políticas sectoriales para identificar interacciones potenciales e impactos a largo plazo de unas políticas con otras.

“Colaborar” con otras administraciones y con los diferentes sectores de la sociedad para cumplir con los ODS y los objetivos de bienestar aquí, en otros lugares y en el futuro.

De la misma forma que existen unas reglas fiscales europeas de déficit y deuda que limitan nuestro presupuesto económico anual, también existe la regla climática de no exceder el 1,5º de temperatura y que se traduce en no superar nuestro presupuesto de carbono. Este presupuesto limita los gases de efecto invernadero que España puede generar en todas sus actividades. Por tanto se debe tener presente a la hora de planificar cualquier gasto o a la hora de aprobar cualquier norma que tenga un impacto en el clima.

Ampliar  los canales y las nuevas formas de  participación entre ciudadanos y administraciones tanto en la elaboración de leyes cómo en la elaboración de planes y estrategias. Impulsar nuevos canales de participación democrática. La co-creación de visiones de futuro y los métodos de deliberación facilitan el abordaje de los dilemas políticos complejos con mejor información y mayor legitimidad social. A la vez son  una vía de implicación y de compromiso político de los ciudadanos.

Profundizar y normalizar el uso del trabajo y de las metodologías de prospectiva estratégica existentes en el ciclo político, de modo que se integren en el plan de trabajo y el presupuesto anuales, incluido el aprendizaje a partir de modelos y escenarios de futuro para la toma de decisiones a largo plazo.

Las políticas que se vienen aplicando habitualmente para resolver problemas sociales enquistados (pobreza, desigualdad y precariedad) o problemas ambientales cada vez más perturbadores (desertificación, cambio climático, incendios…) han mostrado sus  limitaciones en los resultados.   Es en este contexto de búsqueda de soluciones, que  llega el momento de la innovación social, de probar nuevas propuestas  políticas,  de experimentar nuevas iniciativas y de replicar los casos de éxito. Esta innovación  va a requerir pruebas piloto y monitoreos  para evaluar los resultados y la eficacia, y, en caso de éxito, escalarlas.

En el capítulo 4 que trataba de la medición y el seguimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, apuntábamos que una de las carencias en la información y el seguimiento de los ODS está relacionada con la falta de coordinación entre los informes anuales del progreso en el cumplimiento de los ODS realizados por las distintas CCAA. La información que se recoge en estos informes es distinta y dispar. Las metas de cada CCAA están definidas de formas distintas y muchas veces sin venir acompañadas de un indicador que se pueda medir cuali o cuantitativamente. Esta dispersión en la definición de objetivos y en los resultados dificulta el poder hacer un seguimiento eficaz de los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 española  que depende del gobierno de España, pero en gran medida también de los gobiernos de las CCAA. Sin una estrecha  coordinación entre todas las CCAA, se dificulta el seguimiento del progreso de los ODS. 

También comentábamos en los cap. 4 y 5 sobre evaluación de políticas, que también era necesaria la coordinación entre ministerios para no caer en contradicciones entre las  actuaciones de unas y otras. 

El resumen de las observaciones anteriores es que la participación vertical o multinivel (diferentes administraciones) y la transversal o multiactor (diferentes órganos) son imprescindibles para conseguir políticas públicas eficientes y eficaces. 

Hemos introducido también en los capítulos anteriores la necesidad de la visión a largo plazo y la necesidad de tener unas administraciones que actúen proactivamente, anticipándose a los retos del futuro. 

De la misma forma que existen unas reglas fiscales europeas de déficit y deuda que limitan nuestro presupuesto económico anual, también existe la regla climática de no exceder el 1,5º de temperatura y que se traduce en no superar nuestro presupuesto de carbono. Este presupuesto limita los gases de efecto invernadero que España puede generar en todas sus actividades. Por tanto se debe tener presente a la hora de planificar cualquier gasto o a la hora de aprobar cualquier norma que tenga un impacto en el clima.

Necesitamos tener una hoja de ruta de reducción de emisiones coherente con el presupuesto de carbono de España. Esto se traduce en definir el límite de emisiones de cada sector económico a fin de que la suma de todos los sectores no supere este presupuesto de carbono. En el capítulo 7 desarrollamos este tema con más profundidad.

En el capítulo 6  introducimos la necesidad de profundizar en la democracia y en la transparencia de las actuaciones de la administración. La rendición de cuentas y la creación de vías de comunicación y de participación  ciudadana  son una  característica de las  democracias de calidad y ayudan a aumentar la confianza en la política y los políticos y 

la implicación de la sociedad con la cosa pública.

Por último, en el capítulo 9 introducimos la necesidad de llevar a cabo iniciativas de innovación social que puedan ayudar en encontrar solución a algunos problemas sociales que venimos arrastrando de hace décadas sin un  signo claro de solución,  o a los nuevos problemas ambientales para los que no tenemos todavía una fórmula suficientemente eficaz de  hacerles  frente.

A continuación detallaremos estas nuevas  formas de trabajar  que deberían adoptar las administraciones y también propondremos la creación y modificación  de nuevas instituciones, de nuevos canales de comunicación y del impulso de la innovación social que ayudarían  a poner en marcha estas nuevas formas de trabajar:

2. Propuestas

Propuestas de modificación, refuerzo  o creación de instituciones e impulso de iniciativas:

 

Con el fin de involucrar a toda la administración en la puesta en marcha del Sistema Integral de CPDS es necesario reforzar y reorganizar algunos ámbitos para una mejor coordinación y difusión del enfoque de CPDS en todos los niveles y sectores de la administración. Para ello modificarán o crearán los siguientes órganos:

  1. Creación  de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y del Consejo General de Evaluación  ( Artículos 29 y 31 de la ley 27/2022 de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado). Se creará, por lo menos, un órgano en el que descanse el mandato de llevar a cabo una evaluación ex ante, así como ex post, que sea independiente, que incorpore a los actores de la sociedad civil y que además facilite la difusión de los resultados de las evaluaciones ante la ciudadanía en un proceso de transparencia y rendición de cuentas. La necesidad de la creación de dicho organismo independiente se sustenta en tres cuestiones fundamentales:
    1. Superar las carencias actuales de evaluaciones de impacto en la legislación que no procede de la iniciativa gubernamental.
    2. Garantizar la imparcialidad de la evaluación ex ante en la normativa de procedencia gubernamental, bien para concluir la existencia de impactos negativos, bien para asegurar que la evaluación se hace efectivamente en toda aquella normativa que potencialmente puede presentar impacto en aquellas áreas en que se exige esta evaluación.
    3. Contar con evaluadores con las debidas competencias técnicas, así como con personas expertas y de la sociedad civil en este tipo de evaluaciones.
  2. Creación de una Secretaría Técnica para el Sistema Integral de CPDS. A este nuevo espacio institucional se le asignará las competencias de promoción de la CPDS en el seno de la Administración General del Estado (AGE) . Su actividad se orientará a fortalecer las capacidades y recursos para la práctica de las funciones de asesoramiento, acompañamiento e incorporación de metodologías para la transversalización del enfoque de CPDS. La constitución de este órgano requerirá la elaboración y formalización de un ordenamiento reglado en el que estén determinadas su organización, composición, funciones y demás aspectos fundamentales relativos a su funcionamiento. Respecto a su composición, contará con representantes técnicos de todos los ministerios y de los otros agentes relevantes de la AGE implicados en el sistema, para así dotarlo de la mirada intersectorial e integral que demanda el enfoque de CPDS. Esta Secretaría Técnica será  la encargada de velar por el seguimiento de la hoja de ruta y la implementación del Sistema Integral de CPDS, asumiendo un rol fundamentalmente de acompañamiento y asesoramiento técnico en la puesta en marcha de los procedimientos de evaluación de las  interacciones multidimensionales y transectoriales y de interacciones transfronterizas e intergeneracionales. La orientación de la Secretaría Técnica primará, para la integración de los aspectos fundamentales de la CPDS, la reconfiguración de los espacios y procedimientos ya afianzados en la lógica institucional sobre la creación de unos nuevos que incrementen la ya muy elevada carga de trabajo de la Administración.
  3. Fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Sostenible como órgano colegiado con las funciones de asesorar, colaborar y encauzar la participación de la sociedad civil para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implementación de la Agenda 2030, su potencial para la interlocución política y la construcción de estrategias multiactor debe ser dotado de los recursos que hagan posible una participación activa, real y constante por parte de todos los actores. Para ello, necesita una asignación presupuestaria específica a partir de la cual se puedan identificar las necesidades en los diferentes grupos de trabajo, permitiéndoles también realizar informes propios y, en definitiva, avanzar en el diseño multiactor de las políticas públicas.
  4. Reconfiguración de la  Conferencia Sectorial de la Agenda 2030, para que pase a ser un Consejo de Implementación Multinivel de la Agenda 2030 en el que se amplíe la representación de las entidades locales. Esta mayor representatividad del ámbito municipal requerirá de una revisión del Reglamento Interno de la Conferencia, pero facilitará la articulación de las políticas entre los diferentes niveles territoriales del Estado español en la implementación de la Agenda 2030 y, por tanto, el diseño de actuaciones más coherentes. Más allá de su composición, también se propone repensar las lógicas que venían caracterizando a este espacio y avanzar hacia una metodología de funcionamiento conjunto orientada a la consecución de acuerdos y la realización de trabajos concretos, así como a compartir experiencias, aprendizajes, herramientas e instrumentos exitosos. El Consejo de Implementación Multinivel de la Agenda 2030 adquiere un papel relevante en el desarrollo de la ampliación del alcance del informe de alineamiento presupuestario con los ODS  en la incorporación del enfoque de CPDS en las metodologías de la producción normativa. 
  5. Creación de una interfaz científicopolítica orientada a la CPDS y el desarrollo sostenible para catalizar la incorporación del conocimiento científico a la política institucional de una manera más formal y continua de la que se está dando actualmente. En este espacio estarán presentes tanto universidades, como el CSIC o cualquier otro organismo de investigación de referencia en materia de desarrollo sostenible y CPDS. Su trabajo consistirá en producir evidencias y trasladarlas al máximo nivel político del sistema para que actúen sobre la dirección política de la promoción de la CPDS, por eso se pretende que actúe directamente con el grupo de trabajo de la Comisión Delegada del Gobierno de Agenda 2030. 
  6. La Secretaría de Estado para la Agenda 2030  debe asumir las competencias de coordinación  y seguimiento de la medición, así como que se constituyan grupos de actores diversos y se redacten informes señalando los aprendizajes y los desafíos hallados durante el proceso de medición, para compartir con la ONU y en el seno de la Administración General del Estado. 
  7. La constitución de un grupo de trabajo específico en la Comisión Delegada de Gobierno para la Agenda 2030 para evaluar las políticas públicas desde una perspectiva de CPDS.  Para llevar a cabo este trabajo será necesario el diseño de nuevas herramientas metodológicas, proceso en el que pueden contar con el asesoramiento de personas expertas en evaluación y seguimiento, así como forjar la coordinación con los diferentes espacios de la Administración pública con competencias en dichas materias. 
  8. Creación de un grupo de trabajo formado por representantes del INE y de las unidades estadísticas de los ministerios. El grupo de trabajo deberá:
    1. Revisar el conjunto de indicadores presentes en la EDS 2030 y su clasificación según tipologías dimensiones conceptuales y su función, para permitir el seguimiento de la CPDS. 
    2. Valorar si es necesaria la inclusión de nuevos indicadores y, en tal caso, si es necesario elaborarlos desde cero o ya existen alternativas en otros conjuntos. 
  9. Establecer una vinculación entre el presupuesto de carbono de España  y la actividad política con impacto climático, ya sea en forma de planes de gasto, inversiones, estrategias o normativas.  Todas las políticas deben tener una medida del impacto climático. El presupuesto del estado y también el del resto de las administraciones deben tener un techo estimado de emisiones.
  10. Definir una hoja de ruta de reducción de emisiones de cada sector económico, de forma que el sumatorio de los GEI de todos los sectores sea coherente con el presupuesto de carbono de España.
  11. Reformar el funcionamiento de la Iniciativa Legislativa Popular, para convertirla en una herramienta real y efectiva de participación legislativa de la sociedad civil, capaz de complementar y mejorar la capacidad representativa y de toma de decisión del Legislativo.
  12. Impulsar nuevos canales de participación democrática basados  en métodos de deliberación para abordar los dilemas políticos complejos con mejor información y mayor legitimidad social: asambleas ciudadanas, paneles,  jurados y referendos son herramientas de profundización democrática y, a la vez, una vía de implicación y de compromiso político de los ciudadanos. Esta podría ser una de las funciones  que el Instituto AzLab podría liderar si ampliase su ámbito de investigación y de aplicación.
  13. Utilización de la  prospección estratégica y la co-creación  en la de exploración de los futuros plausibles para anticiparse a los problemas que van a afectar a las generaciones futuras. Estos ejercicios de visualización de futuros y co-creación  deben realizarse conjuntamente con los ciudadanos para conseguir la máxima repercusión social y ayudar a poner en marcha los cambios que nuestra sociedad necesita. El Instituto AzLab podría liderar estos procesos de co-creación si ampliase su ámbito de investigación y de aplicación. 
  14. Mejorar el funcionamiento y la eficacia de la participación ciudadana en los órganos consultivos de la Administración, de forma que se conviertan en espacios de participación relevante y activa, con capacidad propositiva y con representación inclusiva y diversa. 
  15. Mejorar el diseño y funcionamiento de los procedimientos de consulta pública en proyectos normativos para lograr que sean un canal de participación habitual de un conjunto diverso, inclusivo y representativo de las partes interesadas y para garantizar la calidad y accesibilidad del proceso y la adecuada rendición de cuentas por parte de la administración responsable. 
  16. Regular la actividad de los grupos de interés para reducir los riesgos de fraude, corrupción y conflictos de intereses, mejorar la calidad de los procesos de toma de decisiones y promover un mayor nivel de integridad y transparencia de las instituciones públicas.
  17. Impulsar  iniciativas de innovación social, replicando casos de éxito o realizando pruebas piloto monitoreadas para conocer el resultado de aplicar nuevas fórmulas en ámbitos sociales, agroalimentarios, energéticos, constructivos, de movilidad o de trabajo. Algunas de estas fórmulas novedosas  podrían ser viables y escalables.

 

Anexo 1 : Ejemplos de propuesta de mejora en las estrategias,  Planes e informes de resultados

Este apartado recoge algunos ejemplos de planes y estrategias de políticas públicas que o bien son imposible de evaluar porque carecen de objetivos claros a conseguir o carecen de   metas evaluables definidas y calendarizadas o bien, disponiendo de objetivos y metas, no se ha realizado el seguimiento (evaluación ex-post o intermedia) de su implementación: 

Planes y estrategias

 

Sin tener intención de hacer ningún análisis exhaustivo, hacemos algunos comentarios acerca de las iniciativas de planificación y estrategia efectuadas por el gobierno:

Estrategia España 2050. Estrategia nacional de largo plazo

Las líneas estratégicas tienen definidas unas metas y un horizonte de cumplimiento para 2030, 2040 y 2050. También se definen unos indicadores de resultados  para el seguimiento. 

Consideramos que los indicadores relacionados con las aspectos de sostenibilidad deberían ser muchos más y más detallados y recoger los aspectos principales donde actuar. No existe ningún indicador relacionado con la economía circular, por ejemplo. Proponemos ampliar los indicadores de resultados  de impacto en sus efectos relacionados con  los ODS de  sostenibilidad 12,13,14,15  para poder hacer el seguimiento del progreso real.

Dado el periodo largo de tiempo en la aplicación de la estrategia es necesaria también  la evaluación intermedia de las metas para conocer si se deben hacer cambios en esta estrategia para mejorar su efectividad  y, a la vez, para dar cuenta a los ciudadanos de los resultados de implementar las políticas públicas actuales.

Informe de Evaluación para la revisión del IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024

Este informe evalúa el grado de implementación del IV Plan de Gobierno, poniendo el enfoque en las leyes y otras normativas elaboradas y aprobadas en este periodo y conecta la contribución de los compromisos del IV Plan a los ODS de la Agenda 2030. Pero el problema  de raíz es que la Agenda 2030 no tiene identificadas de forma generalizada unas metas claras de logro de resultados de efectividad,  medibles y calendarizadas, como comentaremos posteriormente.  

La efectividad de cada política pública en concreto depende de cómo haya estado formulada. Aquí debajo ponemos algunos ejemplos:  

Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España 

Esta estrategia define unos objetivos   de ahorro de energía y de eficiencia energética en los diferentes sectores,  bien definidos y medibles para  2030, 2040 y 2050, facilitando la evaluación de las políticas implementadas para conseguir estos objetivos. Nos referimos a evaluaciones intermedias de seguimiento de los indicadores de resultados de esta implementación. 

La Estrategia de movilidad segura Sostenible y Conectada Define ejes de  estrategia, principios, indicadores, etc. pero no define ningún objetivo concreto a alcanzar. Sin objetivos definidos es imposible evaluar los resultados.

Estrategia Española de Economía Circular y  Plan de Economía Circular (2021-2023)

Dichos documentos se especifican un conjunto de líneas estratégicas, unas líneas claras de acción y un conjunto de indicadores para el seguimiento y la evaluación posterior tanto en el documento de la estrategia como en el documento del plan de acción.

Han pasado tres años desde la aprobación pero no existe ninguna  evaluación posterior de los resultados de la implementación de esas políticas. Por tanto no es posible saber su efectividad real.

Progreso en el cumplimiento de la Agenda 2030

 

El Plan nacional para la implementación de la Agenda 2030 identifica los compromisos del Gobierno en relación a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y de sus respectivas metas. Estos compromisos deben entenderse como objetivos programáticos que permiten avanzar en la consecución de los ODS a partir del conjunto de políticas públicas impulsadas y gestionadas por el Gobierno. Por esta razón es necesaria la evaluación intermedia o ex post de estas políticas integradas con los ODS para conocer su efectividad. Para ello  es necesario mejorar la coordinación entre todas las CCAA tanto para definir de una forma más concreta las metas que se quieren alcanzar y en qué fecha, cómo para  definir unos indicadores de resultados medibles que se hagan públicos cada año para poder hacer un seguimiento real de los  progresos: 

  • 1º  Establecimiento de  metas  bien definidas, medibles y calendarizables para poder hacer una evaluación del cumplimiento de los compromisos.
  • Coordinar y acordar con todas las CCAA las metas calendarizables y definidas de manera que sean medibles con los mismos  indicadores comunes para todas las CCAA. 
  •  2º Ampliar en algunos ODS los indicadores de resultados  de impacto de sus efectos relacionados con la sostenibilidad ODS 12,13,14,15,17  para poder hacer el seguimiento del progreso real. ( Comparar con los indicadores utilizados en este  artículo  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800922001525 )
  • 3º Realizar  una evaluación intermedia   del  “Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030”  de la “Estrategia de desarrollo sostenible 2030 un proyecto de país para hacer realidad la agenda 2030”.

Anexo 2 : Guías para la evaluación de las políticas públicas

  • Guías y ley de evaluación de políticas del IEPP

Guías metodológicas de Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (IEPP).  

  • Guía de evaluación de impacto sobre el medioambiente del Ministerio de Industria,  Comercio y Turismo

Guía para la evaluación del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo (DNSH).  Do No Significant Harm  al medio ambiente en relación con la Inversión.

  •  Guía sobre Estudios de Impacto de la UE
    1. European Commission Staff Working Document: Better Regulation Guidelines. 
    2. European Commission. Better regulation: toolbox.

Evaluación previa para detección de impactos: herramienta nº 18 “Identification of Impacts”  Better Regulation Toolbox de la Comisión UE 

Evaluación de los distintos tipos de impactos se podrán utilizar las herramientas nº18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  y 35 de “Better Regulation Toolbox de la Comisión Europea.”  para la evaluación de los impactos en los distintos sectores, incluidos los transfronterizos y los ambientales.  

  •  Guía sobre Análisis de Coste y Beneficios

 Análisis ambientales de costes y beneficios de la OCDE.

  • Guías sobre Coherencia Política 
  1. Better Policies for Sustainable Development 2016 A New Framework for Policy Coherence 
  2. Methodology for SDG-indicator 17.14.1: Mechanisms in place to enhance policy coherence for sustainable development 
  3. Workshop Enhancing policy coherence for development EU. 
  4. Guía para implementar el enfoque de CPDS en la evaluación de Políticas Públicas. Sistema Integral de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (CPDS) en la Administración pública española. Anexo 2: tabla para la medición del alcance del indicador 17.14.1. Método desarrollado por el PNUMA.
  • Guía sobre el análisis de impacto normativo 

Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo.

Anexo 3. Herramientas de participación y ampliación de la democracia en las instituciones

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN

 

Información sobre herramientas de participación deliberativa y prospección estratégica:

Cocreación/ Visualización

 

Deliberación

Más información:

Reino Unido

https://involve.org.uk/resources/methods

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/66c4493f057d859c0e8fa778/futures-toolkit-edition-2.pdf

Nesta 


https://media.nesta.org.uk/documents/Our_futures_by_the_people_for_the_people_WEB_v5.pdf

Gales

https://cynnalcymru.com/the-wales-we-want-national-conversation/

https://cynnalcymru.com/the-wales-we-want-national-conversation/

https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/02/PHW-Three-Horizons_FINAL.pdf

SOIF  

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/03/BUILDING-BETTER-FUTURES-Toolkit.pdf

The Long term Tools

https://static1.squarespace.com/static/5eb2e536e7ddf65e8cb25952/t/5f3e5375754fa93c1a097e6b/1597920137599/Long+Time+Project_Long+Time+Tools.pdf

World Café/ Open Café

https://theworldcafe.com/
https://theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/WC_InteligenciaColectiva.pdf
https://medium.com/@ayamaylidab/world-caf%C3%A9-method-conversations-that-matter-a-reflection-a99de5b0f06f
https://theworldcafe.com/wp-content/uploads/2017/11/Cafe-para-llevar.pdf

 

AMPLIACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN LAS INSTITUCIONES

 

https://ampliandodemocracia.org/

https://assets.nationbuilder.com/theeuropeanmovement/pages/1578/attachments/original/1686144036/download-REAL_DEAL_D_1.3_Handbook_and_countries_FINAL.pdf?1686144036

https://involve.org.uk/resources/methods

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