Los activistas de Rebelión o Extinción Barcelona denuncian cuáles son las carencias de la futura ley española contra el cambio climático, que tiene que aprobarse pronto en el Senado
Àlex Guillamón, Clàudia Bosch y Jaume Osete (Rebel.lió o Extinció Barcelona), 12/04/2021
Desde la Cumbre de Río, ahora hará 30 años, el negacionismo explícito del cambio climático ha ido disminuyendo, ante las evidencias científicas cada vez más abrumadoras e incontestables, sobre todo a raíz del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de 2018.
La imposibilidad de negar la evidencia ha llevado a los gobiernos (incluyendo la Unión Europea) a incorporar en su discurso y en su política gestos que conecten con esta realidad. En España, en enero de 2020 la ministra de Transición Ecológica anunció una declaración oficial de emergencia climática con una batería de iniciativas políticas, una de las más significativas de las cuales es la tramitación de la Ley del clima, que acaba de ser aprobada esta semana pasada en el Congreso y ahora espera la tramitación en el Senado.
Con todo esto ahora sufrimos otro tipo de negacionismo bastante más persistente en nuestro sistema político: el que acepta el cambio climático, pero en la práctica rehuye su emergencia, manteniéndose en la política declarativa, en el greenwashing y retrasando permanentemente las decisiones más comprometidas y efectivas.
La Ley falla en lo principal: la reducción de emisiones
Este es el problema de la Ley del clima que acaba de salir aprobada en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso. Una decepción aún mayor teniendo en cuenta que viene de un Gobierno y de una mayoría parlamentaria que son, teóricamente, de las más favorables que podríamos encontrar en el contexto político actual: a la coalición de Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos han sumado su apoyo al texto ERC, PNV, Ciudadanos, EH-Bildu y Teruel Existe. Más País-Equo y el PP se han abstenido, por motivos opuestos, y Vox ha votado en contra.
No nos detendremos a hacer un análisis exhaustivo de toda la propuesta de Ley; tan sólo un detalle sirve para ilustrarlo: la propuesta aprobada fija el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí al 2030 en el 23%, respecto a las de 1990 . Sin embargo, las evidencias científicas se van acumulando tan aceleradamente que en octubre pasado el Parlamento Europeo aprobó que la Ley europea por el clima incorpore el compromiso de reducción del 60% para 2030 por 392 votos a favor, 161 en contra y 142 abstenciones. Al mismo tiempo, por cierto, que proponía la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles como máximo el 2025. Finalmente, el Consejo Europeo, tras largas negociaciones y de vencer las resistencias de los países del Este, de Malta y de Alemania, aprobó un objetivo de reducción de emisiones del 55%.
Las crónicas de todo el proceso no hacen ninguna referencia a las reticencias por parte del Gobierno español; al contrario: un comunicado posterior del mismo PSOE celebraba la aprobación de esta “postura ambiciosa que defendía, entre otros países, España, y que contribuirá de manera decisiva a la mejor transformación de la economía europea y española a una economía verde, por el hecho de concretar un recorte obligatorio de al menos un 55% de emisiones en 2030 “. Y el mismo Pedro Sánchez saludaba este acuerdo como “un verdadero hito para Europa”. Pues bien, o nos hemos saltado alguna clase de matemáticas en la escuela, o tenemos que el Gobierno español está proponiendo elevar a ley el flagrante incumplimiento de lo que él mismo ha aprobado y consideraba necesario en el Parlamento y el Consejo Europeo para la Ley europea del clima! Y no por poco margen: del 55% al 23% de reducción de emisiones.
Negando la emergencia climática
A esto es a lo que nos referimos como el negacionismo implícito. Si las personas “que nos representan” en el Congreso proponen una reducción del 23% de las emisiones para 2030, aunque saben que mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados es imprescindible para evitar cambios catastróficos e incalculables en el clima global, es que, o son unos personajes perversos, o es que siguen negando las evidencias científicas, actuando como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, porque no reúnen el coraje político para hacer frente a los poderes económicos que llevan más de 30 años bloqueando los cambios.
Este negacionismo de la emergencia lo expresaba subliminalmente el propio presidente Sánchez en la Cumbre de Ambición Climática de la ONU de diciembre pasado: “La emergencia climática es el reto más importante a largo plazo al que se enfrenta nuestra civilización “.
La Ley recoge medidas en un amplio abanico de ámbitos, unas más positivas, otras más complejas y contradictorias, y no es este el espacio idóneo para entrar bien en detalle. Pero, como se puede entender fácilmente, el objetivo de reducción de emisiones es como la prueba del nueve de la Ley. No es sólo una cifra. Nos dice dónde estamos y dónde queremos estar, el ritmo y la intensidad de las políticas que la clase política está dispuesta a asumir. Y el resultado de esta prueba es tremendamente decepcionante.
Si, como argumenta el propio Gobierno, en las últimas décadas España ha aumentado las emisiones y, en cambio, el conjunto de la UE las ha reducido en un 25% desde 1990, aprobando un objetivo sobre 1990 muy inferior al de la UE, lo que estaríamos haciendo es validando la inacción española durante todo este tiempo.
Como después de cada cumbre, declaración o acción política fallida, nacional o internacional, de los últimos 30 años, nunca faltan voces que quieren ver los aspectos positivos o los avances respecto a lo que había hecho antes. Sin embargo,sinceramente,ante semejante despropósito, no nos queda humor para hacer estos ejercicios,
Intervenir en la “gran política” con democracia ciudadana directa
Esta propuesta de Ley manifiesta una vez más la insuficiencia de las dinámicas del sistema político actual para resolver problemas que requieren una visión a medio-largo plazo o para superar las presiones de importantes lobbies económicos y poderes fácticos, o el clima de enfrentamiento político , en la que el Gobierno y la oposición trabajan con la cabeza más pendiente de las próximas elecciones que de la resolución de los problemas de fondo. Uno de los defensores de esta ley ha sido el diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde. Mucha gente recordamos todavía con admiración cuando en 2009 fue detenido durante 19 días, con dos activistas de Greenpeace, por colarse en la cena de gala de la Cumbre de Copenhague y desplegar una pancarta en inglés que decía “Los políticos hablan; los líderes actúan”. Todo un bucle temporal que nos ilustra hasta qué punto el problema no radica fundamentalmente o solamente en escoger personas adecuadas, sino en un sistema político que es un laberinto donde se pierden las mejores intenciones.
En este sentido, el mes pasado el analista uruguayo Raúl Zibechi escribía en un artículo en La Jornada, de México:
“En los ‘Cuadernos de la cárcel’, Gramsci diferenciaba entre ‘gran política’ y ‘pequeña política’. La primera la ejercen los estados y las estructuras económico-sociales. La segunda aborda la política del día, parlamentaria, de corredores, de intriga. En el mundo actual, la gran política la definen las multinacionales, las fuerzas armadas y sus ‘think tanks’ y grupos de presión como el ‘deep state’ en Estados Unidos. De la pequeña política se ocupan los gobiernos, en particular los progresistas, que no tienen posibilidades de influir en la gran política, ya que no proponen cambios estructurales y, por tanto, se limitan a cuestiones de maquillaje, sobre todo utilizando los medios de comunicación. ”
Una incisiva descripción, que este episodio de la Ley del clima, desgraciadamente, parece confirmar. Siguiendo con la terminología de Gramsci, afrontar el reto de la emergencia climática y ecológica requiere poner luces y taquígrafos e intervenir en la “gran política”. Y, si las instituciones no lo hacen, lo tiene que hacer la ciudadanía.
Por eso Rebelión o Extinción propone la constitución de asambleas ciudadanas, a todos los niveles, que permitan espacios de democracia deliberativa ciudadana informada, tomando el protagonismo con transparencia, superando las limitaciones de las instituciones actuales (incluyendo los consejos sociales participativos ), las dinámicas de polarización y el bloqueo de los poderes fácticos, que llevan más de tres décadas impidiendo cambios significativos en la “gran política” de garantizar un futuro digno para las generaciones actuales y para las próximas.
https://www.elcritic.cat/opinio/una-llei-del-clima-negacionista-amb-emergencia-climatica-88416
Traducción: Teresa Abril
