Más de 340 organizaciones de la sociedad civil firmamos una declaración abierta en la que instamos a los gobiernos de todo el mundo a construir una coalición para “liberarse” de un sistema internacional poco conocido de tribunales opacos. Publicada antes de la Primera Conferencia sobre la Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles, que tendrá lugar en Colombia a finales de abril, la declaración afirma que este sistema, conocido formalmente como resolución de disputas entre inversores y Estados o ISDS, “amenaza una transición justa desde los combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación social y ecológica para las personas y el planeta”.
El sistema de disputa entre inversor y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) está amenazando una transición sostenible y justa lejos de combustibles fósiles y la urgente necesidad de una transformación ecológica y social para las personas y el planeta. Reconocemos la inclusión de este riesgo en los pilares temáticos de la primera Conferencia sobre Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles.
Hacemos un llamado a los gobiernos para construir una coalición de países comprometidos con salir del ISDS.
El sistema de ISDS se encuentra en miles de tratados de comercio e inversión. Permite que las empresas transnacionales demanden a los gobiernos en tribunales opacos fuera del sistema legal nacional por cambios en leyes o políticas que puedan afectar de cualquier forma sus ganancias esperadas. El ISDS otorga a los inversores transnacionales privilegios que ninguna empresa pequeña o ciudadano/a tiene, en particular las personas y comunidades más afectadas precisamente por esas inversiones.
Los impactos del sistema de arbitraje ISDS son palpables en todas las áreas de la sociedad y la economía, desde la salud pública a los servicios públicos, hasta la seguridad nacional o regulación sobre el uso seguro de sustancias químicas. Es un sistema profundamente antidemocrático que pone en riesgo los derechos, las soberanías y la autodeterminación.
Durante muchos años, empresas petroleras, de gas y mineras así como corporaciones energéticas han demandado a cientos de países usando el ISDS , y esto va en aumento. Empresas de combustibles fósiles y del sector minero han usado el ISDS para ganar más de 87 mil millones de dólares de dinero público desde 1998.
Además de esto, en años recientes hemos visto un aumento en casos que directamente afectan políticas específicas de transición energética. Empresas transnacionales están demandando en relación con medidas que incluyen la descarbonización, por rechazar otorgar nuevas licencias de extracción de carbón o ampliar licencias existentes, impuestos extraordinarios sobre beneficios energéticos excesivos, prohibición de extraer petróleo en alta mar, regulación sobre el fracking y el cierre de yacimientos de gas.
Casos como AET vs Alemania, Rockhopper vs Italia o ExxonMobil vs Países Bajos ilustran cómo las grandes corporaciones utilizan estos mecanismos para frenar políticas climáticas o exigir compensaciones multimillonarias.
Las comunidades más afectadas por la crisis climática son casi siempre las más afectadas por estas demandas de ISDS ya que precisamente son estas quienes están luchando contra la destrucción del medio ambiente por la actividad minera y otros proyectos extractivos, incluida la creciente demanda de minerales críticos.
Los principales riesgos del ISDS para una transición para alejarse de los combustibles fósiles y realmente avanzar en una transición energética son el aumento significativo de los costes asociados al pago de estas millonarias demandas a los inversores transnacionales y el efecto de congelación regulatoria sobre leyes y políticas necesarias. Las empresas transnacionales pueden demandar cantidades enormes de dinero público a través del ISDS, por lo general mucho mayores de las que obtendrían en un tribunal doméstico. Las reclamaciones recientes han alcanzado miles de millones, lo que supera la capacidad de muchos países para pagar y socava su capacidad para apoyar una transición justa. Como resultado, el temor a ser demandados puede hacer que los países retrasen o decidan no adoptar las medidas necesarias sobre los combustibles fósiles y otras industrias extractivas. Los países ya han admitido que esto está ocurriendo.
Los organismos de la ONU han planteado preocupaciones fundamentales sobre el ISDS, incluido el informe del IPCC de 2022 y los informes de los Relatores Especiales. La Corte Internacional de Justicia ha subrayado que los tratados de inversión no deben interpretarse de forma aislada, sino en armonía con el derecho internacional climático, y que los países tienen obligaciones derivadas de múltiples fuentes del derecho internacional para prevenir, mitigar y reparar el cambio climático y los daños resultantes. La Hoja de Ruta de Bakú a Belém de las presidencias de la COP29 y la COP30 identifica el ISDS como una barrera sistémica.
Hacemos un llamado a los gobiernos para que comiencen a construir una coalición comprometida a liberarse de todas las formas de ISDS. Esta alianza buscaría formas para:
- Cancelar tratados con ISDS, o renegociarlos para eliminar el ISDS, entre los gobiernos implicados, de maneras que aborden las «cláusulas de supervivencia».
- Participar colectivamente con otros países para apoyar un mayor potencial de alejamiento del ISDS.
- Comprometerse a no firmar nuevos acuerdos con ISDS.
- Incluir disposiciones sobre la eliminación del ISDS en un futuro Tratado sobre Combustibles Fósiles.
- Iniciar negociaciones para un tratado multilateral que permita avanzar hacia un mundo libre de ISDS.
