No nos engañemos, para alcanzar un sistema eléctrico peninsular e insular 100% renovable en 2030, y un sistema energético 100% renovable en 2040, necesitamos más plantas eólicas, más fotovoltaicas y más termosolares
Carlos Arribas; Daniel López Marijuán; Rafael Yus Ramos*
La transición de la energía fósil a la energía renovable es un asunto “de Estado”, de emergencia nacional, no sólo para lograr la independencia energética, sino para contribuir, según nuestros compromisos adquiridos internacionalmente sobre el cambio climático, a la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Es por ello que, con un horizonte relativamente corto para lograr esta transición a esa meta del 100% renovable para la red eléctrica general, sin una verdadera participación pública, sin consulta con las poblaciones afectadas, sin audiencias, limitando los plazos o eliminando trámites, esta transición energética pierde credibilidad y apoyos.
Aerogeneradores en las proximidades de Garray, Soria. DAVID F. SABADELL
En esta línea, la negativa del Gobierno central (en plantas de más de 50 MW) y de las comunidades autónomas (en planas de menos de 50 MW) a fijar una planificación y ordenación vinculantes del despliegue de las instalaciones de energías renovables está generando unas tensiones sociales en los territorios afectados que no cesan. Además, la posibilidad que introduce la Ley del Sector Eléctrico de considerar la utilidad pública y expropiación forzosa para los espacios que alberguen estas plantas, añade otra vuelta de tuerca al rechazo social. Pero, siendo comprensible esta reacción social, es preciso arrojar un poco de agua fría, permitiendo así distinguir el grano de la paja en estos asuntos, en lugar de adoptar una posición irracionalmente negativa a todo lo que tenga que ver con este proceso de cambio de modelo energético.
La energía eléctrica supone apenas la cuarta parte del consumo energético final y, sin embargo, la tensión parece centrarse únicamente en torno a los “megaparques” de renovables
La recién aprobada revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y el Clima 2021-2030 (PNIEC), busca reducir un 32% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 para finales de la década, con unas expectativas de crecimiento de la demanda energética sobredimensionadas. Para conseguirlo, el documento establece los objetivos de que el 48% del uso final de la energía y el 81% de la generación eléctrica sean de origen renovable. Esto se traduce en que, para 2030, España deberá contar con 62 GW de potencia instalada de energía eólica —de los que 3 GW serán de eólica marina—, 76 GW de solar fotovoltaica, 14,5 GW de hidráulica y 4,8 GW de solar termoeléctrica. De acuerdo con los datos de Red Eléctrica, 2023 terminó con 31 GW de eólica y 25,5 GW de fotovoltaica en funcionamiento. Esto significa que todavía necesitamos el doble de las instalaciones eólicas existentes y más del 40% de la energía fotovoltaica que tenemos actualmente. Queda mucho por hacer y lamentablemente no tenemos todo el tiempo que nos gustaría disponer.
Si nos preocupa la energía, no se entiende por qué no preocupa tanto el cambio de modelo energético en sectores tan altamente consumidores de energía como el transporte o la industria, en el que no estamos avanzando todo lo rápidamente que es necesario. Recuérdese que la energía eléctrica supone apenas la cuarta parte del consumo energético final y, sin embargo, la tensión parece centrarse únicamente en torno a los “megaparques” de renovables.
No es cierto, como sostienen algunos colapsistas, que las renovables vayan a sumarse a los combustibles fósiles y la energía nuclear. En el caso de España, estamos reduciendo energía fósil y nuclear
Para sustituir los más de 800 TWh de energía final de origen no renovable que consume anualmente España sería imprescindible no sólo un cambio en la fuente de energía, sino también una estrategia integral que abarcara la eficiencia energética en el sector productivo, terciario y residencial; la electrificación de los procesos industriales; la reducción del consumo de energía por despilfarro o procesos prescindibles y, sobre todo, la sustitución de la energía fósil por energía preferentemente renovable y en todo caso descarbonizada. Esto requiere un esfuerzo descomunal, que implica no solo el poder del Estado sino la colaboración de todos los sectores sociales.
No es cierto, como sostienen algunos colapsistas, que las renovables vayan a sumarse a los combustibles fósiles y la energía nuclear. En el caso de España, estamos reduciendo energía fósil y nuclear gracias a la incorporación de energía renovable, y a este ritmo podríamos llegar a ese 100% renovable. No es utopía, tenemos el ejemplo reciente del cierre de todas las centrales de carbón en Gran Bretaña y el próximo final también en España. Las centrales de gas se reducirán si crece el almacenamiento por baterías y bombeos reversibles. Y esto ha sido por el auge renovable, frente al que no pueden competir en precio y sostenibilidad las demás fuentes de energía.
Otro argumento imbatible para defender este incremento de las renovables es que la sustitución de los combustibles fósiles por energía limpia supondría rebajar la dependencia energética del país del exterior hasta el 50% para 2030; el grado de dependencia energética exterior en España es ahora del 75%, importando alrededor de tres cuartas partes de la energía primaria consumida, con un autoabastecimiento solo al 25%. Eso supone una factura anual de más de 45.000 millones de euros. Cambiar esto no es un capricho, es disponer de más dinero para otras necesidades sociales.
La consideración segregada de los estudios de impacto ambiental de parques fotovoltaicos contiguos o cercanos es inadmisible
Ecologistas en Acción no puede contemplar una paralización temporal del despliegue de energías renovables, ya que no admite que, a cambio, se mantenga la continuidad en la generación fósil y nuclear, con peores efectos climáticos, económicos y sobre la biodiversidad y la salud de las personas (se afirma que la contaminación atmosférica por los combustibles fósiles en la ciudad es responsable de una de cada cinco muertes). Además de que ello impediría que se mantuviera un sector industrial que da empleo a más de 80.000 trabajadores, según los datos de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
Pero no se trata solo de construir parques de energía renovable y seguir como hasta ahora nos hemos comportado con los recursos energéticos, sino que, a nuestro juicio, este tránsito debe hacerse con una nueva actitud: una sólida apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia, reduciendo consumos innecesarios y empleando un conjunto equilibrado de tecnologías de generación renovable, junto con sistemas de almacenamiento adecuados y sistemas de previsión y gestión de la demanda, que sean capaces de adaptar generación y demanda en función de las condiciones climatológicas de cada momento.
Contamos pues con los ingredientes de una “tormenta perfecta”: una necesidad evidente de aumentar la potencia fotovoltaica y eólica instalada; una obligación moral de descarbonizar la economía para enfrentarse al cambio climático; una crisis de los sistemas agroforestales por el cambio climático; una baja iniciativa de la Administración, y una burbuja económica en torno a las renovables a punto de estallar. ¿Cómo organizamos estas tensiones de manera satisfactoria?
En primer lugar, ¿se puede realizar la inaplazable transición energética de forma compatible con la preservación del medio rural y los espacios protegidos? Algunas personas piensan (pensamos) que sí. Pero otras, a menudo potenciadas desde las redes sociales, consideran que no, sea por razones supuestamente científicas como la necesidad de una mayor demanda en materias primas críticas que requieren las renovables, o por razones políticas (por un posicionamiento anticapitalista no siempre bien comprendido) o, como sucede frecuentemente, por consignas mal comprendidas como aquella de “lo pequeño es hermoso” y esa de que “el tamaño importa”. Con tales consignas, de validez y universalidad más que dudosas, aparece esa especie de vade retro a todo lo que huela a “megaparque”, sea eólico y fotovoltaico, sin pararse a pensar en que, contradictoriamente, guste o no guste, necesitamos y usamos energía, y puestos a ello, que sea renovable.
Los impactos medioambientales de la energía fotovoltaica derivan fundamentalmente del uso de materiales en su fabricación, de los potenciales residuos que se generan al final de su vida útil, de la ocupación de territorio y su afección a la biodiversidad. Estamos de acuerdo en que esta repercusión negativa de las plantas fotovoltaicas no puede ser ignorada: fragmentación del territorio, ocupación de suelos, afección a aves esteparias, impactos paisajísticos, consumo de agua, usos agroganaderos en conflicto, etc. Muchos de estos problemas son reales, como lo son también la construcción de carreteras, ferrocarriles y tantas otras infraestructuras. Hay que afrontarlos y lograr minimizarlos, pero no por ello conformarse con una parálisis.
Es posible, y está en el ADN del sistema económico capitalista, que la transición energética sea un objetivo goloso para inversores y especuladores. Esto es normal en toda nuestra existencia, y persistirá si no se cambia el sistema económico. Lo importante, sin embargo, es no perder de vista que el objetivo de estas plantas de energía, al ser de interés público o general, debe estar supeditado a las leyes de de protección de la naturaleza y a los intereses de la sociedad. Y la única forma de asegurarlo es participar en el proceso de implantación para que cumpla todas esas exigencias, no en estableciendo una postura negativa frontal, porque, sencillamente, no tenemos alternativa satisfactoria.
Es urgente impulsar la socialización de la generación solar, fomentando iniciativas empresariales locales. La ultraconcentración de la propiedad de plantas apenas deja beneficios en nuestro territorio
Hay que admitir también que, en este proceso, sea por acción o por omisión de las autoridades, se está relegando la opción más sostenible social y ecológicamente: el autoconsumo fotovoltaico, la generación distribuida y los proyectos municipales y sociales de producción eléctrica. Un enfoque que, ciertamente, debería haberse iniciado décadas antes de la actualidad, porque hoy día empieza a ser demasiado tarde para ser una opción con carácter general; el autoconsumo es claramente insuficiente para transitar a un horizonte renovable. En este contexto, las plantas fotovoltaicas están llamadas a tener un lugar preponderante en esta necesaria transición ecológica, pero sin olvidar que su desarrollo está supeditado al interés general y a la preservación de los recursos naturales, entre ellos los de fauna, flora y paisaje. La casi ausencia de participación social en este desarrollo es un déficit que arrastra el recurso fotovoltaico. Lo aconsejable, en estas circunstancias, es ordenar la procedencia de estas iniciativas emprendedoras, propiciando, a ser posible, la titularidad comunitaria por encima del lucro privado, y la participación de las economías locales en la propiedad de estas instalaciones, no solamente en la recepción de esta iniciativa industrial.
Como sostiene la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ANPIER, es urgente impulsar la socialización de la generación solar, fomentando iniciativas empresariales locales. La ultraconcentración de la propiedad de plantas fotovoltaicas apenas deja beneficios en nuestro territorio. Hay que garantizar el derecho de los ciudadanos a generar su propia energía en hogares y centros de producción.
Pero es preciso comprender que el desarrollo de energías renovables no puede ser homogéneo en un territorio, hay zonas con recursos naturales (viento, radiación solar) y otras que no lo tienen en la magnitud necesaria, o bien son zonas más densamente pobladas, por tanto, con menos superficie disponible para estos desarrollos, y zonas más despobladas donde hay más posibilidades. Debe tenerse en cuenta que la soberanía energética es patrimonio de todos, no significa autarquía, un beneficio exclusivo para comunidades locales, porque es racional que territorios excedentarios en recursos energéticos “cedan” parte de esa energía (y el territorio en el que se produce) a otros menos favorecidos por la naturaleza, pero sin intercambios sobredimensionados y especulativos.
Un parque eólico o fotovoltaico que agreda y ponga en peligro los valores naturales de una zona está claro que no cumple los requisitos de interés público (en este caso el de preservar la biodiversidad) y utilidad social que incorpora la Ley del Sector Eléctrico
Del mismo modo, consideramos inaceptable esa maniobra de fragmentación de un macroproyecto en proyectos parciales que no superen los 50 MW, para desviar la competencia de evaluación ambiental del Ministerio y pasársela a las comunidades autónomas, ya que ello puede conducir a una diversidad de criterios de valoración e impedir una valoración completa y sinérgica de los impactos del proyecto presentado. Por ello, la consideración segregada de los estudios de impacto ambiental de parques fotovoltaicos contiguos o cercanos es inadmisible: hay que integrar en un único análisis los impactos acumulativos y sinérgicos de las instalaciones, hecho que permite alcanzar una mayor eficacia en la evaluación de los aspectos ecosociales y la salvaguarda de la biodiversidad y del paisaje.
Tampoco son aceptables las maniobras de los promotores de minusvalorar el impacto a la biodiversidad frente a criterios tales como la lucha contra el cambio climático. Un parque eólico o fotovoltaico que agreda y ponga en peligro los valores naturales de una zona está claro que no cumple los requisitos de interés público (en este caso el de preservar la biodiversidad) y utilidad social que incorpora la Ley del Sector Eléctrico. Por supuesto, las expropiaciones forzosas que han sufrido y siguen sufriendo muchos agricultores son deplorables, no siempre justificables, aunque otras veces sí, pues, como sucede cuando se construyen carreteras, la expropiación de tierras es inevitable para lograr un bien para todos.
De este modo, consideramos que los emplazamientos prohibidos para instalar plantas de renovables deberían ser: sistemas agrarios de alto valor agrológico, natural o paisajístico; espacios colindantes con espacios protegidos y en situación de producir afección; y espacios con algún nivel de protección, especialmente de la Red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos.
Reclamar moratorias generalizadas en fotovoltaica y eólica, y repetir hasta la saciedad que “renovables sí pero no así” sin tener realmente una solución alternativa viable en tiempo y forma, en la práctica supone únicamente dilatar nuestra dependencia de los combustibles fósiles
Para evitar los proyectos meramente especulativos que solo pretenden conseguir los permisos de evacuación de electricidad para revender el proyecto, la Administración debe exigir que todos los proyectos tengan como mínimo acuerdos con los propietarios de los terrenos en los que van a poner en marcha su instalación antes de pedir acceso a Red Eléctrica. Solo en el caso de plantas pequeñas el requisito de acceso y conexión a la red debería quedar exento. También sería necesario establecer una reserva de potencia para parques pequeños. En su artículo 1, el Real Decreto-ley 23/2020 regula los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, de forma que se pueda “asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente”. La Administración debe garantizar que este precepto se cumple en el proyecto sometido a evaluación ambiental.
No nos engañemos, para alcanzar un sistema eléctrico peninsular e insular 100 % renovable en 2030, y un sistema energético100% renovable en 2040, necesitamos más plantas eólicas, más fotovoltaicas y más termosolares. El autoconsumo y las comunidades energéticas locales no pueden conseguir esa economía alejada del petróleo, aunque se debería incentivar su creación paralelamente a los objetivos del sistema energético público, siempre que esta actividad privada no perjudique los intereses energéticos públicos.
Como principio, consideramos que un sistema eléctrico sostenible y universal tiene que combinar la generación eléctrica centralizada y la distribuida, porque ambas se necesitan, se complementan y fomentan las sinergias y eficienciaentrelas mismas. Reclamar moratorias generalizadas en fotovoltaica y eólica, repetir hasta la saciedad que “renovables sí pero no así”, sin tener realmente una solución alternativa viable en tiempo y forma, en la práctica supone únicamente retrasar la consecución de ese objetivo, dilatar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, cuando la realidad es que la Emergencia Climática en la que estamos inmersos no admite dilaciones.
* Integrantes de Ecologistas en Acción
