¿Por qué nos movilizamos por los derechos de las generaciones futuras?

Versión en catalán

Nos movilizamos para que las generaciones futuras puedan gozar de las mismas o mejores condiciones y oportunidades de bienestar que las que tenemos nosotros.

Podríamos pensar que cuando luchamos por conseguir cambios en el modelo económico, dirigidos a mejorar el bienestar de las personas y la sostenibilidad planetaria, a la vez estamos luchando para mejorar el bienestar de las generaciones futuras, y en teoría eso es cierto. Pero en el día a día de las políticas públicas, la realidad es muy distinta: el objetivo principal de cualquier gobierno es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y conseguir su aprobación con su voto y así, poder mantenerse en el mando en el siguiente periodo electoral. Aunque se pueden diseñar estrategias a más largo plazo, las metas de los gobiernos suelen tener un corto alcance: 4 – 8 años, en consonancia con los periodos del mandato.

Tampoco los ciudadanos nos alejamos del patrón del corto plazo. Nuestras demandas van, sobre todo, dirigidas a solucionar nuestros problemas actuales y a mejorar nuestras condiciones de vida. Lo que pueda ocurrir dentro de 50 o 100 años, como no nos va a afectar directamente, nos preocupa mucho menos. La consecuencia es que tendemos a no considerar prioritarias las acciones cuyos resultados van a solucionar problemas en el largo plazo. Y no solo eso, sino que si estas acciones pueden percibirse como un freno o una limitación a nuestra forma de vida, es bastante probable que además, las rechacemos. Si algún político pone en su programa propuestas que puedan suponer quitarnos grados de libertad, tiene muchas posibilidades de perder las elecciones. ¿Quién en su sano juicio va a votar a alguien que proponga limitar el consumo de carne, limitar el acceso de los coches particulares a los destinos elegidos, subir los precios a la gasolina o al gas o poner peajes en las autopistas? Propuestas como estas no hacen ganar elecciones por mucho que puedan ayudar a solucionar los grandes problemas que afectan a toda la humanidad presente y futura: el cambio climático o la pérdida de biodiversidad.

El cambio de enfoque hacia el largo plazo no va a producirse automáticamente. Se tiene que hacer adrede y de forma muy consciente: de ahí la necesidad de resaltar el titular: “alcanzar los derechos de las generaciones actuales no debe perjudicar la capacidad de alcanzar los derechos de las generaciones futuras”. De ahí la necesidad de concretar de qué forma se garantizan estos derechos de nuestros herederos en las políticas actuales.

¿Qué pedimos a los políticos?

Pedimos que, ante cualquier decisión que tengan que tomar, estudien previamente las consecuencias que va a comportar esta decisión para las generaciones futuras y, en función del resultado de esta evaluación, se obre en consecuencia. Uno se podría preguntar si esto no se hace ya ahora. De hecho, existe la normativa que obliga a evaluar el impacto de las leyes y de las políticas públicas. Pero, ¿cómo se están evaluando estos impactos actualmente y con qué criterios? Un par de ejemplos nos pueden ayudar a entender la situación.

Actualmente, cualquier proyecto de infraestructuras tiene que haber superado una evaluación del impacto ambiental. Para que el proyecto salga adelante, es necesario haber corregido los impactos ambientales detectados en la evaluación. Si está previsto que una carretera pase por una zona de protección de alguna especie vulnerable, puede modificarse el trayecto o añadirse al proyecto la ejecución de medidas mitigadoras de los impactos, como podrían ser la instalación de pasos de conexión para la fauna o protecciones para evitar estos daños predecibles. Estas modificaciones dirigidas a reducir o a evitar los daños ambientales siempre están muy ligadas a la propia construcción de la infraestructura y a sus impactos más directos, pero no van mucho más allá. No tienen en cuenta, por ejemplo, el aumento de emisiones de efecto invernadero o las consecuencias de la fragmentación de los hábitats que estas infraestructuras van a suponer. ¿Qué efectos van a tener en el tránsito terrestre o aéreo la mejora de una carretera o la ampliación de un aeropuerto? Las respuestas de los políticos responsables suelen ser siempre respuestas favorables a la construcción: menos atascos, menos tiempo de viaje, menos accidentes, más viajes, más turismo, más negocios, más crecimiento económico, más trabajo. Las respuestas desfavorables: más ruido, más contaminación, más emisiones, más calor y más sequía, más desastres naturales, más fragmentación del suelo, más pérdida de biodiversidad…, no interesan y, por tanto, no se nombran y, mucho menos, se contabilizan dichos perjuicios.

Lo mismo ocurre con la aprobación de una ley. Es obligatorio que cualquier ley tenga una memoria de evaluación del impacto. Pero, ¿qué impactos son los que se evalúan actualmente? Sobre todo, los impactos socioeconómicos: ¿va a afectar esa ley a los presupuestos del estado, al PIB, al mercado del trabajo, a los precios de los productos? Nada que ver con las evaluaciones de los impactos ambientales y climáticos que, a su vez, podrían afectar a la salud, al bienestar o a la economía de las generaciones futuras.

¿Quién va a representar y a defender a las generaciones futuras?

Visto que ni los gobiernos ni los ciudadanos tenemos tendencia a pensar en las consecuencias de nuestras acciones a largo plazo, es necesario asignar esta responsabilidad social a alguien con suficiente legitimidad, credibilidad, independencia y autoridad moral para ejercer este rol de autoridad, una autoridad aceptada por todos: gobiernos y ciudadanos.

La función del Defensor de las Generaciones Futuras consistirá en pedir a gobiernos y administraciones estas evaluaciones de los impactos que actualmente no se efectúan. El Defensor de las Generaciones Futuras revisará las actuaciones de las administraciones y dialogará con ellas para que revisen y, cuando sea preciso, retiren tales actuaciones. También dará cuenta de los resultados de sus gestiones en el Parlamento.

A los escépticos que cuestionen la presión real que esta figura pueda ejercer, podemos responderles demostrando la presión que ha supuesto para la iglesia católica el documento sobre la pederastia encargado por el Defensor del Pueblo.

Otra actuación que también está ejercido presión, en este caso sobre los alcaldes de las poblaciones de más de 50.000 habitantes, es el interés que el Defensor del Pueblo ha mostrado por la implantación de las zonas de bajas emisiones en sus municipios, de obligado cumplimiento.

Algunos países ya se han avanzado en el camino

Otros países ya llevan años trabajando para implantar figuras o hacer leyes en defensa de las generaciones futuras. Sin ir más lejos, la Comisión Europea ha creado la nueva figura del Comisario de Justicia Intergeneracional con esta competencia. Pero el ejemplo a seguir es sin duda el de la región de Gales, que implantó esta institución en 2015 a través de la ley del bienestar de las generaciones futuras. Tras una década en vigor, ya puede mostrar los avances concretos, convirtiéndose de facto, en una guía para los países que, como nosotros, todavía no hemos empezado a andar.

A continuación mostramos los documentos que recogen las demandas sobre la defensa de los derechos de las generaciones futuras que hacemos a los gobiernos y las administraciones de España y de Cataluña.