La séptima Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-7) se celebró la semana pasada en Nairobi sin grandes titulares en los medios generalistas, pero con una relevancia política que conviene no subestimar. Para quienes no están familiarizados con estas siglas, conviene empezar por lo esencial: UNEA es el máximo órgano mundial de toma de decisiones en materia ambiental. Es, en la práctica, el espacio donde los gobiernos definen prioridades, marcan rumbos y envían señales políticas sobre cómo —y hasta dónde— están dispuestos a cooperar frente a la crisis ecológica global.
Que UNEA-7 haya llegado a buen puerto ya es, en sí mismo, una buena noticia. El encuentro tuvo lugar al cierre de un año atravesado por desastres ambientales cada vez más extremos, por un retroceso explícito de algunos gobiernos respecto al multilateralismo y por una drástica reducción de la financiación destinada al medio ambiente y al desarrollo. En este contexto, negociar acuerdos colectivos no era tarea sencilla. La ausencia total de Estados Unidos del proceso y los intentos de bloqueo por parte de grandes países productores de combustibles fósiles —con Rusia y Arabia Saudí a la cabeza, apoyados por el grupo árabe— marcaron unas negociaciones tensas. A ello se sumaron las resistencias de algunos países de África y América Latina muy dependientes de la extracción de materias primas, como Brasil o Sudáfrica, especialmente en debates sobre minería, metales y minerales.
Sin embargo, UNEA-7 demostró que el multilateralismo ambiental sigue vivo. Más de 6.000 personas —delegaciones gubernamentales, sociedad civil, comunidad científica y sector privado— participaron en un proceso donde, pese a todo, se alcanzaron acuerdos relevantes. Varios países asumieron un liderazgo notable: Colombia defendió con firmeza una resolución sobre la gestión ambientalmente racional de minerales y metales, apoyada también por otros países exportadores que buscan mayores salvaguardas ambientales. Pequeños Estados insulares como Vanuatu y Fiyi volvieron a situarse en primera línea, conscientes de que su supervivencia depende de decisiones globales. Kenia, como país anfitrión, jugó un papel clave, mientras que China y otros actores asiáticos optaron por una actitud constructiva, subrayando la necesidad de cooperación internacional. La Unión Europea, por su parte, apoyó propuestas y lideró negociaciones decisivas.
El resultado concreto de este esfuerzo colectivo fue la adopción de once resoluciones y una Declaración Ministerial. Conviene detenerse un momento en lo que esto significa. Las resoluciones de UNEA no son jurídicamente vinculantes, pero no son meras declaraciones retóricas: orientan las prioridades ambientales globales, influyen en políticas nacionales, condicionan la asignación de fondos y sientan las bases de futuras negociaciones internacionales. Son, en cierto modo, los “propósitos de año nuevo” de la gobernanza ambiental mundial.
Entre los acuerdos alcanzados destacan resoluciones sobre la cooperación internacional para la gestión sostenible de minerales y metales; la participación significativa de la juventud y la educación ambiental; la protección de los glaciares y de la criosfera, especialmente en regiones de montaña; la gestión global de incendios forestales; el manejo seguro de productos químicos y residuos; y, de forma particularmente novedosa, la sostenibilidad ambiental de los sistemas de inteligencia artificial. A ello se suma una Declaración Ministerial que va más allá de cada resolución individual y articula una visión compartida sobre la urgencia, la ambición y la cooperación necesarias para afrontar la crisis ambiental global.
Estos documentos, disponibles en español, merecen una lectura atenta. Más allá del lenguaje diplomático, contienen datos, diagnósticos y prioridades que ayudan a entender por dónde se mueve la agenda ambiental internacional: desde la creciente presión sobre los recursos minerales hasta el reconocimiento explícito de los riesgos ambientales asociados al desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. El texto de la Declaración Ministerial, por ejemplo, ofrece una radiografía clara de las tensiones, consensos y contradicciones del momento actual (puede consultarse en https://docs.un.org/es/UNEP/EA.7/HLS/L.1).
No todo fueron avances. UNEA-7 no logró consensos sobre cuestiones clave como la protección de los ecosistemas de aguas profundas, los sistemas kársticos y de cuevas, o los delitos ambientales. Estas ausencias dejan vacíos importantes en la hoja de ruta global. También resulta insuficiente el resultado en materia de minerales: en plena explosión de la demanda y de los impactos asociados a la minería, los gobiernos no se atrevieron a dar el paso hacia un marco global vinculante, limitándose a compromisos de diálogo y cooperación.
Aun así, incluso en estos ámbitos hubo avances parciales. En el caso de los ecosistemas subterráneos, aunque las resoluciones específicas no prosperaron, se logró elevar el nivel de atención sobre la resiliencia hídrica y la biodiversidad asociada. Organizaciones como la Federación Europea de Espeleología desempeñaron un papel clave para visibilizar la importancia —todavía muy desconocida— de estos mundos subterráneos en la agenda ambiental internacional.
UNEA-7 no es una solución milagro, pero sí una señal relevante. En un momento en que el repliegue nacional y el cortoplacismo ganan terreno, el hecho de que más de un centenar de países sigan sentándose a negociar, acordando textos comunes y reconociendo problemas compartidos, es una victoria que no conviene minimizar. Leer sus documentos es también una forma de entender mejor los límites y las posibilidades de la acción colectiva frente a la crisis ambiental. Y, sobre todo, de recordar que, incluso cuando avanzar cuesta, avanzar juntos sigue siendo la única opción realista.
Los documentos y resoluciones de UNEA-7 pueden consultarse en español en:
https://www.unep.org/environmentassembly/unea7/outcomes?mc_cid=ed4cedfa30
