El modelo socioeconómico actual, basado en el crecimiento continuo y la explotación ilimitada de recursos, ha desencadenado una crisis ambiental sin precedentes. El enfoque neoliberal, que pone al mercado como principal motor de la economía, ha privilegiado los intereses de las grandes corporaciones a expensas del bienestar de la mayoría. Esto ha conducido a una creciente concentración de la riqueza, mientras que los sistemas de protección social y la movilidad social se han debilitado, aumentando la polarización y reduciendo las oportunidades para amplias capas de la población. La globalización, la desregulación del mercado y la flexibilización laboral han empeorado la precarización del empleo y el empobrecimiento, aumentando la brecha económica tanto dentro de los países como entre ellos. Los países más pobres sufren los efectos más graves del cambio climático debido a su vulnerabilidad y dependencia de industrias extractivas, mientras que las diferencias en el acceso a servicios básicos como salud y educación se amplían en los países desarrollados.
Para lograr un modelo económico más justo y sostenible, es esencial redistribuir recursos, fortalecer la justicia social y fomentar nuevas formas de gobernanza. Sin la participación ciudadana, los intereses del poder económico seguirán priorizando el crecimiento sobre la equidad, dificultando la transformación necesaria.
Para avanzar hacia un nuevo paradigma, es fundamental adoptar un enfoque integral que combine equidad social y sostenibilidad ecológica. La participación activa de ciudadanos, gobiernos, empresas y organizaciones en la toma de decisiones es crucial para garantizar que las políticas sean efectivas y se adapten tanto a las realidades locales como globales. La gobernanza debe ir más allá de la gestión de recursos, promoviendo la cooperación, la innovación y la resiliencia colectiva para alcanzar el bienestar humano dentro de los límites planetarios.
