“Quo vadis” transporte público de Cataluña?

Es necesario el despliegue inmediato de la Ley de financiación del transporte público, la mejora urgente de las inversiones en infraestructuras del transporte público, y la implantación de una nueva tarificación integrada incluyendo también la tarificación social

Lluís Carrasco

Un buen acuerdo

El Gobierno de la Generalitat ha acordado con los Comunes, modificar el presupuesto del año 2023, incorporando algunas cuestiones importantes para el transporte público.

Se ha decidido hacer gratuito el transporte para todos los menores de 17 años en toda Cataluña con la extensión de la T-16 (hasta ahora en Girona, Lleida y Tarragona era gratis tan sólo hasta los 12 años), poniendo fin así a la discriminación por razón de lugar de residencia. Sin embargo, la otra buena noticia es la ampliación del título de la T-Joven hasta los 30 años, título que ofrece buenos precios para una ancha franja de población.

El acuerdo contempla como tema estrella la extensión de los descuentos vigentes del transporte público en todos los títulos entre el 30 y el 50% para todo el año 2023. Una magnífica medida que ayudará a la economía de las personas con menos recursos económicos, que normalmente son mayoritariamente usuarias del transporte público y son las más afectadas por la actual inflación.

Debemos felicitarnos por este acuerdo, porque además de ayudar a los más desfavorecidos, crea herramientas para fidelizar el uso del transporte público a los estudiantes menores de 17 años y a los jóvenes hasta los 30, cuestión fundamental para hacer frente a la crisis climática .

Sin embargo, hay que indicar que todavía persiste un sistema tarifario injusto y discriminatorio, que ya es urgente replantear, utilizando la nueva herramienta de la T-movilidad y crear una tarificación por distancias recorridas, tal y como se han comprometido los diferentes gobiernos de la Generalitat desde hace bastantes años, garantizando que incorpore de una vez la tarificación social.

¿Y la tarificación social?

En los acuerdos citados Gobierno-Comunes, existe un grueso importante de la población que no se ha tenido en cuenta; me refiero a los usuarios de las tarifaciones sociales: personas mayores con rentas bajas, personas con discapacidad y acompañantes, familias numerosas y monoparentales, desempleados, personas con rentas de subsistencia, etc.

La tarificación social en Cataluña es la eterna olvidada en todas las reformas de tarifas realizadas, pero además es un escándalo la discriminación que se produce, por territorios y municipios de residencia, por razón de edad entre municipios y concretamente en el caso de la gente mayor incluso entre municipios del AMB. Existe un auténtico desenfreno de tarifas y abonos diferenciados en cada territorio o municipio e, incluso, según el medio de transporte: en Cercanías no sirven los títulos sociales metropolitanos, a según qué zona de los FGC tampoco, líneas de autobuses, etc .

Desplazarse por el territorio intentando utilizar la tarificación social, es un auténtico calvario, difícil de entender por cualquier persona y requiere llevar una colección de tarjetas en el bolsillo. Esta realidad pone en cuestión incluso el derecho constitucional a la no discriminación.

Me permito llamar la atención a los firmantes del citado acuerdo y rogarles que incluyan en el paquete presupuestario la tarificación social, logrando de una vez una tarificación social unificada, justa e igualitaria para toda Cataluña.

Es necesario un transporte público de calidad

Es evidente que en este marco, resulta imprescindible la reforma del actual sistema tarifario, incluyendo la tarificación social.

Si nos marcamos como objetivo ganar viajeros para el transporte público, hay que dejar claro que las medidas de gratuidad y rebajas de precio del transporte público no serán determinantes por sí solas para ganar muchos más viajeros.

Hay que indicar con todo rigor que sólo se ganaran usuarios, mediante un transporte público de calidad, creando una buena red conjunta de autobuses y trenes, con horarios coordinados, con buenas frecuencias y paradas accesibles en toda Cataluña. Combinando al mismo tiempo una tarifa integrada con precios económicos y con políticas de fidelización (que sirva para moverse por todas las zonas, tanto en días laborables como en festivos), con abonos integrados en la T-movilidad, y con un precio de alrededor de 300 € al año, como ya hacen otros países europeos.

Ésta sería la mejor manera de conseguir el traspaso real de personas del coche hacia el transporte público, objetivo fundamental en la lucha contra la contaminación atmosférica y el cambio climático.

¿Cómo es posible que por un lado se haga gratuito el servicio de Cercanías y el resto del transporte público sólo tenga rebajas parciales y en algún caso ninguna? Como es posible que no se unifiquen las actuaciones de subvención del transporte público, poniéndose de acuerdo las administraciones del Estado y la Generalitat y se evite la discriminación que se produce ante la utilización de Cercanías, frente a los FGC, ¿Metros, tranvías o autobuses que mueven conjuntamente a muchos más ciudadanos? ¿No tienen derecho estos usuarios a la misma subvención tarifaria?

Ante esta realidad, los usuarios del transporte público, viendo la gratuidad de los trenes de Renfe y la rebaja del transporte público que ahora se alargará hasta el 2023, nos preguntamos: ¿Cuáles son las razones para no convertir la rebaja actual de los precios de los títulos en permanente?

¿Por qué no se fomenta de verdad la fidelización? ¿Por qué se destina más dinero del fondo de recuperación para Europa “Next Generation” a los coches que al transporte público, subvencionando incluso la gasolina, sin tener en cuenta el nivel de renta?.

¿Por qué no se acelera la ejecución de las infraestructuras del transporte público, mejorando cercanías, incrementando su frecuencia, poniendo más trenes y creando nuevas líneas sobre la red existente, ampliando urgentemente la red tranviaria en el Baix Llobregat, el Vallès, el Bages , en el Camp de Tarragona, en la Costa Brava y en Olot-Girona?.

¿Por qué no se invierte más en la infraestructura para autobuses (estaciones de intercambio en las entradas de las ciudades, paradas accesibles y cómodas en toda Cataluña y no sólo en el AMB)? ¿Por qué no se destina un grueso importante de estos fondos europeos a la ampliación, renovación de flotas y su ambientalización, y a la creación de nuevas líneas que permitan tener un buen servicio en la inmensa mayoría de pueblos de Cataluña?

¿Y la financiación?

Al fin y al cabo, la razón que aducen las administraciones es la falta de financiación, el mismo argumento que se utiliza para no modificar y unificar la tarificación social, mientras vemos que se defienden inversiones para nuevas autovías como la B-40 , la ampliación de carreteras y nuevas conexiones y se realiza la supresión de los peajes, debilitando los ingresos públicos. Es decir las infraestructuras viarias, siguen siendo prioritarias. ¿Dónde está el discurso de la lucha contra el cambio climático?

Mientras todo esto sucede, hemos observado atónitos como el Parlamento aprobaba la Ley 21/2015, de 29 de julio, de financiación del sistema de transporte público de Cataluña y cómo el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en 7 años, para desplegar la ley y garantizar la estabilidad financiera de los servicios de transporte público, que en estos momentos están sufriendo un nivel de endeudamiento altamente alarmante.

De hecho, las rebajas de precios y la gratuidad, están suponiendo en la práctica, que la aportación de cubrimiento del coste de los servicios por parte de los usuarios mediante la compra de títulos y billetes, haya pasado del 40% al 25%, debilitando de forma determinante la salud financiera del sistema de transporte público catalán y en especial a las ATM.

Ante estas realidades, les rogamos que pongan también sobre la mesa de negociación el despliegue inmediato de la Ley de financiación del transporte público, la mejora urgente de las inversiones en infraestructuras del transporte público, y la implantación de una nueva tarificación integrada incluyendo también la tarificación social. Con el objetivo de garantizar un transporte público de calidad, integrado, económico y social para todos los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya.

https://www.elbaix.cat/2022/12/06/quo-vadis-transport-public-de-catalunya-per-lluis-carrasco/

Traducción: Teresa Abril

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