Los problemas de desabastecimiento de artículos esenciales durante la pandemia han puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad y dependencia del exterior. Los países desarrollados y, en concreto España, necesitan una estrategia de provisión de mercancías y servicios esenciales y una reorganización de los sistemas de abastecimiento. Ello no obliga a definir cuáles son las necesidades esenciales de nuestras sociedades para darles prioridad.
Plan de industrialización y de relocalización para:
1. Asegurar el abastecimiento de los productos esenciales que dejaron de producirse a causa de las políticas de hiperglobalización y por falta de visión estratégica.
2. Asegurar la provisión de vacunas contra la COVID19 sin retrasos.
España ocupa el quinto lugar en la compra de medicamentos en el ranking europeo. Esto le da capacidad de negociación, tanto para asegurar el abastecimiento como para la producción de vacunas en nuestro país. No hay indicios de que esta prioridad ahora mismo se esté negociando.
3. Reevaluar el trabajo en función del bienestar humano y de la salud del planeta.
Necesitamos poner más énfasis en el trabajo de cuidados y evaluar adecuadamente las profesiones que se han probado imprescindibles durante la crisis. La COVID 19 también ha puesto en su lugar el papel esencial del sector agroalimentario y la necesidad de asegurar la producción de alimentos básicos. Es necesario un replanteo de las políticas agrarias y comerciales que castigan a los pequeños agricultores y a la agricultura de proximidad y que, a la vez, tienen impactos muy negativos en la regeneración de ecosistemas saludables en nuestro país y en los países exportadores (ver sección agricultura y sección tratados comerciales). La necesaria descarbonización de la economía significa que las industrias ligadas a los combustibles fósiles y los trabajos de esas industrias estén condenados a su desaparición. Los trabajadores de las industrias destructivas necesitan acceso a la capacitación para nuevos tipos de trabajo que sean regenerativos y limpios, asegurando que nadie sale perdiendo en la transición. Las subvenciones e inversiones del gobierno deben mantener unos criterios coherentes con la transición energética. No podemos perder más dinero invirtiendo en sectores obsoletos que agravan nuestros problemas ambientales y de salud (ver apartado siguiente).
