Difícilmente se podrá implantar una Política de Transición Verde efectiva sin implantar una Renta Básica Universal.
Rafa Granero, 05/07/2021
¿Renta Básica Universal Verde? Sí, pues ¿por qué no debería serlo? Aún más, es posible que no podamos hablar de una transición verde plausible sin implantar medidas de compensación y redistribución como la RBU.
Joan Herrera (Alternativas Económicas, julio/2021 Vivir mejor, pero con menos,), aprecia que “por mucho que la transición verde sea necesaria y globalmente positiva, ello no significa que no haya territorios, sectores sociales o nichos económicos a los que no les vaya a afectar dicha transición Y por tanto es necesario asumir que toda transición tiene oportunidades, pero también tiene costes, y que más vale asumir el reto desde la madurez y no desde un buenismo que trate como iletrados a aquellos que se opongan.”. Por lo que debemos dar “una batalla abierta a favor de los cambios culturales que debemos protagonizar. El objetivo debe ser doble: acompañar a los sectores damnificados por los escenarios de transición y a la vez amortiguar aquellos sectores que sin ser los más afectados pueden protagonizar una reacción que haga que dicho cambio quede definitivamente varado.”
Y hace referencia a lo que el Xavier Labandeira propone en un artículo de El País (18/06/21 Una compensación justa para la transición verde: “para poder transitar ese camino pedregoso, será necesario diseñar y aplicar inmediatamente medidas distributivas compensatorias para los más afectados por el proceso de descarbonización. Bajo mi punto de vista, estas medidas han de tener varias características: deben preservar, no obstaculizar, la actuación correctora de la política climática; deben concentrarse exclusivamente sobre los más vulnerables (territorios, sectores y grupos de renta); y deben ser capaces de revertir íntegramente los efectos negativos en el corto plazo y de resolver el problema distributivo en el medio plazo.”) propuesta que tiene una fuerte similitud con una Renta Básica Universal, acompañada de una estructura fiscal que compense como hemos dicho, vía elevación de la progresividad efectiva de la cuota, el que las rentas más altas también reciban la RBU.
Como ya hemos visto, no es un asunto banal que la RBU alcance a todas las capas de la sociedad, pues al amparar a todos bajo su paraguas no se produce ni la estigmatización (los que reciben versus los que no lo reciben) ni la trampa de la pobreza. Y aún hay más: al unir la suerte de una Política de Transición Verde con una política claramente antidiscriminatoria e igualatoria como es la RBU, tendremos mayor capacidad de arrastre hacia un futuro verde entre la población mas castigada, y por ello mas renuente a abrazar medidas que necesariamente tienen un coste, renuencia que, no debemos olvidar, se basa en gran medida en tener que afrontar problemas reales, importante y urgentes.
Al ligar la RBU con una Política de Transición Verde aumentamos nuestra capacidad política de resolver “un problema esencialmente distributivo como el cambio climático, causado por las mayores emisiones de los más pudientes y sufrido por los que menos tienen por su menor capacidad de adaptación [pues] para poder transitar ese camino pedregoso, será necesario diseñar y aplicar inmediatamente medidas distributivas compensatorias para los más afectados por el proceso de descarbonización.“ (Labandeira, ibid).
Si entendemos que es inaceptable asumir el riesgo de retrasar la transición verde hasta que un supuesto y futuro progreso permita (y es mucho suponer) que se mejore la desigualdad, marginación y precariedad en que están inmersas importantes capas de nuestra sociedad; si, por otra parte, queremos evitar que se dé el caso de personas señaladas -o que se sientan señaladas- ya sea por su incapacidad de afrontar los costes, ya sea porque se vean obligadas a aceptar lo que otros interpretarán como subsidios ilegítimos o caridad vergonzante; si añadir un -o más de un- nuevo concepto a sumar a los subsidios es un aumento tan ineludible como indeseable de la burocracia, de las trabas para acceder a su disfrute, entonces, y dado que “muchos grupos afectados tienen dificultades para reaccionar a los impactos de la transición porque no cuentan con los medios para renovar, por ejemplo, su vehículo o sistema de calefacción. [Y] desafortunadamente, los programas públicos actuales para sustitución de equipamiento son manifiestamente mejorables en cobertura e intensidad.” (Labandeira, ibid), se hace difícil no ver en la RBU una poderosa herramienta para evitar reacciones como la del Movimiento de los chalecos amarillos (en francés, Mouvement des gilets jaunes), que apoyándose en algo tan legítimo, a primera vista, como una lucha contra la injusticia fiscal y la pérdida del poder adquisitivo provocado por el incremento en el precio de los combustibles, a raíz del alza del impuesto sobre el carbono, esconde una reacción muy conservadora y demagógica que iniciándose en Francia, en el 2018, tardó bien poco en extenderse, aunque en menor medida, a otros países vecinos principalmente Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, y España.
La demagogia, cuando tiene una mínima base real, y en este caso no cabe negar la injusticia fiscal y la pérdida de poder adquisitivo, así como la precariedad, la pobreza del trabajador y la desigualdad, prende fácilmente si desde posiciones progresistas y de respeto al medio ambiente no somos capaces de dar pronta respuesta a los -no olvidemos reales- temores con los que desde la derecha atizarán a la ciudadanía. Y desde hace 2500 años que lo sabemos gracias a Aristóteles: la realización de actividades virtuosas, como sin duda lo son las asociadas a una Política de Transición Verde, solo pueden alcanzarse a lo largo de una vida acompañada de los bienes externos necesarios para su sustento y dignidad. Un viejo refrán lo advierte: donde no hay harina, todo es mohína.
Cómo puede la RBU ayudar a la transición verde, tres ejes:
– Práctico. Unifica en un solo concepto varias necesidades sociales, económicas y medioambientales, lo que permite eliminar burocracia, facilitar que alcance a quien lo necesita, aportar claridad al mensaje y mostrar su impacto inmediato como parte de la solución global de una Política de Transición Verde.
– Cultural. Relaciona directa y naturalmente los problemas del medioambiente (para buena parte de la ciudadanía de alguna manera abstractos o etéreos) con los duros problemas sociales y económicos ya existentes, asociando los beneficios de alguna manera aún futuros de la lucha por una Transición Verde a los beneficios presentes y tangibles de una política contra la precariedad y la desigualdad aquí y ahora flagrantes
– Ideológico. Desmonta las proclamas que desde los populismos de derechas, y de aquellos que se dicen ni de derechas ni de izquierdas, se usan para atacar por elitistas a los que defendemos como necesaria e innegociable una Política de Transición Verde, especialmente cuando nos acusan de poner en un futuro la solución (para todos) y en un presente los costes (para los de siempre), tachándonos ideológicamente de autoritarios o totalitarios, que es como quieren que nos vea la ciudadanía. Centra el debate ideológico en la defensa desde nuestro aquí y ahora de -y esta vez sí estará bien traído- los perdedores de siempre, y ahí sí podemos ganar la batalla de las ideas.
Pues sí, la Renta Básica Universal no sólo puede ser considerada una potente ayuda para una Transición Verde, sino que tal vez podamos afirmar que difícilmente se podrá implantar una Política de Transición Verde efectiva sin implantar una Renta Básica Universal.
